Uno de los compromisos de este gobierno es dar solución a los problemas de acceso a una vivienda digna. Hay demasiadas viviendas que no reúnen condiciones de habitabilidad, que no pueden ser reformadas para garantizar que el consumo energético es óptimo.
Existen demasiadas personas que atraviesan malos momentos económicos y no pueden pagar el precio del alquiler. Tan sólo en el primer trimestre del año parece que se han producido casi 11.000 desahucios y eso aún cuando seguimos en un periodo de moratoria, originado por la pandemia.
Es cierto que no todos los propietarios son fondos buitre, ni que todos los inquilinos padecer situaciones de necesidad cuando dejan de pagar un alquiler, tampoco todos los okupas son familias que carecen de recursos y tienen que ocupar una vivienda para no dormir en la calle, pero el problema existe y sigue sin resolverse, lo cual supone una vulneración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española que contempla expresamente el derecho a una vivienda digna.
El problema existe y las soluciones siguen, como siempre, pendientes de la voluntad de los gobiernos. El compromiso de contar con una Ley Estatal que asegure del Derecho a la Vivienda sigue inédito, incumplido, pendiente. Una ley que concilie las necesidades de muchas personas y familias y los derechos legítimos de los propietarios de una vivienda, sobre todo cuando se trata de pequeños tenedores de vivienda.
Las administraciones no pueden cargar la responsabilidad de los desahucios en los propietarios, ni obligarles a soportar los gastos de los inmuebles privándoles de cobrar el alquiler. Tampoco el derecho de propiedad es absoluto, ni el libre mercado puede convertir el alquiler en una trampa para los inquilinos.
Las organizaciones sociales y sindicales vienen insistiendo en que es necesaria una ley que garantice el derecho a la vivienda, a precios razonables, asequibles, contemplada como derecho de las personas en nuestra sociedad, responsabilidad de las administraciones.
Son esas administraciones las que tienen que asegurar que quien no puede pagar un alquiler puede acceder a una vivienda digna para él y para su familia, a precios accesibles, en función de las rentas, los ingresos familiares y tomando en cuenta las zonas geográficas. No me parece descabellada la propuesta de fijar precios máximos de alquiler.
Las políticas de construcción de vivienda social en régimen de alquiler ha sido prácticamente abandonada, privatizada y entregada a los intereses privados. Las políticas de vivienda son políticas sociales que deben tomar en cuenta otros problemas añadidos vinculados a suministros eléctricos, de agua, gas, o telecomunicaciones, endeudamiento hipotecario y de otro tipo.
No será malo, tampoco, que el estado garantice el cobro de las rentas por parte de los propietarios de vivienda, sobre todo de los pequeños tenedores, aún con limitaciones lógicas derivadas de la fijación de precios máximos razonables y tasados del alquiler.
No se trata, por tanto y tan sólo, de abordar un problema de acceso a la vivienda, sino de afrontar el problema de las brutales desigualdades que se han agudizado desde la crisis de 2008 y desde la llegada de la pandemia. Por eso las soluciones no pueden venir desde las administraciones que se ocupan del urbanismo, sino aplicando medidas educativas, sanitarias, sociales, o empleo. Como siempre las mejores soluciones son integrales.
Como siempre la solución vendrá de la asignación de mayores recursos a la política de vivienda y de una mayor participación y compromiso compartido del conjunto de la población. Un gobierno que se reclama de la izquierda no puede dejar estas cosas para el último momento, tarde mal y nunca, porque en la izquierda se juzga la coherencia.
El tiempo corre y las soluciones apremian.
