20 Jul, 2011

29-S: SERVICIOS MÍNIMOS INCOSTITUCIONALES


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a dictaminar en contra de la Comunidad de Madrid en un caso de fijación mediante decreto de Servicios mínimos en una huelga de Trabajadores. Declarando que el gobierno de Esperanza Aguirre vulnera el derecho constitucional de huelga (artículo 28.2 de la Constitución Española).

Estas sentencias son el pan nuestro de cada día en Madrid. Las más recientes, hasta esta última, habían sido las que anulaban los decretos de servicios mínimos en las huelgas del Metro, o en las piscinas del Instituto de Deportes. Esta última hace referencia a la fijación de servicios mínimos en la Huelga General del 29 de Septiembre de 2010.

El Gobierno de Aguirre se ha acostumbrado a dictar servicios mínimos que son sistemáticamente anulados posteriormente. Los magistrados insisten en que la Comunidad de Madrid no recoge “motivación alguna” que permita fijar un criterio para establecer servicios mínimos. Esta “falta de motivación” es recurrente en todas las sentencias.

Por otro lado, los jueces no se explican “por qué en una huelga de un solo día de duración han de fijarse unos mínimos que pueden ser superiores a lo que se prestan en un día festivo”.

Por ejemplo, parece lógico que se fijen mínimos en los hospitales al nivel de un domingo o festivo, pero no así en los centros de salud donde no se trabaja un domingo o festivo y para los que, sin embargo se fijan servicios mínimos por parte del gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. Lo mismo ocurre con el transporte público, donde, sin motivación alguna, se fijan mínimos.

En el caso de la fijación de servicios mínimos en la justicia la razón de su anulación es la misma, falta de motivación, además de reiterar que una huelga de un solo día no justifica el establecimiento de servicios mínimos superiores a los de un día festivo, como así ocurre en el decreto.

En cuanto a la educación, los jueces coinciden en que se trata de un servicio esencial pero no entienden que ello justifique la fijación de mínimos para prestar servicios complementarios como el de comedor escolar, ni que exista justificación alguna para establecer mínimos distintos en centros públicos o privados.

En resumen la Comunidad de Madrid, su gobierno Regional, fijan servicios mínimos arbitrariamente, sin distinguir entre servicios esenciales y otros que no lo son. Sin justificar, o motivar, en forma alguna, la necesidad de esos servicios mínimos y vulnerando el derecho constitucional de huelga. Esto ocurre una y otra vez. Los tribunales terminan anulando estos servicios mínimos, meses y años después de haberse impedido por la vía del decretazo el derecho constitucional de huelga.

Cuando alguien, dotado de poder, adopta disposiciones ilegales, a sabiendas de que lo son incurre en un presunto delito de prevaricación.

Sin embargo, los mismos tribunales que condenan a la Comunidad de Madrid a la anulación de los servicios mínimos, se muestras remisos a remitir a la fiscalía estas actuaciones por si fueran constitutivas de delito y disponen que “no ha lugar a efectuar remisión alguna al Ministerio Fiscal, pues ninguna responsabilidad penal cabe deducir del mero hecho de la anulación, por las razones expuestas, del Decreto impugnado en los aspectos que se anulan”.

En definitiva, por enésima vez, el Gobierno Madrileño vulnera la Constitución y los tribunales le anulan unos servicios mínimos.

Mientras de estas decisiones judiciales, no se deriven responsabilidades para quienes dictaron decretos de servicios mínimos a sabiendas de su ilegalidad inconstitucional, los trabajadores seguiremos indefensos y a la espera de una nueva huelga, para la que se dictarán los mismos servicios mínimos, que serán anulados por inconstitucionales meses o años después y hasta otra.

Por cierto, si algunos trabajadores, hartos de tanto despropósito, se atreven a romper, o incumplir esos servicios mínimos, como ocurrió recientemente sí se verán ante los tribunales, con consecuencias civiles y penales.

Mientras tanto, Esperanza Aguirre gana elecciones, el responsable de los servicios mínimos de Metro preside la Asamblea de Madrid y López Viejo, el que fijo los también inconstitucionales servicios mínimos del Instituto de Deportes, sigue en sus cosas de la Gürtel.
Luego dicen que la gente anda indignada.

Francisco Javier López Martín

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