Se cansaron de renovar cada quince días el estado de alarma y el gobierno de España se retiró, pensando tal vez que aquello se estaba transformando en un avispero, o puede que esperando que, en el mejor de los casos, el virus decretaría una tregua veraniega, teniendo en cuenta que muchos expertos anunciaban que las proteínas del virus se debilitarían con el calor.
Pero no, eso puede que lo hayan pensado algunos profesionales, ya sean sanitarios, veterinarios, o biólogos, porque los investigadores a pié de virus, saben que cada virus es distinto, que cada vez los hay más nuevos, preparados, evolucionados y que cualquier día uno de ellos sortearía el verano, burlaría el calor y seguiría adelante con su tarea de expandirse sin control.
Sin la cobertura legal del Estado de Alarma, las competencias volvieron de inmediato a las Comunidades Autónomas y el gobierno de Madrid eligió el camino de una desescalada rápida, al servicio de la recuperación inmediata de la actividad económica, una estrategia que se ha revelado irresponsable, insensata, imprudente y desgraciada.
En el conjunto de España, si ha habido un gobierno autonómico que haya alimentado con mayor empeño la confrontación con su gobierno de España, ese ha sido el gobierno de la Comunidad de Madrid, sembrando la Región de tensiones sociales y políticas hasta entre los miembros de la coalición de gobierno.
Cada día asistimos a una nueva declaración desatinada, disparatada, incongruente, de la Presidenta de la Comunidad. Hoy sobre un país llamado Madrid dentro de otro país llamado España, ayer sobre los menas, o sobre los ocupas, o sobre las formas de vida de los inmigrantes que contribuyen a expandir el coronavirus, un día sobre las caceroladas que anuncian manifestaciones masivas y otro sobre la improcedencia de que haya manifestaciones masivas contra ella.
En el mientras tanto aprobaba dinero para los hoteles que han prestado algún servicio a la causa del coronavirus, aunque sea dar alojamiento, asilo y refugio a la Presidenta con o sin cuarentena, dinero para entidades del entorno para medicalizar esos hoteles, dinero para las grandes empresas de construcción y servicios que montan y desmontan hospitales, empresas multinacionales sanitarias que contratan rastreadores, o realizan pruebas PCR.
Dinero para dietas desequilibradas a base de pizzas y hamburguesas de los alumnos y alumnas con beca de comedor escolar. Hasta la operación Chamartin, el mayor pelotazo urbanístico de la capital, paralizado durante décadas, ha recibido el espaldarazo del Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, reunido casi en exclusiva para el asunto, en los momentos más duros del confinamiento.
Mientras tanto los recursos de personal sanitario no han aumentado. Muy al contrario, se ha despedido a aquellos héroes por pandemia que fueron contratados para hacer frente a la urgencia. Los tratamientos y pruebas programadas se han paralizado, los centros de salud se encuentran en estado de sitio, los hospitales vuelven a encontrase cercanos al colapso de sus UCIs, las residencias vuelven al contagio en masa, después de haber asistido al desastre humano de ver fallecer a 8000 personas mayores en centros residenciales en la dureza de la pandemia, en el abandono, en la soledad, sin abrazar a sus familiares más cercanos, sin poder despedirlos.
La vuelta al cole se ha convertido en un proceso incierto, sembrado de miedos para las familias que comprobaban cómo el retorno de las vacaciones disparaba la curva de contagios, el de personas hospitalizadas, el de fallecimientos. El profesorado ha tenido que actuar como si fueran expertos en prevención sanitaria, estableciendo protocolos y poniendo en marcha las actividades educativas en los centros sin personal, medios, recursos, ni apoyo profesional.
Y ahora todo el empeño de pasar inmediatamente de fase a fase, aunque no se cumplieran las condiciones para hacerlo se nos ha convertido en un nuevo brote descontrolado, ante el cual sólo se le ocurre a nuestro gobierno madrileño pagar la construcción acelerada de un nuevo hospital. El negocio de la construcción siempre como motivo existencial de Madrid.
Ahora la respuesta ante una pandemia que ha convertido a Madrid en el lugar más golpeado de toda Europa, en una España que presenta los peores indicadores europeos, es confinar a los barrios más pobres de Madrid y los pueblos obreros del cinturón. Pueden acudir hacinados al trabajo, pueden servir cafés y comidas, repartir productos de puerta a puerta, cuidar niños en el parque, pero no pueden salir de su casa a pasear con sus hijos por el parque.
La medida de castigo selectivo y clasista a 37 zonas sanitarias ha sido la peor posible, el preludio, según numerosos expertos, de un confinamiento general para todo Madrid, porque Madrid necesita urgentemente rastreadores, mejorar la cantidad y rapidez de las pruebas PCR, contratar profesionales sanitarios de forma urgente e inmediata, dotarse de un equipo que dirija y coordine con criterios científicos los protocolos y las medidas necesarias en función de la evolución de la pandemia, fortalecer el personal de los centros educativos, de las residencias, de los transportes públicos saturados.
Es muy urgente reforzar los servicios sociales para atender las necesidades de numerosas personas y familias y dejar de aprovechar ayudas como el Ingreso Mínimo Vital creado por el gobierno central para desmantelas la Renta Mínima de Inserción que tantas décadas ha costado poner en pié en Madrid.
Veo a tertulianos a sueldo que despotrican contra las asociaciones vecinales, sindicales, partidos, que canalizan la movilización de los barrios y los pueblos que se sienten injustamente tratados. Matar al mensajero puede parecerle útil a según qué gobernantes, pero puede traducirse en un descabezamiento del descontento que termine por desbordar las aguas estancadas.
Entonces el malestar desbocado se convierte en riada que arrasa, sin control, cuanto encuentra a su paso. No es la primera vez que ese tipo de desastres se ha adueñado de nosotros. Entonces, cuando eso ocurre, nadie gana y todos perdemos.
