La justicia en España es muy lenta y una justicia lenta ya no es justicia. Ante la convocatoria de Huelga General del 29-S, el Gobierno de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, decretó unos servicios mínimos que los sindicatos consideramos abusivos. Recurrimos ante los tribunales porque Esperanza Aguirre vulnera el Derecho Fundamental de Huelga, recogido en la Constitución Española, al no motivar, ni establecer proporcionalidad alguna en esos servicios mínimos.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su informe considera que la Administración Regional tiene efectivamente que motivar las razones por las que se limita el ejercicio del derecho de huelga al establecer servicios mínimos en un servicio esencial. Además debe hacerlo con ponderación de los factores y criterios que se aplican. No sirven indicaciones genéricas. Es más, la Fiscalía aclara que cuanto mayor sea la limitación al derecho de huelga, la exigencia de motivación es más importante para poder enjuiciar la proporcionalidad de la decisión del Gobierno Regional.
Continúa el Fiscal estimando que, en la Huelga General del 29-S, el Decreto de Servicios Mínimos carece de motivación suficiente respecto de las razones que determinan la fijación de los servicios mínimos. Es más se obvia todo tipo de justificación y se citan los servicios de transporte, hospitalarios, Residencias y otros servicios como ejemplos de motivaciones genéricas que incumplen los criterios de la doctrina constitucional.
En cuanto a la proporcionalidad obligada entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas en función del cumplimiento de mínimos indispensables, la Fiscalía considera que fijar servicios mínimos que llegan al 100 por cien del servicio, en algún caso, unido a la carencia de motivación por los que se establecen y ampliándolos a servicios que en ningún caso revisten carácter de servicios esenciales no cumple esos criterios de motivación y proporcionalidad.
La Fiscalía concluye que debe ESTIMAR el Recursos interpuesto por CCOO y UGT contra el Decreto de Servicios Mínimos del Gobierno Regional de Esperanza Aguirre, por vulnerar el Derecho Fundamental de Huelga establecido en el artículo 28.2 de la Constitución Española.
A estas alturas, con tantos decretos de Servicios Mínimos anulados por los jueces, como en el caso de Metro, la pregunta es ¿El Gobierno de Esperanza Aguirre prevarica?. Es decir ¿aprueba decisiones a sabiendas de que son ilegales y hasta inconstitucionales?
Lo malo es que los tribunales lo terminarán respondiendo dentro de años y a saber dónde estarán entonces Aguirre y su Gobierno. Lo dicho, la justicia lenta ya no es justicia. De eso se valen. Ya les vale.
Francisco Javier López Martín
