Parece que tendremos una ley de vivienda que va a establecer topes al alquiler. Me parece bien. Ya sé que hay quienes defienden que un piso es una propiedad privada y que nadie debe intervenir en materia de propiedad privada, pero eso es una trampa, especialmente cuando a la propiedad privada le unimos el libre mercado.
No se nos ocurriría, en ningún caso, dejar en manos de la propiedad privada y del libre mercado la salud, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia, pero sí dejamos mangonear el derecho al acceso universal a una vivienda digna que establece nuestra Constitución.
En nombre de la propiedad privada y del libre mercado se defiende que los grandes propietarios de vivienda puedan jugar a su favor con los precios de venta, o de alquiler. Estamos hablando de los famosos fondos buitre que han invertido decenas de miles de millones de euros para hacerse con decenas de miles de viviendas de alquiler en nuestro país, controlando el mercado y los precios con mano de hierro.
No debería ser así, la vivienda es un bien social, un derecho, como la educación, la sanidad, o los servicios sociales y por lo tanto no podemos permitir que nadie se vea privado de ella,
-Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada…
Eso es lo que dice la Constitución Española en su artículo 47 y no deberíamos considerarla un artículo de libre disposición, mera declaración de intenciones, papel mojado.
Bien, por tanto, que se establezca una limitación de los alquileres en función de localizaciones, precios estimados, precios reales de la vivienda. Y me parece bien que cualquier familia que carezca de los ingresos básicos para su supervivencia, para comprar o alquilar una vivienda, deba tener asegurado su derecho a la vivienda.
Dicen los fondos buitre, los agentes y promotores inmobiliarios, los portales de vivienda, las patronales, asociaciones de propietarios y de arrendadores que no hay que hacer nada, que el mercado se está autorregulando, que hay desfases y desequilibrios en algunos momentos, pero que el mercado busca las maneras de solucionar los desajustes, aunque todos sabemos que no es cierto.
El problema es establecer quién tiene que asegurarles el derecho a la vivienda a quienes no tienen recursos. Parece claro que deben ser el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas, o los Ayuntamientos. Sin embargo nada se dice del problema siempre irresuelto de los alquileres de renta antigua.
El decreto Boyer de mediados de los 80, estableció algunas posibilidades de establecer precios de alquiler tasados para los contratos de renta antigua cuyos inquilinos tuvieran cierto nivel de renta, pero dejó sin resolver la renta antigua con inquilinos de rentas bajas. Estamos hablando de unas 200.000 viviendas en España, cuyos propietarios cobran alquileres extremadamente bajos.
Cuando estas viviendas son adquiridas por fondos buitre se buscan las artimañas más variadas y crueles para deshacerse de los inquilinos, pero cuando pertenecen a una anciana que cobra pensión de viudedad, la viuda propietaria termina siendo la ayuda social de la viuda inquilina. Un doble drama en el que los más pobres soportan la inutilidad, ausencia, demagogia, e incapacidad de las administraciones.
Pero ya se sabe que los pobres, de uno y otro lado, cuentan poco. No se entiende que sea una propietaria pobre la que suple la incapacidad de quienes nos gobiernan para dar respuesta y solucionar la necesidad de la inquilina pobre, mientras las administraciones se lavan las manos.
En resumen, de acuerdo con los precios tasados y una solución constitucional también para quienes tienen necesidad de una vivienda digna, aunque no puedan pagar ni el precio tasado, pero compensaciones y ayudas justas para el pago de los precios de alquiler actualizados y tasados a los propietarios de viviendas de renta antigua. Veremos lo que da de sí esta nueva ley de vivienda y si soluciona algunos problemas reales de inquilinos y de propietarios.
Buen artículo, gracias!!!!