El Blog de Javier López

Mirar para otro lado, una de las prácticas habituales de nuestro Presidente del Gobierno,  sólo contribuye a mantener una situación insostenible. El modelo de Formación Profesional para el Empleo (FPE) se encuentra al borde del colapso. Hemos explicado  su desarrollo. Hemos analizado sus logros y sus deficiencias. Hemos reflexionado sobre la inutilidad de abordar reformas impuestas a espaldas de las necesidades de las empresas y de los propios trabajadores y trabajadoras.

Va llegando el momento de enunciar las propuestas que pueden desbloquear la situación y avanzar hacia un modelo de FPE que combine el derecho de las personas a formarse a lo largo de toda la vida y la necesidad de las empresas a contar con trabajadores y trabajadoras cualificados en un mundo cambiante.

1. Desarrollar el derecho de formación y aumentar la cohesión social.

Para ello contamos con algunos instrumentos muy poco promocionados. Cada trabajador o trabajadora cuenta con 20 horas anuales para formación que deberían constituir un derecho individual efectivo, pero que no se ejerce.

De otra parte, los actuales Permisos Individuales de Formación (PIF) deberían garantizar la igualdad, de forma que las personas menos cualificadas pudieran beneficiarse de ellos.

Vivimos en un país en el que, junto a un alto nivel de titulados superiores, de en torno al 35 por ciento, convive un porcentaje aún mayor, de entorno al 45% de la población activa con niveles básicos, o incluso inferiores, de formación. En el centro un pequeño porcentaje con estudios profesionales. Habría por lo tanto que poner en marcha programas específicos para formar a las personas menos cualificadas y abrir convocatorias permanentes de reconocimiento de cualificaciones.

2. Calidad y oportunidad de la formación.

Contamos con una excelente red de centros público de Formación Profesional, Universidades y Centros de Educación de Personas Adultas, que viven al margen del Sistema de Formación para el Empleo. Por un lado, el Ministerio de Educación y su formación reglada, por otro el Ministerio de Empleo, al frente de un subsistema de formación en el empleo. La descoordinación entre ambas administraciones es absoluta.

Los centros públicos de Formación profesional deben jugar un papel esencial para asegurar una oferta más amplia y menos discriminatoria. Es necesario contar cuanto antes con una red de centros (públicos y privados) acreditados, con mecanismos de financiación suficientes y controles de calidad y requisitos comunes.

Además, el sistema de subvenciones no es el más adecuado para la provisión de un servicio como el que necesita la Formación para el Empleo. Los controles administrativos y económicos son tremendos, pero ello no impide la aparición de empresas especializadas en burlarlos, mientras que la agilidad se resiente y la evaluación de la calidad es una asignatura siempre pendiente.

Contamos ya con Centros de Referencia Nacional, Centros Integrados, Observatorios, que deben funcionar de forma coordinada para mejorar la calidad del sistema. Las actuales Comisiones Paritarias, compuestas por empresas y representantes sindicales en los diferentes sectores, deberían ser reducidas en número y reforzadas en sus funciones, convirtiéndose en instrumentos esenciales para reconducir el sistema actual, burocratizado e inoperante, hacia la realidad de las necesidades de las empresas y los trabajadores.

Vivimos en un país en el que se inaugura mucho, hasta varias veces los mismos proyectos y sus fases de ejecución, pero que evalúa muy poco la calidad de cada proyecto y de las políticas que los sustentan.

3. Recursos suficientes, estables y transparentes.

Un reciente encuentro sobre la experiencia francesa en Formación Profesional para el Empleo revelaba un gasto anual de más de 30.000 millones de euros en formación para el empleo, en nuestro país vecino. En España, por el contrario, dedicamos a Formación para el Empleo casi exclusivamente los recursos procedentes de la cuota de formación (en torno a 2000 millones de euros), y aún así, en los últimos seis años hemos dejado de gastar 450 millones de euros, cuyo destino es desconocido.

Es urgente asegurar, tal como sentencia el Tribunal Constitucional, que todos los recursos procedentes de la cuota de formación se reanualizan y se dedican a formación y no a otros fines. Es necesario reforzar esos fondos, no sólo con aportaciones de Fondos Europeos, sino con otras aportaciones para formación de colectivos no cotizantes y personas desempleadas. Es preciso que los fondos sean gestionados, en todos los ámbitos, empezando por la propia Administración, de forma transparente para el conjunto de la ciudadanía y para las personas trabajadoras.

4. Diálogo y negociación. Bases para mejorar la formación.

En las empresas, la formación debe ser fruto de la negociación y el acuerdo entre empresarios y Representación Legal de los Trabajadores, con posibilidad de contar con aportaciones públicas y de las empresas,  para conseguir la mejor formación y la más necesaria en cada momento.
La movilidad laboral dentro de cada sector y la atención de las necesidades formativas de las pequeñas y medianas empresa, tienen que ser fruto de la negociación empresarial y sindical en el marco de las actuales Comisiones Paritarias, que la nueva ley define como Estructuras Paritarias.
La formación en los ámbitos territoriales, cuyo objetivo es la formación y la recualificación de personas ocupadas, o desempleadas, debe ser objeto de negociación entre Administraciones, empresarios y sindicatos, tomando en cuenta los recursos que pueden aportar los Centros de Formación Profesional, la realidad económica y del tejido productivo, las necesidades de empleo y orientación y la articulación de prácticas en las empresas.
Siguiendo las orientaciones europeas sería bueno acordar un Estatuto del Aprendiz que regule las prácticas y su conexión con el aprendizaje en los centros. Se habla mucho de formación dual, pero se hace muy poco para que la formación con prácticas no sea explotación laboral de nuestros jóvenes, a través de la docena de fórmulas dispersas que existen en estos momentos para abusar del trabajo de aprendices y becarios.

5. Gobierno democrático de la Formación.

El objetivo del Gobierno, en la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, parece haber pivotado en torno a la expulsión de organizaciones sindicales y empresariales, no sólo de la ejecución, sino del gobierno del sistema. Para afrontar el problema generado hay que entender que no se puede hacer formación de los trabajadores y trabajadoras sin los trabajadores y trabajadoras y sin las empresas en las que trabajan. Los países con mejores experiencias en formación de trabajadores y trabajadoras son aquellos que cuentan con modelos negociados y acordados en los que participan administraciones y agentes sociales.

Por eso es esencial asegurar la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en los instrumentos de gobierno y de gestión del sistema. Contamos con instrumentos como el Consejo de la Formación Profesional, o la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, que deben ser redefinidas, orientándolas hacia la articulación de mecanismos de detección de necesidades, coordinación de la oferta formativa, simplificación de la organización, gestión, seguimiento y evaluación del sistema.

A modo de resumen, podemos decir que la reforma impuesta debe dejar paso  a la negociación del desarrollo de un sistema de formación profesional para el empleo, que haga posible el derecho de las personas a formarse y recualificarse a lo largo de toda la vida y cubra la necesidad de las empresas de contar con trabajadores y trabajadoras cualificados.

La cualificación y formación de las personas es la mejor garantía de un futuro económico estable y de la cohesión social que sustenta la convivencia democrática en cualquier país.

Las soluciones negociadas son inaplazables. No podemos mirar hacia otro lado.

Francisco Javier López Martín

Secretario Formación CCOO

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Una reforma impuesta cuya única finalidad evidente es poner los recursos del sistema en manos de proveedores privados, sólo podía conducir a un empeoramiento de los datos y a una tensión ya insostenible sobre el conjunto del sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Las deficiencias son ya insostenibles. Una de las primeras es la ausencia de una oferta de formación sectorial de calidad. Así, en 2015, especialidades formativas como Prevención de Riesgos Laborales, Inglés y Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral, aglutinaron el 25% del total del alumnado que participó en cursos de formación programados por las empresas.

Mientras tanto el 24% del alumnado de los cursos programados por el Gobierno se concentraban en Salud Laboral, inglés, organización empresarial, carretillas, marketing, cocina y comercio exterior.

Dicho de otra manera, se realizaba la formación más rentable para los centros privados, pero no la mejor formación para las personas, ni desde luego la que necesitan las empresas.

En la próxima convocatoria de formación, correspondiente a 2016 y aún no resuelta, todo apunta a que repetiremos deficiencias y que el 75% de los participantes se acumulará en 5 familias profesionales, como Administración y Gestión,  comercio, informática, servicios socioculturales y transportes, dejando a 21 familias profesionales con una oferta escasa o nula. De nuevo los ámbitos sectoriales más fáciles en ejecución de formación para las empresas privadas, acapararán la oferta formativa.

Las consultoras y centros de formación ofrecen un catálogo formativo a las empresas y éstas eligen lo más parecido a lo que creen que necesitan, sin reparar en necesidades reales, ni en la calidad de los cursos. Todo apunta a que cerca de 20 ámbitos profesionales sectoriales van a quedar desiertos y 25 más van a quedar sin suficiente oferta en la Convocatoria 2016.

Cuando se programan ofertas específicas sin contar con los trabajadores y trabajadoras, como ocurre con profesiones reguladas, como la del área Fitosanitaria, la oferta final no llega al 10% y los fondos reservados pueden terminar perdiéndose. Lo cierto es que cuando la formación se convierte en negocio y libre concurrencia, el beneficio fácil y la formación poco especializada consiguen muchas bazas.

Otra deficiencia evidente es la diferencia entre formación de oferta programada por el Gobierno y formación de demanda programada por las empresas. Los módulos de coste hora/alumno, en formación de oferta, son mucho más bajos que en el caso de la formación programada por las empresas.

Cuando se trata de bonificarse la formación por parte de una empresa, la bonificación de los costes de formación es automática, no existe valoración técnica de calidad, la duración es extremadamente flexible, con un mínimo de 2 horas. No existe obligación general de incluir criterios de igualdad, o de formación de las personas menos cualificadas, o más desfavorecidas.

Este perverso sistema que se ha promovido y potenciado, aún más con la reforma de la formación puesta en marcha por el Gobierno, termina produciendo, contradictoriamente con los principios de “libre concurrencia” predicados por el Gobierno, una alta concentración de ayudas en unas pocas entidades especializadas en la gestión y tramitación burocrática de planes de formación para el empleo. Así en 2014, 23 entidades concentraron casi la mitad de los recursos destinados a ayudas en toda España.

La reforma impuesta lleva camino de convertirse, tras dos años de aplicación, en un rotundo fracaso que arrastre en su caída lo construido durante dos décadas y media. Los datos son demoledores y las deficiencias evidentes. El bloqueo actual del sistema, no obstante, tiene solución, si se abordan las soluciones desde el diálogo social y el necesario papel que los protagonistas de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), empresas y trabajadores, deben tener en el gobierno de la formación.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

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No hay excusas, rezaba el lema sindical del 1º de Mayo de 2017. Es una verdad a gritos. No hay excusas para quienes nos trajeron la crisis por acción, avaricia, u omisión. Ni para los políticos que toleraron el enorme pelotazo del ladrillo y las finanzas, ni para quienes, cual cigarras depredadoras, hicieron todo el dinero del mundo, sin crear riqueza y alimentaron la burbuja de unos precios de las viviendas que nada tenían que ver con el valor real de las mismas.

No hay excusas para cuantos crearon los consorcios político-empresariales que manejaban cada cotarro a base de comisiones, sobres y maletines, pasando de las musas al teatro, sin solución de continuidad. Hoy Consejero de Sanidad y mañana Consejero Delegado de una importante empresa sanitaria. Hoy Directivo de empresas de armamentos, o del transporte, o energética y mañana responsable político de esos mismos asuntos.

No hay excusas para esa década y media de aguirrismo, en la que la crisis económica y de paro y recortes para la mayoría, se convirtió en oportunidad de negocio para unos pocos cortesanos. Cuentan que la lideresa reprochaba, a quienes la venían con el cuento del enriquecimiento acelerado de algunos de sus acólitos, que tuvieran envidia de que sus compañeros de partido se enriquecieran.

No hay excusas para la soledad que algunas personas y organizaciones vivimos cuando le afeamos públicamente su asalto a la dignidad de los profesionales del Hospital Severo Ochoa. O cuando combatimos sus operaciones privatizadoras en los hospitales y centros de salud. Cuando nos vestimos de verde para parar sus políticas educativas y convocamos huelgas educativas contra las concesiones arbitrarias de suelos y recursos para construir centros concertados y contra los recortes en la educación pública. Cuando luchamos contra la privatización del Canal de Isabel II y contra el destrozo de Telemadrid, con cerca de mil profesionales despedidos.

