Vivimos en un país que presume de europeo. Sin embargo hay cosa en este país que poco tienen que ver con esa Europa a la que pertenecemos. Los estados europeos, por ejemplo, se caracterizan por una iniciativa pública que se sustenta en la suficiencia de sus ingresos fiscales para acometer inversiones y sostener el gasto público.
La eficacia y la eficiencia en ese gasto son muy importantes, pero eso se corresponde con una adecuada política de ingresos fiscales. En estos dos aspectos. España deja mucho que desear y nos deja en muy mal lugar con respecto a nuestros socios de la zona Euro.
De hecho, nuestros ingresos fiscales presentan una diferencia de 7´5 puntos en relación con nuestro Producto Interior Bruto. Dicho de otra manera, si nos situáramos en la media europea de ingresos, deberíamos ingresar 78.000 millones de Euros más, mientras que nuestro gasto público debería también contar con 56.000 millones de Euros más para alcanzar la media de la zona Euro.
El esfuerzo para reducir el déficit público, impuesto por la troika comunitaria a nuestro país, impone, además, una reducción brutal del sector público que también nos aleja de las funciones, condiciones y capacidad de intervención del sector público europeo.
El caso es que contamos con unas figuras impositivas similares a las de los países europeos, pero nuestra recaudación es muy inferior, lo cual tiene su explicación cuando comprobamos el tratamiento que reciben las grandes fortunas, las importantes deducciones en el impuesto de sociedades, el sistema de estimación directa en el IRPF que se aplica a numerosas empresas y sociedades, las mínimas retenciones que se aplican a las SICAV. En definitiva, existen numerosos mecanismos para escapar al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El resultado es una insuficiente recaudación tributaria. De hecho, son las rentas del trabajo las que producen la inmensa mayoría de los ingreso en impuestos como el IRPF. La situación no tiene arreglo si no existe voluntad política para arreglarla. Es verdad que hay que generar una cultura fiscal para hacer entender que los impuestos que pagamos contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Es también cierto que son unas cuentas clara que justifiquen en todo momento la eficacia y eficiencia, la austeridad, en el gasto público.
Pero no es menos cierto que necesitamos cambios legales y el incremento de los recursos humanos, técnicos y materiales para perseguir de forma adecuada el fraude fiscal. No tiene, por ejemplo, explicación alguna, que no se hayan introducido, suficientemente, indicadores como los signos externos de riqueza, que en otros países son utilizados habitualmente.
El planteamiento de algunos sectores interesados de que nuestra presión fiscal es muy elevada, no se corresponde con los datos y aún menos con los resultados de recaudación fiscal. Son sectores interesados, con mucho poder económico, con hábitos poco ejemplarizantes en sus prácticas fiscales y mucha influencia sobre los medios de comunicación, los que alimentan esta sensación muy extendida.
Hay prácticas demasiado implantadas, como el famoso «con IVA, o sin IVA». Hay demasiadas declaraciones de la renta muy alejadas de la realidad de los ingresos. No tiene explicación alguna que la media de ingresos en las declaraciones de la renta de numerosos empresarios, se encuentren muy por debajo de las declaraciones de la renta de los trabajadores, cuando sus viviendas, sus coches, su ritmo de vida, son incomparables.
La injusticia se agrava aún más, cuando las rentas personales o familiares se convierten en requisito principal a la hora de acceder a determinados servicios públicos como las escuelas infantiles, ayudas, becas, etc.
Luchar contra el fraude y la introducción de cambios normativos en determinados tributos, que actúan como un colador que permite a las rentas más altas beneficiarse de numerosas deducciones fiscales, son dos de las actuaciones más urgentes para hacer más justo nuestro sistema fiscal y conseguir mejorar los ingresos públicos. La amnistía fiscal decretada por el Gobierno es, por contra, el peor de los ejemplos en tiempos de crisis y una señal inequívoca a los defraudadores para mantener sus conductas.
Si queremos reforzar la capacidad del Estado para invertir en el sostenimiento de una actividad económica terriblemente debilitada por la crisis. Si queremos defender el empleo y proteger a las personas desempleadas. Si queremos evitar fracturas sociales y mantener la equidad y la cohesión de nuestra sociedad en duros tiempos de crisis, defendiendo a las personas de los peores efectos de la misma. Tenemos la obligación de hacer más justo y equitativo nuestro sistema fiscal. Es una tarea económica y una obligación ética inaplazable.
Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal de CCOO