Los gobiernos municipales, autonómicos y el mismísimo Estado hace tiempo que abandonaron la política de vivienda. Hace décadas que ayuntamientos como el de Madrid, de la mano de Ana Botella, vendieron el patrimonio público de vivienda social en régimen de alquiler.
Lo mismo ocurrió con otros muchos ayuntamientos y comunidades autónomas que consideraban gravoso mantener un parque público de vivienda social y prefirieron hacer caja vendiéndolo a fondos buitre, que luego, a su vez, terminaron contratando a hijos de los responsables políticos, o de grandes familias del mundo económico y financiero.
La caja conseguida fue miserable y buena parte de ella quedó en manos de comisionistas, intermediarios, familiares y demás ralea, bien conectada, bien informada, paniaguada. Gente de la casta, sin complejos de la que han aprendido algunos responsables políticos actuales que siguen mangoneando con hijos, hermanos, primos y demás allegados.
Hace tres décadas, lo recuerdo perfectamente, las instituciones promovían viviendas públicas y viviendas con algún tipo con protección pública, ya fueran viviendas sociales, de alquiler, de protección oficial, de precio tasado. Pero la explosión inmobiliaria, las hipotecas basura, la crisis del 2008 y su larga sombra de recortes y abandono de lo público, junto a la posterior pandemia, han dejado las políticas de vivienda en la ruina más absoluta.
Hoy la política de vivienda consiste en que, a falta de construcción de nuevas viviendas, a falta de inversiones, los políticos se dedican a anunciar números cada vez mayores de nuevas viviendas. O se les ocurre aplicar medidas populistas de escasa popularidad, como limitar de forma generalizada el precio de los alquileres, o anunciar medidas para proteger a quienes ocupan viviendas, aunque se trate de mafias organizadas.
Por ese camino terminan alentando el surgimiento de organizaciones paramilitares y parafascistas que recogen todo ese sentir de rechazo a la política demagógica, con muchos anuncios, pero muy pocas soluciones. Políticas de parcheo, de anuncio efímero, de corto recorrido, de desidia institucional y desesperanza final.
Todos consideramos un desastre la burbuja inmobiliaria que terminó estallando en 2008, con la caída de Lehman Brothers y sus paquetes de inversión cargados de hipotecas basura, impagables y de alto riesgo.
Por el camino los bancos hicieron negocio prestando masivamente dinero, los promotores hicieron dinero traficando con el suelo, los constructores hicieron dinero a base de ladrillos, los políticos hicieron dinero con escandalosas operaciones de recalificación y concesión de terrenos y las inmobiliarias se forraron vendiendo.
Hasta algunos espabilados compraban pisos sobre plano, a bajo precio y vendían antes de escriturar. Así todo eran beneficios. El suelo ha sido siempre el gran motor de desarrollo de este viejo país ineficiente, siempre entre dos guerras civiles, que diría Gil de Biedma. Algunos de ellos se quedaron colgados de la brocha con varios pisos entre las garras que, tras estallar la crisis, valían bastante menos que lo firmado.
El hecho es que en 2007, con poco más de 45 millones de habitantes, España construía 640.000 viviendas nuevas, cuando no había más de 16 millones de hogares constituidos. La crisis fue tan dura que en 2016 construíamos tan sólo 40.000 viviendas, con menos de 46´5 millones de habitantes y con 18´4 millones de hogares. El peso de la inmigración se dejaba notar.
A comienzos de este año ya tenemos 49 millones de habitantes y, aunque la construcción se ha reactivado un poco, construimos 98.000 nuevas viviendas para atender a un crecimiento de los hogares hasta alcanzar 19´3 millones. La proyección para dentro de 15 años, si mantenemos el ritmo actual, es que tendremos 23 millones de hogares a las puertas de 2040.
Así las cosas los precios de la vivienda nueva y de segunda mano se disparan, los precios de los alquileres se disparan y hay carencia de viviendas en alquiler. La cosa se pone aún más fea si le sumamos el crecimiento del turismo, el auge de los alojamientos turísticos de todo tipo, la reconversión de todos los bajos comerciales en apartamentos y la inversión en vivienda de fondos buitre y de particulares que prefieren comprar piso a tener dinero en el banco.
Los tertulianos montan grandes debates sobre los okupas, o sobre los topes a los alquileres, como si ese fuera el meollo del problema, el quid de la cuestión. Es lo fácil. Actuar sobre las consecuencias, sobre las mafias oportunistas y no sobre las soluciones.
Y cuidado, no digo que no haya que ser contundentes con la ocupación, especialmente cuando afecta a pequeños propietarios. Ni que no haya que establecer limitaciones a la usura, el abuso y los precios desproporcionados de un bien social como es la vivienda.
Pero sí digo que el crecimiento demográfico tensiona la demanda y el precio de la vivienda y que hay que actuar de manera decidida, e invertir en construcción de vivienda social, de promoción pública, con algún tipo de protección y que garantice al acceso a vivienda en régimen de alquiler, o propiedad.
Durante el gobierno municipal de Ana Botella se vendieron casi 1900 viviendas públicas y sociales del Ayuntamiento de Madrid, a precio de saldo, a un fondo buitre. Si tecleas en internet el nombre de José María Aznar JR, podrás comprobar que el hijo de la Botella, junto a algún hijo de la Botín y otros descendientes de grandes familias, terminaron siendo contratados por esos mismos fondos buitre, o por empresas que forman parte de sus entramados empresariales.
Más transparencia, menos negocios poco claros y más atender a los problemas de la ciudadanía. No hay otra, construir vivienda pública, o con protección pública, es lo que toca, por más que sigan intentando distraernos con maniobra orquestales enfangadas y de corto recorrido.
