Qué obsesión tienen nuestros gobernantes regionales, por contener el déficit recortando gastos. Qué miedo a los insaciables mercados, al déficit público, al gasto público.
Es cierto que esta Comunidad Autónoma se ha embarcado en inversiones que generan gasto público anual sin asegurar los ingresos suficientes. Pagar la deuda contraída para pagar METROSUR, con un nivel de utilización mucho más bajo de lo estimado provoca déficit. Los nuevos hospitales hay que pagarlos a base de un abultado canon anual que provoca déficit.
Buena parte de las nuevas inversiones se han realizado a crédito, comprometiendo cuantiosos pagos anuales a los constructores y gestores privados. No figuran como deuda pero es gasto comprometido por décadas.
Los recursos económicos, sin embargo, no han aumentado. Cuando la actividad económica crecía, el Gobierno Aguirre no aprovechó la mayor recaudación sino para poner en marcha rebajas fiscales para las rentas más altas. Cada año más de 2.000 millones de euros se pierden en recaudación a causa de las alegrías fiscales.
En tiempos de vacas gordas la pérdida de ingresos fiscales procedentes de las rentas altas se compensaba con los mayores ingresos en IVA, o en IRPF. Ahora las vacas son flacas y, en lugar de revisar la política de ingresos, dando marcha atrás en los regalos, rebajas y desgravaciones fiscales, lo único que encontramos es reducción de gasto público en servicios públicos esenciales como la educación.
En lugar de aplicar políticas anticrisis, que reactiven la economía y apuesten por el empleo, nos encontramos con 3.000 profesores que no tendrán trabajo este año en la escuela pública. El principal problema para los madrileños, el paro, ocupa un lugar postrero entre las prioridades políticas del Gobierno Regional.
Lejos de ello, los recortes sociales se ven complementados por un intento persistente de poner bienes públicos en manos de inversores privados. Vender el Canal de Isabel II es uno de esos despropósitos, si tomamos en cuenta que el agua es uno de esos bienes que las directivas europeas preservan del negocio privado y si seguimos experiencias como la de París, que tras privatizar su agua, la ha devuelto al sector público, lo cual es coherente en la lógica de una Unión Europea que considera el agua como un bien esencial fuera del mercado y que obliga a nuestros gobernantes a impedir la obtención de beneficios a costa de la gestión de este servicio. Una cosa es una tasa para recuperar el gasto y otra muy distinta introducir el beneficio privado en la gestión del agua.
El Gobierno Regional necesita dinero para sostener una estructura que ha sobrecargado alegremente en los buenos tiempos. Es necesario aplicar criterios de eficacia y eficiencia muy poco utilizados hasta ahora. Pero también hay que revisar en profundidad una desastrosa política de ingresos fiscales inaceptable en tiempos de crisis, porque obliga a las rentas bajas y medias a soportar el mantenimiento del ritmo de vida de las rentas más altas. Y sobre todo, por encima de todo, hay que defender los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, o los servicios sociales, porque de ellos depende salir de la crisis sin debilitar la cohesión de la sociedad madrileña.
Francisco Javier López Martín
