Hace ya casi doce años, en los inicios de mi tercer y último mandato como Secretario General de CCOO de Madrid, mi amigo Eduardo Mangada escribía un hermoso artículo titulado La ciudad como salario social que intenta ser una síntesis y conclusión de su experiencia como urbanista y responsable de la política territorial en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad Autónoma.
Entiende Eduardo la ciudad como mucho más que un artefacto físico, sino como un espacio social en el que se producen numerosos intercambios económicos, sociales, culturales, de servicios, relaciones. La ciudad casi como un organismo vivo, el conjunto de la ciudadanía.
Ese conjunto de servicios colectivos en la ciudad, continúa Mangada, forma parte de eso que denominaríamos salario social, por diferenciarlo del conjunto de rentas individuales que cada cual podemos percibir como fruto de nuestro trabajo, o de las prestaciones por desempleo, pensiones, discapacidad…
Desde esta perspectiva, en un Estado, que en el caso español se define como Estado social y democrático de derecho, las rentas individuales se ven completadas por la educación, la atención sanitaria, la calidad de nuestras viviendas, la mayor o menor contaminación que nos invade, los espacios verdes, recreativos, culturales, de los que disfrutamos, los centros de servicios sociales, residencias de personas mayores.
Las escuelas infantiles y de educación primaria, los centros de salud, las universidades, los teatros y centros culturales, los institutos, las redes viarias, los servicios de limpieza de nuestras calles, el mantenimiento de jardines, la recogida de basuras, los hospitales, la ubicación de los espacios comerciales, forman parte de ese otro salario colectivo que recibimos gracias a los impuestos que pagamos y en función del reparto político que se produce al aprobar los presupuestos municipales, autonómicos, o estatales.
Todos lo sabemos. No todos los gobiernos son iguales, no todos recaudan con la misma justicia, ni reparten con la misma equidad, ni benefician a todos por igual. No todos abordan una crisis terrible como la que vivimos pensando en quienes más lo necesitan, sino en quienes estiman que les han llevado al poder y podrán mantenerlos en el mismo. Es muy humano, pero tremendamente nefasto.
Madrid ha sido uno de los centros de la pandemia en nuestro país. No es culpa de los madrileños. Somos una región densamente poblada y muy bien comunicada en términos generales. Cada día millones de personas se desplazan entre municipios, salen a otras comunidades, o recibimos personas procedentes de las dos Castillas que vienen a trabajar, comprar, beneficiarse de cualquier servicio, extranjeros que vienen a disfrutar su viaje turístico en la capital.
Todo ello hace que padezcamos el coronavirus con una intensidad impensable en otros lugares. Todo ello hace que tengamos que ser mucho más cuidadosos en las medidas para evitar ser contagiados y contagiar, ya sabes metros, mascarilla, lavado de manos. No hay otra, sin miedo, pero sin estupideces, ni despistes.
En eso andamos Madrid, en intentar superar esta peste moderna y afrontar un futuro nuevo, pero incierto, inseguro, desconocido. Pero no todo Madrid. El gobierno de Ayuso parece entregado al peligroso aquelarre de las soluciones milagreras, como esa última de crear una cartilla COVID, a modo de pasaporte, salvoconducto, timo de la estampita.
Pero todo suena a maniobras de distracción. Se experimenta con la cartilla, se cierra el IFEMA y ahora se anuncia su reapertura a la vista de los nuevos brotes que se van produciendo, se despide a profesionales, se recrudece el conflicto de los MIR, no se contratan rastreadores, ni se afronta el problema que llevó a la muerte de miles de personas en las residencias de mayores.
Eso sí, lo importante, lo verdaderamente importante, no se olvida. En plena pandemia se culminan las obligadas intervenciones en el Paseo de la Dirección y se prepara el camino para el pelotazo urbanístico en marcha. En plena pandemia el Consejo de Gobierno de Ayuso se reúne para culminar la aprobación de la Operación Chamartín (ahora denominada como Madrid Nuevo Norte).
En pleno COVID19, Ayuso presenta un anteproyecto de modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, con la disculpa de impulsar y reactivar la actividad urbanística. La pandemia vale para un roto y para un descosido. En este caso vale para justificar la tramitación urgente del proyecto y la propuesta de medidas que permiten los desmanes en la planificación, diseño y ejecución de todo tipo de actuaciones urbanísticas.
El impacto de la nueva ley sobre el patrimonio, los usos del suelo, la rehabilitación, o la edificación y la preservación del medio ambiente puede ser muy grave. Basta pensar que la actual licencia municipal va a verse sustituida por una declaración responsable del promotor inmobiliario. La puerta queda abierta de par en par para que los desmanes se adueñen de nuestras calles.
La ciudad deja de ser el espacio social vivo en el que pensaban esos urbanistas que fui conociendo a lo largo de mi andadura, como Eduardo Mangada, Jesús Gago, o Daniel Morcillo, para convertirse en el patio del templo de la vida, ocupado por los mercaderes.
Alguien tiene que seguir pensando en todos. Alguien tiene que atar un azote de cuerdas y echar fuera a las ovejas, los bueyes y las palomas, a los cambistas, volcar sus mesas y esparcir su dinero,
-Quitad de ahí eso y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.
Tenemos derecho a un trabajo, a un salario que nos permita sobrevivir, a un salario social que nos permita vivir y convivir en un pueblo, en una ciudad, en la villa de Madrid libre, segura, habitable.
