Parece que el Estado Autonómico se ha convertido en un objetivo a batir por parte de los neoconservadores españoles. Dicen que es caro, ineficiente y no garantiza la unidad de mercado, sin saber muy bien a qué se refieren con esa cacareada unidad. Para empezar llama la atención que su preocupación sean los mercaderes y no los ciudadanos y ciudadanas. Su efectiva libertad y su igualdad real.
Los neoconservadores españoles, sus cohortes de bienpagados tertulianos, tienen muy claro que el poder económico es prevalerte sobre el poder político y sobre la democracia misma y, por eso, les preocupa la unidad de mercado y no la unidad de acceso a derechos.
Mi lógica no pasa, sin embargo por cuestionar el Estado Autonómico, ni la Constitución. Durante estas tres décadas democráticas, hemos producido una descentralización administrativa que ha tenido efectos positivos sobre los ciudadanos y ciudadanas.
Precisamente, desde la altura de estas tres décadas, conviene evaluar y reorientar aquellos aspectos del Estado Autonómico que presentan más debilidades. Por ejemplo, el desarrollo autonómico ha olvidado el desarrollo de competencias y recursos necesarios en el ámbito más cercano a la ciudadanía, que es la Administración local, inmersa hoy en un serio problema de financiación que no hará sino agudizarse en el inmediato futuro. Sin ampliación de competencias, pero con mucha actividad asumida como propia, los ayuntamientos no pueden depender de recursos vinculados al suelo, la vivienda, los desarrollos urbanísticos, e inmobiliarios.
Es éste un problema serio para el desarrollo futuro de nuestro país. Otro problema es garantizar la igualdad en el acceso a bienes públicos esenciales, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.
El caso de la Sanidad es un buen ejemplo. La asunción de competencias sanitarias, por parte de las Comunidades Autonómicas, ha ido produciendo fenómenos como una financiación muy desigual. Así Baleares sostiene un gasto sanitario de 1.003 euros per cápita, 1.079 en Valencia, o 1.103 en Madrid, frente a los 1.564 de País Vasco, 1.528 de Navarra, 1.495 de Asturias, o 1.390 de Extremadura. No es que crea que el gasto es el único criterio de calidad. La edad de las personas, o su dispersión geográfica, son elementos a tomar en cuenta, pero el desequilibrio del gasto entre Comunidades indica también un desequilibrio en el ejercicio de los derechos.
El sistema de financiación de las comunidades autónomas debería tomar en cuenta y asegurar fondos suficientes para garantizar el acceso a bienes públicos esenciales y preferentes, como la sanidad pública.
Sin embargo, aunque aparentemente sea así, el efecto pretendido de reforzamiento del bienestar, la igualdad, la corresponsabilidad, la estabilidad, la Autonomía garantizando la suficiencia de recursos, no terminan asegurándose.
Entre otras cosas porque los fondos del Estado, transferidos a las Comunidades Autónomas, en función de variables sanitarias, no tienen por qué terminar siendo gastados en sanidad. No son finalistas. Para agravar el problema, contamos con menos recursos para la sanidad en los Presupuestos Generales del Estado (un -8,2 por ciento en 2011) y la incapacidad de fijar objetivos comunes, incentivados económicamente, aprobados en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se encuentran las Comunidades Autónomas y el Ministerio.
Somos un país cuya riqueza, cuyo Producto Interior Bruto (PIB), es ya del 93 por ciento de la media de la Europa de los 15. Sin embargo, dedicamos a Sanidad tan sólo el 74 por ciento de lo que dedican la media de estos países.
Hay, por lo tanto, que dedicar más recursos, mejor repartidos con carácter finalista, en el caso de servicios públicos como educación o sanidad y mejor gestionados, en función de Planes y Objetivos compartidos entre las Comunidades Autónomas.
Salidas a la Madrileña, como derivar sistemáticamente recursos públicos hacia el sector privado, sólo acarrean más gastos, con menos eficacia y calidad en los servicios.
Francisco Javier López Martín
