En la Casa del Lector del Matadero de Madrid acabo de presentar mi último libro titulado Cuentos en la Tierra de los Nadie, editado por Legados Ediciones. Mi anterior libro era un poemario titulado La tierra de los Nadie. Esta columna se llama La Voz de los Nadie. Es forzoso preguntarse, ¿de dónde viene esta obsesión recurrente por los Nadie?

Sin embargo, vengo hoy aquí a hablar de mi libro y, siguiendo al maestro Umbral, no dejaré que nada ni nadie evite que lo haga. Dejaremos sin responder, al menos de momento, la pregunta. Alimentemos por ahora la insatisfacción. Provoquemos que se establezcan conjeturas, hipótesis, dudas razonables, sobre la existencia o no de una Tierra de los Nadie. Dejemos trabajar la imaginación.

Vayamos al grano. He construido estos Cuentos en la Tierra de los Nadie con diez relatos prefabricados y ensamblados en un universo confederal de pueblos, valles, barrios periféricos y minas asturianas. Cuentos escritos a lo largo de varios años y que han conseguido algún premio o reconocimiento en lugares tan diversos como Hervás (Cáceres), Oviedo (Asturias), Coria (Cáceres), Bilbao, Trigueros (Huelva), NH Hoteles. En alguna ciudad de la Mancha, como Azuqueca, y en algún lugar de la Mancha de cuyo nombre no consigo acordarme, por más que lo intente.

Cuentos protagonizados por ancianas de barrio, bibliotecarias, trabajadoras de temporada en algún camping del Ambroz, porteros de finca, drogadictos, cundas, viudos, viudas, jóvenes desarraigados al borde del exilio interior y exterior, camioneros, efebos a la helénica usanza, un divisionario  (de aquellos genuinos de la División Azul) y unos cuantos mineros que trabajan, con el agua hasta la cintura, en el pozo de la Camocha.

Historias de ayer que podríamos contar hoy, casi tal cual. Historias de hoy que podrían tener décadas a las espaldas, porque las circunstancias de los Nadie se atienen a un principio de relatividad incierta, que no tiene que ver con la velocidad de los cambios, sino con la intensidad del dolor y de la alegría, que de todo hay en esta desconocida tierra.

Manuel Rico, poeta, novelista, presidente de la Asociación Colegial de Escritores, me ayudó en la presentación y atendió a mi petición de redactar el Prólogo del libro, al que tituló: Un canto a los sueños de los invisibles. Le agradezco este esfuerzo suplementario que ha realizado, sacando tiempo de donde no lo tiene, para atender a mi demanda.

Y agradezco esa referencia al género del “cuento preocupado por la condición de los humildes” que floreció por los años 50 y que contó con escritores como Medardo Fraile, Meliano Peraile, Jesús Fernández Santos, o el enorme Ignacio Aldecoa, que escribió La tierra de nadie y otros relatos.

Es inmerecido, pero halagador, que Manuel considere que mis cuentos navegan, transcurridos los años y en el tránsito entre dos siglos, por el mismo mar de fondo  de una sociedad injusta, gobernada por una minoría ignorante y egoísta, que aplasta las ilusiones de los humildes, que se ven obligados a la lucha cotidiana por la supervivencia.

Contar cuentos puede parecer un ejercicio de diversión, evasión, invención. Pero todas las historias están inventadas. Cambias los personajes, el espacio y el tiempo y los ancestrales relatos vuelven a aparecer ante nosotros. Escribir cuentos, contarlos, me parece un intento de reinventar la realidad, establecer un relato de cuanto no podría ser narrado exactamente tal cual ocurrió. Escribir novelas y cuentos para que la vida pueda ser aprehendida, comprendida y no sólo literalmente conocida. Los personajes del cuento existen o han existido en  uno o varios de otros seres reales. Los tiempos, o los espacios, las circunstancias, son reconocibles, aun cuando procedan de los  sueños o de los miedos más profundos.

Nada como leer a Valle-Inclán, sus esperpentos, para intuir una España que se despeña irremisiblemente hacia una Guerra Incivil. Nada como leer Siete casas en Francia, de Atxaga, antes o después de El corazón de las tinieblas, de Conrad, (cuento largo, novela corta), para comprender el horror de las potencias coloniales en Africa, en este caso en el Congo sometido al rey Leopoldo II de Bélgica.

Escribir, contar, para intentar atrapar en ti una vida incomprensible que siempre se nos escapa.

Francisco Javier López Martín

Publicado en Estrella Digital en julio de 2017

7 Jul, 2017

La tumba del abuelo

“un infierno sobre la arena:

los hombres allí sobreviven bajo tiendas de fortuna

y chozas de paja que ofrecen una miserable

protección contra la arena y el viento.

Para coronar todo ello no hay agua potable,

sino el agua salobre extraída de agujeros

cavados en la arena”.

Robert Capa

 

Me gusta recordarle frente al mar. Herido, frente al Mediterráneo. La memoria es caprichosa. Cuando no cuenta con referencias ciertas tiene permiso para inventarse momentos. Cosas que quedan ahora escritas y que pasan a ser recuerdo fiel de una realidad que tal vez no existió así. Sólo tal vez.

El recuerdo me asaltó durante el reciente Congreso de CCOO. Pepe Alvarez habló, durante la inauguración, de fosas en las cunetas. Manuela Carmena habló de memoria. Yo pensé en mi abuelo. Herido, sentado frente al Mediterráneo. En las playas de Argeles-Sur-Mer. Perdedor de una guerra desencadenada por militares contra su propio pueblo.

A sus espaldas un inmenso campo de concentración. Hay que sacar agua salada de hoyos excavados en la arena y utilizarla para cocinar. Hay que racionar los escasos alimentos que llegan sólo de vez en cuando, en camiones destartalados. Hay que ver morir a los compañeros, de hambre, de disentería, de frío, de tifus. Y seguir viviendo. Hay que sobrevivir.

Más de 100.000 exiliados han sido cercados aquí con alambradas. Más de 550.000 malviven, huidos de la guerra y de la derrota en otros campos. Pero este es el más grande, el más conocido de todos. Por aquí ha pasado Robert Capa con su cámara y ha quedado reflejado el horror de los refugiados de la guerra.

Recuerdo cuando dejó Collado Mediano y trepó al Guadarrama para frenar el avance de las tropas franquistas. Pensó que serían sólo unos días, hasta que las tropas procedentes de Madrid, restablecieran  la legalidad republicana. Su mujer, sus hijos, no volvieron a verle. Ni vivo, ni muerto. Voluntario a los 42 años, no es extraño que los más jóvenes le apodaran el abuelo. Mi abuelo.

Algo ayudan, aunque de poco sirven, los barracones donde se juntan para hablar de política, de cultura, de la organización del campo, de la familia. Recuerdo a mi abuelo, en su “barracón de cultura”, charlando con el joven militante del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), llamado Vicente Ferrer. Quien iba a decir que pasados los años el joven trotskista terminaría convertido en apostol de las Indias.

Y me gusta recordarle junto a aquel jovencísimo José Luis García Rúa, al que recuerda que tiene la misma edad que el mayor de sus hijos y al que hace prometer que, si sale de ésta, irá a ver a Ascensión, su mujer y dará un beso en la frente a cada uno de sus tres hijos.

Otras veces recuerdo a mi abuelo charlando con Joaquín Puig, que salvaría luego la vida por los pelos al volver a España para ser condenado a muerte e indultado en el último momento. Su hijo, paradojas de la vida, fue el último ejecutado por garrote vil en la España franquista, Salvador Puig Antich.

Me gusta, sobre todo, recordarle frente al mar Mediterráneo. A él, un hombre de tierra adentro, de la Sierra de Guadarrama, de pinares y granito. Frente al mar que buscan cuantos huyen de las guerras, camino de México, Argentina, Cuba. Camino de Argel.

Guardo estos recuerdos, pero soy incapaz de imaginar donde se encuentra la tumba de mi abuelo. En eso la memoria no viene en mi ayuda. Nunca nadie en la familia encontró el camino.

Y se me ocurre que alguien tiene que buscarlo. No iré tras la tumba del Cid que, pese a todos los regeneracionistas, sigue sin contar con las famosas siete llaves. No. Iré al sepulcro de Don Quijote. La tumba de aquel soldado que partió a derrotar gigantes y topó con los tanques italianos y la aviación alemana y la mediocridad de las democracias europeas.

 

¿Qué a dónde vais?

La estrella os lo dirá: Al sepulcro.

¿Qué vamos a hacer en el camino mientras marchamos?

¿Qué? ¡Luchar! ¡Luchar!, y ¿cómo?

¿Tropezáis con uno que miente?,

gritarle a la cara: ¡Mentira!, y ¡adelante!

¿Tropezáis con uno que roba?

gritarle: ¡Ladrón!, y ¡adelante!

Miguel de Unamuno

Vida de Don quijote y Sancho

 

 

Francisco Javier López Martín

Se avecina el 11 Congreso de CCOO que concluirá el sábado próximo con un relevo en la Secretaría General del sindicato, que será, con toda probabilidad, asumida por Unai Sordo, hasta hace poco Secretario General de CCOO de Euskadi.

Los cambios son necesarios. Unas veces son deseados, otras provocados. En muchas ocasiones inevitables y otras son impuestos. No pocas veces son tardíos y sirven de poco. Lo ideal es que se produzcan a tiempo y sabiendo establecer una transición serena entre lo que se acaba y lo que está naciendo. Unas veces se puede y otras no. Gobernar los cambios es gobernar el futuro.

Ignacio Fernández Toxo ha tomado la decisión de impulsar el relevo en la Secretaría General de CCOO, antes de que fuera inevitable y desde la autoridad que todo el mundo le reconoce tras ocho años al frente del sindicato. Una decisión tomada con esa prudencia, no exenta de audacia, de los gallegos de El Ferrol.

Mi relación con Ignacio no tuvo buenos principios. El choque en torno al conflicto de SINTEL, allá por 2001, fue sonoro. Todo para que, pasados los años y unos cuantos conflictos más, Madrid garantizase el apoyo mayoritario a Toxo, en el Congreso de 2008, en el que se enfrentó a José María Fidalgo. A penas 28 votos de diferencia entre 1001 delegados, dirimieron el conflicto. Visto el desarrollo y las consecuencias de una crisis (económica, de empleo, política, social) implacable, creo que no nos equivocamos.

Desde entonces, hemos vivido el duro tránsito de la crisis, tres Huelgas Generales y miles de movilizaciones, así como la confluencia con organizaciones sociales en la defensa de los más golpeados por los recortes. La defensa de la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, las rentas mínimas, la protección por desempleo, el refugio, el derecho de huelga, las pensiones, han sido parte de nuestro trabajo.

Las CCOO salen unidas de la recesión (la salida de la crisis queda lejos) y con voluntad de recuperar derechos. Todos hemos aprendido de los errores. Es cierto que SINTEL no tiene ya vuelta atrás, pero su ejemplo ha hecho que hayamos afrontado el conflicto de Coca-Cola con la convicción de que los trabajadores y trabajadoras siempre debemos tener al sindicato guardando las espaldas, aunque nos equivoquemos. Porque contra lo que se suele afirmar, la verdad del porquero no es, ni será nunca, la de Agamenón.

 No ha sido un periodo fácil para CCOO y Toxo ha sabido dirigir el tránsito de este desierto económico y político con su peculiar carácter gallego de El Ferrol. ¿Podría haber sido mejor? Nunca se sabe. Lo que sé es que podría haber sido peor, mucho peor y no lo fue. Es de agradecer.

Y ahora llega el relevo. Cada vez que me han preguntado, durante años, en Madrid, en otros territorios, Federaciones, los compañeros y compañeras de la Ejecutiva Confederal, sobre el futuro, siempre dije que si Toxo quería seguir, estaría perfectamente justificado que lo hiciera. Pero si decidiera retirarse de la Secretaría General, teníamos pocas más opciones que Unai Sordo.

Muchos me objetaron que venía de una organización territorial y además pequeña. Siempre contesté que Euskadi es el lugar donde el sindicalismo de clase de CCOO ha sido más difícil y ha resistido, en condiciones muy duras y con éxito, al sindicalismo nacionalista y a la irracionalidad de la violencia. Allí hemos pagado un alto precio, a veces de vidas humanas y somos referencia sindical ineludible, cuando no única.

Hablar de Unai es ya hablar de futuro. Somos una organización unida, pero con desequilibrios importantes, con una diversidad sectorial que se corresponde con la diversidad de la clase trabajadora y sus nuevas realidades y con una pluralidad de ideas tan amplia como la que caracteriza toda España. Sólo cabe desearle suerte, aciertos, equilibrio y buen criterio, para gobernar una transición serena. Porque de esos aciertos y buen criterio dependerán buena parte de nuestra suerte.

Vayan en su ayuda los versos del poeta sevillano, que cantó la Castilla donde nacieron sus antepasados:

Cuatro principios a tener en cuenta:

Lo contrario es también frecuente.

No basta mover para renovar.

No basta renovar para mejorar.

No hay nada que sea absolutamente empeorable.

(Antonio Machado)

Llegué a la Secretaría de Formación de CCOO a principios de 2013, cuando el Titanic de nuestro Sistema de Formación para el Empleo, había chocado ya con el iceberg, pero justo antes de que alguien diera la voz de alarma de que el problema no era el boquete abierto en el casco, sino un error de diseño que convertía en sumergible lo que el hombre, en su orgullo pretencioso, consideraba insumergible.

El Gobierno del PP había intensificado su campaña de deterioro de la imagen de los sindicatos como gestores de la formación. Nos desayunábamos un día sí y otro también con los escándalos de los ERE y de los cursos de formación. Con juezas estrella, hoy estrelladas, que imputaban por doquier. Con informes del Tribunal de Cuentas que ponían en solfa el sistema de formación.

