9 May, 2018

Profesionales

Entro en los hospitales, las escuelas, los centros de servicios sociales. Me indigna el deterioro que compruebo a mi alrededor. No son sólo las manos necesarias de pintura que faltan en sus paredes. Es, sobre todo, la masificación que amenaza a cada instante con colapsar en funcionamiento de los servicios que allí se prestan. La imposibilidad de trabajar planificando la oferta y atendiendo las nuevas demandas. La sensación de que la urgencia marca el frenético ritmo de la actividad.

Se deposita en los centros educativos la responsabilidad de formar a futuras generaciones. El cuidado de nuestra salud en los centros sanitarios. Nuestro bienestar personal en los centros de servicios sociales. Y, sin embargo, permitimos que los profesionales sobre los que descansan los bienes más preciados de nuestra existencia, se vean abandonados a su suerte. Consentimos que muchos de esos servicios esenciales para la calidad de nuestras vidas sean gestionados por empresas privadas, cuyo objetivo prioritario no es nuestro bienestar, sino su beneficio económico.

Los formamos durante años y financiamos sus especialidades universitarias en docencia, sanidad, trabajo social. Veo como se esfuerzan por demostrar su profesionalidad cada día. Cómo asisten a cursos de especialización. Cómo tensan sus nervios para no perder  la paciencia y mantener intacta su vocación. Claro que hay quienes han caído en la desidia y en una suerte de muda desesperación. Y claro que hay quienes están ahí porque tiene que haber de todo. Pero eso ocurre en todas las profesiones, sin que por ello nadie convierta la excepción en un estado general de las cosas.

He dedicado muchos años al sindicalismo y he tenido que escuchar, no pocas veces, ese tipo de opiniones que descarga en los sindicatos toda la responsabilidad de los males que sacuden la vida de los trabajadores, muy por encima de  las responsabilidades de los empresarios, o de los gobiernos que legislan sobre los derechos laborales. También he tenido que enfrentarme a esas interpretaciones que convierten al extranjero en el causante de nuestras altas tasas de paro. Las versiones simplonas, pero claras y  entendibles, siempre suelen terminar por imponerse sobre razonamientos coherentes, pero complejos.

Entiendo que, quienes vemos denegado el acceso a un derecho, tenemos enfrente a un empleado público al que le pedimos explicaciones indignadas sobre las causas por las que se nos excluye de unos servicios o prestaciones, a los que considerábamos deberíamos poder acceder. Y, sin embargo, ese empleado público, no es el responsable de lo que consideramos desmanes inadmisibles. No basta con dar cuatro voces en una “ventanilla”, para que nuestros problemas se solucionen.

Compruebo, en muchas ocasiones, cómo esos trabajadores y trabajadoras, conscientes de las lamentables situaciones a las que nos vemos abocados, en no pocas ocasiones, nos animan a presentar reclamaciones, denuncias, quejas. Y compruebo también, en otras muchas ocasiones,  que estas acciones nunca son emprendidas por quienes alzan la voz ante un funcionario pero no dejan constancia escrita, ante ninguna instancia responsable de la buena gestión de los servicios.

Creo que contamos con magníficos profesionales y que merece la pena convertirlos en nuestros aliados en la defensa de derechos tan nuestros y esenciales, como el de la educación,  la sanidad y los servicios sociales. Hemos invertido mucho para formarlos y su trabajo como servidores públicos, es la llave que nos permite vivir como  mujeres y hombres libres e iguales a lo largo de toda nuestra vida.

Su buen trabajo son nuestros derechos.

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