Los servicios públicos a debate, es el título del curso organizado por la Escuela de Relaciones Laborales, en el marco de los cursos de la Universidad Complutense, en El Escorial. Un curso que la Escuela realiza en colaboración con CCOO y UGT y en el que hemos intentado que estudiantes, cuadros sindicales y expertos en calidad de los servicios públicos, compartan una semana de reflexión y profundización en el conocimiento, para que las luchas que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años se conviertan en procesos de transformación y cambio de las políticas de ajustes y recortes que, con la disculpa de la crisis, pretenden una demolición premeditada del Estado del Bienestar, que ha caracterizado el modelo de sociedad europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO, reflexionó, durante la inauguración del curso, junto a Cándido Méndez y el Rector de la Universidad Complutense, sobre este carácter social de los Estados Europeos, sin el cual Europa perdería todo su sentido. De ahí la necesidad de fortalecer los servicios públicos, como elemento esencial y vertebrador, para salir de la crisis, fortaleciendo el Estado Social y Democrático de Derecho, que establece nuestra Constitución.
Las primeras sesiones del curso estuvieron dedicadas a las intervenciones de representantes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Hacienda, así como de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración Pública. La evaluación de las políticas públicas debería formar parte de las prácticas habituales de cualquier Estado moderno, pero el caso español presenta aún notables insuficiencias. No existe en nuestro país una cultura de la evaluación independiente de las políticas públicas, que permita que la ciudadanía, la sociedad organizada, las fuerzas políticas de Gobierno y oposición, cuenten con elementos suficientes para valorar la eficacia, la eficiencia, la calidad, el grado de satisfacción con los servicios públicos que recibimos.
Una visión que entró en contraste con las opiniones críticas de expertos como Antón Losada, de la Universidad de Santiago, o Ramón Cotarelo, de la UNED, que reflexionaron con los asistentes sobre temas como el acoso a lo público, o el debate sobre lo público en el presente. Un debate que se concretó durante el miércoles en el caso de Madrid, donde tuvimos la oportunidad de reflexionar, junto a los Secretarios Generales de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, José Ricardo Martínez, de UGT y diferentes representantes de la patronal madrileña CEIM, sobre los procesos de privatización de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid que, tras casi 20 años de Gobierno del PP, se ha visto sometida en el ámbito autonómico y local, a todo tipo de tensiones privatizadoras, encaminadas a convertir en oportunidad de negocio cada servicio público y la política en una puerta giratoria que asegura el futuro económico de muchos responsables políticos.
Durante el jueves, cuarto día del curso, me correspondió, en primer lugar, presentar un caso practico de política pública en proceso de reforma, como es el de la Formación para el Empleo y a Carmen López, presentar una valoración de la situación de la Sanidad desde el punto de vista de la eficiencia y la calidad.
Uno de los momentos más esperados se produjo esa tarde del jueves, cuando, moderada por Ana González, Secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Madrid, pudimos escuchar a los ponentes de la Mesa Redonda sobre «Las Organizaciones Sociales, Plataformas y «Mareas», frente a las privatizaciones de los Servicios Públicos». José Luís Pazos, como representante de la CEAPA y de la FAPA Giner de los Ríos, trasladó la unidad y generosidad que se ha producido en la conformación de plataformas, mareas y convocatorias educativas, que han conseguido demostrar la inaceptable selección del alumnado que preside la aprobación de la LOMCE. Hemos ganado sentencias contra los procesos de privatización, pero las sentencias no se ejecutan, ni los responsables políticos pagan precio alguno por seguir privatizando, a sabiendas de las ilegalidades que están cometiendo.
Marciano Sánchez Bayle, en representación de la FADSP, planteó en la mesa la importancia de que organizaciones representativas como los sindicatos de clase, vinculen su trabajo en defensa de los trabajadores y trabajadoras de un sector como el sanitario, con la calidad de la sanidad pública para toda la ciudadanía.
En cuanto a Emiliana Vicente, que intervino en representación del Consejo General del Trabajo Social, denunció cómo se está produciendo una privatización de todo lo privatizable y hasta de lo que no lo es, transformando la cohesión social, que garantizan los servicios públicos y los servicios sociales, en beneficencia.
La última intervención correspondió a Ignacio Ubaldo González, de Jueces para la Democracia, que explicó cómo las actuaciones del Gobierno están produciendo un deterioro de la Justicia y una valoración cada vez peor por parte de la ciudadanía. Leyes regresivas como las modificaciones del Código Penal o de la Seguridad Ciudadana, pretenden una criminalización de la protesta.
Creo que el curso ha sido muy interesante, no sólo para los asistentes como alumnos, sino también para los ponentes, porque ha permitido abrir un interesante debate en torno a la importancia de la lucha que la sociedad española viene realizando para defender los servicios públicos. Una lucha que se produce también más allá de nuestras fronteras y de las de la propia Unión Europea.
Quiero concluir esta reseña, con una anécdota, que considero relevante, entre las muchas que se producen en un curso como éste. El miércoles por la tarde, una mujer que se presenta como Juana,se incorpora como oyente en la sesión de la tarde. Al terminar,comenta que es chilena, que acaba de llegar, a las 12 de la mañana a Barajas. Que venía de vacaciones por una semana, que ha visto una reseña sobre este curso y, despreciando el jet lag, ha decidido tomar el tren y venirse a El Escorial.
Trabaja en la Administración Pública chilena y está afiliada a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, integrada en la CUT (Central Unitaria de Trabajadores). El lema de su sindicato es La Unidad de los Trabajadores es invencible y en él se agrupan los empleados públicos chilenos.
Juana volvió al día siguiente, perdiendo un día más de vacaciones, para tener la oportunidad de comprobar junto al resto de asistentes, que los intentos de deteriorar los salarios, el empleo, o los derechos laborales; los intentos de deteriorar las pensiones, privatizar la sanidad, o la educación, debilitar los servicios sociales, forman parte del patrimonio común de aquellos que más allá de las fronteras de cada país y la ubicación de los continentes han decidido convertir la vida en dinero, aún a costa de degradarla hasta límites inhumanos.
Juana viene de un país, como Chile, que viene de vuelta de la traumática experiencia de una dictadura, propiciada por el neoliberalismo feroz de la Escuela de Chicago. Que trajo fondos privados de pensiones, bajos salarios, aseguramiento sanitario privado, enseñanza privada y de pago, que subsiste gracias al deterioro sistemático de la enseñanza pública. Una Universidad cada día más cara y sometida a procesos de selección, que han provocado un duro conflicto social a lo largo de los últimos años, unos servicios sociales en la mínima expresión y unos servicios públicos sometidos al precepto ultraliberal del mínimo Estado y el máximo negocio.
Juana tiene muchas esperanzas en el cambio que debe traer la nueva Presidenta, Michelle Bachellet y, escuchándola, uno siente la responsabilidad de hacer cuanto esté en su mano, para que ese camino de vuelta del infierno neoconservador, que Chile emprende en estos momentos, no sea recorrido en sentido contrario por España. Hacer todo cuanto sea posible para que, tras la dura crisis que estamos viviendo, tal como anunció Salvador Allende, seamos capaces de abrir las grandes alamedas por las que pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, que construyen un Estado Social y Democrático de Derecho.
Francisco Javier López Martín