No importa a estas alturas que toda la basura vertida se pueda resumir en que unos cuantos corruptos espabilados y empresarios desaprensivos, vinculados en muchas ocasiones con gobiernos autonómicos como el de Madrid, o con el propio Gobierno Central,  hayan hecho negocio con los cursos de formación y estén siendo investigados por la justicia. No importa que no haya sindicalistas de CCOO implicados, ni imputados. Ya es demasiado tarde. El trabajo sucio ya ha sido hecho.

El Gobierno del PP ha expulsado a empresarios y sindicatos de la gestión de la formación para el empleo y entregado el negocio a la “libre concurrencia”, que bien entendida, consiste en repartir el dinero de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores, entre un mercado cautivo, bien relacionado con los despachos de gobierno.

Lejos de buscar soluciones modernizadoras para la formación de trabajadores y trabajadoras en este país, como hemos propuesto los sindicatos y la  propia CEOE, separando impartición de la formación de gobierno y gestión de la misma. Lejos de unificar las políticas dispersas y contradictorias de los ministerios de Empleo y Educación en formación profesional. Lejos de utilizar todos los recursos disponibles. Lejos de utilizar nuestras Universidades y Centros de Formación Profesional para formar trabajadores. Lejos de acabar con las subvenciones como sistema envenenado, que no consigue hacer algo que es responsabilidad de la Administración.

Lejos de todo ello, nos encontramos que Montoro se queda, año tras año, con una parte importante de los dineros de la formación no gastados. Que los centros públicos no hacen nada de nada en formación para el empleo, simplemente porque no pueden hacerlo. Que unos pocos proveedores de formación privados, bien informados y bien relacionados, acaparan las subvenciones. Que el sistema de subvenciones sique siendo un foco de corrupción, corruptelas, mala gestión y tráfico de influencias. Que el Ministerio de Empleo desarrolla políticas de formación que nada tienen que ver con el sistema educativo.

Eso sí, como siempre ocurre en este país, todos cantan incansable y repetitivamente, el mantra de la formación dual. Formación dual para arriba y para abajo, aunque esa formación profesional que utiliza las prácticas en empresas, sea una selva indecente de precariedad y abuso sobre toda una generación de jóvenes.

Modelo alemán, dicen. La Embajada Alemana se ha visto obligada a organizar viajes de estudio a  Alemania para dar a conocer la formación dual in situ y que los periodistas, empresarios, políticos, responsables del Gobierno, sindicalistas y hasta ONGs, no hablen tan alegremente de formación dual confundiéndolas con unas prácticas laborales que nada tienen que ver con la famosa formación dual.

Aprobaron de urgencia la Ley 30/2015 de Formación para el Empleo y dos años después, el resultado es que en 2015 no hubo convocatoria estatal de formación de trabajadores y trabajadoras y que la convocatoria 2016 sigue sin ser resuelta, casi un año después de ser publicada, entre otras cosas porque los resultados, aún no oficiales de la misma, ponen de relieve que los males siguen intactos: Alta concentración de concesiones en unas pocas entidades especializadas en cazar subvenciones de formación. Inexistencia de centros públicos que hayan podido competir para impartir esta formación. Sectores enteros que se quedarán sin formación y alta concentración en sectores que requieren poca inversión económica. O un 80 por ciento de los programas formativos impartidos con el sistema de teleformación que requieren menos costes de impartición.

El Sistema de Formación para el Empleo en España es un Titanic que va progresivamente inundando de agua marina unos compartimentos que permiten el paso del agua al resto de compartimentos, mientras el capitán se muestra impotente y la orquesta ataca con decisión el himno de la Formación Dual, considerado por algunos el ungüento amarillo, que para todo sirve y para nada aprovecha, mientras otros lo consideran el bálsamo de Fierabrás capaz de curar todas las dolencias habidas y por haber, sin que nadie sepa a ciencia cierta qué cosa sea ni el famoso ungüento, ni el mágico bálsamo, ni mucho menos la formación dual.

A lo largo de estos cuatro años hemos aportado y defendido propuestas para que el dinero de la formación procedente de la cuota de formación se dedique sólo a formación de trabajadores y trabajadoras. Para que los dineros no gastados se reincorporen cada año al sistema de formación. Para que los Centros Públicos de Formación Profesional, los Centros de Formación de Personas Adultas, las Universidades, participen prioritariamente en el sistema. Para que los trabajadores y las empresas sean quienes deciden en el gobierno de sus necesidades formativas.

Hemos denunciado casos de corrupción, como el de Aneri en Madrid, entre otros muchos en Andalucía, o Valencia. Los tribunales de justicia reconocen en sus sentencias que el Gobierno lo hace mal y nuestras denuncias se ajustan a derecho. Hasta la Defensora del Pueblo nos ha dado la razón. El Gobierno calla y sigue adelante, recurriendo a unas prácticas de permisividad e inactividad, a las que intenta acostumbrar al conjunto de la sociedad.

Somos incómodos, pero el hundimiento de la formación para el empleo en España es algo que sólo se niegan a ver los responsables de la misma. En lugar de facilitar la transición de un sistema que merecía ser revisado hacia un sistema que corrige problemas y asegura la participación, optan por asistir impasibles a un deterioro cada vez mayor que está arrastrando al sector de la formación y su empleo. Especialmente a aquellas entidades formativas que no se han especializado en cazar subvenciones y que han apostado por la calidad.

Porque esa es la clave de la batalla que se está librando en estos momentos en la Formación para el Empleo en España: Calidad, buen gobierno y transparencia, o recursos repartidos de forma clientelar, con criterios opacos y manipulables, en beneficio de los amigos del gobierno de turno. Claro que apostar por la calidad requeriría, para empezar, buenos gobiernos, capaces de convocar los esfuerzos de todos los implicados, para solucionar los problemas y sacar a flote una nave cuya proa se hunde cada vez más en el océano. Para ello hay que querer y saber, pero de ambas cosas no andan muy sobrados en el puente de mando.

Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO

 

Ay, aquel que le pareciera

que es fácil mi batallar

siquiera por un momento

que se ponga en mi lugar.

(Blas de Otero)

 

 

Dicen que fue Alberti, quien recordando el poemario de Blas de Otero, Que trata de España, pensó en el mejor título para la exposición que iba a inaugurarse en Milán. Tenía que trasladar la imagen de una España convertida en inmensa prisión, que buscaba en la solidaridad internacional de los sindicatos italianos, el apoyo a una solución democrática para una situación cada vez más insostenible, en la que la falta de libertad condenaba a hombres y mujeres a largas penas de cárcel y hasta a la muerte, por ejercer derechos plenamente reconocidos en cualquier lugar de Europa. Así Rafael Alberti propuso que la muestra llevara el título: Amnistia. Que trata de Spagna.

Cuentan, también, que fueron los sindicatos italianos (la CGIL, UIL, CISL), en colaboración con la organización en el exterior de las CCOO y con la  agrupación de artistas plásticos del PCE, quienes organizaron en marzo de 1972 la Mostra, que incluyó numerosas actividades en Milán y también en Roma. Y cuentan que casi 300 artistas plásticos de España, Francia, Italia, aportaron sus obras. Y que casi 50 poetas y escritores enviaron textos y poemas. Y que muchos cantautores cantaron en Milán o en Roma, a favor de la amnistía para los presos y la libertad en España. Manuel Estaban Marquillas realizó un documental con intervenciones de algunos de ellos a lo largo de la Mostra.

Las obras salieron de España clandestinamente. Pasaron la frontera por Cataluña camufladas en coches o fueron porteadas a través de las montañas de Euskadi y Navarra. Un esfuerzo que merece la pena ser recordado, para entender el despliegue de  voluntad, el riesgo y la capacidad organizativa de la oposición al franquismo en aquellos momentos. Todos sabían que tras la Mostra podían llegar las represalias. Todos asumieron la responsabilidad.

El destino de la venta de las obras de Genovés, de Picasso, del Equipo Crónica, Juan Giralt, o Ricardo Zamorano, entre otros muchos, no era otro que sostener el sindicalismo de las CCOO, que actuaba como punta de lanza de la lucha por la libertad y los derechos. Las CCOO habían ganado las elecciones sindicales, pero no se plegaron a los deseos del Régimen de integrarlas en el sindicalismo vertical. Por lo tanto fueron ilegalizadas y, en aquellos años, casi 10.000 sindicalistas de las CCOO fueron encausados en los Tribunales de Orden Público del franquismo. El mayor número de procesamientos y condenas del franquismo recayó contra militantes de las CCOO. Es difícil entender que alguien sostenga que la democracia se fraguó en unos despachos de personajes notables. Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles.

Me comentan que un periodista de esos tan renombrados, prepara una serie documental que conmemora los 40 años de la democracia en España. En ella aparecerán, parece ser, notables políticos, empresarios notables, periodistas notorios y numerosos representantes de los nobles despachos en los que se sentaron quienes pergeñaron la transición española. Pero, al parecer, no habrá trabajadores, ni los de antes, ni los de ahora, ni el mismísimo Marcelino Camacho, al que todos reconocen y al que todos quieren olvidar cuanto antes.

Hace 45 años (hoy lo recordamos en el Museo de la Historia de Madrid, con una exposición, inaugurada por Manuela Carmena y por nuestro secretario general Ignacio Fernández Toxo,  que recupera textos, obras, cuadros, imágenes de la Mostra de Milán), los artistas, la cultura, los poetas, novelistas, periodistas, no eran tan pacatos en reconocer la lucha de las CCOO y su empuje hacia la democracia en este país. Eran otros tiempos. No mejores, desde luego, pero mucho menos mezquinos y miserables con la clase trabajadora de este país, sin la cual la democracia no hubiera nacido.

La exposición Amnistía. Que trata de Spagna se inauguró, por fin, en marzo de 1972. En aquellos días en los que la represión franquista acababa con la vida de dos trabajadores en una manifestación en El Ferrol. En aquellos días en los que Marcelino Camacho salía de una de sus numerosas estancias en la cárcel. Tres meses después, la cúpula de las CCOO sería detenida en el convento de los oblatos de Pozuelo de Alarcón. Permanecerían detenidos para ser luego juzgados en el proceso 1001, cuya celebración coincidió, a finales de diciembre de 1973, con el asesinato del almirante Carrero Blanco y la venganza del franquismo vino de la mano de las desproporcionadas condenas contra los 10 de Carabanchel.

Cuando la Ejecutiva salida del 10 Congreso de las CCOO me encargó asumir la responsabilidad de la Formación Sindical, me pareció que una de las tareas pendientes de nuestra organización era recuperar la memoria de nuestros orígenes, de nuestra actividad incansable por la libertad, la democracia y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de este país. Nicolás Sartorius suele decir que hemos sido los costaleros de la democracia. Los costaleros no salen en la foto de la procesión, como si la Virgen o el Cristo, se desplazaran solos, cuando sabemos que sin costaleros y costaleras no habría procesión.

Me pareció necesario poner en marcha un programa, en colaboración con la Fundación Abogados de Atocha, para que nuestras afiliadas y afiliados pudieran hablar, debatir, escuchar, preguntar, a quienes vivieron aquellos momentos. Hace cuatro años ya no teníamos a Marcelino, recientemente fallecido, ni al asturiano Juan Muñiz Zapico, fallecido en un accidente de coche allá por 1977, el cual da nombre a la Escuela Sindical de CCOO. También había fallecido el vallisoletano Luis Fernández Costilla. Pero seguían junto a nosotros muchos de los 10 de Carabanchel. Eduardo Saborido, Paco Acosta, Fernando Soto, Nicolás Sartorius, Pedro Santiesteban, Miguel Angel Zamora, Francisco García Salve ( el cura Paco).

De quienes sobrevivieron al asesinato de los Abogados de Atocha sólo quedaban entre nosotros Lola González Ruiz y Alejandro Ruiz-Huerta. A lo largo de estos años hemos perdido a Lola y a Fernando Soto. Pero somos una organización joven en la que los protagonistas de la historia, aunque no fueran los protagonistas directos de estos dos hechos, pueden seguir contando las luchas de los trabajadores y trabajadoras en cada Comisión Obrera que se constituía y el trabajo de los numerosos despachos de abogados laboralistas vinculados a las CCOO y al PCE.

Por estos encuentros han pasado, además de los ya mencionados, personas como Manuela Carmena, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, Juan Moreno, Antonio Montesinos, Raul Cordero, Paco Naranjo, Nati Camacho, Hector Maravall, o Pepe Alcázar, junto a compañeras y compañeros de toda España, dispuestos a contar su experiencia en la construcción de las CCOO.

Se han realizado más de medio centenar de encuentros en casi todas las Comunidades Autónomas, en los que cerca de 2000 personas de todas las edades, mayores y jóvenes, hemos podido escuchar las voces de nuestra memoria viva. No un recuerdo del pasado, literal, frío y sin complicaciones. No un pasado que nos esclaviza, sino una memoria que nos interpela y que, como nos recuerda Todorov, tiene un uso ejemplar que “permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechando las lecciones de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día y separarse del yo para ir hacia el otro”.

Los actos conmemorativos de la legalización de las CCOO, del 40 aniversario de la Asamblea de Barcelona, de la legalización de los sindicatos, del asesinato de los Abogados de Atocha, de los sucesos de El Ferrol, del Proceso 1001 y ahora de la Exposición Amnistía. Que trata de Spagna, son hitos en ese esfuerzo para reivindicar nuestro protagonismo en el presente. No queremos ser presos de nuestro pasado, sino actores de nuestro futuro. Pero somos conscientes de la vigencia de las palabras de George Orwell: “Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado”. En esa batalla, la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura, hoy como ayer, seguirá siendo el elemento esencial de nuestra construcción del presente y nuestra proyección hacia el futuro.

