Cada cierto tiempo, como si de una suerte de serpiente veraniega se tratase, reaparece el debate sobre el futuro de las pensiones en nuestro país. Un debate interesado, pero manejado de forma muy eficaz por los poderes económicos de nuestro país, obsesionados por hincarle el diente a los cuantiosos recursos que la Seguridad Social dedica al pago de las pensiones.
Un debate que utiliza un argumentarlo más simple que sencillo, como todos los argumentarlos que ha aprendido a utilizar la derecha neoconservadora en lo político y neoliberal en lo económico. Ideas como que cada vez trabajamos menos personas para mantener a más pensionistas. O como que no es posible sostener las futuras pensiones con los ingresos actuales en el sistema de Seguridad Social.
A esta cantinela mediática comprada a buen precio por los poderes financieros, vienen a sumarse algunos sectores empresariales, que insisten en que las cotizaciones sociales son una carga insostenible para unas empresas que quieren ser competitivas. Por último, no pocos políticos en campaña, en sus ansias para buscar la aprobación empresarial y mediática, anuncian que el futuro de las pensiones se encuentra en que se paguen desde los impuestos que pagamos todos y no desde las cotizaciones sociales que pagan las empresas.
Una vez más, la crisis sirve como escenario ideal para justificar esta agresión constante sobre el sistema de pensiones, cuando la realidad, a poco que el bombardeo constante nos permitiera pensar, nos llevaría a concluir que la situación de nuestro sistema de pensiones no depende de la cantidad de mayores que vivan de una pensión, sino de la cantidad de empleo que tengamos en nuestro país y de la calidad del mismo.
Un primer problema es que la crisis ha destruido mucho empleo y por eso cada año se ingresan menos recursos en la Seguridad Social. Pero una crisis es coyuntural y termina pasando. El problema es que cuando comenzamos a salir de la crisis, el empleo que se crea, gracias a la reforma laboral del PP, es precario, con bajos salarios, temporal, a tiempo parcial… Y así es muy difícil que las cotizaciones sociales se recuperen. Por eso el gobierno va tirando del fondo de reserva y agotándolo a marchas forzadas.
Pero es que además, cuando se quiere incentivar la contratación, para crear empleo, se tira de bonificaciones en la cuota de la seguridad social que pagan las empresas, en lugar de incentivar esa contratación financiándola con impuestos. Utilizando estas prácticas, que producen cada vez menos ingresos, se justifica poner en marcha mecanismos de revalorización de las pensiones que no aseguran en modo alguno el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros pensionistas.
Es verdad que, a más largo plazo, la llegada a la edad de jubilación de la generación del «baby-boom» obligará a pagar más pensiones. Las estimaciones oficiales calculan que en 2050 el coste de pagar las pensiones supondrá un 13,5% del Producto Interior Bruto, en lugar del 10% actual. No es algo muy distinto a lo que ocurre en muchos otros países europeos.
Ahora bien, no es lo mismo preparar este reto de las pensiones futuras con bajas tasas de paro, empleos decentes y salarios dignos, que con empleos basura, temporales, precarios y mal pagados, que se combinan, para colmo, con largos periodos de paro. No es lo mismo con una economía sólida, que compite sobre la base de productos y servicios de calidad, que hacerlo con una economía acostumbrada a obtener beneficios de los bajos costes laborales y las indignas condiciones de trabajo.
El actual sistema de pensiones procede de un pacto político y social, el Pacto de Toledo, que ha permitido sostener el sistema de pensiones durante 20 años, revisando adaptando y actualizando el sistema en función de la evolución social y económica. El sistema ha sido sostenible y ha permitido mantener sin riesgos un nivel importante de protección social para nuestros mayores.
Por eso, de cara a estas elecciones del 20-D, es importante arrancar el compromiso de los partidos que concurren a las mismas, de revitalizar el Pacto de Toledo, como acuerdo de Estado que asegura el futuro de las pensiones. Y ello no será posible si continúa el deterioro del mercado laboral y no apostamos por un modelo de empleo estable, seguro, con derechos. No son los países con empleo más precario los que se encuentran en mejores condiciones para abordar sus retos de futuro, tampoco los retos del futuro de sus personas mayores.
Desde CCOO venimos exigiendo medidas que permitan asegurar los ingresos para sostener las pensiones. Y la primera de ellas es, ya lo hemos dicho, mejorar la cantidad y calidad del empleo. Pero junto a ello, se deben tomar otras medidas en el marco del propio sistema de Seguridad Social. Si hay que incentivar la creación de empleo, no habría que cargarlo sobre bonificaciones empresariales en las cotizaciones sociales, por ejemplo.
Habría que limitar la utilización discrecional por parte de los Gobiernos del Fondo de Reserva. Habría que acelerar el proceso de acercamiento de las bases de cotización de los trabajadores del Régimen General y de los trabajadores Autónomos. Se podrían incrementar las bases mínimas y máximas de cotización. Se podría dejar de cargar los costes de Administración del sistema de Seguridad Social sobre las cotizaciones sociales y utilizar para ello los impuestos, como ocurre, con carácter general, en cualquier administración pública.
Se podría combatir más y mejor el fraude en las cotizaciones sociales, aumentando el número de inspectores, infradimensionado en nuestro país, con respecto a los países desarrollados de nuestro entorno. Podríamos perseguir, así, el empleo sumergido, las cotizaciones por salarios inferiores a los realmente pagados, la utilización fraudulenta y abusiva del contrato a tiempo parcial, o del trabajo de aprendices y becarios.
Estas medidas deben ser de aplicación inmediata. Pero hay otras que se pueden estudiar para un medio plazo, consistentes en recabar ingresos adicionales, especialmente en periodos de sobrecarga del sistema, a causa de los ciclos económicos o de periodos en los que el crecimiento demográfico produzca una mayor incorporación de pensionistas al sistema. Para estos momentos, se deberían pagar a cargo de los ingresos del Estado algunas de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Pero estos periodos son previsibles y se pueden prever con tiempo.
En cualquier caso, cuatro años más de ajustes y recortes, a los que llaman reformas, pueden conducir a un empleo indecente, a una economía nuevamente especulativa y abocar al Sistema de Seguridad Social, a una situación insostenible, que dé alas a su privatización bajo las más diversas fórmulas, a cual más injusta. Y quiero recordar que la Seguridad Social es uno de esos elementos que mantiene cohesionado y vertebrado a nuestro país. Da igual dónde vivas, recibirás una pensión que se corresponde con tus cotizaciones a lo largo de tu vida laboral.
Por eso, este 20-D, los pensionistas actuales y los pensionistas futuros nos jugamos mucho. Un futuro de beneficencia y desigualdad, o un futuro en el que la suficiencia económica de nuestros mayores se encuentre asegurada, desde el compromiso de toda la sociedad con el sostenimiento y viabilidad de la Seguridad Social y el sistema de pensiones. No todos los partidos, por activa o por pasiva, apuestan por ello.
Francisco Javier López Martín