Cuatro años a vueltas con la Ley de Dependencia. Un derecho personal que nació de la reivindicación sindical en el Pacto de Toledo. Una ley que la Comunidad de Madrid ha bloqueado desde su entrada en vigor, aunque otras Comunidades del PP la hayan impulsado, sembrando el caos, la desinformación, la desconfianza y el desconcierto sobre su aplicación en Madrid. No existen datos oficiales objetivos sobre el número real de solicitudaes presentadas y sólo a través del Ministerio de Sanidad y Política Social podemos tener una idea, en base a los datos que la Comunidad traslada al Estado. Todo ello genera una indefensión jurídica y social intolerable.
Lo cierto es que Madrid sigue apareciendo en los últimos puestos de aplicación de la Ley de Dependencia, pese a los esfuerzos de propaganda desplegados por el Gobierno Aguirre
El envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida, la menor capacidad de las familias para apoyar a la persona dependiente, sea mayor o con una discapacidad, auguran un incremento de las necesidades de una correcta aplicación de la ley. Según el Libro Blanco de la Dependencia, en esta situación se encontrarían 174.500 personas en Madrid, el 14 por ciento de las personas dependientes estimadas en el Estado.
Los últimos datos ministeriales disponibles nos dicen que el Gobierno Aguirre ocupa el tercer lugar por la cola en aplicación de la Ley de Dependencia en número de solicitudes presentadas. En concreto, el 2’09% frente al 3’41% de media nacional. Datos sorprendentes del mes de Mayo, ya que en el mes pasado se presentaron 9.132 solicitudes y en Abril tan sólo 455. Solicitudes que tienen que ser primero registradas y luego valoradas. Así cuando la Comunidad dice tener valoradas el 95 por ciento de las solicitudes, se refiere a las registradas como tales, aunque luego existen unas 80.000. solicitudes que habiendo sido presentadas, no han conseguido obtener la denominación de “registradas”.
Ahora bien, una cosa es valorar la solicitud y otra bien distinta obtener una prestación. Así, de las 90.338. solicitudes valoradas, el 20 %, 17.080. dependientes reconocidos como tales siguen en lista de espera. Y ello, pese a que, desde Febrero, de cara a las elecciones, la lista de espera se ha rebajado en 10.000. personas a base de conceder prestaciones de bajo coste, como la teleasistencia.
Además de los efectos electorales, el Gobierno Regional persigue obtener más recursos del Estado, que dependen del número de personas dependientes que obtengan prestación. Por eso, en ese afán electoral y recaudatorio la Comunidad ha hecho crecer el número de prestaciones en más de 8.000. nuevas teleasistencias, pasando de 2.439. beneficiarios a 13.170. desde marzo pasado. Y ha hecho crecer el número de prestaciones para cuidados en la familia, es decir, pagar a un familiar una cantidad, para que atienda a la persona dependiente, pasando de 6.300. beneficiarios a 16.515. Esto es mucho más barato que pagar un centro de día, de noche, una ayuda a domicilio, o una plaza residencial. Por eso el porcentaje de personas que disfrutan de una plaza residencial el cada día más pequeño. Hace un año, más del 50 por ciento de los servicios que se prestaban eran plazas residenciales y ahora suponen poco más de 25 por ciento. En cuanto a la ayuda a domicilio, que creció hasta el 22 por ciento de las prestaciones, hoy se ha estancado y bajado hasta poco más del 20’5%.
No sólo es que vayamos al culo de España. Es que, además, la demora entre la solicitud y la obtención de una valoración como dependiente, que no una prestación, dura entre 18 y 24 meses, incumpliendo así todos los plazos legales y acuerdos entre Comunidades autónomas, en el marco del Consejo Territorial de la Dependencia.
La falta de transparencia en la gestión, la desinformación, la falta de participación social, las fuertes dosis de discrecionalidad en los procedimientos administrativos, crean inseguridad y vienen a vulnerar el derecho efectivo a la atención a la dependencia. El sentimiento de desprotección desemboca en el desánimo. Un buen ejemplo es el hecho de que la Administración Autonómica utilice un instrumento excepcional, como el Boletín Oficial para publicar las listas de aquellas personas dependientes, a las que habiendo fallecido, se les comunica que su procedimiento de solicitud ha concluida. Parece una burla, pero el 13 de Enero se publicaba una lista, ni la única, ni la última, con 3.200 nombres de estos solicitantes, más de 700 de los cuales habían iniciado los trámites hace más de tres años. ¿No hay otra manera de localizar a miles de personas, o a sus familiares, que utilizar el Boletín?
En definitiva, la dignidad haría necesario revisar en profundidad una política social autonómica que presta tan poca atención a los derechos, a la participación de la sociedad y a la gestión adecuada de los recursos. Está en juego la decencia de las vidas de nuestros mayores y personas dependientes y, tarde o temprano, ojala no me equivoque, todos y todas llegaremos a serlo. Esperemos para entonces mejores políticas y mejores gobiernos.
