23 Feb, 2011

DEPENDENCIA, LA TRAGEDIA SILENCIADA

Hace ya cuatro años que, por amplio consenso político, entró en vigor la Ley de Dependencia. Y hace ya seis que un Acuerdo Social impulsado por CCOO y UGT, tras ser negociado con los empresarios y el Gobierno, dio origen al nuevo derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia a ver atendidas sus necesidades.

Una ley que finalizará su implantación en 2014. Estamos, por tanto, en el ecuador de la ley y la misma debería alcanzar ya a las personas que tienen un nivel de dependencia moderada.

Sin embargo en Madrid, la aplicación de la ley sigue marcada por el retraso, la opacidad y el oscurantismo. La Comunidad de Madrid bloqueó la aplicación de la ley, desde su inicio y se ha resistido a crear cualquier organismo de participación social como el Comité Consultivo Estatal y organismo similares creados en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Por no existir, no hay en la Comunidad de Madrid, ni tan siquiera, una base de datos oficial pública que permita conocer cifras reales de gestión de la Ley de Dependencia. Así las cosas, sólo contamos con los datos registrados en la única fuente oficial, que es el Ministerio de Sanidad y Política Social. Datos manejados a su antojo por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, de forma que se airean aquellos que se suponen políticamente beneficiosos y se ocultan o manipulan los malos resultados.

En los últimos tiempos el Gobierno Regional desarrolla una campaña agresiva en los medios de comunicación. Abundan declaraciones del tipo “La Comunidad es la tercera región en el desarrollo de la ley”, cuando los datos vienen a constatar que somos los terceros, sí, pero por la cola, tan sólo por delante de Valencia y Canarias. O del estilo de “8 de cada 10 dependientes que lo han solicitado ya disfrutan del servicio”, como recientemente ha afirmado la propia Presidenta. Sin embargo esto es mentira. Tan sólo 53.821 personas perciben algún tipo de prestación, de las 122.000 que lo han solicitado.

La situación se agrava cuando comprobamos que 27.774 personas se encuentran en lista de espera, para recibir prestación, pese a haber visto reconocido su derecho. Una lista de espera que no hace sino crecer. Baste el dato de que en el último mes el número de beneficiarios ha crecido casi en 4.000, mientras la lista de espera ha crecido casi en 7.000.

Recientemente, el 13 de Enero, el Boletín Oficial de la Comunidad publicaba una lista de cerca de 3.200 personas, a las que se comunica la finalización del procedimiento de solicitud, por fallecimiento del solicitante. Un número muy importante de estos expedientes se iniciaron en 2007, cuando entró en vigor la ley. Se ha incumplido así cualquier plazo, incluido el establecido por el Consejo Territorial de las Comunidades Autónomas que marca un máximo de seis meses entre la solicitud y el reconocimiento de una prestación o servicio.

Para mayor escarnio, el 7 de Febrero pasado se vuelve a publicar una relación de solicitantes a los que se les requiere para subsanar, en el que aparecen, de nuevo, expedientes de 2007.

Contamos, por tanto, con un derecho personal nuevo, reconocido por ley, exigible legalmente, pero no aplicado en la práctica. Una situación conocida por cualquier persona dependiente y sus familias. Una situación invisibilizada, clandestina, sumergida. Una condena a miseria cotidiana para decenas de miles de personas y familiares.

Una situación agravada por una crisis económica, ante la que lo primero que se recortan son los recursos sociales. El gobierno Regional opta por las prestaciones económicas limitadas, antes que por incrementar servicios como las plazas residenciales. Ya hemos dicho que hay casi 28.000 personas en lista de espera, que vienen a coincidir con la bolsa de espera de una plaza residencial en el año 2005, de 25.000 personas.

La ley podría permitir crear cerca de 52.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en estos cuatro años de aplicación de la Ley de Dependencia, no se ha creado ni una solla nueva plaza o servicio de carácter público.

La situación de las personas dependientes en Madrid, es la de una tragedia silenciada. Una situación de indignación larvada y latente. Madrid no puede seguir esperando. El Ministerio de Sanidad y Política Social no debería seguir tolerando esta realidad de opacidad, e incumplimiento, que condena a nuestra Comunidad a ocupar los últimos puestos en la aplicación de la ley y en el ejercicio de un derecho ciudadano.

Así lo hemos entendido las organizaciones que hemos constituido el Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid (Federación de Vecinos, Confederación de Consumidores, UGT y CCOO), que ya hemos mantenido encuentros con la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Defensor del Pueblo y Delegación del Gobierno, para plantear el problema y exigir soluciones que permitan cumplir la ley y desbloquear una situación inaceptable en la Región Capital del Estado.

Javier López

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