La COVID-19 ha golpeado cada rincón del planeta, deteniendo la economía, incrementando el desempleo y creando problemas sociales que, en el caso de la Unión Europea han obligando a la Comisión a aprobar ayudas extraordinarias que intentan contener los efectos de la pandemia y a plantearse las condiciones de la futura recuperación sobre la base de dos transiciones: la ecológica y la digital.
Unas transformaciones que tendremos que abordar como Unión Europea y no como países aislados, si queremos que sirvan para algo. Procesos que exigen convicción, compromiso, coherencia y cohesión en los cambios que realicemos en nuestra economía y en nuestros mercados laborales, desde las regulaciones en materia de movilidad transfronteriza de los trabajadores hasta los sistemas de protección social equiparables en toda la Unión.
No partimos de cero en Europa. Las directivas que afectan a las condiciones de vida y trabajo no son nuevas, intentando proteger a trabajadores asalariados y trabajadores autónomos. Tenemos estudios y evaluaciones de los efectos de las directivas de contenido laboral y social en materias de protección, seguridad y salud, movilidad, condiciones de vida y trabajo.
Hace poco el Consejo Social de la Universidad Complutense organizó unas Jornadas sobre Universidad y Discapacidad, una actividad anual que fue iniciada gracias a la persistencia de Carlos Álvarez, como consejero del Consejo Social, donde se encuentran miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Ya lo dice mi amigo Manuel,
Entramos en internet y buscamos una tienda donde comprar muebles para la cocina (grande o pequeña), cambiar de coche (de cualquier marca), contratar un viaje barato (da igual dónde), encontrar un buen seguro (no importa de qué), o comprar un nuevo móvil (la marca es lo de menos). 
La única manera de abrirnos camino para transitar por lugares donde impera la diferencia, la diversidad, la pluralidad, es la cultura. La cultura es nuestra identidad, la que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a los demás en las circunstancias dolorosas, o en la celebración de los buenos momentos.
Parece que los grupos políticos de la izquierda se han puesto las pilas y han decidido dar por finalizadas algunas situaciones vergonzosas que nos asimilan más a dictaduras de cualquier parte del mundo que a un país donde los derechos humanos son ejercitados, preservados y protegidos. El caso del rapero Pablo Hasél es el último, pero no el único, uno más entre muchos.
Debe parecerle a Almeida que las banderas colocadas en ventanas y balcones por parte de algunos ciudadanos madrileños se encuentran en un estado deplorable, sobre todo después de un año de pandemia y tras el paso de Filomena. A fin de cuentas, una vez declarados zona catastrófica, todos tenemos derecho, al menos, a una bandera nueva. Qué menos.
Los sindicatos CCOO y UGT anuncian concentraciones ante las delegaciones y subdelagaciones del Gobierno en toda España, el día 11 de febrero. Es el inicio de una campaña de movilizaciones para conseguir la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013, de las sucesivas reformas laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La pandemia, de una parte y Filomena de otra, han demostrado que la seguridad de la ciudadanía española no se encuentra asegurada con los sistemas actuales de protección de las personas en su entorno. No se trata sólo de socorrer a las personas después de que se haya producido un desastre, no es sólo contar con una Unidad Militar de Emergencias, ni con maquinas suficientes para despejar de nieve las calles, ni cuestión de plazas hospitalarias y servicios sociales.
Uno de los últimos escándalos a cuenta del Ingreso Mínimo Vital (IMV), proviene de esa práctica que tienen todos los gobiernos de aprobar leyes y decretos escoba, esas disposiciones legales en las que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se aprueban cosas tan variopintas como conceder una ayuda para instalar una desaladora en Murcia, o corregir un error anterior, aunque no tenga nada que ver con el objetivo de la ley, o el decreto en cuestión. Simplemente se incluye el pegote y se tramita y aprueba tal cual.
Comienzan a aparecer los resultados de los primeros estudios y encuestas sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el tejido económico a lo largo de 2020, el año de la pandemia. Para empezar no aparece una implantación masiva, ni una inversión abrumadora de las empresas españolas en nuevas tecnologías, salvo un primer momento en el que el confinamiento obligó a replantearse la actividad económica de muchas empresas.
La sensación de que vivo en un país que no funciona me asalta cada vez con más frecuencia. Comenzaba el año y se anunciaban la tormenta más intratable en décadas y el frío más intenso del invierno. Para colmo es en los primeros días de enero cuando las compañías eléctricas han aplicado una subida del 37% en la luz.
Parecía una película futurista e imaginativa. Era verdad que muchas cosas en nuestras vidas cambiaban aceleradamente en los últimos años. Internet, el uso generalizado de ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas y al final los smartphones, estos pequeños ordenadores del tamaño de un teléfono móvil, cien mil veces más potentes que los primeros ordenadores que nos llevaron a la luna.
Leo noticias que cuentan que se acaba de constituir una asociación de grandes, potentes y poderosas empresas, que incorporan en su nombre dos banderines de enganche: De una parte Madrid, capital de las zonas catastróficas de España y, de otra, la devaluada palabra Futuro.
No he querido hacer ruido durante los pocos actos que han podido organizarse para conmemorar el 44 aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha, el día 24 de enero de 1977, durante aquella Semana Negra que conmovió a toda España. Una semana de asesinatos, secuestros, violencia policial y violencia de las bandas franquistas.
La pandemia nos ha puesto en la tesitura de tener que realizar muchas tareas utilizando medios digitales, desde pedir comida, a teletrabajar, desde estudiar en casa a ser atendidos por el médico con cita telefónica, o desde comprar un libro o un jersey hasta pedir una prestación por desempleo.
-Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver.
Hace tiempo que Madrid ha dejado de ser un ejemplo y modelo para España. Madrid se ha convertido en una figuración, prototipo fallido, molde pergeñado, de un país de políticos conductores de secano que derrapan y se atascan ante los menores signos de lluvia y no te digo de nieve. Una nieve que ha traído problemas por toda España, pero que ha convertido a Madrid en capital de la España colapsada.
La COVID-19 nos ha situado ante el reto de intentar explicarnos a nosotros mismos qué nos está pasando, familiarizarnos y aprender a tomar en cuenta cosas que nos habían pasado desapercibidas como el cambio climático, la globalización económica, la invasión de espacios medioambientales preservados hasta nuestros días, los desplazamientos febriles de los seres humanos, o el comercio desenfrenado.
Van cayendo noches y la nieve sigue ahí, convertida ya en hielo. Filomena sigue ocupando las calles, dueña y señora de una ciudad en la que las excavadoras han despejado la calzada de las vías principales y en la que unas pocas palas de los vecinos han abierto unos pocos caminos en las aceras.