No cualquiera alcanza ese punto inestable del talento. Si el talento se democratizase obtendríamos una sociedad talentosa, unos ciudadanos bien dispuestos para la participación y para dar rienda suelta a su imaginación y sus iniciativas. Algo peligroso para cualquier estamento de poder.
Saber gobernar el talento, orientarlo, limitar su uso a lo estrictamente controlable, abrir la mano, o cerrar las puertas al mismo, es esencial para quien ejerce el poder. La Presidenta de la Comunidad de Madrid debe haber oído hablar de algo de eso y ha decidido poner en nómina y dar certificado de cualificación talentosa a quienes ella considera oportuno.
Según cuentan los medios de comunicación, la Presidenta ha decidido premiar a los funcionarios cuyos niveles retributivos son más altos (entre los niveles 26 al 30), con un premio anual medio de 8000 euros, como reconocimiento a su talento.
La justificación esgrimida es la de conseguir que los 4000 profesionales que se encuentran en esos niveles retributivos, contra los que no tengo nada de entrada, no tengan la tentación de huir hacia el sector privado. Pero es evidente que se trata de una disculpa de mal pagador.
Eso significa que el resto, unos 160.000 profesionales, funcionarios de categorías inferiores al nivel 26, el 97,6% del total, son absolutamente prescindibles y no percibirán complemento talentoso alguno. Pasan a formar parte, de forma oficial, del pelotón de los torpes. Algo muy propio de gobernantes que sólo reconocen el talento de los más ricos y de los poderosos.
No he leído, por supuesto, ninguna información que contemple parabienes y complacencia con la decisión de la Presidenta, por parte de ninguno de los sindicatos presentes en la función pública madrileña y puedo asegurar que son de toda extracción ideológica.
El talento, bien entendido, debería ser premiado cuando aporta inteligencia, buena gestión, mejoras en los procedimientos, capacidad de organizar de forma eficiente los recursos materiales y humanos. Tener talento es traer innovación, ideas transformadoras que abunden en la igualdad y la libertad real.
No es eso lo que parece buscar el gobierno de Madrid, sino una compra de voluntades en los cuerpos de élite de la administración pública. Una transacción que le permita una mayor aquiescencia y fidelidad por parte de quienes gobiernan el día a día de miles de centros y decenas de miles de empleados públicos.
La broma le va a costar a Ayuso 40 millones de euros. Es lo que el Estado transferirá a la Comunidad de Madrid para poner en marcha políticas contra la violencia de género. Es lo que recorta la Comunidad de Madrid en inversiones para mejorar el combate contra los incendios.
Eso es lo que pagará la Comunidad por tres años de transporte de autobuses en rutas escolares. Más de la mitad de ellos no son aptos para alumnado con movilidad reducida y casi el 30 por ciento no llevará monitor en el bus. 40 millones es lo que nos cuesta el funcionamiento de la Asamblea de Madrid.
Los funcionarios de alto rango en la Comunidad de Madrid obtendrán subidas salariales superiores al 20 por ciento, mientras que los funcionarios “menos talentosos”, a ojos de la Presidenta, la inmensa mayoría, verán subir sus sueldos un 2 por ciento.
La indignación es generalizada, pero da todo igual. Ayuso sabe que la libertad de tomar cervezas es un valor muy superior al de la equidad y la justicia en el reparto de los recursos disponibles. Sabe que cualquier algarada verbal por su parte, por cualquier tema, se llame Milei, o Palestina, distraerá al personal lo suficiente para que este tipo de decisiones pase sin pena ni gloria y con los mínimos costes sobre la intención de voto de los madrileños.
Decenas de miles de profesionales sanitarios, educativos, de los servicios de empleo, o de los servicios sociales, de emergencias, o de protección del medio ambiente, no verán reconocido, premiado, ni pagado, su talento, su esfuerzo, su buen trabajo de cada día.
El talento no es exclusivo de los funcionarios de alto rango. el talento no funciona si no convoca un esfuerzo colectivo que pone en valor lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Si no llama a la mejor utilización de nuestras competencias para conseguir eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios encomendados.
El talento no funciona si no contamos son sistemas de evaluación de las políticas públicas que permitan valorar la consecución de objetivos, con recursos ajustados y con una percepción colectiva de la utilidad y la satisfacción de la ciudadanía.
Por eso y por la ausencia de negociación con la representación legal de los trabajadores parece evidente que, una vez más, la Comunidad de Madrid opta por cercenar la libertad, por profundizar en la desigualdad y la injusticia y por seguir dando pasos en un despotismo rampante y chulesco, que ni tan siquiera pretende ser ilustrado. Una chulería tan lejos del talento que se predica.
