Parece que vamos superando la crisis sanitaria. El país, el planeta todo, se preparan para remontar aceleradamente los efectos pandémicos de la paralización de la actividad económica y la congelación del empleo. Ya lo anunciaban los economistas tertulianos, las infraestructuras productivas se habían llenado de polvo, pero seguían ahí, intactas, dispuestas a volver a funcionar a pleno rendimiento.
Los primeros en apuntarse a la fiesta han sido las empresas energéticas que han decidido recuperar aceleradamente todos los beneficios aplazados por los confinamientos. Las empresas tecnológicas habían recogido los primeros beneficios del encierro generalizado, luego llegaron los precios disparados del consumo eléctrico, de Filomena para acá y las envidiosas empresas petroleras decidieron ponerse las botas en los surtidores de gasolina.
Así las cosas los precios se han disparado de golpe. Paga gasolina, o cómprate un coche eléctrico y paga recarga de batería, con tarifa nocturna, eso sí, de momento. No es cosa sólo de España, está ocurriendo en todos aquellos países en los que vamos dejando atrás lo más duro de la pandemia.
La actividad económica repunta con fuerza, el empleo vuelve a los momentos anteriores al estado de alarma, los precios recuperan su carácter especulativo habitual en España, pero los salarios se han comportado tal y como se espera en este país que se comporten los salarios, de forma moderada, contenida, sin sobresaltos.
Pero no en todos los casos ocurre lo mismo. Son los hogares con salarios más bajos los que están viendo que los precios de los alimentos básicos, las bebidas, la electricidad, el gas, o la gasolina, son los que más suben, destruyendo su poder adquisitivo. El efecto dualizador, de aumento de las desigualdades, es inmediato.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido uno de los mayores patinazos de este gobierno que no ha llegado a proteger ni a un tercio de los potenciales beneficiarios al someter a los demandantes a rígidas condiciones y medidas de control burocrático de los que terminan por impedir el acceso al derecho, mientras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), parece ir por el mismo camino de los incumplimientos.
La subida del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio es un compromiso del gobierno que no puede quedar abandonado, porque significaría reeditar una vieja práctica de los malos gobiernos que terminan por perseguir más a los de abajo que a los de arriba, beneficiar siempre más a los de arriba que a los de abajo, siguiendo las recomendaciones del siempre clasista Banco de España.
Menos mal que, en esta ocasión, tras las duras lecciones de la crisis económica desencadenada en 2008, son muchos los organismos internacionales, como la OCDE, o el Fondo Monetario Internacional, que se inclinan por medidas de incremento de las rentas salariales más bajas para mejorar su poder de compra y contribuir a la reactivación de la economía.
La subida del Salario Mínimo afecta a casi 1´6 millones de personas y tiene efectos también sobre las brechas salariales entre mujeres y hombres, el riesgo de pobreza, o el consumo de las familias. El incremento del SMI no produce perjuicios en la economía, sino que, muy al contrario, incentiva aumentos de productividad en sectores acostumbrados a obtener beneficios utilizando, casi exclusivamente, los bajos salarios de sus trabajadores.
Nuestro modelo de crecimiento durante el franquismo se asentó en el capital generado por los emigrantes y los dineros sacados de la construcción y de la sobreexplotación turística de nuestras costas y de la clase trabajadora.
Tras la muerte del dictador, la galerna de huelgas desencadenada por el sindicalismo de las CCOO contribuyó a abrir las puertas a la democratización, mejorar las condiciones laborales y hacer frente a las duras condiciones de la carestía de la vida que dio lugar a grandes movilizaciones vecinales.
Si queremos afrontar un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país deberemos apostar por la cohesión, la igualdad y la cooperación y no por producir fracturas cada vez mayores que terminen comprometiendo aún más la estabilidad de nuestras sociedad. El incremento del SMI es una más de las medidas que pueden contribuir a que nuestro futuro sea más libre, nuestra economía sea más justa y nosotros seamos algo más felices.