22 Sep, 2020

Ley de la Memoria

Este artículo va de memoria, de recuerdo sí, de recuperar el pasado, pero también de rebeldía para no encadenarse a ese pasado, de aprendizaje de cuanto fue y ocurrió, para intentar convocar y repetir los aciertos y para impedir renovados errores venidos de tiempos indeseables. Leo en infoLibre, que el gobierno se prepara para presentar un proyecto de Ley de Memoria en nuestro país y me informo de las principales claves de la futura norma, aunque ya avisan de que el borrador puede verse alterado.

Me parece bien la propuesta de que los procesos, juicios y condenas perpetrados por los tribunales franquistas sean no sólo revisados, sino anulados directamente. Desde los tribunales y consejos de guerra improvisados durante la Guerra Civil, hasta el de la Represión de la Masonería y el Comunismo, o aquel posterior Tribunal de Orden Público (TOP), serán declarados ilegítimos y sus sentencias resultarán anuladas, por más que el reconocimiento personal parece que no dará lugar a responsabilidad de reparación ni indemnización alguna, por parte del Estado.

Y me parece oportuno que el Estado plantee poner en marcha una auditoría del expolio que investigue y busque todos aquellos bienes (da igual que fueran tierras, dinero, obras de arte, inmuebles, que fueron incautados durante la guerra y durante toda la dictadura franquista. Parece lógico que la restitución de cuanto fue robado se asiente en datos fidedignos auditados.

La ley entra, al parecer, en las reparaciones a  las que serían acreedores quienes fueron forzados a trabajar en Batallones Disciplinarios, Campos de Concentración, Prisiones Militares y todas aquellas instituciones que utilizaron mano de obra cautiva y trabajo esclavo para producir en empresas, o construir obras públicas, monumentos, edificios.

Hay toda una serie de artículos y disposiciones que inciden en olvidos intencionados que han durado décadas y que han viciado, emponzoñado y corrompido la convivencia. Olvidos como el establecimiento de un censo de víctimas de la violencia, la represión, los muertos en combate, los desaparecidos en los frentes, en las fosas, en el exilio, en los campos de concentración nazis, en la guerra mundial.

Olvidos como el de haber mantenido durante décadas títulos nobiliarios, reconocimientos, honores, condecoraciones o recompensas, otorgados durante el franquismo, o incluso en la etapa democrática, que suponen ensalzamiento y enaltecimiento de la guerra civil, de la dictadura, o han sido concedidos a personajes distinguidos de la dictadura, o que han participado abiertamente en los instrumentos de represión.

Olvidos como el de no retirar medallas policiales a los torturadores que dedicaron su vida a perseguir a los demócratas y a atenazar cualquier intento de avanzar hacia la libertad. Olvidos como mantener a Primo de Rivera enterrado en el Valle de los Caídos, o a Queipo de Llano en la basílica de La Macarena. O como mantener, tolerar y soportar los símbolos de franquismo.

Hay otras cuestiones como la extinción forzosa de fundaciones como la Francisco Franco, que realizan abiertamente apología del franquismo, o la incitación al odio, o la violencia, impidiendo que haya organizaciones que terminan recibiendo ayudas públicas aún después de ser condenadas por haber incurrido en estos delitos. De hecho parece que se crearía una Fiscalía dedicada específicamente a perseguir a estos delincuentes del franquismo que violaron impunemente los Derechos Humanos y el Derecho Internacional en esta materia.

Estamos ante una ley extensa, prolija, que toca muchos palos de esos que nadie se atrevía a tocar y, por ello, una ley que será polémica. Que modificará contenidos curriculares en la enseñanza Secundaria y en el Bachillerato, o que establece días como el 31 de Octubre para Recuerdo y Homenaje a las Víctimas, a Todas las Víctimas, o el 8 de Mayo para Recuerdo y Homenaje de las Víctimas del Exilio.

Sin embargo, puede que lo que más me haya impresionado sea el hecho de que la Administración general del Estado se responsabiliza de buscar a las personas desaparecidas y enterradas en las fosas comunes, creando un Banco Nacional de ADN de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que facilite la identificación de las personas desaparecidas. Una voluntad que debe de ir acompañada del refuerzo de la investigación y el acceso a los archivos disponibles.

La responsabilidad de encontrar las huellas, desvelar el destino y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, en las fosas al borde de un camino, en las tapias de un cementerio, o aquellas en las que acabaron los exiliados en cualquier playa, campo de concentración, campo de batalla, o rincón del planeta no puede ser tarea de la que el Estado se desentiende, como ha venido haciendo, para dejar en manos de las asociaciones de la memoria.

La responsabilidad del conocimiento, la de reconstruir la memoria de los hechos tal cual ocurrieron y facilitar la interpretación de esa memoria para convertirla en ejemplo para quienes construimos el presente y para cuantos vendrán a sucedernos en el futuro. Obligación del Estado y responsabilidad de cada persona en este país, de cada generación en su tiempo histórico.

Deja una respuesta

Mensaje:

Categorías