6 Sep, 2018

Referéndum sobre Chamartín

El soterramiento de las vías del tren que parten de la estación de Chamartín, viene siendo polémico desde hace décadas. Creo que está plenamente justificado solucionar la situación de unos los trazados ferroviarios, concebidos a partir de mediados del siglo XIX, que llegaban al centro de las ciudades, o a una periferia que ha terminado por convertirse en centro con el paso de las décadas y el desarrollo urbano de nuestras urbes.

En Madrid ya hemos vivido soterramientos sonados como el del Pasillo Verde Ferroviario, que enterró las vías de la M-30 y permitió, a mediados del siglo XIX, la conexión de Príncipe Pío y la Estación de Atocha, con paradas intermedias en Imperial, Peñuelas, o Delicias. Con ello, crearon un espacio de desarrollo industrial para Madrid, con fábricas como la del Gas, Cervezas El Águila, galletas, transportes, Standard Eléctrica, Osram, o toda la zona fabril de Méndez Álvaro.

La Operación Chamartín, que pretende básicamente la misma finalidad de liberar el espacio hoy ocupado por las vías para desarrollos urbanísticos, comenzó a fraguarse por la misma época, pero se ha venido demorando durante cerca de 25 años y no sólo por la complejidad del proyecto, sino por el choque de intereses económicos en juego y por la oposición de algunos sectores vecinales, que perciben los sucesivos planes presentados, como amenaza.

Por más que, con retoques, la Operación Chamartín haya recibido ahora el nombre de Puerta Norte, o Madrid Nuevo Norte, Eduardo Mangada, quien fuera Concejal de Urbanismo en el primer gobierno democrático del Ayuntamiento de Madrid tras la dictadura y más tarde Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Medio Ambiente, Urbanismo, Obras Públicas, o Transportes en los sucesivos gobiernos de Joaquín Leguina, ha planteado su oposición al proyecto, a mediados de julio.

En un artículo, Mangada, hace un llamamiento a recordar lo acaecido hasta el momento y borrar los planteamientos equivocados, que nos han conducido al proyecto Puerta Norte. Un proyecto que se desarrollará, según el autor, en perjuicio de los viejos barrios olvidados, que viven entre el abandono, la escasez y la precariedad dotacional y habitacional. Tampoco aporta nada a los nuevos barrios, escasos de servicios esenciales para el vecindario.

Los desequilibrios existentes entre el Norte y el Sur de la capital no se solucionan detrayendo recursos necesarios para la “recuperación de Madrid” para su ciudadanía, ni entregando un espacio importante de la ciudad a un grupo inversor, por mucho que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho esfuerzos para racionalizar desmanes y escalonar el ritmo de desarrollo.

Alude a las quejas formuladas por asociaciones vecinales, ecologistas y profesionales del urbanismo, que ponen de relieve la incongruencia de mercantilizar el urbanismo y convertirlo en beneficio inmobiliario. Concluye afirmando que estamos a tiempo de abordar un urbanismo concebido en función de las necesidades y esperanzas de la ciudadanía.

Diez días después, Eduardo Mangada ha recibido contestación, de la mano de José Manuel Calvo, Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible en el gobierno de Carmena, a través de un nuevo artículo en otro medio de comunicación. Comienza Calvo recordando el amplio historial de responsabilidades urbanísticas del arquitecto Eduardo Mangada, para reconocer que el acceso del PP al poder en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, a partir de 1995, supuso instaurar el concepto de suelo y territorio como producto de consumo.

Se entretiene en los posicionamientos y silencios de Mangada ante diferentes desarrollos urbanísticos, para terminar destacando su posición en contra de la Operación Chamartín, especialmente desde que el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Fomento-ADIF y la empresa Distrito Castellana Norte (DCN).

Defiende, lógicamente, los cambios operados en el proyecto inicial, recalcando la disminución de la edificabilidad, así como el incremento de usos dotacionales introducidos. Recrimina a Mangada que no tome en cuenta, por su propia experiencia, los límites, contradicciones y concesiones que exige cualquier acción de gobierno, cuando intervienen numerosos intereses públicos y privados y espera que podamos en futuros artículos reconocer al Mangada “de aquellos tiempos”. Hasta aquí el debate entre nuestros dos personajes.

Sin embargo, no pasan dos semanas y aparece publicado, a mediados de agosto, un nuevo artículo, esta vez firmado por un buen número de asociaciones vecinales, encabezadas por su Federación Regional, organizaciones como  Ecologistas en Acción, el Club de Debates Urbanos, Asambleas del 15M y del 25M, la Plataforma de la Zona Norte y algunos otros inversores.

Agradecen a Eduardo Mangada la defensa de un urbanismo sostenible que apueste por el reequilibrio territorial y la igualdad, que no merece un ataque personal por parte de ningún responsable municipal y llaman al Ayuntamiento a no confundirse de enemigos. Ahondan en la no renovación de la concesión a DCN por parte del Ministerio de Fomento, en que se hagan públicos todos los documentos y compromisos contraídos y, ya sin las presiones del negocio especulativo, el Ayuntamiento negocie y atienda las propuestas que han venido formulando numerosas asociaciones y colectivos a lo largo de los últimos años.

Para que nadie me confunda con un enemigo a batir, creo que no es malo insistir en yo no digo, sólo muestro. Pero, así las cosas, me parece que algo de razón deben llevar las organizaciones sociales y vecinales, cuando hablan de un parque-losa de hormigón sobre las vías de Chamartín y un inviable mini-Manhatan entre la estación y la M-30.

Algún fundamento debe de existir cuando denuncian el abandono del diálogo, que ha sido sustituido por opacos acuerdos entre Ayuntamiento de Madrid, Adif y BBVA, entre otros inversores, que instauran duros condicionamientos inmobiliarios y financieros, en un proyecto cargado de vivienda libre y suelo para oficinas, a alto precio.

Creo, sinceramente, que la participación ciudadana no pasa sólo por reunir periódicamente Foros de Participación, a los que acuden unos cuantos vecinos y vecinas, donde se habla de todo un poco, ni por unos presupuestos participativos que afectan al destino de los restos y migajas del pastel, ni por decidir qué grupos queremos que amenicen las fiestas del barrio.

Creo que pasa por reconocer como interlocutores a las organizaciones vecinales, empresariales, ecologistas, sindicales, profesionales. Escucharlas, negociar con ellas, escuchar su voz y atender sus demandas. Se me ocurre que asuntos como éste sí merecen un proceso de debate público, en el que podamos oír la voz de personas como Mangada, Calvo y los actores sociales y económicos, que podría culminar con un referéndum final entre toda la ciudadanía. A fin de cuentas, es esa ciudadanía la que debe decidir qué Madrid quiere.  Y acertar, o equivocarse.

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