Cualquiera que escuche a algunos tertulianos hablando sobre la Sanidad en España podría pensar que están poniendo en solfa y cuestión un lujo asiático al que nos hemos acostumbrado, pero que no podemos permitirnos pagar en tiempos de crisis.
Conociendo a estos personajes, los medios para los que trabajan, los gobiernos que les pagan y subvencionan, las Fundaciones en las que pronuncian sus discursos, podemos sacar rápidamente la conclusión de que están preparando el asalto a los cuantiosos recursos que maneja la Sanidad pública, para ponerlos al servicio de intereses bastardos de empresarios privados, que actúan como auténticos bucaneros de los recursos públicos, utilizando banderas políticas de conveniencia.
En segundo lugar, podríamos pensar que hablan de algo prescindible, sin lo que podemos vivir perfectamente. Sin embargo la salud es lo más preciado que tenemos y la sanidad pública un bien esencial al que no debemos renunciar.
La pregunta es, por tanto, si el Sistema Nacional de Salud es insostenible, tal y como pretenden hacernos creer.
El gasto sanitario español se sitúa por debajo del promedio de la Europa de los 15 y sólo es superior a la media de la Europa de 27 países, a causa del destrozo sanitario de países como Rumanía, Bulgaria, o los países bálticos. Gastamos el 9 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto en Sanidad frente al 8,39 de la Europa de 27 países, el 9,6 de la Europa de los 15 y el 11,1 por ciento de los países de más altos ingresos. Es más, mientras que España ha visto crecer su gasto sanitario en un 2,7 por ciento anual a lo largo de los últimos 10 años, los países de la OCDE, han experimentado un crecimiento medio del 4,1 por ciento anual. Nuestro gasto sanitario público es, por lo tanto, muy moderado.
Sin embargo los tertulianos a sueldo nos restriegan el endeudamiento de la sanidad pública en las Comunidades Autónomas, como argumento irrebatible. Pero esta situación tiene que ver con una insuficiente dotación de recursos para la sanidad pública, un elevado gasto en medicamentos y lo caros que nos salen los procesos de privatización que encarecen los costes para dar negocio a la sanidad privada.
Para mantener el sistema sanitario es necesario contar con fuentes de ingresos, es decir, un buen sistema fiscal. Y en esto España es un desastre. Los expertos fiscales hablan de una economía sumergida que ronda el 23 por ciento del Producto Interior Bruto, con lo cual las cantidades no ingresadas en Hacienda superan los 70.000 millones de euros al año. Si nuestro fraude fuera el de la media de la Unión Europea, un 13 por ciento, conseguiríamos ingresar unos
30.000 millones de euros más cada año en las arcas públicas.
Por otro lado las Comunidades Autónomas no reciben del Estado un dinero para Sanidad, sino una cantidad global por todas las competencias que gestionan. Por eso unas invierten en Sanidad y otras lo hacen con menos intensidad. Así, por ejemplo, Madrid dedica 1.103 euros por personas y año en Sanidad, mientras que Cataluña dedica 1.292, País Vasco 1.563 y Asturias 1.495. Estamos a la cola de España, sólo por delante de Baleares o Valencia.
Es verdad, sin embargo, que gastamos mucho en medicamentos. Un 21,3 por ciento del dinero se nos va en medicamentos, frente al 17,4 por ciento de media en los países de la OCDE. Es verdad que los medicamentes se renuevan constantemente y algunos tratamientos son muy caros. Es verdad que en muchos casos no se toman correctamente, se prescriben, dispensan y venden de forma inapropiada. Es verdad que se puede mejorar mucho en este campo, con planes de compra organizados entre las comunidades autónomas y el gobierno central.
Bien, empecemos por ahí, por el uso racional de los medicamentos, lo cual producirá racionalización del gasto y menos beneficios para las multinacionales. Pero eso significa voluntad política y cooperación entre Administraciones. Eso significa menos bronca política y más trabajo. Es más fácil atacar al sistema sanitario público para obtener réditos políticos y clientelismo empresarial, pero no es la solución.
Otro día hablamos de privatizaciones y sobre algunos argumentos recurrentes contra la sanidad pública, como el envejecimiento de la población.
Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid
