6 Mar, 2018

La guerra de las pensiones

Hace unas semanas escribí sobre las movilizaciones de los pensionistas frente al Congreso de los Diputados. Titulaba el artículo Los pensionistas toman la calle. Advertía que dejar que las cosas se pudran para justificar el desmantelamiento de las políticas públicas, es una estrategia suicida, cuando quienes reclaman soluciones son más de nueve millones de personas que comienzan a estar hartas y que no están dispuestas a apechugar con la carga del abandono de las políticas de protección social.

Esta semana, los mayores han vuelto a la calle de forma aún más masiva y, mientras esto ocurre, el gobierno sigue enviando a su ministra más rociera a entonar la cantinela de que la crisis ha sido benévola con nuestro mayores, que total no han perdido tanto poder adquisitivo y que les preocupa mucho el futuro de las pensiones.

Pero la cruda realidad es que, desde la reforma de las pensiones del PP en 2013, las subidas anuales de las pensiones son cada vez más miserables. El 0´25% de subida de este año no tiene nada que ver con el crecimiento de la inflación del año anterior, ni con las previsiones para finales de 2018.

Vivimos en un país que crece a ritmos de entre el 2 y el 3 por ciento. Ya se encarga el gobierno de explicar lo bien que nos va económicamente. Nuestra Constitución, esa que va a cumplir 40 años, esa misma que el gobierno no ve motivos para cambiar, la que establece claramente que Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

Sin embargo,los pensionistas ven menguar su poder adquisitivo. Tienen que cubrir las necesidades de sus familias, laceradas por el paro y condenadas a la precariedad laboral y vital. Ven subir los precios de los productos y consumos básicos, como la luz o el gas, muy por encima de su pensión.

Pero es que, además, elementos esenciales de protección social, como la Sanidad, o la Atención a la Dependencia, los Servicios Sociales, se han resentido duramente con los recortes del gobierno durante la crisis y agudizan el empobrecimiento real, no sólo de las rentas, sino de la vida cotidiana de nuestros mayores.

Ahora que se avecinan el 8 de marzo y la Huelga feminista convocada en toda España, conviene resaltar que la famosa brecha salarial alcanza en las pensiones dimensiones escandalosas, a causa de la discriminación a la que se han visto sometidas las mujeres cuando han conseguido acceder a un empleo. Por eso la cuantía de sus rentas se encuentran lastrada por cotizaciones más bajas a la Seguridad Social y amplios periodos sin trabajar, lo cual da lugar a pensiones mínimas, cuando no se ven condenadas directamente a Pensiones No Contributivas, que obligan a muchas mujeres a vivir con menos de 400 euros al mes.

Mientras tanto, la banca y las aseguradoras privadas (basta leer las declaraciones recientes de la Presidenta de las organizaciones aseguradoras, UNESPA), redoblan sus cantinelas y para que lluevan los recursos de las pensiones sobre su cartera de negocios. La justificación es que el sistema de pensiones es insostenible. Pero lo verdaderamente imposible es conseguir que la Seguridad Social obtenga los recursos necesarios para mantener las pensiones actuales y futuras, cuando la reforma laboral del PP ha propiciado que el empleo que se crea sea temporal, a tiempo parcial y mal pagado. Así, las cotizaciones a la Seguridad Social crecen mucho menos que el empleo.

Sin trabajo decente, sin salarios dignos, con bonificaciones que cargan sobre los ingresos de la Seguridad Social todo tipo de políticas de apoyo a la creación de cualquier tipo de empleo; sin recursos suficientes para perseguir el fraude en la contratación, lo normal es que no haya recursos suficientes.

Hay muchas cosas que se podrían hacer para que los recursos procedentes de las cotizaciones sociales aumentaran hasta cubrir las necesidades actuales. Estamos a tiempo de prevenir y afrontar el futuro. Pero el gobierno parece haber tirado la toalla y cedido a las presiones privatizadoras que profundizan el deterioro de la protección social.

Deberían de entender, aunque no lo harán, que las maniobras de distracción tienen un tope y que las personas mayores están alcanzando su límite de tolerancia. La guerra de las pensiones puede tener un coste impagable para un gobierno que arrastra ya una pesada mochila de incompetencia, casos de corrupción y puertas giratorias que demuestran que, lejos de defender los intereses de la mayoría, ejerce de portavoz y adalid de los intereses de los más ricos y poderosos.

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