La llaman ley ómnibus, pero, en realidad es una ley atraco. Cuando ya creíamos que las Leyes de acompañamiento de los Presupuestos se habían acabado, resulta que la Comunidad de Madrid se inventa eso que llama ley ómnibus para seguir haciendo las mismas trastadas con diferente nombre.
Las leyes de acompañamiento de los presupuestos estaban pensadas para facilitar que los recursos aprobados pudieran ser ejecutados. Sin embargo en esas leyes terminaban por ser incluidas modificaciones legislativas que nada tenían que ver con los presupuestos.
Lo mismo ocurría con otras leyes que en sus disposiciones finales incluían cambios legislativos en materias que nada tenían que ver con sus objetivos. Vaya, que hacían una ley de vivienda y colaban de rondón disposiciones adicionales a medida que aprobaban cosas como la subida de los precios del transporte público.
Recuerdo que era una batalla constante con los gobiernos de turno que se embarcaban en tejemanejes de todo tipo utilizando este tipo de mecanismos legales, pero arbitrarios y muy poco legítimos. Y ahora la Presidenta de la Comunidad nos vende como una novedad algo tan viejo como las montañas, como el tiempo, como la estupidez del género humano.
Lo llaman ley ómnibus, directamente, literal, un autobús enorme en el que cabe de todo. Cabe tanto como cambiar 36 leyes autonómicas y 7 decretos, en materias tan dispares como el urbanismo, el transporte, el medio ambiente, la sanidad, la caza, o la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas.
Dicen que el gobierno de Ayuso legisla poco, muy poco, casi nada, pero cuando se pone, lo mete todo en el mismo saco, aplica el rodillo parlamentario y adelante con los faroles, sin parar mientes (qué bonita expresión casi, casi perdida, sin parar mientes). Así lo denuncian los sindicatos, las organizaciones vecinales, la Plataforma Social de Progreso, o las organizaciones ecologistas.
Tan sólo en materia medioambiental la ley ómnibus incorpora hasta 8 modificaciones de leyes, promoviendo la caza, o metiendo negocios y desarrollos residenciales en zonas protegidas, al tiempo que elimina los ya escasos controles sociales sobre las actividades económicas que tienen impacto medioambiental.
No la llaman ley ómnibus, está claro. El título pomposo es Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. Ahí es ná. Impulsar y modernizar, pero sin más personas, ni más formadas, ni con más recursos, ni disponiendo de mejores tecnologías aplicadas a la mejora medioambiental.
Muy al contrario, más caza, más actividad agraria, ganadera, de explotación forestal, más turismo, hostelería, comercio, alojamientos hoteleros y viviendas (turísticas y de las otras) en zonas de alta protección.
Una declaración responsable será suficiente para montarse un negocio de explotación forestal, eliminando lo que hasta ahora eran preceptivas evaluaciones de impacto ambiental. Nada importan ya los daños producidos por la actividad económica descontrolada sobe la flora, la fauna, los suelos, el aire, o las aguas. Los destrozos causados pervivirán durante años y décadas. A veces, la mayoría de las veces, serán irreversibles.
Los controles administrativos prácticamente desaparecen, hasta el punto de que las explotaciones ganaderas intensivas, tan cuestionadas en estos momentos, pasan a ser blanqueadas y equiparadas a las explotaciones extensivas tradicionales.
Aparcamientos, carreteras nuevas para muchos más coches, actividades festivas, turísticas, de ocio masivo, tendrán cabida en los espacios naturales madrileños, de forma que la especulación se hace dueña hasta del concepto de sostenibilidad. Lo público, lo que es de todos, se pone al servicio de unos pocos que usan los recursos naturales como privados, privativos, propios.
Los riesgos aumentan de forma descontrolada, entre ellos los de incendios forestales. La prevención de incendios necesita más personal, bien formado, con una ordenación de sus condiciones de trabajo que sea fruto del acuerdo y la negociación y no del capricho de la administración que pretende regular las condiciones laborales al margen de la negociación colectiva.
No puede ser buena una ley que modifica materias tan diversas como los servicios de prevención, extinción y salvamento, la Ley de la Cuenca Alta del Manzanares, la del curso medio del Guadarrama y su entorno, la ordenación de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, la de Agentes Forestales, las leyes de flora y fauna de nuestra Comunidad, o la de vías pecuarias.
Cualquiera puede entender, cualquiera menos el gobierno autonómico madrileño, que cada uno de estos temas, por sí solo, requeriría un tratamiento específico en materia legal y presupuestaria y, sin embargo, todo va al mismo saco y, de forma burda, se abren las puertas al destrozo ambiental de una comunidad con alta densidad de población y con unos espacios naturales que requieren una protección específica y bien delimitada.
No debería ser mucho pedir a nuestros gobernantes autonómicos, o tal vez sí. Tal vez algún día nuestros políticos decidan asumir esos retos, recuperar el valor esencial de la política y gobernar pensando en los pueblos y no en el trasteo de cortos vuelos.