Dijimos no a las radiales y seguimos pagando radiales, a Eurovegas y aún padecemos el furor de construir prostíbulos y casinos por doquier en cualquier solar cercano a un aeropuerto. Siempre con la mentira de que lloverá dinero y puestos de trabajo. Hasta le afeamos la mediocridad de un miniparque Nacional de Guadarrama, que terminó contando con un tercio de la superficie del inicialmente proyectado. Se empeñó en poner a sus lugartenientes al frente de Cajamadrid y le cortamos el paso.

Nuestra voz clamaba en el desierto del silencio decretado, a base de anuncios y publicidad bien regada sobre algunos medios de comunicación. Hoy muchos y muchas dicen, en las tertulias y en los artículos, que sabían. Habría que preguntar por qué callaban, mientras unos pocos dábamos la cara y recibíamos los palos. Basta repasar los artículos de mi blog en esos años, para comprobar que fuimos Juan el Bautista, predicando en el desierto, mientras Herodías y sus Herodes hacían y deshacían a su antojo, entre risas, gracias y no pocos aplausos.

Nuestras cabezas fueron puestas a precio. Nos convirtieron en salteadores de caminos que robaban bancos de dineros de la formación. Comedores de mariscadas. Bebedores de cañas tras las manifestaciones. Militantes de un ejército de liberados a sueldo de Moscú.

Hubo un tiempo en el que algún fotógrafo me perseguía. Un día me sacaba fotos cuando salía del sindicato. Me acerqué y le pregunté de dónde era. Me respondió, con gracejo, que de Puertollano. Cuando le pregunté para quien trabajaba, me espetó que no podía decírmelo, que le habían encargado este trabajo de hacerme fotos y él lo hacía. No era cosa de rechazar un trabajo. Lo mismo harían los funcionarios nazis. Lo mismo justificaron ante el tribunal de Nuremberg. Obediencia debida.

Madrid es muy pequeño. Pronto pude ver al fotógrafo haciendo otras fotos para el periódico de Marhuenda. Eran los tiempos en los que ese periódico aclaraba, en las fotos de las pancartas sindicales, donde colocaban en portada a los Secretarios Generales de los sindicatos, que el de la derecha es el “sindibanquero”, el siguiente es el de los “rolex”, el tercero el de los “cruceros” y por último Javier López que no se ha atrevido a convocar una Huelga General. De esta guisa eran las cosas en los tiempos no  tan lejanos. En tiempos tan presentes y de actualidad.

Hoy ya sabemos que (presuntamente, siempre, con presunción de inocencia) Aneri era el pepero cordobés que vino a Madrid a montar negocios de formación en los que recibía dinero para formar trabajadoras y trabajadores, sin que hubiera cursos, con la complicidad y la pasta de organizaciones empresariales, procedentes de subvenciones.

Y sabemos que Lamela o Güemes, primero fueron Consejeros de Sanidad y ahora siguen en el negocio sanitario, después de haber esquilmado la sanidad pública. Algunos como Güemes presume de que nuestra oposición le hizo famoso y deseado por los grandes consorcios sanitarios privados, como asesor de todo tipo de privatizaciones. Y que Granados, al que alguien debió de encargarle de ese negociado, cobraba (presuntamente, siempre presuntamente) a tanto alzado, por cada colegio concertado concedido al sector privado.

Y ahora sabemos que el Presidente convertía el agua en presuntos chorros de oro. Y su señora, y la familia, y los amigos Arturo, o Cerezo, o Javier López (ese otro que se pasea con mi nombre y que no soy yo, aunque algunos periodistas se empeñen en seguirle confundiendo con el sindicalista) formaban un consorcio en el que los negocios y la política, el dinero y el poder, son todo uno y hunden sus raíces en las esencias mismas de una “capital” que es ejemplo, en lo bueno y lo malo, en vicios y virtudes, para toda España.

Han salido los trabajadores y trabajadoras, el 1º de mayo, a las calles de toda España para exigir lo de siempre: Empleos estables, salarios justos, pensiones dignas, protección para las personas. Estuve en la manifestación de Madrid hasta el final. Toxo, que pronunció su último discurso del 1º de mayo, como Secretario General de CCOO, estuvo corto y comedido, pero no quiso irse de la tribuna sin dejar clavadas sus palabras en el centro de la Puerta del Sol, “Con las actuales tasas de paro, desigualdad, pobreza y corrupción, la nuestra es una sociedad gravemente enferma”.

De eso se trata, por encima de cualquier otro problema, en estos momentos. La corrupción contamina la vida económica, envenena la política, ensucia la verdad porque siembra la sombra de la duda y la sospecha, aumenta la fractura social, convierte a cada persona en sospechosa,  a unos vecinos en enemigos de otros. No importa la corrupción si los corruptos son votados hasta que los jueces los saquen de sus poltronas.

No importa la corrupción si la economía comienza a despegar y se atisban nuevos pelotazos en el horizonte y todos podremos vivir a la sombra de los saqueadores, pendientes de las migajas que caigan de sus mesas. Será verdad para siempre la España de Chirbes y el presentimiento de Manuel Vicent, Si salimos de ésta, repetiremos la fiesta. La España eterna que ya nos describía Quevedo y que aún podemos escuchar  encarnado en Juan Echanove, representando los Sueños.

No se me ocurre excusa alguna. No se me ocurre otra manera. No creo que haya nada más patriótico en nuestros días, que combatir la corrupción. A quienes corrompen y a quienes aceptan ser corrompidos. Alguien dijo que tenemos una justicia diseñada para robagallinas. Que persigue el pequeño fraude, el pequeño robo y deja impune al gran delincuente. Empecemos por ahí. Y reforcemos, a continuación, la necesidad de hablar y actuar para crear desde todos los lugares y responsabilidades  una cultura de la integridad. Parece poca cosa, pero empecemos por ahí, día tras día, año tras año y seguro que algo cambia en este país.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

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Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

Francisco Javier López Martín

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El Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez sobre la utilización del dinero procedente de la cuota de Formación para el Empleo que pagan empresas y  trabajadores. Sostiene el Tribunal Constitucional que ese dinero no forma parte del sistema de Seguridad Social, aunque sea la Seguridad Social el instrumento para recaudar. Y sostiene, también, que la Seguridad Social es la entidad recaudadora, pero que esos fondos son finalistas y solo pueden dedicarse a formación de la población activa.

Lo mismo dice el Tribunal de Cuentas cuando afirma que los recursos procedentes de la cuota de formación profesional deben considerarse ingresos “afectados” cuya finalidad específica debe ser la financiación de iniciativas de formación. El Tribunal de Cuentas mandata al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para adoptar las medidas para el cumplimiento de este principio, evitando que los fondos de la cuota se destinen a otras finalidades.

Ahora que tanto valor se da al necesario cumplimiento de las sentencias, especialmente las del Tribunal Constitucional, conviene conocer que, entre los años 2013 y 2016 los recursos de Presupuestos de Formación Profesional para el Empleo no gastados en formación han ascendido a más de 1000 millones de euros (hablamos sólo de los recursos que debería haber gastado la Administración Central), a los que había que añadir los no gastados en formación por parte de las Comunidades Autónomas.

La opacidad de los recursos destinados a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha contribuido a la ruptura del diálogo social en esta materia, pero hay otras causas también vinculadas al incumplimiento de los compromisos que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Así, el Tribunal Constitucional deja claro en sus sentencias que el diálogo social y la negociación colectiva son los instrumentos esenciales para el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a ello el Gobierno ha reducido a la mínima expresión las reuniones del sistema de Formación para el Empleo. La información que se facilita es la mínima posible, o incluso se niega el acceso a la misma. Se retrasan, sin necesidad, la aprobación de procedimientos, como el que regula la actividad de las Comisiones Paritarias en la detección de necesidades formativas y otras tareas legales que deben acometer. Se abusa de mecanismos legislativos aprobados con carácter transitorio, temporal, urgente, evitando así la negociación real de soluciones a los problemas.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe sobre Mercado de Trabajo en España (2011-2014) denuncia el incumplimiento del deber de Información, en particular del Servicio Público de Empleo Estatal, que España ha contraído al firmar la Carta Social Europea.

Los Tribunales de Justicia de han visto obligados a anular la propia Convocatoria Estatal de Ayudas a la formación del año 2014, porque el Gobierno ha incumplido su obligación de someter dicha convocatoria a Informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, quien delega esta función en una Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

La Defensora del Pueblo se las ve y se las desea cuando intenta obtener información, a petición de las organizaciones sindicales y empresariales, sobre el destino que se da a los remanentes no gastados de la cuota de Formación Profesional.

Sindicatos y empresarios nos hemos visto obligados a recurrir ante los tribunales, nuestra exclusión del órgano colegiado que informa las propuestas de financiación de los planes de formación.

El desorden en el SEPE hace que se reinterpreten normas y requisitos de ejecución de planes de formación, años después de ejecutarse y sin que en las convocatorias correspondientes aparecieran esos requisitos, originando así solicitudes de reintegros de fondos destinados a cursos de formación, que fueron correctamente ejecutados e impartidos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el momento de la impartición.

El SEPE ha instruido con estas actuaciones, “una causa general” contra el sistema de FPE, con el objetivo claro de deslegitimar el papel de empresarios y sindicatos en el mismo. Sin embargo, esta pretensión choca con los recientes informes de evaluación, elaborados por entidades externas independientes que destacan una valoración muy positiva de quienes participan en cursos, y que sitúan como responsabilidad de la administración la burocracia excesiva, la rigidez, la falta de transparencia y la arbitrariedad en la interpretación de las normas.

Pero el ataque constante y las continuas acusaciones contra sindicatos y organizaciones empresariales ha contribuido a tapar lo bueno y airear lo supuestamente malo, aunque al final la propia administración, o los tribunales de justicia terminen archivando y desestimando las acusaciones iniciales.

Es el caso de nuestro compañero Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista malagueño que, durante más de tres años, ha permanecido imputado, a merced de la jueza Alaya, sometido a pena de banquillo, para que al final, una nueva jueza, haya terminado declarando que Gonzalo ha sido víctima de una macrocausa y en ningún caso delincuente.

Nadie parece haberse dado cuenta de que tan importante como combatir la corrupción existente es no sembrar dudas sobre aquellas personas e instituciones cuyo comportamiento es intachable. No todo es lo mismo. No todo vale y no todos son iguales. Haría mejor la Administración en combatir su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de la formación, que en dedicar tanto esfuerzo en sembrar dudas sobre todo y sobre todos.

Para hacerse una idea de la ineficacia, el 25% de los fondos de las ayudas de formación concedidas en la convocatoria 2014, unos 80 millones de euros, siguen sin pagarse a las entidades que han realizado y justificado los cursos, provocando el cierre de numerosos centros de formación y academias.

El diálogo social ha sido sustituido por la imposición, la cooperación ha sido sustituida por el ataque sistemático de los agentes sociales. El esfuerzo compartido por mejorar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, ha sido convertido en un modelo de ineficacia y asignación arbitraria de los recursos procedentes de la cuota.

No es difícil entender que los datos sean cada vez más insostenibles y que defender la FPE en España, en contraste con el  marco europeo en el que nos movemos, sea tarea poco menos que imposible. O actuamos rápidamente, o el nuevo sistema se autodestruye sin haber comenzado a andar, tirando por la borda 25 años de logros y fracasos, pero de avances indudables en Formación Profesional para el Empleo.

Francisco Javier López Martín

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La llegada al poder del PP, con mayoría absoluta,  supuso, en el caso de la Formación Profesional para el Empleo, la puesta en marcha de un proceso de negociación para afrontar los problemas acumulados. En principio, la intención parecía positiva, pero vino precedida de una campaña mediática, que sembraba dudas sobre el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en la formación.

Ahora, cuando los tribunales van deshaciendo entuertos, va quedando claro que las verdaderas responsabilidades sobre la corrupción en la formación, se encuentran en la permisividad, cuando no connivencia, de algunas administraciones con determinadas empresas de formación, surgidas al calor de las ayudas públicas para obtener beneficios injustificables, en un régimen de subvenciones. Empresas frecuentemente denunciadas por CCOO, como ha ocurrido con el caso Aneri en Madrid, o el caso Ojeda, en Andalucía.

