14 Ago, 2018

Formación Profesional y nuevo gobierno

Acaba de presentar Pedro Sánchez su programa de gobierno ante el Congreso de los diputados. Hora y media de discurso en el que ha trazado las prioridades de la acción política durante los próximos años, si nada lo impide. Los medios se han fijado, sobre todo, en temas como las amnistías fiscales, la exhumación de los restos del dictador Franco, el Plan de Choque contra la Explotación Laboral, o la nueva senda del déficit que beneficiará a las Comunidades Autónomas.

Menos incidencia mediática ha tenido una noticia importante para los trabajadores y trabajadoras, como la derogación de ese artículo 315.3 del Código Penal, que ha producido cientos de encausamientos ante los tribunales y condenas injustas para quienes, participando en una huelga, han sido acusados de impedir el derecho al trabajo, lo cual suena a patético en un país que impide el derecho al trabajo, con y sin huelga, de millones de sus ciudadanos y ciudadanas, sometidos a largas condenas de paro.

Tampoco han tenido gran relevancia las palabras que Sánchez dedicó a la Formación Profesional. Todo el mundo habla del futuro que ha de venir de la mano de la formación, pero son muy pocos los que luego llevan a la práctica esas consideraciones enunciadas como mantras, cantinelas entonadas cuando no se sabe qué otra cosa decir.

Sánchez ha declarado que la Formación Profesional debe tener un protagonismo fundamental, tanto como para estar presente en la denominación del nuevo Ministerio de Educación. Nos propone, además, tres prioridades: La primera, integrar en un catálogo único cursos, módulos y ciclos formativos de los dos subsistemas de Formación Profesional (el dependiente del Ministerio de Empleo y el del Ministerio de Educación), bajo un mismo currículo. La segunda, regular de una vez por todas, la Formación Profesional Dual. Y la tercera, elaborar un mapa de oferta y demanda de Formación Profesional de grado medio y superior en la Comunidades Autónomas, así como las especialidades emergentes que plantea la nueva economía.

Como declaración de intenciones no está mal. Como comienzo de la andadura, tampoco. No puede haber dos Formaciones Profesionales, una a espaldas de la otra, para que dos ministerios como Empleo y Educación terminen haciendo cada uno la guerra por su cuenta. No podemos seguir llamando formación dual a las abundantes fórmulas estatales y autonómicas inconexas de explotación laboral juvenil, disfrazadas de formación con prácticas laborales. No podemos seguir asistiendo a una oferta caótica y siempre insuficiente de formación profesional que no cubre la demanda en aumento.

Vivimos en un país que ha despreciado la Formación Profesional hasta el punto de que tenemos niveles de formación universitaria iguales o superiores a los de la mayoría de los países de la Unión Europea, mientras que casi triplicamos los porcentajes de personas que han conseguido, como mucho, alcanzar la enseñanza obligatoria. En torno al 40 por ciento de los españoles se encuentra en esta situación.

Mientras tanto el nivel de matriculaciones de nuestros jóvenes en Formación Profesional se encuentra en el 12 por ciento, frente al 30 por ciento en la Unión Europea. Cada año, en Comunidades como Madrid, se llenan las plazas y se quedan miles de jóvenes sin poder acceder a la Formación Profesional que han solicitado.

El nivel de fraude en los famosos contratos de formación y de abusos en las prácticas no laborales, el aprendizaje y los becarios, es de sobra conocido. Los sindicatos lo han denunciado constantemente,  pero sigue siendo tolerado. El Estatuto del Becario que anuncia Sánchez, debe verse acompañado del Estatuto del Aprendiz que reclama la Unión Europea, para evitar la arbitrariedad y el abuso permanente contra nuestra juventud.

Afrontar el impulso necesario de la Formación Profesional en España va a exigir algo más que declaraciones de intenciones, cambiar el nombre de un ministerio,o acometer campañas promocionales. Va a requerir mucho tacto, mucha negociación y la firme decisión de remover intereses creados entre Ministerios, Comunidades Autónomas, agentes económicos y sociales y centros de formación de todo tipo.

Sin embargo merece la pena hacer frente al desafío, e intentar una regulación clara de la Formación Profesional, al servicio de un modelo de empleo estable y con derechos, reformando un sistema que, sin abandonar su componente educativo y la defensa del derecho personal a una formación a lo largo de toda la vida, se vincule con las necesidades económicas y sociales de un nuevo modelo productivo que ponga a los trabajadores y trabajadoras en el centro del futuro de los proyectos empresariales.

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