Una reforma impuesta cuya única finalidad evidente es poner los recursos del sistema en manos de proveedores privados, sólo podía conducir a un empeoramiento de los datos y a una tensión ya insostenible sobre el conjunto del sistema de Formación Profesional para el Empleo.
Las deficiencias son ya insostenibles. Una de las primeras es la ausencia de una oferta de formación sectorial de calidad. Así, en 2015, especialidades formativas como Prevención de Riesgos Laborales, Inglés y Habilidades personales e interpersonales en el entorno laboral, aglutinaron el 25% del total del alumnado que participó en cursos de formación programados por las empresas.
Mientras tanto el 24% del alumnado de los cursos programados por el Gobierno se concentraban en Salud Laboral, inglés, organización empresarial, carretillas, marketing, cocina y comercio exterior.
Dicho de otra manera, se realizaba la formación más rentable para los centros privados, pero no la mejor formación para las personas, ni desde luego la que necesitan las empresas.
En la próxima convocatoria de formación, correspondiente a 2016 y aún no resuelta, todo apunta a que repetiremos deficiencias y que el 75% de los participantes se acumulará en 5 familias profesionales, como Administración y Gestión, comercio, informática, servicios socioculturales y transportes, dejando a 21 familias profesionales con una oferta escasa o nula. De nuevo los ámbitos sectoriales más fáciles en ejecución de formación para las empresas privadas, acapararán la oferta formativa.
Las consultoras y centros de formación ofrecen un catálogo formativo a las empresas y éstas eligen lo más parecido a lo que creen que necesitan, sin reparar en necesidades reales, ni en la calidad de los cursos. Todo apunta a que cerca de 20 ámbitos profesionales sectoriales van a quedar desiertos y 25 más van a quedar sin suficiente oferta en la Convocatoria 2016.
Cuando se programan ofertas específicas sin contar con los trabajadores y trabajadoras, como ocurre con profesiones reguladas, como la del área Fitosanitaria, la oferta final no llega al 10% y los fondos reservados pueden terminar perdiéndose. Lo cierto es que cuando la formación se convierte en negocio y libre concurrencia, el beneficio fácil y la formación poco especializada consiguen muchas bazas.
Otra deficiencia evidente es la diferencia entre formación de oferta programada por el Gobierno y formación de demanda programada por las empresas. Los módulos de coste hora/alumno, en formación de oferta, son mucho más bajos que en el caso de la formación programada por las empresas.
Cuando se trata de bonificarse la formación por parte de una empresa, la bonificación de los costes de formación es automática, no existe valoración técnica de calidad, la duración es extremadamente flexible, con un mínimo de 2 horas. No existe obligación general de incluir criterios de igualdad, o de formación de las personas menos cualificadas, o más desfavorecidas.
Este perverso sistema que se ha promovido y potenciado, aún más con la reforma de la formación puesta en marcha por el Gobierno, termina produciendo, contradictoriamente con los principios de “libre concurrencia” predicados por el Gobierno, una alta concentración de ayudas en unas pocas entidades especializadas en la gestión y tramitación burocrática de planes de formación para el empleo. Así en 2014, 23 entidades concentraron casi la mitad de los recursos destinados a ayudas en toda España.
La reforma impuesta lleva camino de convertirse, tras dos años de aplicación, en un rotundo fracaso que arrastre en su caída lo construido durante dos décadas y media. Los datos son demoledores y las deficiencias evidentes. El bloqueo actual del sistema, no obstante, tiene solución, si se abordan las soluciones desde el diálogo social y el necesario papel que los protagonistas de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), empresas y trabajadores, deben tener en el gobierno de la formación.
Francisco Javier López Martín
Secretario de Formación CCOO