Pero basta repetir la mentira mil veces y a través de todos los medios posibles, para que adquiera apariencia de verdad. Así, esta campaña de deterioro de la imagen de sindicatos y empresarios sirvió como disculpa para excluir a los agentes sociales, no sólo de la gestión de los recursos de la formación, sino del propio gobierno del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Se ignora, de esta manera, que la formación de los trabajadores y trabajadoras funciona mejor en aquellos países en los que el diálogo social goza de buena salud y donde la formación forma parte de la agenda de trabajo compartida de las organizaciones sociales y los gobiernos.

El gobierno del PP ha recorrido un camino inverso al de nuestros socios europeos más avanzados. Del diálogo social ha transitado hacia la imposición de políticas de reforma y recorte, como ha ocurrido con la Reforma Laboral y, posteriormente, la de la formación para el empleo, reduciendo de paso los fondos dedicados a la mejora de la cualificación de trabajadores y trabajadoras, ya sean ocupados o desempleados.

Hasta algún aspecto positivo de dichas reformas, como el reconocimiento del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales para cada trabajador o trabajadora, permanece en el más absoluto de los ostracismos y desconocimiento. Lo mismo ha ocurrido con la cuenta de formación que debía de servir para inscribir y registrar, de forma personalizada, los cursos y los procesos de formación de cualquier persona, independientemente de las empresas por las que vaya pasando.

Incluso cuando el gobierno se ha comprometido, con su firma, a promover el diálogo social y la negociación colectiva para desarrollar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y contar con financiación suficiente, estable y equitativa, el resultado es que han terminado imponiendo medidas como la famosa “concurrencia competitiva”, que funciona, paradójicamente, en un mercadillo cerrado de proveedores de formación y que ignora la necesaria participación de empresarios y sindicatos en la detección de las necesidades reales en las empresas y en los sectores, en la programación de acciones formativas ajustadas a dichas necesidades y en el control, seguimiento y evaluación de la formación.

El negocio ha vuelto a situarse por encima de las necesidades reales, una vez más. Son los más astutos y bien informados los que saben cómo conseguir más puntos, mientras los centros públicos y las universidades son excluidos de hecho, porque la calidad no tiene al final nada que ver con los trucos para conseguir una subvención. Son los pícaros los que saben cómo obtener subvención, aunque luego no ejecuten, renuncien a parte de la formación menos rentable. Todo un mundillo cerrado de picaresca a la carta.

Ha presumido el gobierno de un amplio apoyo parlamentario a su reforma de la Formación para el Empleo ( la Ley 30/2015). Pero ese apoyo vino condicionado por la inclusión de enmiendas parlamentarias del resto de los grupos políticos, que recogían, en buena medida, las propuestas planteadas por los sindicatos. Enmiendas como la que recoge la participación de los centros públicos en un sistema de formación monopolizado por los centros privados y que cierra las puertas a la incorporación del potencial formativo de universidades, centros de FP, o centros de educación de personas adultas, lo cual constituye una excepción inaceptable en nuestro entorno europeo. La Formación para el Empleo no puede seguir siendo un mercado cautivo y exclusivo.

Enmiendas como las que recogen las sentencias del Tribunal constitucional y del Tribunal de cuentas que aseguran el carácter finalista de la cuota de formación. Es decir, que esa cuota que pagamos empresas y trabajadores, sólo puede gastarse en formación y que deben reanualizarse los fondos no ejecutados, o recuperados. Otras enmiendas que reconocen el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales, nacidas de la Negociación Colectiva, en la formación de trabajadores y trabajadoras en los sectores y empresas, o el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema.

Han pasado dos años y nada de esto se ha desarrollado. El gobierno tenía mucha urgencia en la reforma, pero luego se ha olvidado de ella por completo, hasta el punto de que no se ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, ni una sola de las normas de regulación y desarrollo del nuevo sistema de formación, que aparecen en la ley. El año 2015 no hubo convocatoria de Formación y la convocatoria 2016 viene marcada por una situación general de inseguridad jurídica, transitoriedad y desorden.

No hay Real Decreto de desarrollo de la Ley. No hay órdenes que establezcan las bases reguladoras de aspectos tan importantes como la financiación, la concesión de ayudas, la formación de los empleados públicos, la formación impartida por centros públicos, los módulos económicos aplicables, el papel y funcionamiento de las Estructuras Paritarias… No hay nada. Inseguridad y desorden. Ahora, deprisa y corriendo, querrán aprobar una nueva chapuza que ponga algún parche en el boquete creado, en el destrozo que ellos mismos han provocado.

Una situación legal de bloqueo de la formación profesional para el Empleo, que tiene su correspondencia con una situación presupuestaria fuera de control, absolutamente irrespetuosa con las sentencias de Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Situación económica y presupuestaria que analizaremos a continuación.

Francisco Javier López Martín

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Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín

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La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín

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foto: Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín

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La fijación anual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) parece que fuera una concesión administrativa de los Gobiernos de turno, o el fruto de un acuerdo entre dos partidos que  sumen la mayoría necesaria en un Parlamento. Es lo que ha ocurrido cuando, año tras año, un gobierno en mayoría absoluta ha aprobado congelaciones del Salario Mínimo Interprofesional, o cuando, como en esta ocasión, un pacto PP-PSOE ha conducido a una subida del 8%, pero lejos de las propuestas de CCOO y UGT, obviando la participación de sindicatos y empresarios en el proceso.

Las miserables subidas de los últimos años han producido pérdidas del poder adquisitivo del Salario Mínimo de 2,7 puntos y subidas de menos de 14 euros acumulables en los últimos cinco años y todo ello, en una España en la que más del 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Dirá el Gobierno, en su autocomplacencia infinita, que lo hace cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, que establece que es el Gobierno quien fija el SMI “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”.

Los Gobiernos españoles de turno se acostumbran a cumplir el trámite con una reunión informativa en la que escucha a los sindicatos y empresarios. Pero algo más que esto exige la OIT cuando, para la fijación de los salarios mínimos, su convenio 131 suscrito por el Gobierno español habla de que se consulte “exhaustivamente” con las organizaciones representativas de emprendedores y trabajadores interesadas.

Algo más parece que exige también la Comisión de Expertos de la OIT que espera que el gobierno se esfuerce en tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y de sus familias y no únicamente los objetivos de política económica, a la hora de fijar los reajustes anuales del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional.

Existe, además, un Real Decreto Ley, el 3/2004, que habla de estas cosas y que establece que temas como la fijación  del Salario Mínimo deben ser aprobados en el marco del diálogo social.  Y el diálogo social no es derecho a información exclusivamente, sino derecho a propuesta, negociación y búsqueda de acuerdo.

Por eso CCOO y UGT presentamos una reclamación ante la OIT que exige el cumplimiento del convenio 131. Porque no basta informar. La fijación de un SMI que cubra las necesidades de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, debe producirse tras un proceso de consultas exhaustivas con organizaciones sindicales y empresariales.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se ha visto obligado a recordar  al Gobierno de España que tiene obligación de garantizar un SMI que permita condiciones de existencia dignas que se ajusten al coste de la vida, tras constatar que el SMI en España no asegura un nivel de vida digno y decente.

Pero estas cosas, en España, son poco tenidas en cuenta por gobiernos que parecen pensar que, tras ser elegidos tienen barra libre para hacer las cosas de espaldas, incluso, a la sociedad, cuando no en contra de ella.

Antes, porque tenían una mayoría absoluta que parecía autorizar todo tipo de desmanes y ahora porque pactando, con unos o con otros, se sienten autorizados para despreciar el diálogo social y las recomendaciones, consideraciones y obligaciones derivadas de informes elaborados y convenios firmados en ámbitos internacionales, de las Naciones Unidas, hasta la OIT.

Mal íbamos, mal seguimos. Que no esperen silencio, ni resignación, ante tanto desprecio del diálogo social y olvido de las necesidades de la clase trabajadora. El 19 de febrero vamos a las calles a defender salarios dignos. Contra la carestía de la vida y contra la precariedad de nuestros empleos.

Francisco Javier López Martín

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He cerrado los ojos para no ver nada.
He cerrado los ojos para llorar por no verte.

Paul Éluard 

El dictador había muerto, pero la dictadura no había sido derrotada. Lo viejo no había muerto. Y lo nuevo no había aún nacido. Un momento histórico apasionante se abría paso entre grandes ilusiones y no pocas penalidades. La clase obrera empujaba para conseguir libertad, derechos laborales y sociales equiparables a los que tenían los trabajadores y trabajadoras europeos. Los despachos laboralistas eran una cuña en el sistema judicial español para conseguir que el ejercicio de esos derechos fuera erosionando los estrechos márgenes de las leyes franquistas.

Había dos despachos de abogados laboralistas en la calle de Atocha. Uno de ellos, en las inmediaciones de la Plaza de Antón Martín, el de Atocha 55, lo dirigía Manuela Carmena. Ese fue el despacho elegido por las huestes del franquismo sin Franco para dar una lección que nunca olvidara una clase obrera que protagonizaba, en esos momentos, una huelga del transporte que se antojaba intolerable para el sindicalismo vertical de la dictadura. El 24 de enero de 1977, hace ya 40 años, se produjo la tragedia, el cruel atentado contra el despacho laboralista de Atocha 55.

No eligieron su suerte. Fueron ellos como podrían haber sido los abogados, abogadas o sindicalistas de cualquier otro despacho laboralista. O como lo fueron los estudiantes que participaban en manifestaciones pacíficas reclamando democracia y libertad. Esa misma semana, el 23 de enero, caía abatido por un disparo de un ultraderechista, el estudiante Arturo Ruiz y, al día siguiente, la joven universitaria María Luz Nájera, al ser golpeada por un bote de humo de la policía. Todo ello en un contexto de secuestro de los GRAPO, de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado y del general Emilio Villaescusa.

No estaban solos. El despacho de Atocha 55 era uno de los que se habían ido abriendo, por parte de jóvenes abogados y abogadas recién salidos de la universidad, siguiendo la estela y multiplicando la experiencia de aquel primer despacho laboralista fundado por María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Pepe Jiménez de Parga, o José Esteban, en la calle de la Cruz. Despachos en los que se defendía a los trabajadores y trabajadoras, jurados de empresa, enlaces sindicales de las CCOO, que eran procesados por defender derechos, participar en huelgas y manifestaciones, tener en su poder octavillas, o publicaciones en las que se animaba a la movilización, o en las que se exigían derechos fundamentales como la huelga, la manifestación, la libertad, la democracia, la amnistía.

Despachos en los que se abordaban también procesos penales ante el Tribunal de Orden Público, creado por la dictadura franquista para perseguir a la oposición, especialmente del PCE y a los integrantes de las ilegalizadas Comisiones Obreras. Despachos donde se defendían problemas de barrio, como los desahucios, problemas de infravivienda y equipamientos para la ciudadanía.

Fue mucha la tarea desde que en los años 60 se constituyeron las CCOO y se extendieron, gracias al apoyo del PCE y otras organizaciones de la oposición a la Dictadura, por todos los sectores y por toda España. Y tuvieron que hacer frente a la brutal represión que sufrió el movimiento obrero con su “galena de huelgas” en los años 1975 y 1976 que hizo posible que aunque el dictador muriera en la cama, el régimen fuera derrotado en la calle.

Un antes y un después de Atocha

Tras el asesinato de los Abogados de Atocha y el velatorio organizado por el Colegio de Abogados en su sede, su despedida se convirtió en una inmensa manifestación organizada por el PCE y las CCOO, silenciosa y pacífica, que terminó con los nuevos intentos de imponer una democracia mutilada. Un interminable despliegue de coronas de duelo, claveles rojos y puños en alto, que firmó en las calles la muerte definitiva del franquismo. Tras la masacre de Atocha nadie pudo negarse a la evidencia. En la Semana Santa de aquel mismo año, el Gobierno emanado de la legalidad franquista, presidido por Adolfo Suárez, legalizó el Partido Comunista y a finales de abril fueron legalizados los sindicatos. España emprendía el camino hacia una nueva legalidad democrática.

Se preguntaba el Jefe del Estado, en el reciente encuentro mantenido con el Patronato de la Fundación Abogados de Atocha, promovida por CCOO de Madrid, cómo era posible que hasta el año 2005 no se hubiera creado una institución para preservar la memoria y defender los valores de los Abogados de Atocha. Unos jóvenes que con  las únicas armas del derecho pusieron en juego su vida para defender la dignidad y la decencia de todas nuestras vidas y pagaron con su sangre nuestra libertad.

