6 Sep, 2018

Contra la precariedad, por la democracia

El Programa desplegado por Pedro Sánchez en el Parlamento presenta un puñado de medidas encaminadas a combatir la precariedad y el paro, especialmente entre nuestros jóvenes. Que España compita con Grecia por liderar las más altas tasas de desempleo juvenil, duplicando con creces la media europea, no es bueno, especialmente porque ya se trata de un drama estructural y no meramente coyuntural.

Pero es que, además, cuando nuestros jóvenes encuentran un empleo, se despeñan por un largo y tortuoso barranco de precariedad que tan sólo a veces se corrige con el tiempo, pero que, en demasiadas ocasiones, se convierte en un horizonte permanente de futuro que amenaza toda la vida laboral.

No es malo que cualquier gobierno tome buena nota y afronte la búsqueda de soluciones a un problema que amenaza con destrozar la estabilidad de cualquier sociedad. La puesta en marcha de un Plan de Choque para crear empleo juvenil parece, de entrada, una buena noticia.

No es un problema que aparezca exclusivamente en las pequeñas empresas. Son demasiadas las grandes corporaciones de nuestro país que, lejos de dar ejemplo, crean ejércitos de mano de obra joven, con contratos temporales, siempre amenazados por la no renovación, en los que se abusa de la libre disposición de la jornada, las horas extraordinarias mal pagadas y los bajos salarios asegurados.

Por no hablar de esas experiencias que suponen la aceptación de una autoexplotación, que comportan enormes beneficios económicos para unos pocos y una miseria programada para un ingente número de jóvenes. Jóvenes que comienzan a reaccionar e impulsar movilizaciones que persiguen la decencia de su trabajo y la dignidad de sus condiciones laborales y salariales.

El anuncio, además, de un Plan Integral contra la Explotación Laboral abre las puertas al reconocimiento de una situación insostenible, si no queremos una sociedad de desigualdades y discriminación crecientes, derechos menguantes y democracia en extinción.

Entre las medidas anunciadas, sin pretensión de ser exhaustivo, quiero destacar el anuncio de la regulación de las prácticas no laborales y la aprobación de un Estatuto del Becario. Los abusos que se producen han sido denunciados permanentemente por las organizaciones sindicales, pero poco, o nada, se ha hecho para corregirlo.

Hace años que la Unión Europea reclama que en cada país se negocie la aprobación de un Estatuto del Aprendiz que regule situaciones de indefensión para aquellas personas jóvenes que se ven enfrentadas a procesos de aprendizaje laboral en el seno de las empresas.

Estamos acostumbrados a que se anuncien medidas políticas que, lejos de solucionar los problemas de quienes los sufren, se encaminan a profundizar en el abuso. Tampoco nos faltan experiencias de promesas justas que se van diluyendo en el tiempo sin encontrar nunca el camino de su concreción y realización. Una cosa es predicar y otra dar trigo.

Espero y deseo que no sea éste uno de esos casos de promesas fallidas. Es fácil dar titulares. Es difícil que estas medidas puedan llevarse adelante sin remover intereses creados y egoísmos ancestrales que han conseguido perpetuarse y crear escuela. Una cultura empresarial ineficiente e improductiva, pero que asegura altos beneficios para unos pocos, convirtiendo en negocio la capacidad de exprimir hasta el extremo a la fuerza de trabajo.

Estos cambios exigen que el gobierno, los empresarios, los sindicatos, afronten eso que se ha denominado diálogo social con decisión y sentido común renovado,  que tome en cuenta lo que hoy somos, tomando buena nota de carencias, insuficiencias, amenazas y problemas no resueltos, pero con la vista puesta en el horizonte de un futuro que debe asegurar vidas dignas y trabajos decentes.

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