 

Si me muero, que no me mueran antes

de abriros el balcón de par en par.

Un niño, acaso un niño está mirándome

el pecho de cristal.

(Blas de Otero)

 

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

 

El problema de internet es que ahí está casi todo. Sin embargo nuestra capacidad es limitada y las cosas importantes pueden pasarnos desapercibidas, o simplemente puede pasar que no encontremos el camino para descubrirlas. Eso me ha ocurrido con la noticia sobre Andrés Ocaña Rabadán, el que fuera alcalde de Córdoba, fallecido en el mes de marzo. Una noticia que ha tenido mucha repercusión en los medios locales de Córdoba, y en las ediciones andaluzas de algunos grandes periódicos y agencias, pero muy poca en medios nacionales.

Me he entregado a la lectura de noticias sobre obituarios, biografías, reconocimientos, homenajes, minutos de silencio, banderas a media asta, funeral, presencias, declaraciones e intervenciones de la Alcaldesa de Córdoba, Julio Anguita, Rosa Aguilar y hasta del canónigo de la catedral, Fernando Cruz-Conde, quien reconoció su amistad y el hecho de “dejar como legado un ejemplo de concordia, de reconciliación y de paz, cuando hoy algunos quieren resucitar viejos odios y rencores”, para concluir que “Andrés trabajó por un mundo más justo”.

No conozco casi nada sobre esta etapa de la vida de Andrés Ocaña. Hace casi 35 años que le conocí y sólo pude compartir con él un curso escolar, en un lugar y en un momento que nadie menciona en su biografía. Luego, tan sólo creo haberle visto en un par de ocasiones y recuerdo que mantuve con él una correspondencia epistolar intensa, cuando aún no existía internet. De todos es sabido que, cuando la red se introduce en nuestras vidas, las conexiones intranscendentes tienden a ocuparlo todo, a multiplicarse de forma proporcional al abandono de las relaciones necesarias, que terminan siendo soterradas por tanto escombro innecesario.

Sin embargo, siempre he tenido la sensación de que con Andrés podría retomar en cualquier momento una conversación allí donde la hubiéramos dejado, gracias a la ley de la relatividad de la amistad, que curva el tiempo, en función de la intensidad de la vida compartida. Una ley no demostrada, pero que se cumple indefectiblemente con determinadas personas. Muy pocas en la vida, es cierto.

Esa conversación no podrá ser ya retomada, o tal vez sí. En cualquier caso vuelve a cumplirse otra de las leyes de la vida, en este caso formulada por Paul Bowles: “Debido a que no sabemos cuándo moriremos, pensamos en la vida como un pozo inagotable. Sin embargo, todo pasa sólo un cierto número de veces y, en realidad, muy pocas. ¿Cuántas veces más recordarás una tarde de la niñez, una tarde que se volvió una parte tan profunda de tu ser, que no concibes la vida sin ella? Tal vez cuatro o cinco veces más. Tal vez ni siquiera eso. ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Tal vez veinte. Sin embargo, todo parece ilimitado”.

Era el mes de septiembre de 1982. Andrés y yo tomábamos posesión como maestros en el colegio Reina Sofía de Ubrique (Cádiz). El venía de Córdoba para asumir su primer destino definitivo. Yo venía de Madrid. El tenía un hijo pequeño, menudo, risueño, al que habían llamado Alvaro. Yo iba a tener mi primera hija, que terminó naciendo en febrero del año siguiente, en el hospital de Ronda (Málaga), a la que llamamos Inés.

Andrés creo recordar que venía del MC (Movimiento Comunista) y yo venía de la CNT y acababa de afiliarme al PCE. Andrés militaba sindicalmente en USTEA, un sindicato profesional y progresista de la enseñanza y yo iba camino de pedir mi primer carnet de CCOO, precisamente en el pequeño local ubriqueño de CCOO de Andalucía.

Nada más llegar, contacté con Pepe Solano, cuyo nombre completo era José García Solano,  el responsable del PCA en Ubrique y me vi embarcado en la organización de la campaña de las Elecciones Generales de Octubre del 82, aquellas que trajeron un gobierno socialista y produjo la debacle de la UCD y del Partido Comunista, conducido aún por Santiago Carrillo. Aquello  abrió  una crisis interna que terminó produciendo la escisión del carrillismo y, tras el Referendum de la OTAN y múltiples ensayos de convergencias, al surgimiento de Izquierda Unida.

Pero esto no había llegado aún y, allí, en Cádiz, donde Rafael Alberti había sido diputado, cediendo luego su escaño al líder campesino Francisco Cabral, el Partido presentaba a José Luis Núñez, El Patri, uno de los abogados antifranquistas más conocidos del Partido, como cunero. La suerte estaba echada y, pese a las pegadas de carteles, actos, repartos de propaganda, etc., el revolcón fue monumental.

Hablamos mucho Andrés y yo de aquel fracaso. A fin de cuentas éramos forasteros y compartíamos inquietudes políticas, educativas, generación, ratos libres y circunstancias familiares. Así comenzó Andrés a acercarse al Partido. Yo diría que más que al Partido a las gentes del Partido. Pepe Solano, Pepe Rivas, Pepe Muñoz. Esas gentes que se ganaban la vida  fabricando petacas, carteras, bolsos, manualmente, en casa, ayudados por las tardes por sus hijos, encargados de dar cola al cuero. O en la construcción, o en el campo, o en el mejor de los casos, trabajando en una caja de ahorros.

Andrés podría haber sido uno de aquellos maestros de la Segunda República. Preparaba meticulosamente sus clases. Daba largos paseos. Dibujaba mapas del pueblo y de la Serranía de Ubrique, con los que luego trabajaba con sus alumnos. Se interesaba por su vida y por la de sus familias. Investigaba sobre la historia del pueblo y lo descubierto lo ponía a disposición de quienes asistían a sus clases. Esas cosas, maneras, formas y actitudes que el magisterio de la transición intentaba recuperar de sus predecesores republicanos. Desconfiaba de la burocracia que comenzaba a imperar en el sistema educativo, intentando medir, uno a uno los objetivos y obligando al profesorado a rellenar interminables formularios.

Pasaron los meses, pasó la primera gran huelga de defensa del trabajo de los petaqueros y sus familias. La impresionante manifestación nocturna que convocó a todo el pueblo en defensa de la dignidad de la industria. El invento de la marca Ubrique, que aún hoy figura en cada producto fabricado allí. Y llegó el tiempo de las elecciones municipales del 83.

Comenzamos a elaborar programas electorales, convocando asambleas ciudadanas para ver qué necesitaba el pueblo. Educación, por supuesto, pero también urbanismo, vivienda, salud, servicios sociales, transportes, medio ambiente. Éramos maestros. De todo sabíamos un poco, aunque no fuéramos expertos. Y lo que no se sabe se aprende, o se pregunta a quien sabe. Imprimíamos los programas en una multicopista vieja que se atascaba constantemente y los encuadernábamos a mano. Alquilamos un pequeño local en el barrio del Carril, en lo más alto del pueblo. Organizamos asambleas barrio a barrio, plaza a plaza, en colegios, en locales municipales. A golpe de megafonía instalada en un viejo coche. Inundando las callejuelas de canciones de Carlos Cano.

A Andrés y a mí nos propusieron encabezar las listas, pero los dos sabíamos que estábamos allí de paso. El volvería pronto a Córdoba y yo a mis barrios del Sur de Madrid. Allí quedarían los Pepes, sus mujeres, sus hijos e hijas y otros tantos. Los verdaderos protagonistas de la historia del pueblo. Nosotros podíamos echar una mano, escribir, hablar, organizar actos, pero ellos debían ser quienes jugaran el partido que se avecinaba.

El PCA, que había sacado poco más de 400 votos en las elecciones generales, duplicó sus resultados en estas municipales, celebradas pocos meses después. Pasamos de uno a dos concejales, que sumados al tirón del PSOE, permitieron un cambio de gobierno, con un alcalde socialista, gobernando con dos concejales comunistas.

Ahora, cuando soporto durante días el peso de la noticia del fallecimiento de Andrés, sin que se me vaya de la cabeza, sabiendo que su muerte, o mi supervivencia, son sólo una cuestión de azar. Ahora, me pregunto cuánto de aquellos días siguió vivo en Andrés y en mí. Cuánto de aquellas gentes retuvimos dentro de nosotros, para que Andrés se comprometiera en la política municipal y llegase a ocupar la alcaldía de Córdoba, en los mismos años en que yo me adentraba en la tarea de dirigir las CCOO de Madrid.

Leo y releo sobre sus andanzas, sus batallas, sus derrotas, sus momentos duros, los reconocimientos y pienso que Andrés, como casi todos nosotros, como yo mismo, siguió siendo aquel joven maestro, republicano, de izquierdas, padre de un niño llamado Alvarito, comprometido con quienes más lo necesitaban. Pienso que fue eso lo que le permitió seguir cumpliendo años siendo el mismo hombre honesto y lo que le hizo enfrentarse a aquel corrupto que, harto de no poder comprarle con maletines llenos de dinero, decidió crear un partido para combatirle abiertamente. Conozco más amigos alcaldes que han seguido su misma suerte en Villaviciosa o en Seseña. Los Sandokanes y los Poceros eran sólo variantes del mismo tronco podrido que ha dado sus peores frutos en España.

Y lo pienso así porque, cuando miro las fotos que aparecen en los obituarios de este profesor de tan sólo 62 años, mi amigo Andrés Ocaña Rabadán, sigo reconociendo su sonrisa limpia y esa mirada que juzga , a quien mira, con un punto de ironía, con  firmeza, pero con todo el afecto de un buen maestro. Tenía pendiente con él una conversación que ya no podrá ser, o tal vez sí. En un mundo más justo.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

 

Mirar para otro lado, una de las prácticas habituales de nuestro Presidente del Gobierno,  sólo contribuye a mantener una situación insostenible. El modelo de Formación Profesional para el Empleo (FPE) se encuentra al borde del colapso. Hemos explicado  su desarrollo. Hemos analizado sus logros y sus deficiencias. Hemos reflexionado sobre la inutilidad de abordar reformas impuestas a espaldas de las necesidades de las empresas y de los propios trabajadores y trabajadoras.

Va llegando el momento de enunciar las propuestas que pueden desbloquear la situación y avanzar hacia un modelo de FPE que combine el derecho de las personas a formarse a lo largo de toda la vida y la necesidad de las empresas a contar con trabajadores y trabajadoras cualificados en un mundo cambiante.

  1. Desarrollar el derecho de formación y aumentar la cohesión social.

Para ello contamos con algunos instrumentos muy poco promocionados. Cada trabajador o trabajadora cuenta con 20 horas anuales para formación que deberían constituir un derecho individual efectivo, pero que no se ejerce.

De otra parte, los actuales Permisos Individuales de Formación (PIF) deberían garantizar la igualdad, de forma que las personas menos cualificadas pudieran beneficiarse de ellos.

Vivimos en un país en el que, junto a un alto nivel de titulados superiores, de en torno al 35 por ciento, convive un porcentaje aún mayor, de entorno al 45% de la población activa con niveles básicos, o incluso inferiores, de formación. En el centro un pequeño porcentaje con estudios profesionales. Habría por lo tanto que poner en marcha programas específicos para formar a las personas menos cualificadas y abrir convocatorias permanentes de reconocimiento de cualificaciones.

  1. Calidad y oportunidad de la formación.

Contamos con una excelente red de centros público de Formación Profesional, Universidades y Centros de Educación de Personas Adultas, que viven al margen del Sistema de Formación para el Empleo. Por un lado, el Ministerio de Educación y su formación reglada, por otro el Ministerio de Empleo, al frente de un subsistema de formación en el empleo. La descoordinación entre ambas administraciones es absoluta.

Los centros públicos de Formación profesional deben jugar un papel esencial para asegurar una oferta más amplia y menos discriminatoria. Es necesario contar cuanto antes con una red de centros (públicos y privados) acreditados, con mecanismos de financiación suficientes y controles de calidad y requisitos comunes.

Además, el sistema de subvenciones no es el más adecuado para la provisión de un servicio como el que necesita la Formación para el Empleo. Los controles administrativos y económicos son tremendos, pero ello no impide la aparición de empresas especializadas en burlarlos, mientras que la agilidad se resiente y la evaluación de la calidad es una asignatura siempre pendiente.

Contamos ya con Centros de Referencia Nacional, Centros Integrados, Observatorios, que deben funcionar de forma coordinada para mejorar la calidad del sistema. Las actuales Comisiones Paritarias, compuestas por empresas y representantes sindicales en los diferentes sectores, deberían ser reducidas en número y reforzadas en sus funciones, convirtiéndose en instrumentos esenciales para reconducir el sistema actual, burocratizado e inoperante, hacia la realidad de las necesidades de las empresas y los trabajadores.

Vivimos en un país en el que se inaugura mucho, hasta varias veces los mismos proyectos y sus fases de ejecución, pero que evalúa muy poco la calidad de cada proyecto y de las políticas que los sustentan.

  1. Recursos suficientes, estables y transparentes.

Un reciente encuentro sobre la experiencia francesa en Formación Profesional para el Empleo revelaba un gasto anual de más de 30.000 millones de euros en formación para el empleo, en nuestro país vecino. En España, por el contrario, dedicamos a Formación para el Empleo casi exclusivamente los recursos procedentes de la cuota de formación (en torno a 2000 millones de euros), y aún así, en los últimos seis años hemos dejado de gastar 450 millones de euros, cuyo destino es desconocido.