Durante décadas, cada 24 de enero, hemos acompañado la soledad de los cementerios y junto a los cuatro sobrevivientes, Luis Ramos, Lola González Ruiz, Alejandro Ruíz- Huerta, hemos escuchado a Miguel Sarabia recitar lentamente los nombres de los jóvenes asesinados, ante la placa conmemorativa instalada junto al portal de Atocha 55: Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira. Así pronunciados, despaciosamente, decía Sarabia, siembran armonía en el  mundo.

Le gusta a Alejandro recordar a Paul Éluard, quien haciendo memoria de los campos de concentración nazis, nos recuerda que “si el eco de su voz se debilita, pereceremos”. Por eso, tal vez, las CCOO de Madrid, en nuestro Congreso de 2004, conmocionados aún por la inmensidad del golpe de los Atentados del 11 de Marzo de ese mismo año, decidimos crear la Fundación Abogados de Atocha, para preservar la memoria y el espíritu de los de Atocha. Para impulsar los valores y los anhelos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, diálogo y paz que alentaba la lucha de aquellos jóvenes y que sigue anidando en los corazones de la ciudadanía. Para premiar y reconocer a cuantas personas siguen luchando aquí y más allá de nuestras fronteras por la libertad y los derechos laborales y sociales.

Volviendo a Éluard, el poeta, el militante de la resistencia francesa, el comunista ortodoxo y heterodoxo, nos parece necesario recordar, en este 40 aniversario del atentado contra los Abogados de Atocha, que “hay otros mundos, pero están en éste”. Un mundo, un espacio de convivencia, en el que saquemos de nosotras y nosotros lo mejor de aquella juventud de Atocha. Pero para ello tendremos que seguir defendiendo su memoria y, parafraseando a Marcos Ana, uno de los merecedores de los premios anuales de la Fundación, formular y contestar (y contestarnos) cada día la pregunta: “Decidnos como es Atocha.”

Jaime Cedrún López
Secretario General de CCOO de Madrid

Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO

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No es frecuente, en estos tiempos de alto consumo y fuerte materialismo, escuchar a alguien pronunciar la palabra espíritu. Como si ese nombre ya sólo pudiera ser utilizado con propiedad en ámbitos religiosos, o transustanciado en espiritualidad en determinados fenómenos esotéricos. Y, sin embargo, lo escucho con bastante frecuencia, casi como una  reivindicación que no hubiera de ser olvidada, en boca de Alejandro Ruiz-Huerta.

Pero Alejandro no es de estos tiempos. Como no lo eran Luis Ramos, ni Miguel Sarabia y aún menos Lola González Ruiz, los otros tres compañeros de Alejandro, que sobrevivieron al asesinato terrorista y brutal que ejecutó una banda de ultraderechistas en el despacho laboralista de la calle de Atocha, número 55.

Alejandro aún vive. Los otros tres han fallecido en estos últimos años. Pero digo que no son de estos tiempos, porque algo de ellos quedó impregnado para siempre entre las paredes de Atocha, entre los restos de sangre y los casquillos de bala desperdigados por la estancia, incrustados en las paredes. Algo de ellos quedó entre los cuerpos inertes, o aún agonizantes, de sus compañeros de despacho. Desde aquel día fueron cumpliendo años, pero de otra manera, como en órbitas espirales alrededor de un agujero negro, cuyo influjo y poder sólo ellos podían sentir en todas sus dimensiones y con todas las consecuencias.

Lo cuenta Alejandro en su libro La memoria incómoda. Es profesor de derecho constitucional y trabaja en Córdoba. Ha escrito diversos libros, artículos, publicaciones. En alguno de ellos ha  analizado los Ángulos Ciegos de la transición española. Un texto esencial para que podamos hacernos una idea de lo que quedó escrito y por escribir en ese momento histórico tan complejo. Pero es en La Memoria Incómoda dónde el análisis deja paso a la memoria que se ancla en un momento. El recuerdo cada día, durante años, de la misma escena.

El dolor, los sentidos golpeados, el cuerpo que resiente cada herida y presiente las heridas de los que han fallecido, la vida que se desmorona, la necesidad de olvidar lo que no se puede dejar de revivir. El silencio reparador, el sueño alterado por cada nuevo disparo, noche tras noche. La incapacidad de escribir y el dolor de escribir, pese a los años transcurridos. Cuarenta años ya. Cuarenta años y como ayer.

Siguieron viviendo. Tuvieron parejas. Algunos tuvieron hijos, o hijas. Ejercieron su profesión. Miguel, creó una academia. Alejandro, pasó a la docencia. Pero siempre fueron, son, serán los de Atocha. No por decisión suya, ni por voluntad nuestra. Lo eran, lo son, lo serán. No lo eligieron. Eran jóvenes y realizaron unos estudios, iniciaron una profesión. Decidieron ejercerla siguiendo la estela de María Luisa Suárez, Pepe Jiménez de Parga, Antonio Montesinos, fundadores del primer despacho laboralista madrileño de la calle de la Cruz.

Ellos eran los más jóvenes. La nueva hornada de abogados y abogadas, recién salidos de la facultad y deseosos de comenzar a defender a la clase trabajadora y a la ciudadanía, desde los nuevos despachos de Atocha, o Españoleto. Muchos de ellos venían de buenas familias, pero se sentían de izquierdas, del PCE y de las CCOO. Eran todo lo libres que podían ser en una dictadura y querían vivir en democracia. Por eso defendían en los tribunales de lo social, en los Tribunales de Orden Público, a quienes luchaban por los derechos laborales en las empresas y los derechos sociales en los barrios.

De aquel atentado no salieron vivos Enrique Valdelvira, Angel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides. Cada año visitamos los cementerios de Madrid, junto a Alejandro. Lola pocas veces quería acompañarnos en este recorrido previo a concentrarnos en Antón Martín, ante el portal del despacho, hasta que en 2003 inauguramos el monumento realizado y cedido por Juan Genovés, que reproduce su famoso cuadro del Abrazo. Un símbolo de la lucha por la reconciliación, la amnistía, la libertad.

Pero es que Lola había sobrevivido al atentado, perdiendo a su esposo Francisco Javier Sauquillo en el mismo. Igual que había perdido pocos años antes, en 1969, a su novio Enrique Ruano, que murió mientras se encontraba detenido en dependencias de la Brigada Político Social, la policía secreta del régimen franquista. Había años en los que Lola no aparecía el 24 de enero. Pocos sabían, en esas ocasiones, dónde estaba Lola. En su refugio de Cantabria, en Roma, encerrada en su casa. Pocos lo sabían, todos lo comprendíamos.

Se cumplen 40 años del atentado que cambió la historia de España. El franquismo firmó con sangre su salida de nuestras vidas. La legalización inmediata del Partido Comunista y de las CCOO, fueron el preludio de un proceso histórico hacia la democracia, al que llamamos transición. Pero la lucha por esa democracia fue una historia sembrada de sangre hasta el final de la dictadura.

Se cumplen ahora 40 años y el Rey ha recibido al patronato de la Fundación Abogados de Atocha, que las CCOO de Madrid constituimos en 2005. Serán muchos los actos que recordarán a los de Atocha. Juan Genovés recibirá el premio anual Abogados de Atocha, concedido por la Fundación. Se acaba de reeditar La memoria incómoda de Alejandro. Presentaremos un libro sobre tres mujeres abogadas en aquellos despachos: Paquita Sauquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena.

Ojalá lo que no se ha estudiado, ni aún se estudia, en las aulas españolas, pase a ser uno de los patrimonios más limpios de los que toda la ciudadanía pueda sentirse orgullosa, en la que todas las gentes de bien puedan reconocerse. Porque pocas cosas hay tan limpias en nuestra historia, por triste y turbia que nuestra historia haya sido, como la vida de esos jóvenes abogados de Atocha que amaban la vida y la libertad. La de aquellos que perdieron la vida sin ver amanecer la libertad. Los que abrieron las puertas de un futuro mejor, de par en par, para que entrásemos en un país democrático, a costa de su sangre, al precio de su vida.

A estas cosas creo que hace referencia Alejandro cuando habla del espíritu de Atocha. El que impregnaba a los de Atocha. El que ha marcado de por vida a los sobrevivientes. El que no debemos olvidar nunca quienes hemos escuchado su historia y sabemos que no contarla es tanto como dejar que las pistolas vuelvan a romper su silencio una fría noche de invierno. Porque ese espíritu, el de los de Atocha, es uno de los valores más  firmes que nos permite mirar con ojos jóvenes y limpios el horizonte, por incierto que ese horizonte sea.

Francisco Javier López Martín

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El titular no es mío. Es una frase sacada de una intervención de Nicolás Sartorius, durante la reciente presentación del libro Toda España era una cárcel, escrito por Rodolfo Serrano. Reflexionaba Nicolás sobre la situación actual del país cuando afirmaba que “es el momento de pasar a la ofensiva”, aclarando que es tiempo de “apretar las clavijas a patronal y Gobierno”. Y explicaba que “si CCOO no impulsa los cambios no lo van a hacer otros”.
Me parece una reflexión muy apropiada para los momentos que corren. De forma generalizada, del Rey abajo casi todo el mundo, anuncia que la crisis ha terminado. Es cierto que esta visión, interesadamente optimista, del futuro que se avecina topa con planteamientos como el de Varufakis, el ex ministro de Finanzas griego, para el cual “la crisis no ha terminado, sólo ha cambiado sus síntomas”.
Una idea en la que abunda Owen Jones, que opina que los causantes de los desastres actuales cuentan ya con una ultraderecha pertrechada para acometer y gobernar un escenario en el que “la última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a punto de surgir”.
Acaba de comenzar el año y nos alcanza la noticia de la muerte de Zygmunt Bauman. Un hombre que nos ayudó a entender una parte de las características del nuevo mundo que se avecinaba. Un mundo instalado en la “modernidad líquida”, que exige la aceptación de la incapacidad de la política para gobernar la economía, los mercados, los poderes económicos.
Según Bauman, este divorcio entre el poder y la política genera un nuevo tipo de parálisis, socava la capacidad de acción política que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las promesas de los gobiernos. De ahí que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la capacidad de acción, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la soberanía del Estado.
Cuando asistimos asombrados a fenómenos como el ascenso del populismo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta. Cuando comprobamos cómo la corrupción institucional e institucionalizada termina por no tener grandes costes electorales, deberíamos tomar en cuenta este divorcio entre poder real y política y el desapego, la desconfianza de las personas en la posibilidad de que alguien tenga la capacidad de solucionar sus problemas, por mucho que ese alguien haya sido elegido democráticamente.
En un mundo líquido, el Estado Social, reconocido por Constituciones como la Alemana o la Española; el Estado del Bienestar, construido tras la II Guerra Mundial y el surgimiento de los bloques del Este y de Occidente, parece que ya no tienen sentido. Son sustituidos por el Estado de Crisis. Porque la crisis, con sus inseguridades, sus incertidumbres y sus miedos, se convierte en la forma de vida.
Es John Berger, otro de nuestros imprescindibles, fallecido poco antes que Bauman, estas mismas Navidades, quien refleja esta sensación generalizada de inseguridad, hartazgo, desapego, no exentos de cierta solidaridad mutua, de la siguiente manera: “En un día cualquiera, cuando nada sucede, cuando la crisis que se anuncia hora tras hora ya es una vieja conocida, cuando los políticos se presentan a sí mismos como la única alternativa a la catástrofe, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida”.
La crisis no ha terminado. La crisis se ha instalado entre nosotras y nosotros. Pero, lejos del fatalismo al que quieren conducirnos, a la aceptación sin resistencia del Estado de Crisis, seremos nosotras y nosotros quienes decidamos rendirnos ante sus evidencias, o imponer nuestras propias realidades en el centro de la política, la economía, la cultura y la convivencia social. Es nuestra decisión. Y me parece que está tomada, porque nadie se resigna, para sí y para los suyos, a vivir en el miedo, en la incertidumbre constante, en un mundo entendido como cárcel, en un empleo concebido como esclavitud.
Es cierto que los datos económicos ponen de relieve que la recesión, las pérdidas económicas, han pasado. Seguimos en crisis, continúa la amenaza, pero el movimiento de la economía, por insano que sea, produce una cierta sensación de recuperación económica, al menos. Cuando el dinero se mueve, los de bajo respiramos y los de arriba estudian los nuevos pelotazos que pueden acometer.
Han sido muchos años de crisis, desde 2008 y estamos en 2017. Años de cierres empresariales, de ajustes de plantillas, de pérdidas salariales, de recortes de derechos laborales y de deterioro de los derechos sociales. De pérdidas de recursos en educación, sanidad, o servicios sociales, de retrocesos en pensiones y atención a la dependencia, de aumento de la pobreza y abandono de quienes han perdido todas las fuentes de ingresos.
Parece evidente que frente a la inactividad privada, debiera haber sido la inversión pública la que moviera la economía, aunque fuera transitoriamente. Y sin embargo, la Unión Europea, al dictado de Merkel, hizo todo lo contrario. Los ajustes, los rescates, los recortes han endurecido la crisis y la han prolongado.
Admitamos, no obstante, que existe un respiro, cuando menos transitorio, en la economía. Eso debe traducirse y tener efectos sobre las personas. Especialmente sobre quienes han padecido de forma brutal los efectos de la crisis en forma de paro y pérdidas de protección social. Por eso el 15 de diciembre, el sindicalismo de clase, nos movilizamos en toda España y el 18 de diciembre en una gran Manifestación en Madrid bajo un lema: Por las personas y sus derechos. Por las personas reales, por los derechos garantizados.
Avisamos que era sólo el principio. El primer paso. Vamos a la ofensiva por el empleo estable, por el salario digno, por la salud y seguridad en el trabajo, por la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, por la igualdad sin discriminaciones inaceptables. Vamos a la derogación de las reformas laborales impuestas y del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a un huelguista con más años de cárcel que a un violador, o a un ladrón de los dineros públicos.
Vamos a las batallas por la sanidad pública, gratuita, universal. A la defensa de la enseñanza pública de calidad. A asegurar las pensiones y la atención a la dependencia de nuestros mayores. La protección a las personas desempleadas. Una Renta Mínima Garantizada para cuantos carecen de rentas.
Vamos a disputar el reparto de las rentas, también en la fiscalidad. Porque no puede seguir ocurriendo que la fuente fundamental de los ingresos del Estado sean las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital cuentan con todos los mecanismos para terminar eludiendo sus responsabilidades en la aportación de los recursos necesarios para el sostenimiento de la actuación protectora del Estado. Vamos a defender la decencia del empleo, la libertad, la dignidad de nuestras vidas.
Y, para no ocultar nada, conviene dejar claro que vamos a esta ofensiva, desde la unidad sindical y desde la alianza con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a dar el paso de la indignación a la propuesta y la movilización organizada y abierta. Su Estado de Crisis no es una patria para nosotras y nosotros. Merecemos algo más y vamos a conquistarlo. Es momento de pasar a la ofensiva.
Francisco Javier López Martín

