25 Oct, 2021

Esos sindicatos que movilizan y negocian

Damos por sentado que el mundo se ha vuelto del revés, hasta el punto de que no son los marxistas que acaban de conmemorar el bicentenario de Federico Engels, los que anuncian la revolución, o lo más parecido a la misma, una sucesión de revueltas sociales, sino que el augurio proviene del mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mira que algunos gobiernos se han empeñado en regar dinero sobre los pueblos golpeados por la pandemia de una forma desconocida desde hace muchas décadas. Basta mirar hacia atrás y comprobar cómo hace una docena de años los ultraliberales, entonces de moda, se liaron la manta a la cabeza y dejaron abandonadas a su suerte a millones de personas a fuerza de precariedad de las vidas y empleos basura.

Pero no, esta vez no, con la pandemia no, en España no. Junto al cambio de posiciones en Europa, el hecho de que por primera vez se haya concretado un gobierno de coalición, cooperación, progreso, o como queramos llamarlo, ha jugado un papel importante en las políticas que se han aplicado frente a la crisis sanitaria.

Puede que tenga rentabilidad electoral, o no, pero pensemos por un momento que esta crisis hubiera sido gobernada por Casado, con una Ayuso oportunista, cuando no negacionista, pinchándole desde Madrid y con la impresentable alianza de la ultraderecha. Sólo pensarlo da miedo, o grima al menos.

La última muestra de esa política de progreso ha sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada por gobierno y sindicatos, pese a la rémora de las organizaciones empresariales, que prefieren ahondar en el sufrimiento de los más. Una subida  salarial muy moderada para el año 2021, de tan sólo 15 euros, que sólo se aplicará desde septiembre y que no puede perjudicar a ninguna empresa mínimamente viable, al tiempo que mejora un poco, tal vez demasiado poco, los agobios de casi 2 millones de personas que cobran sus retribuciones en relación con el SMI.

Ahora queda que esa subida progresiva tenga un impulso en los dos próximos años hasta cumplir el compromiso de la Carta Social Europea de alcanzar el 60% del salario medio en España, lo cual supone que las subidas anuales hasta 2023 deberían llevarnos de los 965 a los 1.049 euros. Una subida de unos 85 euros.

Pero no ha sido sólo la subida del SMI, que se encontraba en 736 euros en 2018. Han sido los ERTEs, que han supuesto un salvavidas para el empleo de muchas personas y la supervivencia de muchas empresas. Ha sido también el reforzamiento de las prestaciones por desempleo y los subsidios extraordinarios para quienes ya las perdieron, estableciendo “contadores a cero” que impiden que determinadas ayudas queden agotadas.

Han sido las ayudas a pequeñas empresas, o determinados sectores económicos especialmente damnificados y la creación del Ingreso Mínimo Vital. Y todo ello puesto en marcha en las peores de las condiciones, si tomamos en cuenta que numerosos servicios de la Administración, entre ellos el SEPE, o la Seguridad Social, abandonaron el tratamiento personal para realizar todas las gestiones online, o cuando menos telefónicamente, lo cual ha retrasado, aplazado y bloqueado, en ocasiones, los efectos positivos de algunas de estas medidas.

En la negociación, e implementación de estas medidas hemos visto cómo, frente a la irresponsabilidad de buena parte de los partidos políticos de la oposición, han sido los sindicatos CCOO y UGT, junto a las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y al propio Gobierno, quienes han protagonizado el mayor esfuerzo para concretar acuerdos que permitieran superar los problemas.

Reitero, no sé si la gestión de una crisis tan dura y cansina como ésta tendrá unas consecuencias electorales, o no. Suele ponerse el ejemplo de cómo una larga crisis, como la II Guerra Mundial, aún más dura y agotadora, tuvo unas consecuencias desastrosas para el Primer Ministro británico Winston Churchill.

Lo que sí sé es que con un gobierno de progreso, con la responsabilidad de sindicatos y empresarios y pese al negacionismo errático de la oposición política, la negociación, el acuerdo y la puesta en marcha, muchas veces dificultosa y en las peores condiciones, de algunas medidas, ha permitido que afrontemos el futuro inmediato sin grandes destrozos económicos y sociales.

El problema es que vamos hacia una recuperación que, como suele ocurrir, desencadena el egoísmo de quienes quieren un proceso acelerado de retorno a altos beneficios, aunque las desigualdades crezcan. Porque ese es el riesgo, que las desigualdades terminen por desbordar el descontento social.

Eso puede hacer que las posiciones empresariales actuales que se han negado a acordar la reciente y mínima subida del SMI, encuentren buena acogida en una oposición de derechas atosigada por sus problemas internos y obsesionada por forzar unas elecciones anticipadas para intentar recoger todo el inevitable malestar generado por la pandemia.

Frente a quienes teorizan el final del sindicalismo, conviene recordar que los muertos que matan gozan de buena salud y que las organizaciones sindicales siguen jugando un papel esencial para garantizar la igualdad y la justicia en las condiciones de vida y de trabajo en nuestras sociedades.

Ahora que nos encontramos en el entorno de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente conviene recordar que allí donde el sindicalismo es más débil los problemas se agudizan, las soluciones se bloquean, los conflictos se desencadenan irresolubles, mientras que la fortaleza de los sindicatos hace que las barreras sean más eficaces y útiles frente a la pérdida de libertades y derechos, o de dignidad en nuestras vidas trabajadoras.

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