Es urgente asegurar, tal como sentencia el Tribunal Constitucional, que todos los recursos procedentes de la cuota de formación se reanualizan y se dedican a formación y no a otros fines. Es necesario reforzar esos fondos, no sólo con aportaciones de Fondos Europeos, sino con otras aportaciones para formación de colectivos no cotizantes y personas desempleadas. Es preciso que los fondos sean gestionados, en todos los ámbitos, empezando por la propia Administración, de forma transparente para el conjunto de la ciudadanía y para las personas trabajadoras.

  1. Diálogo y negociación. Bases para mejorar la formación.

En las empresas, la formación debe ser fruto de la negociación y el acuerdo entre empresarios y Representación Legal de los Trabajadores, con posibilidad de contar con aportaciones públicas y de las empresas,  para conseguir la mejor formación y la más necesaria en cada momento.
La movilidad laboral dentro de cada sector y la atención de las necesidades formativas de las pequeñas y medianas empresa, tienen que ser fruto de la negociación empresarial y sindical en el marco de las actuales Comisiones Paritarias, que la nueva ley define como Estructuras Paritarias.
La formación en los ámbitos territoriales, cuyo objetivo es la formación y la recualificación de personas ocupadas, o desempleadas, debe ser objeto de negociación entre Administraciones, empresarios y sindicatos, tomando en cuenta los recursos que pueden aportar los Centros de Formación Profesional, la realidad económica y del tejido productivo, las necesidades de empleo y orientación y la articulación de prácticas en las empresas.
Siguiendo las orientaciones europeas sería bueno acordar un Estatuto del Aprendiz que regule las prácticas y su conexión con el aprendizaje en los centros. Se habla mucho de formación dual, pero se hace muy poco para que la formación con prácticas no sea explotación laboral de nuestros jóvenes, a través de la docena de fórmulas dispersas que existen en estos momentos para abusar del trabajo de aprendices y becarios.

  1. Gobierno democrático de la Formación.

El objetivo del Gobierno, en la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, parece haber pivotado en torno a la expulsión de organizaciones sindicales y empresariales, no sólo de la ejecución, sino del gobierno del sistema. Para afrontar el problema generado hay que entender que no se puede hacer formación de los trabajadores y trabajadoras sin los trabajadores y trabajadoras y sin las empresas en las que trabajan. Los países con mejores experiencias en formación de trabajadores y trabajadoras son aquellos que cuentan con modelos negociados y acordados en los que participan administraciones y agentes sociales.

Por eso es esencial asegurar la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en los instrumentos de gobierno y de gestión del sistema. Contamos con instrumentos como el Consejo de la Formación Profesional, o la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, que deben ser redefinidas, orientándolas hacia la articulación de mecanismos de detección de necesidades, coordinación de la oferta formativa, simplificación de la organización, gestión, seguimiento y evaluación del sistema.

A modo de resumen, podemos decir que la reforma impuesta debe dejar paso  a la negociación del desarrollo de un sistema de formación profesional para el empleo, que haga posible el derecho de las personas a formarse y recualificarse a lo largo de toda la vida y cubra la necesidad de las empresas de contar con trabajadores y trabajadoras cualificados.

La cualificación y formación de las personas es la mejor garantía de un futuro económico estable y de la cohesión social que sustenta la convivencia democrática en cualquier país.

Las soluciones negociadas son inaplazables. No podemos mirar hacia otro lado.

Francisco Javier López Martín

Secretario Formación CCOO

 

Una reforma impuesta cuya única finalidad evidente es poner los recursos del sistema en manos de proveedores privados, sólo podía conducir a un empeoramiento de los datos y a una tensión ya insostenible sobre el conjunto del sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Las deficiencias son ya insostenibles. Una de las primeras es la ausencia de una oferta de formación sectorial de calidad. Así, en 2015, especialidades formativas como Prevención de Riesgos Laborales, Inglés y Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral, aglutinaron el 25% del total del alumnado que participó en cursos de formación programados por las empresas.

Mientras tanto el 24% del alumnado de los cursos programados por el Gobierno se concentraban en Salud Laboral, inglés, organización empresarial, carretillas, marketing, cocina y comercio exterior.

Dicho de otra manera, se realizaba la formación más rentable para los centros privados, pero no la mejor formación para las personas, ni desde luego la que necesitan las empresas.

En la próxima convocatoria de formación, correspondiente a 2016 y aún no resuelta, todo apunta a que repetiremos deficiencias y que el 75% de los participantes se acumulará en 5 familias profesionales, como Administración y Gestión,  comercio, informática, servicios socioculturales y transportes, dejando a 21 familias profesionales con una oferta escasa o nula. De nuevo los ámbitos sectoriales más fáciles en ejecución de formación para las empresas privadas, acapararán la oferta formativa.

Las consultoras y centros de formación ofrecen un catálogo formativo a las empresas y éstas eligen lo más parecido a lo que creen que necesitan, sin reparar en necesidades reales, ni en la calidad de los cursos. Todo apunta a que cerca de 20 ámbitos profesionales sectoriales van a quedar desiertos y 25 más van a quedar sin suficiente oferta en la Convocatoria 2016.

Cuando se programan ofertas específicas sin contar con los trabajadores y trabajadoras, como ocurre con profesiones reguladas, como la del área Fitosanitaria, la oferta final no llega al 10% y los fondos reservados pueden terminar perdiéndose. Lo cierto es que cuando la formación se convierte en negocio y libre concurrencia, el beneficio fácil y la formación poco especializada consiguen muchas bazas.

Otra deficiencia evidente es la diferencia entre formación de oferta programada por el Gobierno y formación de demanda programada por las empresas. Los módulos de coste hora/alumno, en formación de oferta, son mucho más bajos que en el caso de la formación programada por las empresas.

Cuando se trata de bonificarse la formación por parte de una empresa, la bonificación de los costes de formación es automática, no existe valoración técnica de calidad, la duración es extremadamente flexible, con un mínimo de 2 horas. No existe obligación general de incluir criterios de igualdad, o de formación de las personas menos cualificadas, o más desfavorecidas.

Este perverso sistema que se ha promovido y potenciado, aún más con la reforma de la formación puesta en marcha por el Gobierno, termina produciendo, contradictoriamente con los principios de “libre concurrencia” predicados por el Gobierno, una alta concentración de ayudas en unas pocas entidades especializadas en la gestión y tramitación burocrática de planes de formación para el empleo. Así en 2014, 23 entidades concentraron casi la mitad de los recursos destinados a ayudas en toda España.

La reforma impuesta lleva camino de convertirse, tras dos años de aplicación, en un rotundo fracaso que arrastre en su caída lo construido durante dos décadas y media. Los datos son demoledores y las deficiencias evidentes. El bloqueo actual del sistema, no obstante, tiene solución, si se abordan las soluciones desde el diálogo social y el necesario papel que los protagonistas de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), empresas y trabajadores, deben tener en el gobierno de la formación.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación CCOO

No hay excusas, rezaba el lema sindical del 1º de Mayo de 2017. Es una verdad a gritos. No hay excusas para quienes nos trajeron la crisis por acción, avaricia, u omisión. Ni para los políticos que toleraron el enorme pelotazo del ladrillo y las finanzas, ni para quienes, cual cigarras depredadoras, hicieron todo el dinero del mundo, sin crear riqueza y alimentaron la burbuja de unos precios de las viviendas que nada tenían que ver con el valor real de las mismas.

No hay excusas para cuantos crearon los consorcios político-empresariales que manejaban cada cotarro a base de comisiones, sobres y maletines, pasando de las musas al teatro, sin solución de continuidad. Hoy Consejero de Sanidad y mañana Consejero Delegado de una importante empresa sanitaria. Hoy Directivo de empresas de armamentos, o del transporte, o energética y mañana responsable político de esos mismos asuntos.

No hay excusas para esa década y media de aguirrismo, en la que la crisis económica y de paro y recortes para la mayoría, se convirtió en oportunidad de negocio para unos pocos cortesanos. Cuentan que la lideresa reprochaba, a quienes la venían con el cuento del enriquecimiento acelerado de algunos de sus acólitos, que tuvieran envidia de que sus compañeros de partido se enriquecieran.

No hay excusas para la soledad que algunas personas y organizaciones vivimos cuando le afeamos públicamente su asalto a la dignidad de los profesionales del Hospital Severo Ochoa. O cuando combatimos sus operaciones privatizadoras en los hospitales y centros de salud. Cuando nos vestimos de verde para parar sus políticas educativas y convocamos huelgas educativas contra las concesiones arbitrarias de suelos y recursos para construir centros concertados y contra los recortes en la educación pública. Cuando luchamos contra la privatización del Canal de Isabel II y contra el destrozo de Telemadrid, con cerca de mil profesionales despedidos.

Dijimos no a las radiales y seguimos pagando radiales, a Eurovegas y aún padecemos el furor de construir prostíbulos y casinos por doquier en cualquier solar cercano a un aeropuerto. Siempre con la mentira de que lloverá dinero y puestos de trabajo. Hasta le afeamos la mediocridad de un miniparque Nacional de Guadarrama, que terminó contando con un tercio de la superficie del inicialmente proyectado. Se empeñó en poner a sus lugartenientes al frente de Cajamadrid y le cortamos el paso.

Nuestra voz clamaba en el desierto del silencio decretado, a base de anuncios y publicidad bien regada sobre algunos medios de comunicación. Hoy muchos y muchas dicen, en las tertulias y en los artículos, que sabían. Habría que preguntar por qué callaban, mientras unos pocos dábamos la cara y recibíamos los palos. Basta repasar los artículos de mi blog en esos años, para comprobar que fuimos Juan el Bautista, predicando en el desierto, mientras Herodías y sus Herodes hacían y deshacían a su antojo, entre risas, gracias y no pocos aplausos.

Nuestras cabezas fueron puestas a precio. Nos convirtieron en salteadores de caminos que robaban bancos de dineros de la formación. Comedores de mariscadas. Bebedores de cañas tras las manifestaciones. Militantes de un ejército de liberados a sueldo de Moscú.

Hubo un tiempo en el que algún fotógrafo me perseguía. Un día me sacaba fotos cuando salía del sindicato. Me acerqué y le pregunté de dónde era. Me respondió, con gracejo, que de Puertollano. Cuando le pregunté para quien trabajaba, me espetó que no podía decírmelo, que le habían encargado este trabajo de hacerme fotos y él lo hacía. No era cosa de rechazar un trabajo. Lo mismo harían los funcionarios nazis. Lo mismo justificaron ante el tribunal de Nuremberg. Obediencia debida.

Madrid es muy pequeño. Pronto pude ver al fotógrafo haciendo otras fotos para el periódico de Marhuenda. Eran los tiempos en los que ese periódico aclaraba, en las fotos de las pancartas sindicales, donde colocaban en portada a los Secretarios Generales de los sindicatos, que el de la derecha es el “sindibanquero”, el siguiente es el de los “rolex”, el tercero el de los “cruceros” y por último Javier López que no se ha atrevido a convocar una Huelga General. De esta guisa eran las cosas en los tiempos no  tan lejanos. En tiempos tan presentes y de actualidad.

Hoy ya sabemos que (presuntamente, siempre, con presunción de inocencia) Aneri era el pepero cordobés que vino a Madrid a montar negocios de formación en los que recibía dinero para formar trabajadoras y trabajadores, sin que hubiera cursos, con la complicidad y la pasta de organizaciones empresariales, procedentes de subvenciones.

Y sabemos que Lamela o Güemes, primero fueron Consejeros de Sanidad y ahora siguen en el negocio sanitario, después de haber esquilmado la sanidad pública. Algunos como Güemes presume de que nuestra oposición le hizo famoso y deseado por los grandes consorcios sanitarios privados, como asesor de todo tipo de privatizaciones. Y que Granados, al que alguien debió de encargarle de ese negociado, cobraba (presuntamente, siempre presuntamente) a tanto alzado, por cada colegio concertado concedido al sector privado.

Y ahora sabemos que el Presidente convertía el agua en presuntos chorros de oro. Y su señora, y la familia, y los amigos Arturo, o Cerezo, o Javier López (ese otro que se pasea con mi nombre y que no soy yo, aunque algunos periodistas se empeñen en seguirle confundiendo con el sindicalista) formaban un consorcio en el que los negocios y la política, el dinero y el poder, son todo uno y hunden sus raíces en las esencias mismas de una “capital” que es ejemplo, en lo bueno y lo malo, en vicios y virtudes, para toda España.

Han salido los trabajadores y trabajadoras, el 1º de mayo, a las calles de toda España para exigir lo de siempre: Empleos estables, salarios justos, pensiones dignas, protección para las personas. Estuve en la manifestación de Madrid hasta el final. Toxo, que pronunció su último discurso del 1º de mayo, como Secretario General de CCOO, estuvo corto y comedido, pero no quiso irse de la tribuna sin dejar clavadas sus palabras en el centro de la Puerta del Sol, “Con las actuales tasas de paro, desigualdad, pobreza y corrupción, la nuestra es una sociedad gravemente enferma”.

De eso se trata, por encima de cualquier otro problema, en estos momentos. La corrupción contamina la vida económica, envenena la política, ensucia la verdad porque siembra la sombra de la duda y la sospecha, aumenta la fractura social, convierte a cada persona en sospechosa,  a unos vecinos en enemigos de otros. No importa la corrupción si los corruptos son votados hasta que los jueces los saquen de sus poltronas.

No importa la corrupción si la economía comienza a despegar y se atisban nuevos pelotazos en el horizonte y todos podremos vivir a la sombra de los saqueadores, pendientes de las migajas que caigan de sus mesas. Será verdad para siempre la España de Chirbes y el presentimiento de Manuel Vicent, Si salimos de ésta, repetiremos la fiesta. La España eterna que ya nos describía Quevedo y que aún podemos escuchar  encarnado en Juan Echanove, representando los Sueños.