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La memoria es efímera. Vivimos en un mundo en el que el bombardeo de noticias hace difícil el recuerdo hasta de lo más inmediato. Un mundo en el que lo individual ha suplantado a lo colectivo, que ha sido relegado al último rincón de nuestra memoria, hasta el punto de que me encuentro personas que me preguntan qué han hecho los sindicatos durante la crisis. Para empezar les digo que tres Huelgas Generales. Entonces, van a internet, consultan la Wiki y confirman la existencia de esas tres huelgas generales.

Luego les hablo del papel sindical en cada movilización por los derechos laborales en las empresa, por el convenio, en las movilizaciones  contra los despidos, contra los ERE. En las luchas contra las privatizaciones y el trasvase de recursos públicos al sector privado. En las mareas blancas, en las mareas verdes, en las mareas negras, en cada maremoto que se desencadena.

En la pelea contra la pobreza energética. En la exigencia de una renta mínima para las personas que carecen de todo tipo de recursos. Contra la violencia de género. Las concentraciones ante los tribunales de justicia para exigir que los juicios contra sindicalistas, por participar en movilizaciones, no produzcan condenas inaceptables y la necesidad de derogar el artículo 315.3 del código penal que hace posibles esas condenas.

De nuevo tienen que ir a internet y confirmar que todo ello es real. Que el mundo virtual ratifica que en todas estas luchas diarias estamos los sindicatos. Que aunque no aparezcan en las televisiones, esas batallas se libran cotidianamente. Que las perdemos, o las ganamos, cada día. Que si no fuera porque hay sindicalistas organizados en sindicatos, que dan la cara cada día, el silencio de los corderos sobre los derechos sociales y laborales sería una ley de hierro que se aplicaría casi sin contestación.

Ahí tenemos a los compañeros y compañeras de Coca-Cola en lucha contra los desmanes de una multinacional omnipresente y omnipotente. Ahí Pedro Galeno , o los 8 de Airbús, jugándose su libertad por defender la de todas y todos. Ahí las camareras de piso y las mujeres de ayuda a domicilio y las personas que nos atienden telefónicamente. Son sólo algunas de las miles de cusas en las que miles de sindicalistas están comprometidos y comprometidas, todos lo días en este país. No acaparan páginas, ni portadas en los periódicos, pero están, existen, luchan, siguen luchando.

Hemos pasado un año con un gobierno en funciones. Se acaba de constituir un gobierno continuista, pero en un terreno que hace difícil que la soberbia, el deprecio del diálogo y el autoritarismo demostrados por el PP, a lo largo de los últimos años pueda tener continuidad. La recesión puede que haya acabado, pero las crisis económica, de empleo, social y política, tienen mucho recorrido por delante. El horizonte es incierto y no son pocos, en las propias filas del conservadurismo, los que reconocen que se les ha ido la mano con las reformas, los recortes, el destrozo de la negociación colectiva y los ataques a las rentas salariales y los derechos de la clase trabajadora.

Después de tanto negar la evidencia, ahora nos vienen con que es necesario subir los salarios, porque sin salarios no hay ventas. Y que es necesario un empleo más estable, porque están destrozando el futuro de generaciones enteras y porque sin estabilidad no hay ventas a largo plazo. Y que es necesario asegurar el futuro de las pensiones porque millones de personas no pueden quedar relegadas a la pobreza y la miseria en las últimas etapas de su vida. Se les ha ido la mano, mucho, brutalmente y tienen que reflexionar.

Pero esta reflexión, obligada y necesaria, no llegará a buen puerto por sí sola, si no cuenta con el respaldo de millones de personas que con su voz, con su acción, con su movilización, trazan el camino a seguir a quienes tienen las responsabilidades de gobierno. Los próximos días 15 de diciembre, los sindicatos, con el apoyo de numerosas fuerzas políticas y sociales, saldremos a las calles de toda España en manifestaciones y concentraciones. El 18 de diciembre tomaremos las calles de Madrid en una gran manifestación.

Acaba de constituirse un Gobierno, que no puede ser más de lo mismo. Un Gobierno que tiene que cambiar el rumbo de sus políticas económicas y sociales, para que las personas sean lo primero y los derechos arrebatados sean repuestos. Para que los problemas del desempleo, la pobreza, los bajos salarios, la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos que sostienen derechos constitucionales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, la vivienda, el transporte público, encuentren soluciones justas y cuenten con los recursos necesarios.

Cuando veo la prisa con la que este Gobierno acude al rescate de los intereses de los grandes propietarios de la autopistas de peaje, con el dinero de todas y todos los españoles y la desidia que demuestran a la hora de cubrir las necesidades de las personas desempleadas y sin recursos, el abandono de nuestras personas mayores, los salarios de miseria y los abusos laborales, me ratifico en la necesidad de apretar los dientes.

Cuando escucho a la ministra del ramo hablar de acabar la jornada laboral a las 6 de la tarde, obviando que es su reforma laboral la que produce prolongaciones de jornada, horas extraordinarias no cobradas, salarios indignos para contratos basura, pienso que habrá que hacer mucho más que enseñar los dientes.

Dentro de unos años, pocos probablemente, alguien volverá a preguntarme, qué hicieron los sindicatos durante la crisis y volveré a contarles estas mismas cosas. Y ese alguien espero que no tenga que ir a internet a comprobar que no miento. Espero que recuerde, incluso, que asistió a una gran manifestación en Madrid un 18 de diciembre de 2016, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, para exigir una salida justa de la crisis, con más empleo, con mejor empleo y con derechos laborales y sociales recuperados y efectivamente aplicados.

Y quisiera que pudiera recordar que aquella manifestación, que parecía una más de las cientos y miles de manifestaciones que se producen al año en Madrid, marcó un antes y un después, porque la voz de las personas comenzó a ser lo primero y sus derechos volvieron a ser respetados.

Francisco Javier López Martín

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Señor y Señora,

Encabezo la carta con este tratamiento, porque he visto en algunos lugares que la forma de dirigirse a un rey y una reina ha de ser ésta. Además, no quiero incurrir en ninguna expresión que pueda ser considerada descortés y mucho menos insultante, injuriosa, ofensiva, o calumniosa. Uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero luego algunas leyes, en manos de depende qué jueces, o fiscales, puede dar lugar a disgustos innecesarios.

No me queda más remedio que dirigirles esta carta, como padres que son de una Princesa de Asturias menor de edad, que no merece, por el momento, saber tan siquiera de la existencia de la misma. Tiempo habrá, algún día.

Verán, Señor y Señora, he vivido recientemente la experiencia de la concesión de los Premios Princesa de Asturias de la Concordia. He querido dejar pasar el acto de la concesión y no he querido introducir ningún elemento que empañase la ceremonia, las celebraciones anteriores, ni las satisfacciones posteriores. He querido, incluso, esperar a que pasasen unas semanas, las elecciones en Estados Unidos y hasta la apertura de la legislatura. Entre otras cosas, porque creo que todos y todas los premiados tienen algún merecimiento, por encima de que yo pueda considerar que haya otras, u otros, que en algunos casos lo hubieran merecido más.

No crean que hablo desde la independencia y la falta de intereses en este tema. Muy al contrario. Resulta que a estos premios concurría una humilde fundación dedicada a los Abogados de Atocha. Y resulta que esta fundación fue creada durante un Congreso de CCOO de Madrid, en el año 2004, pocos meses después de los terribles atentados del 11-M. Nos parecía importante reivindicar la vida de una juventud formada y comprometida con la libertad y la justicia en España, aún a riesgo de perder su propia libertad y hasta su vida. Yo era Secretario General de la organización en aquellos momentos.

Intereses colectivos y personales, los tengo todos, para no ser imparcial. No conocí a los fallecidos en el atentado, pero he conocido a los sobrevivientes; a sus familiares; a sus compañeros y compañeras (María Luisa, Cristina, Manuela, Paca); a las personas a las que defendían, trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas de Madrid. He visitado sus tumbas cada 24 de enero.

He pronunciado sus nombres despaciosamente, Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Angel Rodríguez Leal, porque cuentan que, al decirlos despaciosamente, siembran armonía en el mundo. Me han dolido las muertes posteriores de los que sobrevivieron: Miguel Sarabia, Luis Ramos, Lola González Ruiz. Ya sólo queda de ellos, entre nosotros y nosotras, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, actual Presidente de la Fundación Abogados de Atocha.

La candidatura de la Fundación al Premio de la Concordia fue impulsada por el hermano de una de las víctimas del atentado contra los Abogados de Atocha, que se produjo el 24 de enero de 1977, hace ya casi cuarenta años. Contaba con el apoyo de diplomáticos, colegios de abogados, personalidades nacionales e internacionales del mundo del derecho, así como adhesiones llegadas desde Guatemala, México, o el Sahara, entre otros.

También hubo artículos de prensa manifestando su apoyo, escritos por personas conocidas como Vicente Alvarez Areces, que fue Presidente de Asturias, o Jorge Martínez Reverte, que proponía un premio ex aequo para la Fundación y para el proceso de Paz en Colombia. Parece que ambas candidaturas quedaron entre los finalistas. Al final, por cierto, fueron los suecos los que concedieron el Nobel a uno de los promotores de la Paz en Colombia.

Nos hicimos ilusiones, que se demostraron infundadas. Finalmente el premio fue a parar a una entidad que trabaja con la infancia. No seré yo quien niegue sus méritos, en tiempos tan duros como los que vivimos, en los que la infancia es víctima de los peores horrores. Habrá organizaciones que lo merezcan más y otras que lo merezcan menos, pero seguro que lo merecen. A mí no me gustan sus rastrillos, sus cocidos madrileños, sus carreras populares, ni las personalidades de alta alcurnia que los rodean. Pero, reitero, seguro que lo merecen con creces.

