Somos el país número 30, según Transparencia Internacional, en índices de corrupción. Parece que no estamos mal situados en el concierto del planeta. Pero esta valoración oculta la realidad de que carecemos de datos recopilados sobre sentencias que la justicia española ha producido en materia de corrupción. Si no sabemos lo que tenemos, si esos datos no interesan, mal podemos analizar la situación y corregir los problemas.
Con esta reflexión, Manuela Carmena, inicia su intervención en el curso sobre Pasado, presente y futuro de la democracia en España, organizado por las Fundaciones de Abogados de Atocha y la Ateneo 1 de Mayo, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
Los datos que manejan instituciones como el Consejo General del Poder Judicial son pura estadística numérica. Pocas veces se entra en valoraciones como el hecho de que el 75 por ciento del trabajo judicial del Tribunal Supremo, se centra en el tráfico de drogas, bajo la denominación de delitos contra la “salud pública”. Sin embargo, sobre corrupción, tan sólo se producen menos de media docena de sentencias bajo el epígrafe de “delitos contra la Administración”.
Las sentencias ponen de relieve que los funcionarios no son corruptos. Son muy pocos los casos de funcionarios que cometen delitos de cohecho. Por contra, son los políticos los que llevan sobre su cabeza el gran sombrero de la corrupción. La desproporción de las penas también es evidente. Grandes delitos producen penas menores, mientras que pequeños delitos reciben sentencias desproporcionadas.
Existe, sin embargo, una Convención sobre la Corrupción, aprobada por Naciones Unidas, en respuesta a las presiones de muchas instancias judiciales y del derecho en diferentes países. Existe hasta un Día Mundial contra la Corrupción. En España deberíamos prestar más atención a la estructura de la corrupción, revisando y valorando el papel de la justicia en esta tarea.
La justicia española es esencialmente independiente, pero termina funcionando como estructura dependiente. Los jueces hablan muy poco y las sentencias escritas son opacas y pocos jueces las explican. La sentencia podría ser hoy hablada, explicada y comunicada. Se castiga al juez que habla de los asuntos que lleva. La vinculación política de los jueces no es determinante a la hora de hacer justicia y sin embargo terminan recibiendo la acusación de actuar en nombre de un partido. Son otros los defectos que tiene la justicia, no su actuación partidista, al menos con carácter general.
Los justicia está demasiado vinculada al ajedrez siniestro de la tecnojerarquía que dificulta la justicia real. La aplicación de la norma, sin tomar en cuenta hechos concretos, aleja a la justicia de la ciudadanía. Los jueces se sienten muy cómodos aplicando la tecnocracia y se sienten incomprendidos por la sociedad.
El Ministerio de Justicia no tiene sentido si entendemos que deberían ser los jueces, a través del Consejo General del Poder Judicial, los que determinasen los medios con los que debe contar la justicia. Si no, no hay independencia posible. La falta de medios conduce a eludir la responsabilidad de los propios jueces en la organización y gestión de sus recursos, siempre escasos.
Al final, las instrucciones se eternizan, los juicios se dilatan. La justicia no está bien preparada para combatir la corrupción de la clase política. Además se actúa con las contaminaciones de los políticos, los medios de comunicación, lo cual acompleja aún más a los jueces.
La ciudadanía debe exigir datos, transparencia, valoraciones, explicaciones de sentencias y de decisiones judiciales. Las acusaciones particulares, o populares, son instrumentos útiles, pero hay que hacerlos funcionar en red. Organizar cada vez más a la sociedad para defender sus intereses, sus inquietudes y sus preocupaciones y una de las más evidentes, en estos momentos, es la corrupción en nuestro país.
Manuela Carmena, como siempre, sugerente, incisiva, sin complejos. Planteando los problemas y ofreciendo soluciones. Coherente en la concepción de que hay que reinventar el derecho para ponerlo al servicio de la libertad y la felicidad de los ciudadanos y ciudadanas. Las leyes deben ser una indicación de conducta. Las sentencias no son nunca “jurídicamente impecables”, si no remedian la injusticia cometida.
Francisco Javier López Martín