No se me ocurre excusa alguna. No se me ocurre otra manera. No creo que haya nada más patriótico en nuestros días, que combatir la corrupción. A quienes corrompen y a quienes aceptan ser corrompidos. Alguien dijo que tenemos una justicia diseñada para robagallinas. Que persigue el pequeño fraude, el pequeño robo y deja impune al gran delincuente. Empecemos por ahí. Y reforcemos, a continuación, la necesidad de hablar y actuar para crear desde todos los lugares y responsabilidades  una cultura de la integridad. Parece poca cosa, pero empecemos por ahí, día tras día, año tras año y seguro que algo cambia en este país.

Francisco Javier López Martín

Secretario de Formación de CCOO

Alguien podría pensar que la visión que traslado sobre la Formación Profesional para el Empleo (FPE), en España, es demasiado dura. Que seguro que, al ser sindicalista, estoy especulando y exagerando. Sin embargo, por mucho que mejoremos la valoración de las causas, no por ello las consecuencias mejoran. Muy al contrario. Embellecer la situación sólo puede alimentar las tendencias más negativas del modelo impuesto y crear nuevos problemas,

Lo cierto es que las tasas de participación de trabajadores y trabajadoras en la formación van cayendo. Quienes más necesitan formación por sufrir más los efectos de la crisis y sufrir mayor pérdida de empleo (mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles de cualificación) no acceden suficientemente a la formación.

Es notorio que, cuanto más necesaria es la formación, menos esfuerzo realizamos en España, mientras la Unión Europea aumenta su inversión y esfuerzo en cualificación.  Antes de la crisis económica el 11% de nuestra población activa participaba en procesos de formación permanente, mientras que ahora bajamos del 10%.

En cuanto a los participantes en formación han pasado, entre 20010 y 2015, en el caso de la formación programada por el Estado y Comunidades Autónomas, ha pasado de cerca de 1,7 millones de participantes a poco más de 600.000 personas. Quienes más necesitan formación, las personas desempleadas, han pasado de algo más de 400.00 a 175.000.

Pero si esto ocurre en la formación de oferta programada  por las Administraciones, no va mejor la formación programada directamente por las empresas que, tras la reforma del Gobierno, ha hecho que el número de horas de formación programadas haya descendido un 20%, tan solo entre 2015 y 2016.

En cuanto a la tasa de formación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha pasado del 31,1% en 2012 al 22,7% en 2016. Eso significa que más de 100.000 PYMES de menos de 50 trabajadores y trabajadoras ha abandonado la formación profesional de su personal.

La FPE se comporta como un cazador que dispara a bulto, pero siempre termina hiriendo a los más débiles. No sólo en el caso de quienes trabajan en una pyme. También en el caso de las personas menos cualificadas. Las personas con baja cualificación en nuestro país suponen un 43%, pero sólo pesan el 23% de cuantas personas participan en procesos de formación. Incluso han perdido un punto de participación en los últimos años.

En cuanto a las mujeres, las mujeres asalariadas han pasado de suponer un 42% en 2007 a un 46% del total de personas trabajadoras en 2015. Sin embargo, el porcentaje de mujeres asalariadas que participan en formación han pasado de suponer un 46% en 2008 a un 44% en 2015 pasando por momentos externos, como 2011 en los que la participación de la mujer bajó al 42%.

Las personas menos cualificadas se benefician menos de la formación. Quienes trabajan en pymes, la inmensa mayoría, se forman menos y los jóvenes… Los jóvenes que suponían la mitad de las personas que participaba en formación en 2008, no llegan ahora  a un tercio, cuando el empleo juvenil ha sido una de las mayores víctimas de la crisis y todo ello pese a que el gobierno disponga de abundantes recursos para la cualificación de los jóvenes desempleados, con bajos niveles educativos.

El número de horas financiadas para formación en las empresas ha disminuido en un 20% en tan solo un año, aunque el número de personas formadas crece levemente, al pasar la media de horas de duración de cada curso, de 26 horas a 17. Con casi 10 horas menos de media por curso, con menos horas totales se termina se terminan formando más personas. La calidad se deteriora a favor de la cantidad.

Uno de los datos más alarmantes del destrozo producido en FPE es que la participación de empresas en la formación ha caído del 31.1% en 2012 al 22.7% en 2016. Más de 100.000 pequeñas y medianas empresas han dejado de participar en la formación en los últimos cuatro años. Las empresas con menos de 50 trabajadores y trabajadoras están desertando de la formación continua de sus trabajadores.

Los datos son muy preocupantes. La Formación profesional para el Empleo, sometida a las tensiones de una reforma impuesta, está produciendo una agudización de los problemas y un deterioro del sistema de FPE, cuyos efectos son demoledores para quienes más necesitan la formación y cualificación en el trabajo.

 

Francisco Javier López Martín

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez sobre la utilización del dinero procedente de la cuota de Formación para el Empleo que pagan empresas y  trabajadores. Sostiene el Tribunal Constitucional que ese dinero no forma parte del sistema de Seguridad Social, aunque sea la Seguridad Social el instrumento para recaudar. Y sostiene, también, que la Seguridad Social es la entidad recaudadora, pero que esos fondos son finalistas y solo pueden dedicarse a formación de la población activa.

Lo mismo dice el Tribunal de Cuentas cuando afirma que los recursos procedentes de la cuota de formación profesional deben considerarse ingresos “afectados” cuya finalidad específica debe ser la financiación de iniciativas de formación. El Tribunal de Cuentas mandata al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) para adoptar las medidas para el cumplimiento de este principio, evitando que los fondos de la cuota se destinen a otras finalidades.

Ahora que tanto valor se da al necesario cumplimiento de las sentencias, especialmente las del Tribunal Constitucional, conviene conocer que, entre los años 2013 y 2016 los recursos de Presupuestos de Formación Profesional para el Empleo no gastados en formación han ascendido a más de 1000 millones de euros (hablamos sólo de los recursos que debería haber gastado la Administración Central), a los que había que añadir los no gastados en formación por parte de las Comunidades Autónomas.

La opacidad de los recursos destinados a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) ha contribuido a la ruptura del diálogo social en esta materia, pero hay otras causas también vinculadas al incumplimiento de los compromisos que el propio Tribunal Constitucional reconoce.

Así, el Tribunal Constitucional deja claro en sus sentencias que el diálogo social y la negociación colectiva son los instrumentos esenciales para el funcionamiento del mercado de trabajo. Pese a ello el Gobierno ha reducido a la mínima expresión las reuniones del sistema de Formación para el Empleo. La información que se facilita es la mínima posible, o incluso se niega el acceso a la misma. Se retrasan, sin necesidad, la aprobación de procedimientos, como el que regula la actividad de las Comisiones Paritarias en la detección de necesidades formativas y otras tareas legales que deben acometer. Se abusa de mecanismos legislativos aprobados con carácter transitorio, temporal, urgente, evitando así la negociación real de soluciones a los problemas.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales en su informe sobre Mercado de Trabajo en España (2011-2014) denuncia el incumplimiento del deber de Información, en particular del Servicio Público de Empleo Estatal, que España ha contraído al firmar la Carta Social Europea.

Los Tribunales de Justicia de han visto obligados a anular la propia Convocatoria Estatal de Ayudas a la formación del año 2014, porque el Gobierno ha incumplido su obligación de someter dicha convocatoria a Informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, quien delega esta función en una Comisión Estatal de Formación para el Empleo.

La Defensora del Pueblo se las ve y se las desea cuando intenta obtener información, a petición de las organizaciones sindicales y empresariales, sobre el destino que se da a los remanentes no gastados de la cuota de Formación Profesional.

Sindicatos y empresarios nos hemos visto obligados a recurrir ante los tribunales, nuestra exclusión del órgano colegiado que informa las propuestas de financiación de los planes de formación.

El desorden en el SEPE hace que se reinterpreten normas y requisitos de ejecución de planes de formación, años después de ejecutarse y sin que en las convocatorias correspondientes aparecieran esos requisitos, originando así solicitudes de reintegros de fondos destinados a cursos de formación, que fueron correctamente ejecutados e impartidos, de acuerdo a los requisitos establecidos en el momento de la impartición.

El SEPE ha instruido con estas actuaciones, “una causa general” contra el sistema de FPE, con el objetivo claro de deslegitimar el papel de empresarios y sindicatos en el mismo. Sin embargo, esta pretensión choca con los recientes informes de evaluación, elaborados por entidades externas independientes que destacan una valoración muy positiva de quienes participan en cursos, y que sitúan como responsabilidad de la administración la burocracia excesiva, la rigidez, la falta de transparencia y la arbitrariedad en la interpretación de las normas.

Pero el ataque constante y las continuas acusaciones contra sindicatos y organizaciones empresariales ha contribuido a tapar lo bueno y airear lo supuestamente malo, aunque al final la propia administración, o los tribunales de justicia terminen archivando y desestimando las acusaciones iniciales.

Es el caso de nuestro compañero Gonzalo Fuentes, histórico sindicalista malagueño que, durante más de tres años, ha permanecido imputado, a merced de la jueza Alaya, sometido a pena de banquillo, para que al final, una nueva jueza, haya terminado declarando que Gonzalo ha sido víctima de una macrocausa y en ningún caso delincuente.

Nadie parece haberse dado cuenta de que tan importante como combatir la corrupción existente es no sembrar dudas sobre aquellas personas e instituciones cuyo comportamiento es intachable. No todo es lo mismo. No todo vale y no todos son iguales. Haría mejor la Administración en combatir su ineficacia y su ineficiencia en la gestión de la formación, que en dedicar tanto esfuerzo en sembrar dudas sobre todo y sobre todos.

Para hacerse una idea de la ineficacia, el 25% de los fondos de las ayudas de formación concedidas en la convocatoria 2014, unos 80 millones de euros, siguen sin pagarse a las entidades que han realizado y justificado los cursos, provocando el cierre de numerosos centros de formación y academias.

El diálogo social ha sido sustituido por la imposición, la cooperación ha sido sustituida por el ataque sistemático de los agentes sociales. El esfuerzo compartido por mejorar el sistema de Formación Profesional para el Empleo, ha sido convertido en un modelo de ineficacia y asignación arbitraria de los recursos procedentes de la cuota.

No es difícil entender que los datos sean cada vez más insostenibles y que defender la FPE en España, en contraste con el  marco europeo en el que nos movemos, sea tarea poco menos que imposible. O actuamos rápidamente, o el nuevo sistema se autodestruye sin haber comenzado a andar, tirando por la borda 25 años de logros y fracasos, pero de avances indudables en Formación Profesional para el Empleo.

 

Francisco Javier López Martín

La llegada al poder del PP, con mayoría absoluta,  supuso, en el caso de la Formación Profesional para el Empleo, la puesta en marcha de un proceso de negociación para afrontar los problemas acumulados. En principio, la intención parecía positiva, pero vino precedida de una campaña mediática, que sembraba dudas sobre el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales en la formación.

Ahora, cuando los tribunales van deshaciendo entuertos, va quedando claro que las verdaderas responsabilidades sobre la corrupción en la formación, se encuentran en la permisividad, cuando no connivencia, de algunas administraciones con determinadas empresas de formación, surgidas al calor de las ayudas públicas para obtener beneficios injustificables, en un régimen de subvenciones. Empresas frecuentemente denunciadas por CCOO, como ha ocurrido con el caso Aneri en Madrid, o el caso Ojeda, en Andalucía.

Pero basta repetir la mentira mil veces y a través de todos los medios posibles, para que adquiera apariencia de verdad. Así, esta campaña de deterioro de la imagen de sindicatos y empresarios sirvió como disculpa para excluir a los agentes sociales, no sólo de la gestión de los recursos de la formación, sino del propio gobierno del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Se ignora, de esta manera, que la formación de los trabajadores y trabajadoras funciona mejor en aquellos países en los que el diálogo social goza de buena salud y donde la formación forma parte de la agenda de trabajo compartida de las organizaciones sociales y los gobiernos.

El gobierno del PP ha recorrido un camino inverso al de nuestros socios europeos más avanzados. Del diálogo social ha transitado hacia la imposición de políticas de reforma y recorte, como ha ocurrido con la Reforma Laboral y, posteriormente, la de la formación para el empleo, reduciendo de paso los fondos dedicados a la mejora de la cualificación de trabajadores y trabajadoras, ya sean ocupados o desempleados.

Hasta algún aspecto positivo de dichas reformas, como el reconocimiento del permiso de formación retribuido de 20 horas anuales para cada trabajador o trabajadora, permanece en el más absoluto de los ostracismos y desconocimiento. Lo mismo ha ocurrido con la cuenta de formación que debía de servir para inscribir y registrar, de forma personalizada, los cursos y los procesos de formación de cualquier persona, independientemente de las empresas por las que vaya pasando.

Incluso cuando el gobierno se ha comprometido, con su firma, a promover el diálogo social y la negociación colectiva para desarrollar el Sistema de Formación Profesional para el Empleo y contar con financiación suficiente, estable y equitativa, el resultado es que han terminado imponiendo medidas como la famosa “concurrencia competitiva”, que funciona, paradójicamente, en un mercadillo cerrado de proveedores de formación y que ignora la necesaria participación de empresarios y sindicatos en la detección de las necesidades reales en las empresas y en los sectores, en la programación de acciones formativas ajustadas a dichas necesidades y en el control, seguimiento y evaluación de la formación.

El negocio ha vuelto a situarse por encima de las necesidades reales, una vez más. Son los más astutos y bien informados los que saben cómo conseguir más puntos, mientras los centros públicos y las universidades son excluidos de hecho, porque la calidad no tiene al final nada que ver con los trucos para conseguir una subvención. Son los pícaros los que saben cómo obtener subvención, aunque luego no ejecuten, renuncien a parte de la formación menos rentable. Todo un mundillo cerrado de picaresca a la carta.