No es, por lo tanto, el premio en sí, ni los premiados, lo que me movió a bucear en internet. Hoy todo está en internet, o casi todo. Fue, más bien, esa curiosidad insaciable que me conduce siempre a buscar respuestas, causas, porqués. Y lo primero que busqué es la composición del jurado que concede los premios. Encontré personas vinculadas a todo tipo de grandes empresas y organizaciones de ideología conservadora, junto a algún presidente, o expresidente, de Asturias, algún alcalde asturiano, algún Rector universitario asturiano.

Por cierto, entre cerca de 30 personas, sólo tres mujeres. Una de ellas, Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola European Partners, conocida deudora de Hacienda y responsable de conflictos sociales y laborales que ha desencadenado con el cierre de embotelladoras, como la de Fuenlabrada en España. Otra, la marquesa de Bellavista, Alicia Koplowitz y la tercera la conocida militante del PP asturiano y hoy presidenta de UNOSA, Teresa Mallada de Castro.

Señor, Señora, con todo respeto, les ruego ahora que consideren si ese jurado representa, en lo más mínimo, la composición de la sociedad española, su diversidad y pluralidad. Quienes trabajamos en las más diferentes profesiones constituimos la inmensa mayoría de este país. Ni un solo trabajador en el jurado. Ni una sola trabajadora. Hay magníficos profesionales en todos los sectores,pero los miembros del jurado proceden,casi exclusivamente, del mundo de las finanzas, los seguros, los negocios, las constructoras, organizaciones empresariales, o de organizaciones políticamente conservadoras.

Reiterando que, con toda probabilidad, la entidad que este año ha obtenido el premio lo merece con creces, ha resultado que cuando tecleo el nombre de dicha entidad, emparejado al de casi todas y cada una de las empresas con las que tienen, o han tenido, vinculación los miembros del jurado, son esas mismas empresas las que aparecen, con frecuencia, como donantes y financiadoras de actividades de la entidad en cuestión y se publicitan en los photocall de los diferentes eventos que organiza.

Probablemente a eso se le llama hoy responsabilidad social corporativa, pero no deja de parecerme un gasto publicitario, un apunte contable y, en mi opinión, una manera de alentar la beneficencia y la caridad, en lugar de la justicia y la igualdad. A fin de cuentas, los costes de estas donaciones son, probablemente, desgravables ante Hacienda, o se repercuten sobre los precios de productos y servicios que termina pagando el consumidor.

Sólo falta tomar en consideración que la entidad premiada cuenta como Presidente de Honor con el Rey de España. Por más que las presidencias honoríficas no sean ejecutivas, creo sinceramente que el nombre de altas autoridades del Estado, no debería verse involucrado en este tipo de situaciones, porque puede terminar ocurriendo que, en ocasiones como ésta, utilizando el nombre de una hija, un jurado como el descrito, termine premiando a una entidad presidida honoríficamente por su padre.

Lo primero que se me viene a la cabeza, tras estas consideraciones, es la poca oportunidad que tenía la Fundación Abogados de Atocha, de alcanzar el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Lo segundo que se me ocurre es trasladarles el ruego, Señor y Señora, de que valoren si su hija, la princesa de Asturias, puede prestar su nombre a las decisiones de un jurado con la composición descrita. No porque los premiados no sean merecedores de un premio, sino porque los premios aparecerán marcados por el signo de la interrogación, cuando no de la duda.

Y en tercer lugar, para terminar y no aburrir, ni seguir liando la madeja hasta incurrir en algún tipo de descortesía, desearía que considerasen que una Fundación que utiliza el nombre de la Princesa de Asturias para otorgar reconocimientos y premios internacionales, no puede seguir teniendo en la composición de su patronato y de jurados como el del Premio de la Concordiaque nos ocupa, unas carencias de pluralidad, diversidad, e igualdad de género, tan marcadas y evidentes, porque no responden al país que somos, ni al que deberemos ser.

Se me ocurren y me vienen a las memoria muchos nombres de personas jóvenes y mayores, mujeres y hombres, gentes del trabajo, de la cultura, de las ciencias, o las artes, del deporte, o de organizaciones de todo tipo, que pudieran formar parte de dichos órganos, pero no es mi responsabilidad designarlos, ni tan siquiera proponerlos.

Señor, Señora, como ciudadano, como trabajador y como padre (tampoco en eso soy imparcial), tan sólo espero que estas consideraciones, puedan tener alguna utilidad, pues creo, con sinceridad, que la única forma de convivir con dignidad y decencia en este país es que, quienes lo habitamos, comencemos a decir con claridad cómo nos vemos, qué creemos que necesitamos y cómo consideramos que hay que solucionar nuestros problemas y nuestros males. Eso, por sí solo, no basta, pero sin ese primer paso nada es posible.

Francisco Javier López Martín

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Los años 80 vinieron marcados por una ofensiva generalizada contra el modelo del Estado del Bienestar. La ofensiva fue preparada concienzudamente en la década anterior, utilizando el escenario del que los Estados Unidos consideran su patio trasero, América Latina. Las dictaduras militares, acompañadas de las recetas económicas de la Escuela de Chicago, sirvieron de probeta y prepararon el camino a las nuevas tendencias políticas que se desarrollaron tras el advenimiento de Reagan a la presidencia estadounidense, mientras en Europa la señora Tatcher se aupaba al puesto de primera ministra en Gran Bretaña.

En España no pudimos percibir con claridad la que se avecinaba, porque vivíamos tiempos de salida de una larga y agria dictadura y nos adentrábamos en la Transición Democrática, los Pactos de la Moncloa, la aprobación de una Constitución y nuestro ingreso en Europa, a mediados de los 80. El derroche de fondos estructurales europeos puso las bases y la llegada al gobierno del PP en 1996 aportó la voluntad firme de convertir el suelo y el ladrillo en boom inmobiliario. Era tanto el retraso acumulado con respecto a Europa que todo nos parecían avances sin posible retroceso. Hasta la brutal desindustrialización, la venta de empresas públicas al frente de las cuales situaron a compañeros de pupitre y amigos de los jefes del partido de turno, o los destrozos del trazado ferroviario, en aras de construir autovías y autopistas de peaje, quedaron desdibujados.

Duró la fiesta hasta que Lehman Brothers, allá por 2007 y 2008, demostró la desnudez del modelo de crecimiento especulativo, basado en un crecimiento artificial y ficticio de la riqueza, sobre la base exclusiva del consumo de bienes inmobiliarios comprados con créditos muchas veces impagables. Una economía de casino que no podía perdurar indefinidamente.

Se inició así una crisis que dura ya más de 8 años, que nos condujo a tasas de paro del 26 por ciento. Aún hoy, cuando el gobierno exhibe nuestro gran crecimiento económico y nuestra creación de empleo, casi el 60 por ciento de las personas paradas lleva más de un año en paro y uno de cada cuatro lleva más de cuatro años en situación de desempleo. Un 8 por ciento de los hogares tiene a todos sus miembros en paro y un 4 por ciento de las familias no cuenta con ningún ingreso laboral.

Entonces comenzamos a enterarnos de lo vulnerables que eran los derechos alcanzados hasta ese momento, a lo largo del periodo democrático, en forma de colegios, universidades, centros sanitarios, hospitales, incipientes servicios sociales, el anuncio de una ley de dependencia, un trabajo con derechos, unas pensiones aseguradas.

Las reformas laborales, especialmente la del PP en 2012, los recortes en las prestaciones por desempleo, en las pensiones, los salarios, las políticas públicas y la protección social nos han conducido a la modernidad de un mundo occidental de precariedad laboral e inseguridad social. Esa precariedad e inseguridad que alimentan el huevo de la serpiente que anida en Europa y que acaba de llegar al poder en los Estados Unidos, donde la desacreditada política ha dejado paso al gobierno de los más ricos, directamente y sin intermediarios. El poder en estado puro, sin mediadores inútiles y desprestigiados.

Ya tienen un gran camino avanzado. En la vertiente española ya nos han acostumbrado a un horizonte de desempleo y precariedad laboral. La media de los contratos en España es de 51 días de duración y el 27 por ciento es de menos de una semana. Además han conseguido imponernos una crisis de diseño contra los sectores populares. El 54 por ciento de las personas paradas tienen niveles bajos de estudios. La crisis ha sido la disculpa perfecta para asestar un golpe definitivo a la clase trabajadora, al valor del trabajo, a los derechos laborales y sociales que lo acompañan.

Las políticas contra la crisis desplegadas por el Partido Popular han conseguido transformar el riesgo empresarial en inseguridad laboral. Siguiendo la consigna de que debilitar el empleo permite crear más empleo. Ignorando, eso sí, que el empleo depende de la actividad económica del país, de la tipología de nuestras empresas y no de los manotazos constantes contra el Estatuto de los Trabajadores.

Ampliar las causas de despido no crea empleo. Reducir las indemnizaciones por despido, no crea empleo. Eliminar los salarios de tramitación, o suprimir la autorización administrativa de los ERE, no crea un sólo puesto de trabajo. Debilitar la negociación colectiva produce recortes unilaterales de los salarios y los derechos protegidos por el convenio colectivo, pero no crea un sólo puesto de trabajo.

Lo cierto es que seguimos teniendo un país de empresas precarias, en segmentos de actividad de poco valor añadido y eso produce empleo precario sin más remedio. Sin buenas empresas no hay buen empleo. Parece mentira que el Banco de España, durante todos estos años de boom inmobiliario, en mitad del gran pelotazo de bancos y constructoras, supiera tanto sobre el mercado de trabajo y pidiera una reforma laboral tras otra, cuando lo ignoraba todo sobre los riesgos financieros en los que nos estábamos metiendo.

La respuesta a esta situación, no exclusivamente española, no puede venir de la mano de experimentos como Trump, Marie Le Pen, o la complacencia con el Partido Popular, en nuestro caso. La respuesta no puede venir de los instintos y las pasiones que representan los movimientos populistas en auge en Gran Bretaña, Alemania, o Austria.

La respuesta debe venir de la mano de buenos gobiernos que combatan la corrupción instalada en el corazón mismo del sistema, que arrinconen a los corruptos y a los corruptores. Que deshagan es nudo de alianzas férreas entre poderes políticos y corporaciones económicas que ha conducido a que el libre mercado y la libre concurrencia se hayan convertido en un reparto descarado de la riqueza nacional entre unos pocos.

La respuesta debe venir de la construcción de un modelo de desarrollo asentado en la innovación en nuestros productos y servicios. En el trabajo decente. Un modelo que tome en cuenta a las personas y promueva y aproveche su cualificación. Un modelo político y social que considere los derechos de la ciudadanía como algo más que discursos y redacciones leguleyas para un boletín oficial, sino como garantías ineludibles que deben ser cumplidas, promovidas y desarrolladas.

Vivimos en sociedades plurales y diversas que merecen más esfuerzos de integración, respeto, compromiso y menos manotazos sobre la mesa y voces estridentes que apelan a nuestras pasiones, en lugar de a nuestros intereses reales. El sindicalismo y los sectores de progreso y de izquierdas no somos los culpables últimos de esta situación, pero sea cual sea la mínima parte de nuestra responsabilidad en la misma, tenemos la obligación de impedir que las tendencias que se apuntan en el horizonte y que comienzan a hacerse realidad en el presente, puedan conseguir el advenimiento de en un mundo que aplaste a las personas y borre para siempre su sonrisa.

Francisco Javier López Martín

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Eran aquellos tiempos en los que el franquismo no había muerto y la democracia no acababa de nacer. Eran tiempos en los que los jóvenes nos reuníamos en asociaciones de vecinos, que aún eran llamadas de cabezas de familia; en los sótanos y salones parroquiales de las iglesias; en locales dependientes de algún colegio, o de alguna universidad; en algunas salas alternativas de cineclub, o de teatro.

En uno de aquellos lugares se representaba la obra teatral de un desconocido para la gran mayoría, un tal Darío Fo y allí acudíamos decenas de chavales de todos los barrios de Madrid, convocados por la red social del boca en boca, que funcionaba magníficamente, si formabas parte de algún grupo juvenil legal, ilegal, clandestino, o simplemente parroquial. La información circulaba y convocaba con bastante más éxito que dos o tres redes sociales actuales juntas.

La verdad es que el título se las traía y era todo un anuncio publicitario condenado al éxito, en aquellos momentos: Muerte accidental de un anarquista. Se contaba que la obra se inspiraba en la caída de un anarquista, desde una ventana en una comisaría de Roma, tras ser interrogado y acusado de poner una bomba en Plaza Fontana. Estábamos acostumbrados a esos episodios en las comisarías españolas y debimos pensar, como los espectadores italianos, que la referencia al inicio de la función a una comisaría de Nueva York, era un mero subterfugio para encubrir las verdaderas intenciones y localización de la obra.

