Algo muy grave tiene que estar pasando en el sistema democrático para que tengamos que considerar un triunfo el que nuestros gobernantes acepten sentarse a negociar con los legítimos representantes de los trabajadores de la enseñanza pública madrileña.
Más grave aún, este incumplimiento de las leyes, cuando esos trabajadores llevan medio año protagonizando manifestaciones multitudinarias y jornadas de huelga con amplio seguimiento. El malestar es incuestionable y la protesta se ha expresado de incontables maneras.
Frente a ello, Lucía Figar, Consejera de Educación, ignora que hay una Mesa Sectorial de Educación, legalmente constituida, en la que tiene obligación de informar a los trabajadores y negociar con ellos.
No hay obligación de alcanzar acuerdos, pero sí de informar y acreditar que se ha negociado. Por no hacerlo así, el Gobierno de Aguirre se ha llevado cuantiosos varapalos judiciales, al ver anuladas sus decisiones, aunque meses o aún años más tarde, y con escasa consecuencias, merced a la lentitud de la justicia y la irreversibilidad de lo ya hecho y ejecutado.
Incluso cuando hemos intentado que la repetida reincidencia en decisiones injustas, a sabiendas de ello, por parte de responsables políticos del gobierno Madrileño, sea penalmente castigada, hemos topado con las reticencias de una justicia siempre remisa a meter en cintura a unos políticos que, en su desfachatez, manifiestan en público que no importa actuar ilegalmente, a sabiendas, porque aún cuando los tribunales declaren ilegales sus actos, ellos llevarán años alejados de esa responsabilidad política y las consecuencias personales serán mínimas.
Es verdad que la convocatoria de la Mesa Sectorial, el pasado día 12 de Enero, no ha servido para solucionar el problema creado por la publicación de las instrucciones de inicio de curso en la enseñanza secundaria madrileña. Es verdad que la propia Presidenta regional ha manifestado que no piensa dar marcha atrás en la decisión de ampliar a 20 las horas de docencia. Pero esa misma mesa ha servido para que CCOO exija abrir un proceso de negociación sobre las plantillas de profesorado necesarias en cada etapa educativa, restableciendo un funcionamiento de los centros que se ha visto paralizado por la falta de personal, acabando con la precariedad laboral que suponen contratos por un tercio de jornada, impago de las vacaciones, despidos discriminatorios, o falta de derechos laborales básicos.
Situaciones que vienen a sumarse a temas pendientes como horarios, devaluación de tutorías, contrataciones irregulares, recortes de gastos de funcionamiento, ratios de alumnos muy elevadas, desarrollo de la carrera profesional, formación continua. Todos ellos asuntos de plena competencia de la Mesa Sectorial de Educación.
La convocatoria de esta Mesa no supone la solución al conflicto. Aventuro que el camino será aún largo y duro. Aventuro que tendremos que mantener la movilización prolongada en el tiempo para abrir puertas a nuestras propuestas, a una Escuela Pública de toda la ciudadanía para toda la ciudadanía. Pero la movilización ha forzado el primer paso y constituye un primer triunfo.
Francisco Javier López Martín