Ha presumido el gobierno de un amplio apoyo parlamentario a su reforma de la Formación para el Empleo ( la Ley 30/2015). Pero ese apoyo vino condicionado por la inclusión de enmiendas parlamentarias del resto de los grupos políticos, que recogían, en buena medida, las propuestas planteadas por los sindicatos. Enmiendas como la que recoge la participación de los centros públicos en un sistema de formación monopolizado por los centros privados y que cierra las puertas a la incorporación del potencial formativo de universidades, centros de FP, o centros de educación de personas adultas, lo cual constituye una excepción inaceptable en nuestro entorno europeo. La Formación para el Empleo no puede seguir siendo un mercado cautivo y exclusivo.

Enmiendas como las que recogen las sentencias del Tribunal constitucional y del Tribunal de cuentas que aseguran el carácter finalista de la cuota de formación. Es decir, que esa cuota que pagamos empresas y trabajadores, sólo puede gastarse en formación y que deben reanualizarse los fondos no ejecutados, o recuperados. Otras enmiendas que reconocen el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales, nacidas de la Negociación Colectiva, en la formación de trabajadores y trabajadoras en los sectores y empresas, o el reconocimiento del papel de las organizaciones sindicales y empresariales en el gobierno del sistema.

Han pasado dos años y nada de esto se ha desarrollado. El gobierno tenía mucha urgencia en la reforma, pero luego se ha olvidado de ella por completo, hasta el punto de que no se ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, ni una sola de las normas de regulación y desarrollo del nuevo sistema de formación, que aparecen en la ley. El año 2015 no hubo convocatoria de Formación y la convocatoria 2016 viene marcada por una situación general de inseguridad jurídica, transitoriedad y desorden.

No hay Real Decreto de desarrollo de la Ley. No hay órdenes que establezcan las bases reguladoras de aspectos tan importantes como la financiación, la concesión de ayudas, la formación de los empleados públicos, la formación impartida por centros públicos, los módulos económicos aplicables, el papel y funcionamiento de las Estructuras Paritarias… No hay nada. Inseguridad y desorden. Ahora, deprisa y corriendo, querrán aprobar una nueva chapuza que ponga algún parche en el boquete creado, en el destrozo que ellos mismos han provocado.

Una situación legal de bloqueo de la formación profesional para el Empleo, que tiene su correspondencia con una situación presupuestaria fuera de control, absolutamente irrespetuosa con las sentencias de Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Situación económica y presupuestaria que analizaremos a continuación.

Francisco Javier López Martín

Tras la Huelga General del 14-D en 1988 se abre en España un escenario de Diálogo Social en torno a muy diferentes materias y entre ellas la Formación Profesional para el Empleo. Un diálogo que da lugar a sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación para el Empleo suscritos entre gobiernos de todos los colores y organizaciones sindicales y empresariales.

Acuerdos que han tenido efectos positivos, como la extensión de la cultura de la formación permanente de los trabajadores y trabajadoras y que condujeron a que las tasas de participación de la población activa (ocupada y desempleada) en procesos de formación profesional para el empleo hayan alcanzado progresivamente niveles europeos. Han sido 25 años de logros, de adaptaciones a sucesivas a las nuevas realidades, de mejoras y corrección de errores en los que no han faltado fracasos.

Entre esos fracasos hay que constatar que el modelo español de Formación Profesional para el Empleo presenta una tremenda descoordinación entre  las actuaciones  del Ministerio de Educación, que se encarga de la Formación Profesional reglada, y el Ministerio de Empleo que controla la Formación para el Empleo. De otra parte la Administración Central, las Autonómicas y los Ayuntamientos actúan sin planificación estratégica compartida.

La conexión con el tejido productivo y las necesidades formativas de los trabajadores y trabajadoras es una de las peores consecuencias de esta dispersión. Si a ello añadimos que la evaluación del impacto de la formación es muy deficiente, podemos concluir que la necesidad de revisar el sistema era evidente. La crisis, las altas tasas de paro, especialmente juvenil, hacen absolutamente necesaria una reforma acordada, participada y negociada.

Tanto CCOO como UGT hemos aportado numerosas propuestas para abordar este proceso, desde la convicción de que la Formación para el Empleo es una herramienta imprescindible para superar la crisis y aportar un desarrollo económico y social, centrado en el crecimiento del empleo, el futuro de las empresas y el progreso personal y profesional de la clase trabajadora.

Ese proceso de desarrollo y mejora de la Formación Profesional para el Empleo exige, al menos, dos condiciones de partida: una estabilidad normativa fruto del acuerdo político y social y una estabilidad presupuestaria que se sustente en el hecho de que las cuotas de Formación Profesional, que provienen de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras y de las empresas se dediquen a la formación, tal como exigen las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.

No es nada de esto lo que ha llevado adelante el Gobierno, con una pretendida reforma de la formación, que ha contribuido a sembrar confusión en el sistema de formación para el empleo, poniendo piedras en el camino, en lugar de aportar mejoras y soluciones y huyendo del diálogo social necesario.

Francisco Javier López Martín

La crisis ha sido larga, dura, brutal, intratable. La crisis se ha convertido en modelo de vida que justifica los cambios profundos que han llegado para quedarse en forma de precariedad e inseguridad. Golpeó el sistema financiero, destrozó empresas, mandó al paro a millones de personas y desestabilizó la sociedad, la política  y nuestras vidas.

Altas tasas de paro conviven con una población que envejece por momentos y con una escasez evidente de personas cualificadas, en determinados espacios laborales como la tecnología, ingenierías, ciencia, etc. Nuestros jóvenes han madurado en esta nueva situación, sin ninguna ayuda para entender qué está ocurriendo y como pueden afrontar esta nueva realidad, por confusa, e injusta que esta sea.

Una de las claves estribaría en adquirir las competencias necesarias para intentar labrarte una carrera profesional. Pero lo cierto es que los Servicios Públicos de Empleo, en España, cuentan con pocos recursos y posibilidades de buscar empleo para personas desempleadas, y aún mucho menos para asesorar y orientar a las personas paradas para encontrar  oportunidades de empleo y posibilidades de formación a su disposición.

El porcentaje de jóvenes españoles que no trabaja, ni estudia, es del 22,5%, cuando la media europea es del 15,9 % y en países como Holanda, tan solo del 7,1 %, Francia el 13,8 %, Reino Unido el  14,7%.

La crisis genera riesgo social y, para muchos jóvenes, un incremento de quienes ni estudian, ni trabajan, un aumento de los porcentajes de desempleo y abandono de los estudios y la formación, que alcanzan con mayor intensidad a quienes cuentan con  menores niveles de estudios, viven en los barrios trabajadores, y con menos rentas. Para ellos, la falta de servicios de orientación incrementa la desigualdad frente a quienes cuentan con mayores niveles formativos

La orientación y el asesoramiento, realizados a través de la cooperación y no la competencia entre servicios públicos de empleo, centros educativos, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, familias, contribuirían a corregir el abandono escolar temprano, abriría opciones profesionales, ayudaría a la inserción laboral, facilitaría el acceso a programas formativos adaptados a las necesidades, no solo de las empresas, sino de las personas y al servicio del modelo de desarrollo territorial que queremos impulsar.

La estabilidad de las carreras profesionales exige que los períodos de desempleo y los cambios constantes de actividad se minimicen. La Reforma Laboral juega a la contra. El deterioro de la negociación colectiva juega a la contra. Pero contar con buenos servicios de orientación profesional contribuye, en los países donde funcionan bien, a mejorar el enfoque personal, mejorar las competencias, facilitar la elección de trayectorias profesionales.

Hay quienes piensan que la orientación es un coste inadmisible. Hay quien quiere convertir la orientación en un negocio privado, en un servicio público externalizado, en tarea de ONG. En tarea caritativa.

Sin embargo, si algo ponen de relieve, en otros países, o en algunos lugares de España, las experiencias de orientación laboral desarrolladas por servicios públicos y con participación y cooperación de todos los actores sociales, es que quienes reciben estos apoyos, asesoramiento y orientación realizan mejores trayectorias profesionales y son menos propensos a  encasillarse en prestaciones sociales.

Tener información, conocer tu mercado laboral, conocer tus opciones y posibilidades, afrontar procesos de cualificación y formación útiles y adaptados a las necesidades, constituyen una buena respuesta a los problemas de las personas, las comunidades y las propias empresas.

Pero una vez más, aunque las experiencias han existido y existen en España. Aunque contamos con personas cualificadas y con experiencia para dirigir y desarrollar procesos de asesoramiento y orientación, la mediocridad y cortas miras amenazan con volver a perder la oportunidad de abordar un mejor futuro y en mejores condiciones.

No se pueden hacer oídos sordos a un problema y a una necesidad que desde CCOO venimos reclamando durante dos décadas, como quien clama en el desierto. Unas veces porque el pelotazo de turno lo tapa todo, otras porque la dureza de las crisis impide invertir en orientación. La pescadilla que se muerde la cola eternamente en España.

Francisco Javier López Martín

foto: Fran Lorente

En julio de 2004 el primer gobierno Zapatero creó el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como un mecanismo para sustituir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referente para la concesión de ayudas, becas, subvenciones, subsidios.

Hasta ese momento el SMI era la renta que se tomaba en cuenta a la hora de fijar acceso a becas, tasas, justicia gratuita, viviendas de protección oficial, mínimos exentos en materia fiscal, etc.

Dicho de otra manera, el SMI era un salario miserable para evitar efectos presupuestarios, liberado de los cuales podría situarse en niveles más altos. Sin embargo, años después, el Salario Mínimo en España incumple los criterios de la Carta Social Europea suscrita por nuestro país. Es uno de los más bajos de la eurozona y se encuentra por debajo de la referencia del 60% del salario medio.

En cuanto al IPREM, creció anualmente siguiendo los objetivos de inflación del Banco Central Europeo y fue manteniendo su poder adquisitivo hasta 2009. A partir de ahí, con la justificación de la crisis económica, el IPREM ha acumulado pérdidas de hasta 6,4 puntos en 2016. Congelar el IPREM ha supuesto devaluar la protección social y especialmente la protección por desempleo.

De nuevo se vulnera el Real Decreto Ley 3/2004, que establece la previsión de inflación como el umbral mínimo para fijar el IPREM. De nuevo se deprecia la participación, la capacidad de propuesta, la negociación, con los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Mera consulta, cuando no mera información.

Si otros años la disculpa era la crisis, este año la congelación del IPREM busca la nueva moda de que no hay presupuesto aprobado, argumento generalizado para justificar la inactividad y la desidia. El Salario Mínimo se sitúa en unos insuficientes 707,7 euros/mes. El IPREM permanece congelado desde 2010 en 532,51 euros/mes. El poder adquisitivo perdido está haciendo que la lucha contra la pobreza, o la protección social por desempleo, no se vean mejoradas en una nueva situación más favorable de salida de la crisis.

Recuperar los 6,4 puntos porcentuales perdidos, añadiendo al menos el 1,4% previsto de crecimiento de los precios en 2017 sería esencial y, junto a ello, no podemos seguir dejando en manos de los Gobiernos de turno las subidas anuales del SMI, o del IPREM, porque la experiencia nos da buenas muestras de la mediocridad y la miseria que estos gobiernos demuestran, aplicando decenas de miles de millones en rescate a la banca, mientras se muestran mezquinos en el rescate a quienes más lo necesitan, precisamente en los momentos más duros.

Es absolutamente necesario, por lo tanto, establecer un mecanismo de actualización del IPREM que permita, en todo caso, corregir las desviaciones entre IPC real y el incremento que se haya producido en el IPREM.

La calidad de una sociedad se mide por su capacidad de atender a quienes requieren de la protección frente a la pobreza, la injusticia, la miseria. El IPREM es uno de esos indicadores de calidad que en España sigue dejando mucho que desear. Somos una sociedad injusta y desigual, que cada día agudiza sus problemas.

Francisco Javier López Martín

La fijación anual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) parece que fuera una concesión administrativa de los Gobiernos de turno, o el fruto de un acuerdo entre dos partidos que  sumen la mayoría necesaria en un Parlamento. Es lo que ha ocurrido cuando, año tras año, un gobierno en mayoría absoluta ha aprobado congelaciones del Salario Mínimo Interprofesional, o cuando, como en esta ocasión, un pacto PP-PSOE ha conducido a una subida del 8%, pero lejos de las propuestas de CCOO y UGT, obviando la participación de sindicatos y empresarios en el proceso.

Las miserables subidas de los últimos años han producido pérdidas del poder adquisitivo del Salario Mínimo de 2,7 puntos y subidas de menos de 14 euros acumulables en los últimos cinco años y todo ello, en una España en la que más del 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Dirá el Gobierno, en su autocomplacencia infinita, que lo hace cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, que establece que es el Gobierno quien fija el SMI “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”.

Los Gobiernos españoles de turno se acostumbran a cumplir el trámite con una reunión informativa en la que escucha a los sindicatos y empresarios. Pero algo más que esto exige la OIT cuando, para la fijación de los salarios mínimos, su convenio 131 suscrito por el Gobierno español habla de que se consulte “exhaustivamente” con las organizaciones representativas de emprendedores y trabajadores interesadas.

Algo más parece que exige también la Comisión de Expertos de la OIT que espera que el gobierno se esfuerce en tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y de sus familias y no únicamente los objetivos de política económica, a la hora de fijar los reajustes anuales del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional.

