Vivimos un tiempo de ideas simples, lecturas cortas, imagen impactante y realidades virtuales. Las cosas a veces no son simples, ni cortas, ni impactantes, ni caben en un dispositivo electrónico.
El riesgo es que el simplismo se apodere de todo y terminemos sustituyendo el debate por la tertulia, las ideas por las consignas, las propuestas por ocurrencias.
En el campo de la formación esto tiene un peligro muy grande, porque si algo persigue la formación es saber leer, interpretar y transformar realidades complejas, y hacer sencillo lo complejo no es lo mismo que convertirlo en simplismo.
No he llegado hace mucho al campo de la Formación para el Empleo. He llegado cuando habían ya caducado los IV Acuerdos de Formación para el Empleo y todo el mundo hablaba de los V Acuerdos, pero sin abrir una negociación real sobre el tema. Pronto comprendí que no era tan simple, porque la Formación para el Empleo constituye un sistema dentro del Sistema de Formación, que se ha visto golpeado en profundidad por la crisis.
Nada volverá a ser igual en este país tras la crisis y negociar unos V Acuerdos de Formación para el Empleo no puede traducirse en una renovación sino en un cambio en profundidad del modelo de formación. Y no porque el modelo no haya funcionado, sino porque ya no puede sobrevivir en las nuevas condiciones de nuestro mundo empresarial y laboral, si quiere ser útil a las personas y a las empresas.
No tienen razón los que afirman que el modelo se ha agotado, pero sí que el modelo puede bloquearse. No tienen razón los que afirman que hay poco dinero, pero sí que los recursos existentes son mejorables y están mal distribuidos.
Me explico. Los Fondos de Formación para el Empleo proceden de la cuota de formación que la Seguridad Social recauda de las empresas y las nóminas de los trabajadores. Más de 1850 millones de euros en los peores años de la crisis. Ahí no se contabilizan la educación de adultos, ni la Formación Profesional, ni la educación universitaria.
Los recursos no son pocos, pero como se gestionan de forma territorialmente dispersa y desarticulada, en cuanto a las responsabilidades de cada Administración, perdemos buena parte de la eficacia. La descoordinación existente entre la Administración Educativa y la de Empleo, dificultan poner orden en la Formación Profesional española, que podría enriquecerse de la suma de esfuerzos compartidos.
De los más de 1850 millones recaudados por el Estado en cuota de formación de empresarios y trabajadores, más de la mitad acaban en las Comunidades Autónomas. Son fondos finalistas, es decir, sólo se pueden gastar en formación, sin embargo ya hay sentencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, que ponen de relieve la laxitud con la que muchas Comunidades Autónomas aplican estos fondos a otros fines no estrictamente formativos, sin los controles sociales exigibles.
En cuanto al resto de la cuota, una parte muy importante de más de 600 millones va a bonificaciones de las empresas y Permisos Individuales de Formación. Lo que cada empresario paga en cuotas puede ser recuperado si la empresa pone en marcha programas de formación. Lo que en principio parece positivo, se convierte en un campo de minas, si comprobamos las ocasiones en que el empresario incumple el deber de informar a los representantes de los trabajadores.
Si añadimos que el tejido empresarial español está compuesto por pequeñas empresas y microempresas, el campo para las irregularidades y picarescas de todo tipo está abonado.
Al final, la tan traída y llevada Fundación Tripartita, siempre en el punto de mira insidioso de algunos medios de comunicación, no gestiona más del 10% de la cuota de formación, 180 millones de euros. 180 millones que van a programas para formar jóvenes, parados, ocupados, autónomos en ámbitos sectoriales e intersectoriales.
Me llama la atención que periódicos de tirada nacional, acostumbrados a recibir subvenciones autonómicas y a bonificar cursos de todo tipo, se dediquen a atacar el sistema de formación para el empleo, que tantos dineros deja entre sus manos. Pero esto es otro cantar y de los cursos de chino mandarín impartidos por una empresa periodística con cargos a dineros de una Comunidad capital y otras lindezas ya hablaremos en otro momento. Téngase en cuenta que no hay ayudas o subvenciones que cuenten con tantos controles internos como las gestionadas por la Fundación Tripartita, que incluyen inspecciones internas y externas como las de la Inspección de Trabajo, Tribunal de Cuentas, o intervención del Estado.
Por lo pronto, retengamos que empresarios, sindicatos y Gobierno, tenemos la obligación de utilizar unos recursos escasos siempre, pero no pocos, de una forma más ordenada.
Porque el derecho a la Educación y a la formación permanente a lo largo de toda la vida, son dos derechos constitucionales de la ciudadanía, además de ser una necesidad de las empresas, si quieren tener futuro y la mejor inversión que nuestro país y cualquier país puede realizar en tiempos de crisis.
No abordar este reto significaría permitir que los hilillos que surgen de las fisuras del sistema vayan alimentando el chapapote de la crisis económica, de empleo, social y política que nos devora. Significaría permitir que el subsistema de formación para el empleo se bloquee sine die.
Francisco Javier López Martín