Sea como fuere, en aquel ambiente de calor, ilusión y humo, tuve mi primera cita con Darío Fo. Volví, años más tarde, a ver Muerte Accidental de un Anarquista y, por el camino, creo recordar que, incluso en formato televisivo, pude reír con (que no de) aquellas mujeres de Aquí no paga Nadie, que robaban en los supermercados, escondiendo los productos en sus barrigas de “embarazadas”, para hacer frente a las subidas de los precios y los efectos de la crisis económica permanente, el paro, la precariedad de los empleos que azotan sin clemencia y sin descanso a la gente trabajadora,  .

Más tarde, el lujo de asistir a la entrega del Premio Scaena, concedido por el Festival de Mérida, en 2004,  a Darío y a su esposa Franca Rame. Durante dos horas el escenario romano se convirtió en el extraño lugar donde un hombre que hablaba en italiano provocaba la risa y era entendido en nuestra propia lengua. Habló allí de los misterios de cuantos han contado y cuentan historias por el mundo y nos regaló unas cuantas, que, hasta una vez olvidadas, alimentan las futuras historias que nosotros deberemos contar en su nombre. Como si nuevos miembros de la Comedia del Arte fuéramos.

Y, últimamente, he aprendido a descubrir al Darío Fo que cuenta su infancia, en El país de los cuentacuentos, donde vuelve a recorrer los paisajes de Sangiano, allí donde el hijo del ferroviario se empapó de las historias de la gente trabajadora y sencilla. Allí donde aprendió a contarlas, mientras los viajes, los juegos, el Lago Maggiore, llenaban sus sentidos.

Lo último que he leído de él es ese cuento irreverente, Hay un rey loco en Dinamarca, en el que da cuenta de la historia de locura, amor y desamor, del rey Cristián VII, su desgraciada esposa, Carolina Matilde y su hijo y heredero Federico. Un hermoso cuento construido con ingenio y muchas voces diversas que nos van alumbrando el camino entre la genialidad y la locura, en un momento pre-revolucionario en toda Europa.

Una parte de mis primeros pasos anarquistas tiene que ver con Darío Fo, aunque también con con Salvador Seguí, mucho más que con Durruti. Mucho de mi forma de formar parte de organizaciones como el PCE, Izquierda Unida y las propias CCOO (la única en la que sigo militando), hunde sus raíces en la libertad por encima de la disciplina impuesta, la convicción de que es mejor equivocarse junto a tu gente y tal vez perder, que tener la razón junto a los poderosos. Porque, a la larga, la razón del poder nunca es una razón justa, que traiga de la mano la igualdad.

Gran parte de mi forma de entender la vida proviene de esa convicción de Darío Fo que le lleva a enseñarnos que la sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera cuando el poder es democrático, porque la risa libera al hombre de sus miedos. He incluido muchas veces en mis intervenciones esta idea: Que no te borren la risa, porque tu risa es lo que más les duele, lo que menos soportan, lo que más libre te hace.

Ha muerto un Premio Nobel, es cierto, pero ese título es sólo una circunstancia que fue, como pudo no ser. Ha muerto el hijo de un ferroviario. Ha muerto un trabajador que nunca olvidó sus orígenes y que siempre luchó por nuestra libertad, por la igualdad  y por nuestro derecho a la risa. Ha muerto de muerte natural, tras una larga vida de dedicación a la gente aplastada por el poder, por el dinero, por la mafia, que aquí se llama corrupción. Ha muerto uno de los nuestros. Uno de los imprescindibles. Uno de cuantos seguirán viviendo en nuestras historias. Las que seguiremos contando cualquier noche, sobre todo las del duro invierno.

Francisco Javier López Martín

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Me piden desde la Vicaría de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid que participe en una Mesa Redonda, que se enmarca en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Esa Jornada que la Confederación Sindical Internacional convocó por primera vez allá por 2008. Una mesa en la que participarán además Cáritas y las Hermandades Obreras de Acción Católica (CCOO).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) había ido acuñando este término de Trabajo Decente. El propio organismo internacional, del que forman parte gobiernos, empresarios y sindicatos, considera que el concepto de trabajo decente expresa las aspiraciones a un buen trabajo y un empleo digno en un mundo globalizado. Un trabajo para las personas, que dignifica y permite el desarrollo de sus capacidades. Ese empleo, ese trabajo, debe permitir unos ingresos justos, sin discriminaciones de género, o de otro tipo. Un trabajo que se ejerce en el marco de unos derechos laborales que aseguran la protección de los trabajadores y Trabajadoras.

Fue en 1999 cuando Juan Somavia, el primer director general de la OIT que provenía del Sur del planeta, presentó una Memoria sobre Trabajo Decente, que contribuyó a difundir y generalizar este término. Según él, Trabajo Decente quiere decir derecho al trabajo, trabajo con derechos, protección social y diálogo social. Las Naciones Unidas recogieron el concepto y plantearon que sin Trabajo Decente es imposible conseguir un desarrollo económico y social sostenible, que asegure la libertad, la igualdad, la seguridad y la dignidad humana.

Eran conscientes de que sin crear oportunidades de trabajo decente, eso que llaman la gobernanza de las sociedades y la paz en el conjunto del planeta, tienen pocas oportunidades. La Recién creada Confederación Sindical Internacional (ITUC), convocó por primera vez, un 7 de octubre de 2008, la primera Jornada mundial por el Trabajo Decente.

Recuerdo cómo los sindicatos del planeta, organizaron aquella jornada. La página de ITUC se vio desbordada de visitas, donde cada amanecer, cada mañana, cada tarde y noche, trazados por el huso horario, contenían las actividades que en cada país se estaban desarrollando, retransmitidas casi en directo.

Recuerdo que nuestro Congreso de las CCOO de Madrid, celebrado ese mismo año, eligió el lema Vida Digna es Trabajo Decente, para enmarcar los trabajos del mismo.

Han pasado los años y el panorama del trabajo decente en el planeta sigue siendo desolador. Para empezar hay más de 200 millones de personas en el mundo que quieren trabajar y no encuentran empleo. De esas personas 74 millones son personas jóvenes y, en su conjunto, hay 30 millones de personas paradas más que en aquellos momentos de 2008, en los que comenzaba la crisis económica mundial.

Entre quienes trabajan en este mundo, hay 2.000 millones de personas que lo hacen sin contrato y sin derechos, sometidos a riesgos laborales y con salarios de miseria. El trabajo indecente contribuye a que el 80 por ciento  de la población mundial carezca de seguridad social, protección por desempleo, por enfermedad, discapacidad, vejez o maternidad.

La desoladora lista de destrozos, sería infinita. Pero terminaré resaltado otros dos datos que el sindicalismo internacional destaca. Son 168 millones las niñas y niños, que soportan la lacra del trabajo infantil y más de 21 millones de personas trabajan en condiciones de esclavitud. Eso que casi de forma eufemística se denomina trabajo forzoso.

Se preguntan los organizadores del acto, personas comprometidas con la dignidad de la vida humana, qué transformaciones se han producido en las relaciones laborales, hasta el punto de que podamos preguntarnos si el trabajo ha dejado de ser una garantía de acceso a una vida digna y cómo ha influido la precarización del empleo en la pobreza. ¿En qué se ha convertido el trabajo y cómo ha evolucionado (involucionado) la cultura del trabajo?

Ver, juzgar, actuar. Son los tres ejes de debate que plantean. Me parece una propuesta tremendamente moderna y actual. Conecta a la perfección con el debate abierto en las CCOO, al que hemos denominado Repensar el Sindicato. Me trae a la cabeza aquella canción de Luis Pastor, en otro memento de cambio profundo al que se vio sometida la sociedad española, la denominada Transición Democrática: Las cosas están cambiando… agárrense que allá vamos.

De eso se trata en estos momentos. La crisis económica mundial se parece cada vez más al golpe de estado en Turquía. La disculpa perfecta para asestar el golpe definitivo a un modelo de trabajo y de vida sustentados en derechos colectivos y personales, que aseguran el bienestar, la libertad, la justicia y la paz.

Tal vez conviene preguntarse si la respuesta se encuentra dentro de las fronteras de cada país, en el corporativismo de cada una de las organizaciones que hemos ido generando, o si va siendo hora de concitar voluntades surgidas de la pluralidad y la diversidad de cuantos asistimos al desmán que los poderes económicos, en confluencia con  poderes políticos subsidiarios y con la inestimable ayuda de sus escuderos a sueldo, están perpetrando dentro y fuera de nuestras fronteras.

Porque lejos de concebir un mundo en el que sus habitantes se vean igualados en torno al respeto de los derechos humanos y entre ellos el derecho a empleo decente, parecen empeñados en conducirnos a una desigualdad generalizada, aceptada, justificada y concebida como modelo, que nos conduzca a la destrucción del planeta, con los seres humanos dentro.

Por eso me siento tremendamente satisfecho y agradecido de acudir a este y a cualquier otro foro donde haya personas dispuestas a ver, juzgar y actuar en defensa de la vida digna y el trabajo decente. Dispuestas a seguir la invitación de Ernesto Sábato, Es hora de abrazarse a la vida y salir a defenderla.

Francisco Javier López Martín

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Las CCOO de Madrid me han invitado a la clausura de su Escuela Sindical 2016 cuyo eje conductor es El Trabajo en el Centro del Debate. Una Escuela en la que los asistentes han tenido la oportunidad de debatir las prioridades de CCOO para el curso  político que se abre con nuestro Secretario General, Ignacio Fernández Toxo y afrontar temas importantes, como el papel del sindicato en las instituciones, la garantía de rentas en la salida de la crisis, el trabajo como fuente de derechos y, al final de  la cual, la organización madrileña de las CCOO ha rendido homenaje a los compañeros y compañeras que hace ya 50 años crearon la primera Inter-ramas de las CCOO en Madrid.

Me parecía importante destacar, ante los asistentes a la clausura, que las Comisiones Obreras nos encontramos inmersas en dos procesos internos que desembocarán en la celebración del Congreso Confederal de finales de junio de 2017. El primero de esos procesos nos invita a Repensar el Sindicato, reflexionar sobre las CCOO que queremos ser, partiendo de nuestras virtudes y nuestras debilidades.

El segundo proceso tiene que ver con la reivindicación de unas CCOO que hicimos, hacemos y haremos historia. Nada distinto, para una organización, de lo que nos preguntamos cada uno de nosotros y nosotras en cada momento de nuestra vida: ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?

Preguntas a las que tenemos que respondernos en un mundo que se transforma a pasos agigantados y en el que las palabras ven amenazado su valor. Siempre que esto ha ocurrido en la historia ha habido quienes exigen acabar con la palabrería inútil a base de más cuentas y menos cuentos. Más resultados y menos prédicas. El problema de este planteamiento es que el populismo de las cuentas termina resultando tan peligroso como el que generan los cuentos.

En primer lugar porque las cuentas son maquillables y manipulables, en función del relato histórico predominante en cada momento. Un fracaso en las cuentas puede ser presentado como un triunfo. Lo vemos cada día en los medios de comunicación. La lógica de las cuentas ha producido situaciones como la descrita por el Presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, en su intervención en la Escuela, quien pone de relieve el hecho de que los movimientos financieros en el planeta multipliquen por nueve la riqueza de todos los países del mundo juntos. La riqueza generada “ficticiamente” es nueve veces superior que el PIB, la riqueza real, de todo el planeta.

Ese populismo de las cuentas, de los resultados, de los beneficios, nos ha traído una brutal crisis financiera, acompañada de una burbuja inmobiliaria incontrolable, que ha derivado en crisis económica, de empleo, social y política. La tormenta perfecta, la disculpa inevitable para que los poderosos de la tierra asesten el golpe definitivo que vienen preparando desde hace cuatro décadas, a los modelos de Estado del Bienestar surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en lugares como Europa.

La acción persistente y planificada de los Señores del  Dinero, los think tank que han financiado en Universidades, Fundaciones, clubs, organismos internacionales… junto a las  tareas de difusión y propaganda realizadas por numerosos medios de comunicación, que de ellos dependen, han creado tendencias que alientan, entre otras muchas cosas, a la privatización de servicios públicos esenciales, como la sanidad, educación, servicios sociales, que sustentan derechos fundamentales de la ciudadanía.

