19-F Por un salario digno, contra el desprecio al trabajo

La fijación anual del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) parece que fuera una concesión administrativa de los Gobiernos de turno, o el fruto de un acuerdo entre dos partidos que  sumen la mayoría necesaria en un Parlamento. Es lo que ha ocurrido cuando, año tras año, un gobierno en mayoría absoluta ha aprobado congelaciones del Salario Mínimo Interprofesional, o cuando, como en esta ocasión, un pacto PP-PSOE ha conducido a una subida del 8%, pero lejos de las propuestas de CCOO y UGT, obviando la participación de sindicatos y empresarios en el proceso.

Las miserables subidas de los últimos años han producido pérdidas del poder adquisitivo del Salario Mínimo de 2,7 puntos y subidas de menos de 14 euros acumulables en los últimos cinco años y todo ello, en una España en la que más del 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Dirá el Gobierno, en su autocomplacencia infinita, que lo hace cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, que establece que es el Gobierno quien fija el SMI “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”.

Los Gobiernos españoles de turno se acostumbran a cumplir el trámite con una reunión informativa en la que escucha a los sindicatos y empresarios. Pero algo más que esto exige la OIT cuando, para la fijación de los salarios mínimos, su convenio 131 suscrito por el Gobierno español habla de que se consulte “exhaustivamente” con las organizaciones representativas de emprendedores y trabajadores interesadas.

Algo más parece que exige también la Comisión de Expertos de la OIT que espera que el gobierno se esfuerce en tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y de sus familias y no únicamente los objetivos de política económica, a la hora de fijar los reajustes anuales del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional.

Existe, además, un Real Decreto Ley, el 3/2004, que habla de estas cosas y que establece que temas como la fijación  del Salario Mínimo deben ser aprobados en el marco del diálogo social.  Y el diálogo social no es derecho a información exclusivamente, sino derecho a propuesta, negociación y búsqueda de acuerdo.

Por eso CCOO y UGT presentamos una reclamación ante la OIT que exige el cumplimiento del convenio 131. Porque no basta informar. La fijación de un SMI que cubra las necesidades de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, debe producirse tras un proceso de consultas exhaustivas con organizaciones sindicales y empresariales.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se ha visto obligado a recordar  al Gobierno de España que tiene obligación de garantizar un SMI que permita condiciones de existencia dignas que se ajusten al coste de la vida, tras constatar que el SMI en España no asegura un nivel de vida digno y decente.

Pero estas cosas, en España, son poco tenidas en cuenta por gobiernos que parecen pensar que, tras ser elegidos tienen barra libre para hacer las cosas de espaldas, incluso, a la sociedad, cuando no en contra de ella.

Antes, porque tenían una mayoría absoluta que parecía autorizar todo tipo de desmanes y ahora porque pactando, con unos o con otros, se sienten autorizados para despreciar el diálogo social y las recomendaciones, consideraciones y obligaciones derivadas de informes elaborados y convenios firmados en ámbitos internacionales, de las Naciones Unidas, hasta la OIT.

Mal íbamos, mal seguimos. Que no esperen silencio, ni resignación, ante tanto desprecio del diálogo social y olvido de las necesidades de la clase trabajadora. El 19 de febrero vamos a las calles a defender salarios dignos. Contra la carestía de la vida y contra la precariedad de nuestros empleos.

 

Francisco Javier López Martín

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