Existe, además, un Real Decreto Ley, el 3/2004, que habla de estas cosas y que establece que temas como la fijación  del Salario Mínimo deben ser aprobados en el marco del diálogo social.  Y el diálogo social no es derecho a información exclusivamente, sino derecho a propuesta, negociación y búsqueda de acuerdo.

Por eso CCOO y UGT presentamos una reclamación ante la OIT que exige el cumplimiento del convenio 131. Porque no basta informar. La fijación de un SMI que cubra las necesidades de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, debe producirse tras un proceso de consultas exhaustivas con organizaciones sindicales y empresariales.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se ha visto obligado a recordar  al Gobierno de España que tiene obligación de garantizar un SMI que permita condiciones de existencia dignas que se ajusten al coste de la vida, tras constatar que el SMI en España no asegura un nivel de vida digno y decente.

Pero estas cosas, en España, son poco tenidas en cuenta por gobiernos que parecen pensar que, tras ser elegidos tienen barra libre para hacer las cosas de espaldas, incluso, a la sociedad, cuando no en contra de ella.

Antes, porque tenían una mayoría absoluta que parecía autorizar todo tipo de desmanes y ahora porque pactando, con unos o con otros, se sienten autorizados para despreciar el diálogo social y las recomendaciones, consideraciones y obligaciones derivadas de informes elaborados y convenios firmados en ámbitos internacionales, de las Naciones Unidas, hasta la OIT.

Mal íbamos, mal seguimos. Que no esperen silencio, ni resignación, ante tanto desprecio del diálogo social y olvido de las necesidades de la clase trabajadora. El 19 de febrero vamos a las calles a defender salarios dignos. Contra la carestía de la vida y contra la precariedad de nuestros empleos.

 

Francisco Javier López Martín

He cerrado los ojos para no ver nada.
He cerrado los ojos para llorar por no verte.

Paul Éluard 

El dictador había muerto, pero la dictadura no había sido derrotada. Lo viejo no había muerto. Y lo nuevo no había aún nacido. Un momento histórico apasionante se abría paso entre grandes ilusiones y no pocas penalidades. La clase obrera empujaba para conseguir libertad, derechos laborales y sociales equiparables a los que tenían los trabajadores y trabajadoras europeos. Los despachos laboralistas eran una cuña en el sistema judicial español para conseguir que el ejercicio de esos derechos fuera erosionando los estrechos márgenes de las leyes franquistas.

Había dos despachos de abogados laboralistas en la calle de Atocha. Uno de ellos, en las inmediaciones de la Plaza de Antón Martín, el de Atocha 55, lo dirigía Manuela Carmena. Ese fue el despacho elegido por las huestes del franquismo sin Franco para dar una lección que nunca olvidara una clase obrera que protagonizaba, en esos momentos, una huelga del transporte que se antojaba intolerable para el sindicalismo vertical de la dictadura. El 24 de enero de 1977, hace ya 40 años, se produjo la tragedia, el cruel atentado contra el despacho laboralista de Atocha 55.

No eligieron su suerte. Fueron ellos como podrían haber sido los abogados, abogadas o sindicalistas de cualquier otro despacho laboralista. O como lo fueron los estudiantes que participaban en manifestaciones pacíficas reclamando democracia y libertad. Esa misma semana, el 23 de enero, caía abatido por un disparo de un ultraderechista, el estudiante Arturo Ruiz y, al día siguiente, la joven universitaria María Luz Nájera, al ser golpeada por un bote de humo de la policía. Todo ello en un contexto de secuestro de los GRAPO, de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado y del general Emilio Villaescusa.

No estaban solos. El despacho de Atocha 55 era uno de los que se habían ido abriendo, por parte de jóvenes abogados y abogadas recién salidos de la universidad, siguiendo la estela y multiplicando la experiencia de aquel primer despacho laboralista fundado por María Luisa Suárez, Antonio Montesinos, Pepe Jiménez de Parga, o José Esteban, en la calle de la Cruz. Despachos en los que se defendía a los trabajadores y trabajadoras, jurados de empresa, enlaces sindicales de las CCOO, que eran procesados por defender derechos, participar en huelgas y manifestaciones, tener en su poder octavillas, o publicaciones en las que se animaba a la movilización, o en las que se exigían derechos fundamentales como la huelga, la manifestación, la libertad, la democracia, la amnistía.

Despachos en los que se abordaban también procesos penales ante el Tribunal de Orden Público, creado por la dictadura franquista para perseguir a la oposición, especialmente del PCE y a los integrantes de las ilegalizadas Comisiones Obreras. Despachos donde se defendían problemas de barrio, como los desahucios, problemas de infravivienda y equipamientos para la ciudadanía.

Fue mucha la tarea desde que en los años 60 se constituyeron las CCOO y se extendieron, gracias al apoyo del PCE y otras organizaciones de la oposición a la Dictadura, por todos los sectores y por toda España. Y tuvieron que hacer frente a la brutal represión que sufrió el movimiento obrero con su “galena de huelgas” en los años 1975 y 1976 que hizo posible que aunque el dictador muriera en la cama, el régimen fuera derrotado en la calle.

Un antes y un después de Atocha

Tras el asesinato de los Abogados de Atocha y el velatorio organizado por el Colegio de Abogados en su sede, su despedida se convirtió en una inmensa manifestación organizada por el PCE y las CCOO, silenciosa y pacífica, que terminó con los nuevos intentos de imponer una democracia mutilada. Un interminable despliegue de coronas de duelo, claveles rojos y puños en alto, que firmó en las calles la muerte definitiva del franquismo. Tras la masacre de Atocha nadie pudo negarse a la evidencia. En la Semana Santa de aquel mismo año, el Gobierno emanado de la legalidad franquista, presidido por Adolfo Suárez, legalizó el Partido Comunista y a finales de abril fueron legalizados los sindicatos. España emprendía el camino hacia una nueva legalidad democrática.

Se preguntaba el Jefe del Estado, en el reciente encuentro mantenido con el Patronato de la Fundación Abogados de Atocha, promovida por CCOO de Madrid, cómo era posible que hasta el año 2005 no se hubiera creado una institución para preservar la memoria y defender los valores de los Abogados de Atocha. Unos jóvenes que con  las únicas armas del derecho pusieron en juego su vida para defender la dignidad y la decencia de todas nuestras vidas y pagaron con su sangre nuestra libertad.

Durante décadas, cada 24 de enero, hemos acompañado la soledad de los cementerios y junto a los cuatro sobrevivientes, Luis Ramos, Lola González Ruiz, Alejandro Ruíz- Huerta, hemos escuchado a Miguel Sarabia recitar lentamente los nombres de los jóvenes asesinados, ante la placa conmemorativa instalada junto al portal de Atocha 55: Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira. Así pronunciados, despaciosamente, decía Sarabia, siembran armonía en el  mundo.

Le gusta a Alejandro recordar a Paul Éluard, quien haciendo memoria de los campos de concentración nazis, nos recuerda que “si el eco de su voz se debilita, pereceremos”. Por eso, tal vez, las CCOO de Madrid, en nuestro Congreso de 2004, conmocionados aún por la inmensidad del golpe de los Atentados del 11 de Marzo de ese mismo año, decidimos crear la Fundación Abogados de Atocha, para preservar la memoria y el espíritu de los de Atocha. Para impulsar los valores y los anhelos de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, diálogo y paz que alentaba la lucha de aquellos jóvenes y que sigue anidando en los corazones de la ciudadanía. Para premiar y reconocer a cuantas personas siguen luchando aquí y más allá de nuestras fronteras por la libertad y los derechos laborales y sociales.

Volviendo a Éluard, el poeta, el militante de la resistencia francesa, el comunista ortodoxo y heterodoxo, nos parece necesario recordar, en este 40 aniversario del atentado contra los Abogados de Atocha, que “hay otros mundos, pero están en éste”. Un mundo, un espacio de convivencia, en el que saquemos de nosotras y nosotros lo mejor de aquella juventud de Atocha. Pero para ello tendremos que seguir defendiendo su memoria y, parafraseando a Marcos Ana, uno de los merecedores de los premios anuales de la Fundación, formular y contestar (y contestarnos) cada día la pregunta: “Decidnos como es Atocha.”

Jaime Cedrún López
Secretario General de CCOO de Madrid

Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación de CCOO

 

 

No es frecuente, en estos tiempos de alto consumo y fuerte materialismo, escuchar a alguien pronunciar la palabra espíritu. Como si ese nombre ya sólo pudiera ser utilizado con propiedad en ámbitos religiosos, o transustanciado en espiritualidad en determinados fenómenos esotéricos. Y, sin embargo, lo escucho con bastante frecuencia, casi como una  reivindicación que no hubiera de ser olvidada, en boca de Alejandro Ruiz-Huerta.

Pero Alejandro no es de estos tiempos. Como no lo eran Luis Ramos, ni Miguel Sarabia y aún menos Lola González Ruiz, los otros tres compañeros de Alejandro, que sobrevivieron al asesinato terrorista y brutal que ejecutó una banda de ultraderechistas en el despacho laboralista de la calle de Atocha, número 55.

Alejandro aún vive. Los otros tres han fallecido en estos últimos años. Pero digo que no son de estos tiempos, porque algo de ellos quedó impregnado para siempre entre las paredes de Atocha, entre los restos de sangre y los casquillos de bala desperdigados por la estancia, incrustados en las paredes. Algo de ellos quedó entre los cuerpos inertes, o aún agonizantes, de sus compañeros de despacho. Desde aquel día fueron cumpliendo años, pero de otra manera, como en órbitas espirales alrededor de un agujero negro, cuyo influjo y poder sólo ellos podían sentir en todas sus dimensiones y con todas las consecuencias.

Lo cuenta Alejandro en su libro La memoria incómoda. Es profesor de derecho constitucional y trabaja en Córdoba. Ha escrito diversos libros, artículos, publicaciones. En alguno de ellos ha  analizado los Ángulos Ciegos de la transición española. Un texto esencial para que podamos hacernos una idea de lo que quedó escrito y por escribir en ese momento histórico tan complejo. Pero es en La Memoria Incómoda dónde el análisis deja paso a la memoria que se ancla en un momento. El recuerdo cada día, durante años, de la misma escena.

El dolor, los sentidos golpeados, el cuerpo que resiente cada herida y presiente las heridas de los que han fallecido, la vida que se desmorona, la necesidad de olvidar lo que no se puede dejar de revivir. El silencio reparador, el sueño alterado por cada nuevo disparo, noche tras noche. La incapacidad de escribir y el dolor de escribir, pese a los años transcurridos. Cuarenta años ya. Cuarenta años y como ayer.

Siguieron viviendo. Tuvieron parejas. Algunos tuvieron hijos, o hijas. Ejercieron su profesión. Miguel, creó una academia. Alejandro, pasó a la docencia. Pero siempre fueron, son, serán los de Atocha. No por decisión suya, ni por voluntad nuestra. Lo eran, lo son, lo serán. No lo eligieron. Eran jóvenes y realizaron unos estudios, iniciaron una profesión. Decidieron ejercerla siguiendo la estela de María Luisa Suárez, Pepe Jiménez de Parga, Antonio Montesinos, fundadores del primer despacho laboralista madrileño de la calle de la Cruz.

Ellos eran los más jóvenes. La nueva hornada de abogados y abogadas, recién salidos de la facultad y deseosos de comenzar a defender a la clase trabajadora y a la ciudadanía, desde los nuevos despachos de Atocha, o Españoleto. Muchos de ellos venían de buenas familias, pero se sentían de izquierdas, del PCE y de las CCOO. Eran todo lo libres que podían ser en una dictadura y querían vivir en democracia. Por eso defendían en los tribunales de lo social, en los Tribunales de Orden Público, a quienes luchaban por los derechos laborales en las empresas y los derechos sociales en los barrios.

De aquel atentado no salieron vivos Enrique Valdelvira, Angel Rodríguez Leal, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado, Luis Javier Benavides. Cada año visitamos los cementerios de Madrid, junto a Alejandro. Lola pocas veces quería acompañarnos en este recorrido previo a concentrarnos en Antón Martín, ante el portal del despacho, hasta que en 2003 inauguramos el monumento realizado y cedido por Juan Genovés, que reproduce su famoso cuadro del Abrazo. Un símbolo de la lucha por la reconciliación, la amnistía, la libertad.

Pero es que Lola había sobrevivido al atentado, perdiendo a su esposo Francisco Javier Sauquillo en el mismo. Igual que había perdido pocos años antes, en 1969, a su novio Enrique Ruano, que murió mientras se encontraba detenido en dependencias de la Brigada Político Social, la policía secreta del régimen franquista. Había años en los que Lola no aparecía el 24 de enero. Pocos sabían, en esas ocasiones, dónde estaba Lola. En su refugio de Cantabria, en Roma, encerrada en su casa. Pocos lo sabían, todos lo comprendíamos.

Se cumplen 40 años del atentado que cambió la historia de España. El franquismo firmó con sangre su salida de nuestras vidas. La legalización inmediata del Partido Comunista y de las CCOO, fueron el preludio de un proceso histórico hacia la democracia, al que llamamos transición. Pero la lucha por esa democracia fue una historia sembrada de sangre hasta el final de la dictadura.

Se cumplen ahora 40 años y el Rey ha recibido al patronato de la Fundación Abogados de Atocha, que las CCOO de Madrid constituimos en 2005. Serán muchos los actos que recordarán a los de Atocha. Juan Genovés recibirá el premio anual Abogados de Atocha, concedido por la Fundación. Se acaba de reeditar La memoria incómoda de Alejandro. Presentaremos un libro sobre tres mujeres abogadas en aquellos despachos: Paquita Sauquillo, Cristina Almeida, Manuela Carmena.

