Educación, Educación, Educación. Hace un año este era el lema que Esperanza Aguirre esgrimía en su campaña electoral. Estábamos embarcados ya en esta brutal crisis económica que todo lo devora.
Un año después el conflicto educativo desencadenado por las instrucciones de inicio del curso 2011-2012 sufre una nueva vuelta de tuerca que debilita la enseñanza pública y viene a sumarse a los recortes anteriores. El Plan Económico-Financiero puesto en marcha por Esperanza Aguirre y su Consejera Lucía Figar, supone aumentar el número de alumnos por aula, perdiendo 470 profesores más en la pública y un número aún no cuantificado en la enseñanza privada-concertada. No cubrir las bajas por enfermedad y ausencias inferiores a 10 días. Suprimir modalidades de bachillerato en unos 40 institutos. Suprimir becas de comedor y libros, reduciendo el 28 por ciento de estos fondos. Incrementar las tasas universitarias en 174 millones de euros, reduciendo las inversiones públicas universitarias en 80 millones de euros.
Lejos de afrontar la crítica situación en la que han embarcado a la educación madrileña, golpeando a las familias, se empeñan en nuevos recortes, al tiempo que mantienen cesiones de suelo público para construir nuevos colegios privados concertados y se mantienen intactas las ayudas para uniformes, o las desgravaciones fiscales.
No mejorará nuestra situación económica, aumentarán las dificultades, debilitando la cohesión social, profundizando el conflicto social y laboral abierto. La educación estaba en su programa. El programa es un contrato. Un contrato que Esperanza Aguirre ha roto e incumplido.
Por eso la movilización no acaba con esta huelga del 22 de Mayo. Muy al contrario. Son cada vez más los motivos para la protesta y mayores los colectivos y personas que se suman a la misma. No les dimos un cheque en blanco. No toleraremos sus desmanes.
Francisco Javier López Martín