Han ido imponiendo relatos en los que lo público es caro, funciona mal, es ineficaz, ineficiente, no es de calidad. Hay que entregar la gestión de lo público al sector privado. La ofensiva topaba con un obstáculo insalvable que había que remover: acabar con el sindicalismo de clase. Tras casi 40 años la ofensiva ha alcanzado muchos de sus objetivos. Numerosos servicios públicos han sido entregados a gestión privada.

Los resultados son perceptibles: El empleo se ha precarizado en los sectores públicos y privados. Los servicios han perdido calidad y capacidad de cubrir las necesidades sociales. La corrupción en las concesiones se ha generalizado poniendo en solfa mantras como el de la “libre concurrencia”. Las puertas giratorias se han multiplicado de forma escandalosa, de forma que muchos políticos pasan directamente a la gestión empresarial en sectores de los que han sido responsables y responsables empresariales pasan a la gestión de las políticas que afectan a empresas y sectores de los que provienen.

Al final la prestación de los servicios resulta más cara, porque hasta los beneficios empresariales quedan asegurados frente a pérdidas, introduciendo cláusulas de compensación de pérdidas. La privatización ha alimentado un consorcio de intereses político-económicos que se comporta como las meigas. No existen, pero haberlas haylas.

Esta evidencia encuentra algunos problemas para ser reconocida. La primera de ellas es que el tiempo juega a la contra. Durante casi 40 años la campaña privatizadora ha sido muy intensa y ha creado una poderosa tendencia que conduce a ser aceptada sin crítica alguna. En segundo lugar, la historia y el relato lo imponen los vencedores y, según ellos vivimos en el mejor de los mundos posibles. Vivimos en el país de las maravillas.

Ya se lo explicaba, en el cuento, el huevo Humpty Dumpty a Alicia, en aquel momento en que, enfrascados en el debate, la niña plantea que la cuestión es cómo una palabra puede significar dos cosas distintas al mismo tiempo. Entonces Humpty zanja la cuestión: No, Alicia, la cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo.

Ayer y hoy, la cuestión sigue siendo qué poder tienen los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales, sociales y políticas, para que las cosas sean vistas como las vemos desde abajo. Porque ese poder es el que permite construir identidad y escribir la historia de y desde la clase trabajadora. De ahí la importancia de actos como el que han celebrado las CCOO de Madrid para reivindicar nuestra historia, defenderla, construir nuestro propio relato. Sentir orgullo de lo que fuimos y de lo que somos. Afrontar nuestro futuro. A fin de cuentas, nuestra historia no son cuentos. Es nuestra vida contada por nosotros mismos.

CCOO es eficacia y eficiencia al servicio de la calidad de vida y trabajo de las personas trabajadoras. Pero el poder sindical necesita algo más. Necesita memoria de quienes fuimos. Capacidad de repensarnos, reivindicarnos, mejorar. Necesita sensatez en las propuestas, firmeza en las negociaciones, fuerza en las movilizaciones. Orgullo de clase.

A lo largo del acto Rosa León interpretó Volver la los 17, de Violeta Parra y Al Alba, de Luis Eduardo Aute. Juan Margallo nos dirigió unas palabras sobre los orígenes de CCOO y sus relaciones con la cultura. Juan Diego y Luis García Montero enviaron saludos.

Rosa sigue siendo nuestro Alba. Juan Diego, o Juan Margallo, siguen representándonos en los escenarios. Luis es nuestra poesía. Nuestro camino es el mismo que comenzaron hace ya 50 años los compañeros y compañeras de la primera Inter.

Todas ellas y todos ellos nos llenan de orgullo. Con todos ellos, con todas ellas, tiene sentido seguir gritando ¡Vivan las Comisiones Obreras!

Francisco Javier López Martín

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Hace unos días comenté una noticia en esa red social que permite sólo 140 caracteres, introduciendo una reflexión sobre la utilización de los recursos públicos como fuente de negocio privado, por parte de algunos avispados “emprendedores”. En concreto en el campo de los servicios sociales y, más específicamente, en la atención a nuestros mayores.

La respuesta de uno de los escuderos mayores en el castillo de la mediocracia no se hizo esperar, acusándome poco menos que de estalinismo y blandiendo los beneficios de la gestión privada. No faltaron escuderos menores y aspirantes a escuderos, en el intenso debate que se suscitó a continuación. Y cuando hablo de escuderos, aplico la definición que Owen Jones realiza de estos curiosos personajes en su libro El Establishment: La casta al desnudo.

Tampoco faltaron, en el trasiego, quienes, en defensa de lo público, argumentaron que, lejos de atacar la libertad y acercarnos a la extinta Unión Soviética, defender lo público nos acerca a un modelo europeo, que ha asegurado, durante décadas, la calidad de vida y los derechos sociales de quienes más necesitan de la protección y la solidaridad de la sociedad y el Estado. Desde luego, quienes no aparecieron por ninguna parte son los auténticos protagonistas políticos y empresariales del desaguisado.

Es obvio que un debate a base de 140 caracteres se deja mucho por el camino y produce pocas conclusiones y un imposible consenso. Pero creo que este debate merece algunas reflexiones a vuelapluma, al menos. La primera de ellas, sin ánimo de exhaustividad, es comprobar la cantidad de personas, no pocos de ellos jóvenes que dirigirán en breve nuestra sociedad, que han caído en las garras de quienes confunden interesadamente libertad con ultraliberalismo. Dicho de otra manera, para ellos la libertad consiste en poder montar empresas y negocios, mientras que privar de libertad a nuestros mayores no es más que una circunstancia de los tiempos modernos. Algo así como un mal colateral sobrevenido e inevitable.

La segunda reflexión que me viene a la cabeza es hasta qué punto los señores que manejan el cotarro y sus fieles escuderos, han conseguido, introducir la falsa idea de que lo privado gestiona mucho mejor que lo público cualquier cosa que se le ponga por delante. Han sido largos años, ya décadas, de atacar la gestión pública de la sanidad, la educación, los servicios sociales, que han terminado calando. Como bien dice mi amigo Manuel, han creado tendencia y, a partir de ahí, todo es fácil, porque ya es el río el que nos lleva.

Han sido años atacando cada uno de los baluartes que podían actuar como defensa de las familias trabajadoras. Entre ellos los sindicatos y los partidos de la izquierda. La clase trabajadora ha sido, efectivamente, demonizada y sus organizaciones acosadas hasta conseguir su claudicación, situarlas a la defensiva. La aspiración máxima del consorcio político-empresarial consistiría en reconducirlas hacia el colaboracionismo, hacia la aceptación, sin rechistar, de un sistema y un modelo que deja a demasiada gente en las cunetas del camino.

Hoy, una persona trabajadora es poco más que un factor necesario, pero molesto, a tomar en cuenta como coste minimizable a la hora de establecer los beneficios empresariales. La clase trabajadora no necesita estabilidad, salario decente, ni formación, o protección contra la siniestralidad laboral. No hay por qué asegurar a estas gentes trabajadoras un horizonte de empleo y vida digna. Hoy hay que ser “emprendedor”, lo cual consiste en aceptar la extra y autoexplotación por parte de los grandes, sin salario seguro, sin condiciones dignas de trabajo, sin futuro en las pensiones, sin protección por desempleo, sin derechos laborales, ni sociales.

Los escuderos y sus señores han conseguido hincar el diente mucho más allá de la gestión de la iniciativa privada. Han conseguido adentrarse profundamente en la gestión de los recursos públicos, lo que es de todos, los dineros que la ciudadanía deposita en manos del Estado (ya sea Estado Central, Autonómico, o Local), a través de los impuestos y cotizaciones sociales, fundamentalmente.

Atacaron la Sanidad Pública, cuando ya controlaban el importante gasto farmacéutico y abrieron las puertas a las más diversas fórmulas de participación privada en la gestión sanitaria hospitalaria (Fundaciones, empresas mixtas, conciertos, contratos, convenios…). Grupos financieros, sanitarios y empresariales corrieron a aprovecharse en comandita del botín.

No pocos políticos acabaron utilizando las puertas giratorias para encontrar asiento bien remunerado en dichos proyectos, en justo y presunto agradecimiento por los favores prestados. En premio por su incansable labor en el fomento de la “colaboración público-privada”. Algunos exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid son claro ejemplo de este tipo de patrióticos personajes y gozan de buena salud y grandes ingresos.

Atacaron la enseñanza pública y abrieron las puertas a la concesión de conciertos educativos, entregando terrenos y facilitando fórmulas de financiación. Los casos Gürtel, o Púnica, ponen bien de relieve las comisiones pagadas por algunas de estas concesiones y los maletines y dineros que han viajado al extranjero. Algunos de los responsables políticos de estos tejemanejes están en la cárcel, pero quienes los financiaron permanecen impunes en la mayoría de los casos. Parece difícil combatir a los corruptos cuando no se persigue con la misma saña a los que financian la corrupción.

El caso de los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia es no menos llamativo. Con el agravante de que la base pública, de entrada, era muy escasa. Desde la beneficencia, generalmente en manos de la Iglesia, tuvimos que pasar a los derechos reconocidos de las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, o quienes carecen de recursos. Pasar del Auxilio Social de la dictadura a una red pública de servicios sociales en democracia, hubiera exigido una apuesta, política y económica, que en pocos casos se produjo.

Tras la construcción de algunas residencias públicas, se pasó a construirlas con presupuesto público y entregarlas a gestión privada y poco después a concertar directamente con la iniciativa privada, tras facilitar la cesión de suelos, el acceso a financiación. Negocio redondo.

En cuanto a nuevos derechos como la ayuda a domicilio, o la teleasistencia, prácticamente se desarrollaron desde su nacimiento bajo fórmulas de gestión privada. No pocos de los gestores de esas empresas provienen, de nuevo, de la utilización de las puertas giratorias que permiten, sin solución de continuidad, pasar del despacho donde se conceden las ayudas a la gestión privada de esas ayudas.

No seré yo quien diga que toda iniciativa privada es puro negocio. Hay iniciativa social que merece ser apoyada con recursos públicos. De otra parte, prescindir del sector privado en la prestación de todos los servicios públicos tampoco parece una opción viable sin crear un bloqueo en muchos de esos servicios.

Ahora bien, reconocer esto no significa que debamos aceptar como animal de compañía el consorcio de intereses empresariales, políticos y personales que se ha instaurado en la gestión de los servicios públicos esenciales. Esta situación, unida a los recortes injustificables en la prestación directa de servicios públicos, ha producido una caída de la calidad de los servicios y un deterioro de las condiciones de trabajo, aún más evidente en el caso de los servicios públicos entregados a gestión privada (contratos precarios, salarios bajos, condiciones de trabajo de pura y dura explotación laboral).

Por eso hay que establecer criterios claros. El titular de un servicio público, es siempre la Administración responsable de asegurar el ejercicio del derecho. Significa que el sector privado debe actuar siempre como colaborador subsidiario. En segundo lugar, las Administraciones deben promover la gestión directa de servicios esenciales y, entre ellos, especialmente, la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales.

Deben crearse instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios públicos y hay que establecer fórmulas de participación social en el control, seguimiento y evaluación de dicha calidad de los servicios públicos. Una de las características de la operación de deterioro y privatización ha consistido, precisamente en devaluar o suprimir los instrumentos de participación social para terminar concediendo las ayudas sin testigos.

Hay que acabar con las irregularidades, las corruptelas, el pasilleo, la información privilegiada, los pagos de comisiones, la prevaricación, el trato de favor, el tráfico de influencias y las puertas giratorias. Y eso sólo se consigue con control social de los pliegos de condiciones, con participación social en la gestión y evaluación de la calidad de los servicios.

Sólo se consigue si el empleo y las condiciones de trabajo en el sector privado son equiparables con las del sector público. Y, sobre todo, se consigue, si desde la sociedad organizada y vertebrada, desde la izquierda, desde los sectores sensatos de la política, desde las organizaciones democráticas, desde los sindicatos, nos aplicamos, sin prisa, pero sin pausa, en esa labor educativa y ética imprescindible de desmontar la confluencia de intereses políticos y empresariales que han convertido la gestión de los público en fuente de negocio, jugando con las necesidades y los derechos esenciales de la ciudadanía.

Esa es la nueva tendencia que tenemos la obligación de construir, si queremos que la libertad, la igualdad, la justicia y los derechos laborales y sociales, sigan siendo valores y principios rectores de nuestra convivencia. O eso, o el triunfo de la jungla de los Señores del Dinero y sus escuderos mediáticos y políticos.

Francisco Javier López Martín

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