9 May, 2018

Luis Montes, un defensor de la vida

No entiendo a quienes defienden la vida hasta justo antes de nacer y, de nuevo, en el preciso momento antes de morir. Todo lo que hay en mitad de esos dos instantes, les trae totalmente sin cuidado. No les preocupa si hay suficientes escuelas infantiles, si la desnutrición infantil aumenta, si la sanidad pública se deteriora, si el abandono escolar crece, si nuestro trabajo es paro, o moderna esclavitud, si las familias salen como pueden al paso de la imposibilidad de conciliar la vida laboral y personal.

No les preocupan tampoco nuestras pensiones, ni si la atención a la dependencia funciona, o si morimos en un hospital, entre terribles dolores. Al grito de Dios lo quiere, reconvertido por los ultraliberales en El mercado lo exige, han convertido a las personas en producto que se compra, se vende y es perfectamente intercambiable y hasta sustituible si un robot suple su papel en la producción.

No creo que haya una mano negra que decida estas cosas en un oscuro despacho y que toda la humanidad siga el camino allí decidido. Pero sí creo que hay creadores de tendencias que marcan el camino no escrito de la humanidad y de los pueblos.

Una de esas tendencias, la de convertir las necesidades de las personas y el papel del Estado (desarrollado a través de sus diferentes expresiones administrativas), en negocio puro y duro, se impuso en Madrid, con fuerza inusitada, a partir del golpe de estado triunfante del Tamayazo, en las elecciones autonómicas de 2003. Seguimos sin saber quiénes fueron los impulsores de ese golpe y quiénes lo financiaron, pero sí sabemos quiénes fueron los beneficiarios económicos y políticos del mismo.

Y también conocemos que el primer frente de batalla abierto por los impulsores de la tendencia ultraliberal y privatizadora se desencadenó en Madrid en el año 2005, cuando, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, el entonces Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, salido de las huestes de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía, decidió dar crédito a denuncias anónimas cursadas contra los doctores Luis Montes y Miguel Angel López, a los que se acusaba de haber asesinado a 400 pacientes a golpe de sedaciones, en el hospital Severo Ochoa de Leganés.

Se abrieron comisiones de investigación, expedientes, procesos judiciales. Se alentó una campaña de difamación en algunos medios de comunicación. En defensa de los profesionales, convocamos movilizaciones de todo tipo, manifestaciones, concentraciones, paros, marchas, actos públicos. Al final, de los 400 muertos, se pasó a 73 y de ahí a malas prácticas, hasta que los tribunales terminaron cerrando el caso con  el sobreseimiento. La acusación no tenía razón, ni podía ser demostrada.

Pero ya estábamos en 2008 y, a estas alturas, el verdadero objetivo del gobierno Aguirre ya se había cumplido con creces. La imagen de la sanidad pública había sufrido un golpe terrible a manos de quienes tenían la obligación de preservarla y defenderla. De nada valían ya los sobreseimientos, ni que luego, el portavoz del gobierno de Aznar, Miguel Angel Rodriguez, fuera condenado al pago de 30.000 euros, por “delito continuado de injuria grave realizado con publicidad” contar el doctor Luis Montes.

Para entonces Lamela y su sucesor, Juan José Güemes, también extraído de las mesnadas de Rodrigo Rato y yerno del todopoderoso Carlos Fabra, ya habían tomado carrerilla para convertir Madrid en el campo experimental de todas las formulas de privatización hospitalaria ensayadas en España y fuera de nuestras fronteras: Fundaciones, empresas públicas, empresas privadas concertadas, empresas mixtas.

Alguna entidad financiera, una constructora y una gestora de la sanidad privada, o un empresario bien situado en la órbita de Aguirre (así ocurrió con el entonces presidente de la patronal CEIM), se hicieron con estos nuevos hospitales que nacían con financiación pública y beneficios asegurados.

Luego llegaron las concesiones de los colegios concertados, las autopistas radiales, los peajes en sombra, las Escuelas Infantiles, las universidades privadas, la Ciudad de la Justicia, el Canal de Isabel II, la jibarización del proyecto de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el destrozo de Telemadrid entregada a productoras privadas, el caprichito del golf en las instalaciones del Canal. Eran ya los tiempos de Granados e Ignacio González.

Hoy leo que Luis Montes ha muerto de un infarto, a los 69 años, cuando viajaba hacia Molina de Segura, para intervenir en un acto, como Presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Compartí con él pancartas y actos en defensa de su profesionalidad y la de sus compañeros del hospital Severo Ochoa, en defensa de la sanidad pública frente a las agresiones privatizadoras de Aguirre y sus cachorros.

Hoy, Manuel Lamela es famoso por su participación en empresas sanitarias especializadas en gestionar recursos públicos, volvió con Rato a la empresa Cibeles (Bankia) y se encuentra bien situado en cada operación de la sanidad privada para aumentar su presencia en la gestión y el control de todo tipo de servicios públicos sanitarios.

Hoy, Juanjo Güemes, después de dimitir como Consejero de Aguirre, tras las concesiones de servicios sanitarios públicos a empresas privadas que luego le ficharon, se encuentra muy bien cotizado por su experiencia privatizadora, dirige Centros de Emprendedores del IES Business School, del que es vicepresidente económico y sigue formando parte de numerosos consejos de administración.

Mientras siguen a lo suyo quienes defienden la vida sólo antes de que el ser humano nazca y abanderan la prolongación de dolorosos e irreversibles procesos de enfermedad. Mientras siguen triunfando quienes hacen de la vida un producto y de la sanidad pública un negocio. Se nos ha marchado un hombre decente que defendía el derecho a vivir y morir dignamente. Luis Montes, el nombre de un defensor de la vida que no olvidaremos.

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