Los sindicatos CCOO y UGT anuncian concentraciones ante las delegaciones y subdelagaciones del Gobierno en toda España, el día 11 de febrero. Es el inicio de una campaña de movilizaciones para conseguir la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013, de las sucesivas reformas laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Reivindicaciones dirigidas, en primer lugar, al Gobierno y, en segundo lugar, a los empresarios. Es hora de ponerle fechas y calendario a los procesos negociadores, convocar las mesas, establecer una agenda social con objetivos. Venimos de un duro proceso en el que hemos tenido que ir acordando medidas de choque para hacer frente a la pérdida de empleos, al cierre de empresas, durante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Medidas como los ERTE han servido para frenar una pérdida de empleos que hubiera tenido incalculables consecuencias económicas y sociales, pero no pueden entenderse como una solución definitiva, si no queremos toparnos con una riada de ERES que supongan la pérdida definitiva de actividades económicas y empleo.
La principal obligación de gobiernos, empresarios y sindicatos, en momentos tan difíciles es estabilizar la situación económica de millones de personas que están siendo golpeados por la pandemia en sus empleos y en sus condiciones de vida personales y familiares.
Una estabilidad que pasa por acordar políticas y medidas que concedan cierta seguridad, pese a la certeza de un futuro incierto, la seguridad de quienes sabemos que compartimos riesgos y problemas, pero también soluciones y responsabilidades.
Una de esas medidas es la subida del Salario Mínimo Interprofesional, porque no puede quedar en papel mojado el compromiso gubernamental de cumplir la Carta Social Europea, alcanzando cuanto antes un SMI equivalente al 60% del salario medio neto.
Otra de esas medidas es la derogación de la reforma laboral que ha conducido a un escenario de precariedad laboral que convierte en incierto, inseguro, inestable, cualquier futuro profesional, que debilita la posibilidad de regular, negociar, alcanzar acuerdos, firmar convenios, poner en valor la negociación colectiva, establecer condiciones decentes en contratos cada vez más temporales y precarios.
Todo el poder para el empresario, en un momento en el que las condiciones de trabajo y las vidas de las familias trabajadoras son cada vez más duras. Todo el poder para incumplir el convenio, despedir con facilidad, flexibilizar las condiciones de trabajo, subcontratar sin controles, obligar a los trabajadores a convertirse en falsos autónomos.
La tercera medida es dar seguridad y estabilidad al sistema de pensiones, frente a quienes quisieran verlo entregado al negocio privado y, para ello, necesitan debilitarlo, minimizarlo, precarizarlo. Las pensiones de nuestras personas mayores, durante la larga crisis iniciada en 2008 y durante la pandemia, han permitido asegurar la supervivencia de muchas familias. El derecho a una pensión digna es un derecho constitucional, como lo es el de la educación, la sanidad, el empleo, o una vivienda digna.
Las pensiones se rigen por un sistema de reparto. Quienes hoy trabajamos pagamos las pensiones actuales y quienes trabajen mañana pagarán las nuestras, pero eso no significa que los gobiernos no tengan el deber de sostener el pago de pensiones dignas si quienes trabajan no alcanzan a sufragar con sus aportaciones las pensiones actuales. En Europa las pensiones descansan sobre las aportaciones de quienes trabajan, pero también en recursos presupuestarios, en función de las necesidades de cada momento.
No podemos vivir en un país en el que se ha impuesto la idea de que los derechos constitucionales son papel mojado, excepto cuando se trata derechos que afectas a los ricos y poderosos, en cuyo caso no se duda en establecer todo tipo de medidas que aseguren los altos beneficios, ya se trate del caso de de la compra de viviendas sociales por parte de fondos buitre, fijación de los criterios para el cobro del recibo por parte de las compañías energéticas, o las indemnizaciones de más de 1300 millones de euros para ACS y Dundee por las pérdidas en la operación Castor.
Vivimos tiempos de pandemia, los momentos más duros de la misma. Por eso, las movilizaciones del 11-F, ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, serán contenidas y se realizarán guardando todas las medidas de seguridad. Al tiempo irán acompañadas de artículos y acciones mediáticas tanto en las empresas, como en redes sociales, para difundir e impulsar los objetivos sindicales.
Queremos que el gobierno ponga en marcha la agenda social encaminada a cumplir los objetivos: la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la derogación de las Reformas Laborales, el futuro y la revalorización de las pensiones.
Ahora Sí Toca.
