Todo los días nos asaltan las noticias de nuevas demandas presentadas aquí, allá y acullá. Denuncias, de entidades vinculadas a unos, por no haber prohibido la manifestación del 8 de Marzo, denuncias de entidades vinculadas a otros por la gestión desastrosa de la crisis de este o de aquel gobierno, denuncias de familiares por haber permitido las muertes de ancianos en las residencias.
Denuncias por homicidio, prevaricación, omisión de socorro, imprudencias temerarias, contra la seguridad de los trabajadores, por lesiones. Ha llegado a nuestras tierras la costumbre americana de acudir a los tribunales cada vez que sientas que se han vulnerado tus derechos.
Lo aprendimos en alguna de esas películas y series en las que se montan espectaculares procesos para obtener cuantiosas indemnizaciones por accidentes sucedidos en la vía pública, que deben ser responsabilidad, a todas luces, de algún concejal que no dio la orden de reparar a tiempo, o de algún responsable de mantenimiento que ejecutó tarde, mal y nunca, aunque cobró la factura como si todo hubiera ocurrido pronto y bien.
Claro que la justicia tiene su función y claro que habrá que dilucidar responsablidades civiles y penales, pagar indemnizaciones y hasta dictar penas de cárcel para algunas personas. Lo de las órdenes de exclusión de asistencia hospitalaria pública de personas mayores internadas en residencias, clama al cielo de la justicia. Pero me atrevo a pensar que, siendo justo reclamar derechos ante los tribunales, los resultados serán bastante más escasos y mediocres de los que podemos pensar en un primer y apasionado momento.
Para empezar todos sabemos que un tsunami de las dimensiones de este coronavirus, no puede ser responsabilidad de quien se ha visto envuelto en él, ni de quienes gestionaban en ese momento concreto los servicios con los que se le hizo frente al mismo. Un colapso sanitario, social, económico y de empleo, como el que hemos vivido había sido anunciado, como el Vesubio se hacía notar con tiempo suficiente antes de desplomarse sobre Herculano y Pompeya, barriéndolas del mapa.
Tras el VIH, el Ébola, el H1N1, SARS, MERS, y todo tipo de virus de la gripe que precedieron al COVID-19, muchas voces anunciaban una pandemia de estas dimensiones, pero a nivel planetario (el único nivel que podría contener un ataque de este tipo) no se tomaron las medidas necesarias. Ayer lo sabían unos pocos, hoy lo sabemos todos y no por ello procesaremos a todos los gobernantes del planeta.
Como no procesaremos a cada gobierno presente y anterior, en cada nivel de la administración, que permitió detraer recursos de la sanidad pública para fomentar los negocios de las grandes corporaciones sanitarias privadas y de los fondos de inversión, esos fondos buitre que compran y venden todo tipo de negocios a lo largo y ancho del planeta, desde industrias a hospitales y desde viviendas a farmacéuticas.
No procesaremos a los que pagaron comisiones, ni a los que las llevaron en maletines a las cajas B de algunos partidos, quedándose entre las uñas una parte por sus gastos de gestión. Ni a los que después de los favores prestados se beneficiaron de las puertas giratorias, ni a los que engrasaban las puertas giratorias, otorgando puestos en consejos de administración a los dóciles gobernantes de turno.
No sentaremos ante el juez a quienes dejaron que los servicios sociales se construyeran sobre la beneficencia franquista y la de la iglesia, a base de entregar el negocio a tramas privadas de constructoras, entidades financieras y aseguradoras, gestoras empresariales disfrazadas de ONG, o de pretenciosas fundaciones que se hicieron con la red de residencias privadas, privatizadas, de gestión privada, concertadas, subvencionadas. Las que gestionan la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la comida a domicilio. Todas obteniendo sus beneficios de los presupuestos públicos.
He escuchado a todos los gestores de la derecha y a no pocos de la izquierda defender que desde lo público es imposible sostener económicamente un gasto tan cuantioso y que eso que llaman “colaboración público-privada” es un sistema absolutamente imprescindible.
Esa famosa colaboración consiste en contratar con dinero público al sector privado para prestar un servicio público por menos dinero, pero asegurando el beneficio empresarial. Cualquiera entiende que cuadrar ese círculo sólo es posible con salarios más bajos, condiciones laborales más duras y una calidad del servicio sustancialmente más baja.
Hay quienes se extrañan de las muertes de personas mayores en residencias y se dan golpes de pecho por televisión, quejándose de que no tenían medios para atender semejante catástrofe. Ni ellos ni nadie lo tenían fácil, pero con esos mimbres, en esas condiciones, era imposible contener los efectos de la pandemia. Mientras el Vesubio lanzaba explosiones y columnas de humo de alerta allí seguían a lo suyo los mercaderes pompeyanos.
Si sentásemos en el banquillo a los políticos de hoy deberíamos sentar también a los de ayer. Si aquí condujésemos ante el juez a los políticos de un partido, deberíamos sentar allá a los del otro partido y acullá a los de otro y así sucesivamente, porque en esta forma de entender y gestionar la política pública en beneficio de lo privado no existen grandes diferencias, basta ver el panorama de lo público en el Estado central, el Estado autonómico y en los ayuntamientos que no dejan de ser parte del Estado.
Ya puestos, podríamos llevar a los tribunales a quienes permitieron que bienes esenciales en una situación de emergencia nacional como la que hemos vivido no sólo no se encontrasen disponibles, sino que no podamos ni fabricarlos (mascarillas, respiradores, guantes, batas, monos, eso que llaman EPIs). La industria nacional es una entelequia porque ya sabemos que nuestra elección de base económica es la construcción, el turismo y los servicios auxiliares.
Al final la lentitud de la justica y la dispersión de responsabilidades, harán su trabajo. La judicialización del colapso nos traerá noticias de tal o cual ministro, presidenta autonómica, consejero, o consejera de sanidad, o de servicios sociales, alguna directora de residencia, o una auxiliar de geriatría, prestando declaración ante el juez.
Si la presión social es fuerte, algún marrón caerá sobre quien menos se lo espere, alguien sin padrinos, más que nada para tranquilizar las aguas sin por ello tocar nada de la trama y el negocio esencial.
Porque de eso se ha tratado siempre, se trata ahora y se tratará mañana en este país, de que tan sólo un poco cambie para que todo siga igual.
