La mayoría absoluta y absolutista del PP en la Asamblea de Madrid acaba de aprobar los Presupuestos Regionales para el año 2013. Unos Presupuestos que implican detraer 2700 millones de recursos públicos en tiempos de crisis y paro, cuando más necesarios son. Una cantidad que, paradójicamente, se corresponde con los 2863 millones que las arcas regionales no recibirán gracias a los regalos fiscales que Esperanza Aguirre ha ido realizando en beneficio de las rentas más altas.
Regalos fiscales en forma de deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Regalos en el impuesto de sucesiones y donaciones, o en el de transmisiones patrimoniales. En la eliminación del impuesto del patrimonio, o en las deducciones del IRPF por gastos en uniformes escolares, por ejemplo.
Para mantener esos beneficios a los más ricos, mientras se cumple con el objetivo desproporcionado de déficit público, se subirán las tasas y precios públicos, las tarifas del transporte, o las tasas universitarias.
En duros momentos de paro, con cerca de 630.000 personas desempleadas, se reducen a la mitad los recursos para empleo, formación y sostenimiento de las oficinas de desempleo.
Las partidas para impulsar el desarrollo productivo pasarán de 64 millones de euros en 2011 a 17 millones en 2013. La Educación madrileña sufrirá un tajo de 554 millones de euros menos. Las Universidades Públicas se verán privadas de inversiones y de programas de investigación viendo reducir sus recursos en 167 millones.
La Sanidad Pública se verá cuarteada y entregada a empresas privadas, como CAPIO, con amplia presencia de antiguos altos cargos y familiares de altos cargos del PP, introduciendo nuevas formas de repago sanitario, como el euro por receta. Se ignora, una vez más, el malestar ciudadano y de los trabajadores de la sanidad pública movilizados en torno a la marea blanca.
La igualdad de género reduce a la mitad su presupuesto y la cooperación internacional, ya maltrecha y lejos del 0´7% del PIB, pasa de 24 a menos de 5 millones de euros.
Hasta aquellas partidas que aparentemente crecen, como las de la Renta Mínima, para personas sin recursos y en riesgo de pobreza, encubren una mentira. Se presupuestan casi 82 millones de euros, con un crecimiento aparente del 45´6%, cuando en Noviembre de este año, el Gobierno Regional había gastado ya 84´6 millones de euros, a falta de un mes de ejercicio presupuestario.
El Gobierno Regional prepara destrozos como el despido de más del 80% de la plantilla de Telemadrid, un servicio público del que sólo les interesa salvaguardar el aparato de propaganda.
Mientras tanto todo son facilidades, exenciones y paraísos fiscales al margen de la ley para unas Eurovegas que amenazan con convertirse en un enclave, una base de la mafia del juego internacional, en el corazón de España. Según estos Presupuestos, si se creasen los más de 200.000 puestos de trabajo prometidos, las arcas regionales deberían abonar a Eurovegas cerca de 1800 millones de euros en subvenciones.
Para salir de la crisis y acabar con el paro no se nos ofrecen mejoras productivas, más investigación, fortalecer nuestras empresas y salvar empleo, proteger a las personas desempleadas y consolidar el Estado Social y su capacidad de proteger a las personas. Se nos ofrece un casino que no dejará dinero en Madrid y cuyo empleo de baja calidad nos acerca más a Macao que a Europa.
Estamos ante un despropósito que deslegitima a sus impulsores. Que contribuirá a hundirnos más en la crisis y aumentar el paro. Que merece el rechazo político y social. Que contribuirá a incrementar la conflictividad laboral y de una ciudadanía que desconfía cada vez más de la política y de los políticos como instrumentos útiles para afrontar los graves problemas que amenazan nuestro empleo y la calidad de nuestras vidas.
Los Presupuestos son la Ley más importante de cada año. La que asigna recursos, siempre escasos, a prioridades políticas. Las personas, especialmente en tiempos de crisis, son la prioridad absoluta. Más que nunca los Presupuestos deberían reflejar las necesidades y problemas de las personas y no la imposición de las élites gobernantes.