Vivimos tiempos de dura crisis económica que tensan la política, y la sociedad españolas. Deberían de ser momentos para buscar los más amplios consensos y acuerdos para afrontar el problema sin destrozar la convivencia política y reduciendo al máximo los problemas de cohesión social que las crisis traen consigo.
Por eso no se entiende bien que, ante una exigencia de dos dirigentes europeos, como Merkel y Sarkozy, de introducir en la Constitución el déficit cero, los partidos mayoritarios españoles hayan perdido las formas y la compostura, para reformar la Constitución Española. Sobre todo teniendo en cuenta que el equilibrio constitucional siempre ha sido delicado.
Una cosa es que haya que ser riguroso en el gasto público, cosa que la inmensa mayoría entendemos y otra muy distinta que el Gobierno vea anuladas y limitadas sus posibilidades para corregir los problemas de cada ciclo económico. El déficit cero, elevado a categoría constitucional supone aceptar los postulados económicos de aquellos que produjeron la crisis y que utilizan con mano de hierro la deuda soberana para acosar a los países europeos, poniendo así en riesgo las prestaciones y servicios públicos que caracterizan al modelo económico y social europeo.
Una reforma de largo recorrido y amplios plazos de aplicación que no contribuirá a corregir el déficit público actual. Necesitamos apuntalar, consolidar y promover nuestro tejido económico. Necesitamos priorizar el empleo. Necesitamos proteger a los parados y sectores más golpeados por la crisis. Necesitamos repartir mejor las cargas para salir de la crisis y necesitamos, claro que sí, gastan bien y con rigor los recursos públicos. Estos objetivos tienen muy poco que ver con la reforma constitucional que se plantea.
Si además la reforma se plantea en pleno periodo vacacional, en una tramitación de urgencia de 15 días, por acuerdo de los dos grandes partidos, marginando al resto del espectro político y a todos los interlocutores sociales. Huyendo descaradamente del sistema habitual para reformar la Constitución: el Referéndum. Podemos concluir que estamos ante una reforma constitucional inaceptable.
Un desprecio más al malestar social expresado por la Huelga General del 29 de Septiembre, las manifestaciones sindicales o, las movilizaciones en torno al 15-M.
La política debería rechazar en el Parlamento la propuesta y dar la palabra a los trabajadores y la ciudadanía para expresar su posición ante la reforma constitucional, sometiéndola a referéndum.
El próximo día 6 de Septiembre, Madrid expresará el rechazo a esta reforma constitucional y la exigencia de celebración de un referéndum, en una masiva manifestación, antes de que el despropósito sea perpetrado.
Francisco Javier López Martín
¿¿¿Este es el giro a la izquierda que decias que habia dado el psoe allá por las elecciones autonomicas hace unos meses….??
Pongamos que hablaba de Madrid, y matizando