Ojalá lo que no se ha estudiado, ni aún se estudia, en las aulas españolas, pase a ser uno de los patrimonios más limpios de los que toda la ciudadanía pueda sentirse orgullosa, en la que todas las gentes de bien puedan reconocerse. Porque pocas cosas hay tan limpias en nuestra historia, por triste y turbia que nuestra historia haya sido, como la vida de esos jóvenes abogados de Atocha que amaban la vida y la libertad. La de aquellos que perdieron la vida sin ver amanecer la libertad. Los que abrieron las puertas de un futuro mejor, de par en par, para que entrásemos en un país democrático, a costa de su sangre, al precio de su vida.

A estas cosas creo que hace referencia Alejandro cuando habla del espíritu de Atocha. El que impregnaba a los de Atocha. El que ha marcado de por vida a los sobrevivientes. El que no debemos olvidar nunca quienes hemos escuchado su historia y sabemos que no contarla es tanto como dejar que las pistolas vuelvan a romper su silencio una fría noche de invierno. Porque ese espíritu, el de los de Atocha, es uno de los valores más  firmes que nos permite mirar con ojos jóvenes y limpios el horizonte, por incierto que ese horizonte sea.

Francisco Javier López Martín

El titular no es mío. Es una frase sacada de una intervención de Nicolás Sartorius, durante la reciente presentación del libro Toda España era una cárcel, escrito por Rodolfo Serrano. Reflexionaba Nicolás sobre la situación actual del país cuando afirmaba que “es el momento de pasar a la ofensiva”, aclarando que es tiempo de “apretar las clavijas a patronal y Gobierno”. Y explicaba que “si CCOO no impulsa los cambios no lo van a hacer otros”.
Me parece una reflexión muy apropiada para los momentos que corren. De forma generalizada, del Rey abajo casi todo el mundo, anuncia que la crisis ha terminado. Es cierto que esta visión, interesadamente optimista, del futuro que se avecina topa con planteamientos como el de Varufakis, el ex ministro de Finanzas griego, para el cual “la crisis no ha terminado, sólo ha cambiado sus síntomas”.
Una idea en la que abunda Owen Jones, que opina que los causantes de los desastres actuales cuentan ya con una ultraderecha pertrechada para acometer y gobernar un escenario en el que “la última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a punto de surgir”.
Acaba de comenzar el año y nos alcanza la noticia de la muerte de Zygmunt Bauman. Un hombre que nos ayudó a entender una parte de las características del nuevo mundo que se avecinaba. Un mundo instalado en la “modernidad líquida”, que exige la aceptación de la incapacidad de la política para gobernar la economía, los mercados, los poderes económicos.
Según Bauman, este divorcio entre el poder y la política genera un nuevo tipo de parálisis, socava la capacidad de acción política que se necesita para abordar la crisis y mina la confianza de la ciudadanía en el cumplimiento de las promesas de los gobiernos. De ahí que la crisis actual sea, al mismo tiempo, una crisis de la capacidad de acción, una crisis de la democracia representativa y una crisis de la soberanía del Estado.
Cuando asistimos asombrados a fenómenos como el ascenso del populismo en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares del planeta. Cuando comprobamos cómo la corrupción institucional e institucionalizada termina por no tener grandes costes electorales, deberíamos tomar en cuenta este divorcio entre poder real y política y el desapego, la desconfianza de las personas en la posibilidad de que alguien tenga la capacidad de solucionar sus problemas, por mucho que ese alguien haya sido elegido democráticamente.
En un mundo líquido, el Estado Social, reconocido por Constituciones como la Alemana o la Española; el Estado del Bienestar, construido tras la II Guerra Mundial y el surgimiento de los bloques del Este y de Occidente, parece que ya no tienen sentido. Son sustituidos por el Estado de Crisis. Porque la crisis, con sus inseguridades, sus incertidumbres y sus miedos, se convierte en la forma de vida.
Es John Berger, otro de nuestros imprescindibles, fallecido poco antes que Bauman, estas mismas Navidades, quien refleja esta sensación generalizada de inseguridad, hartazgo, desapego, no exentos de cierta solidaridad mutua, de la siguiente manera: “En un día cualquiera, cuando nada sucede, cuando la crisis que se anuncia hora tras hora ya es una vieja conocida, cuando los políticos se presentan a sí mismos como la única alternativa a la catástrofe, las personas intercambian miradas al cruzarse unas con otras para cotejar si los demás entienden lo mismo cuando murmuran: así es la vida”.
La crisis no ha terminado. La crisis se ha instalado entre nosotras y nosotros. Pero, lejos del fatalismo al que quieren conducirnos, a la aceptación sin resistencia del Estado de Crisis, seremos nosotras y nosotros quienes decidamos rendirnos ante sus evidencias, o imponer nuestras propias realidades en el centro de la política, la economía, la cultura y la convivencia social. Es nuestra decisión. Y me parece que está tomada, porque nadie se resigna, para sí y para los suyos, a vivir en el miedo, en la incertidumbre constante, en un mundo entendido como cárcel, en un empleo concebido como esclavitud.
Es cierto que los datos económicos ponen de relieve que la recesión, las pérdidas económicas, han pasado. Seguimos en crisis, continúa la amenaza, pero el movimiento de la economía, por insano que sea, produce una cierta sensación de recuperación económica, al menos. Cuando el dinero se mueve, los de bajo respiramos y los de arriba estudian los nuevos pelotazos que pueden acometer.
Han sido muchos años de crisis, desde 2008 y estamos en 2017. Años de cierres empresariales, de ajustes de plantillas, de pérdidas salariales, de recortes de derechos laborales y de deterioro de los derechos sociales. De pérdidas de recursos en educación, sanidad, o servicios sociales, de retrocesos en pensiones y atención a la dependencia, de aumento de la pobreza y abandono de quienes han perdido todas las fuentes de ingresos.
Parece evidente que frente a la inactividad privada, debiera haber sido la inversión pública la que moviera la economía, aunque fuera transitoriamente. Y sin embargo, la Unión Europea, al dictado de Merkel, hizo todo lo contrario. Los ajustes, los rescates, los recortes han endurecido la crisis y la han prolongado.
Admitamos, no obstante, que existe un respiro, cuando menos transitorio, en la economía. Eso debe traducirse y tener efectos sobre las personas. Especialmente sobre quienes han padecido de forma brutal los efectos de la crisis en forma de paro y pérdidas de protección social. Por eso el 15 de diciembre, el sindicalismo de clase, nos movilizamos en toda España y el 18 de diciembre en una gran Manifestación en Madrid bajo un lema: Por las personas y sus derechos. Por las personas reales, por los derechos garantizados.
Avisamos que era sólo el principio. El primer paso. Vamos a la ofensiva por el empleo estable, por el salario digno, por la salud y seguridad en el trabajo, por la formación de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, por la igualdad sin discriminaciones inaceptables. Vamos a la derogación de las reformas laborales impuestas y del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga a un huelguista con más años de cárcel que a un violador, o a un ladrón de los dineros públicos.
Vamos a las batallas por la sanidad pública, gratuita, universal. A la defensa de la enseñanza pública de calidad. A asegurar las pensiones y la atención a la dependencia de nuestros mayores. La protección a las personas desempleadas. Una Renta Mínima Garantizada para cuantos carecen de rentas.
Vamos a disputar el reparto de las rentas, también en la fiscalidad. Porque no puede seguir ocurriendo que la fuente fundamental de los ingresos del Estado sean las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital cuentan con todos los mecanismos para terminar eludiendo sus responsabilidades en la aportación de los recursos necesarios para el sostenimiento de la actuación protectora del Estado. Vamos a defender la decencia del empleo, la libertad, la dignidad de nuestras vidas.
Y, para no ocultar nada, conviene dejar claro que vamos a esta ofensiva, desde la unidad sindical y desde la alianza con las fuerzas políticas y sociales dispuestas a dar el paso de la indignación a la propuesta y la movilización organizada y abierta. Su Estado de Crisis no es una patria para nosotras y nosotros. Merecemos algo más y vamos a conquistarlo. Es momento de pasar a la ofensiva.
Francisco Javier López Martín

La memoria es efímera. Vivimos en un mundo en el que el bombardeo de noticias hace difícil el recuerdo hasta de lo más inmediato. Un mundo en el que lo individual ha suplantado a lo colectivo, que ha sido relegado al último rincón de nuestra memoria, hasta el punto de que me encuentro personas que me preguntan qué han hecho los sindicatos durante la crisis. Para empezar les digo que tres Huelgas Generales. Entonces, van a internet, consultan la Wiki y confirman la existencia de esas tres huelgas generales.

Luego les hablo del papel sindical en cada movilización por los derechos laborales en las empresa, por el convenio, en las movilizaciones  contra los despidos, contra los ERE. En las luchas contra las privatizaciones y el trasvase de recursos públicos al sector privado. En las mareas blancas, en las mareas verdes, en las mareas negras, en cada maremoto que se desencadena.

En la pelea contra la pobreza energética. En la exigencia de una renta mínima para las personas que carecen de todo tipo de recursos. Contra la violencia de género. Las concentraciones ante los tribunales de justicia para exigir que los juicios contra sindicalistas, por participar en movilizaciones, no produzcan condenas inaceptables y la necesidad de derogar el artículo 315.3 del código penal que hace posibles esas condenas.

De nuevo tienen que ir a internet y confirmar que todo ello es real. Que el mundo virtual ratifica que en todas estas luchas diarias estamos los sindicatos. Que aunque no aparezcan en las televisiones, esas batallas se libran cotidianamente. Que las perdemos, o las ganamos, cada día. Que si no fuera porque hay sindicalistas organizados en sindicatos, que dan la cara cada día, el silencio de los corderos sobre los derechos sociales y laborales sería una ley de hierro que se aplicaría casi sin contestación.

Ahí tenemos a los compañeros y compañeras de Coca-Cola en lucha contra los desmanes de una multinacional omnipresente y omnipotente. Ahí Pedro Galeno , o los 8 de Airbús, jugándose su libertad por defender la de todas y todos. Ahí las camareras de piso y las mujeres de ayuda a domicilio y las personas que nos atienden telefónicamente. Son sólo algunas de las miles de cusas en las que miles de sindicalistas están comprometidos y comprometidas, todos lo días en este país. No acaparan páginas, ni portadas en los periódicos, pero están, existen, luchan, siguen luchando.

Hemos pasado un año con un gobierno en funciones. Se acaba de constituir un gobierno continuista, pero en un terreno que hace difícil que la soberbia, el deprecio del diálogo y el autoritarismo demostrados por el PP, a lo largo de los últimos años pueda tener continuidad. La recesión puede que haya acabado, pero las crisis económica, de empleo, social y política, tienen mucho recorrido por delante. El horizonte es incierto y no son pocos, en las propias filas del conservadurismo, los que reconocen que se les ha ido la mano con las reformas, los recortes, el destrozo de la negociación colectiva y los ataques a las rentas salariales y los derechos de la clase trabajadora.

Después de tanto negar la evidencia, ahora nos vienen con que es necesario subir los salarios, porque sin salarios no hay ventas. Y que es necesario un empleo más estable, porque están destrozando el futuro de generaciones enteras y porque sin estabilidad no hay ventas a largo plazo. Y que es necesario asegurar el futuro de las pensiones porque millones de personas no pueden quedar relegadas a la pobreza y la miseria en las últimas etapas de su vida. Se les ha ido la mano, mucho, brutalmente y tienen que reflexionar.

Pero esta reflexión, obligada y necesaria, no llegará a buen puerto por sí sola, si no cuenta con el respaldo de millones de personas que con su voz, con su acción, con su movilización, trazan el camino a seguir a quienes tienen las responsabilidades de gobierno. Los próximos días 15 de diciembre, los sindicatos, con el apoyo de numerosas fuerzas políticas y sociales, saldremos a las calles de toda España en manifestaciones y concentraciones. El 18 de diciembre tomaremos las calles de Madrid en una gran manifestación.

Acaba de constituirse un Gobierno, que no puede ser más de lo mismo. Un Gobierno que tiene que cambiar el rumbo de sus políticas económicas y sociales, para que las personas sean lo primero y los derechos arrebatados sean repuestos. Para que los problemas del desempleo, la pobreza, los bajos salarios, la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos que sostienen derechos constitucionales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, la vivienda, el transporte público, encuentren soluciones justas y cuenten con los recursos necesarios.

Cuando veo la prisa con la que este Gobierno acude al rescate de los intereses de los grandes propietarios de la autopistas de peaje, con el dinero de todas y todos los españoles y la desidia que demuestran a la hora de cubrir las necesidades de las personas desempleadas y sin recursos, el abandono de nuestras personas mayores, los salarios de miseria y los abusos laborales, me ratifico en la necesidad de apretar los dientes.

Cuando escucho a la ministra del ramo hablar de acabar la jornada laboral a las 6 de la tarde, obviando que es su reforma laboral la que produce prolongaciones de jornada, horas extraordinarias no cobradas, salarios indignos para contratos basura, pienso que habrá que hacer mucho más que enseñar los dientes.

Dentro de unos años, pocos probablemente, alguien volverá a preguntarme, qué hicieron los sindicatos durante la crisis y volveré a contarles estas mismas cosas. Y ese alguien espero que no tenga que ir a internet a comprobar que no miento. Espero que recuerde, incluso, que asistió a una gran manifestación en Madrid un 18 de diciembre de 2016, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, para exigir una salida justa de la crisis, con más empleo, con mejor empleo y con derechos laborales y sociales recuperados y efectivamente aplicados.

Y quisiera que pudiera recordar que aquella manifestación, que parecía una más de las cientos y miles de manifestaciones que se producen al año en Madrid, marcó un antes y un después, porque la voz de las personas comenzó a ser lo primero y sus derechos volvieron a ser respetados.

Francisco Javier López Martín

Categorías