Todo indica que el camino de salida de la crisis va a ser largo y tortuoso. Las empresas van a tener que adaptarse aceleradamente a los cambios productivos derivados de los precios de las materias, la financiación, la tecnología, la energía y otros factores. Y junto a estos cambios no van a poder obviar el reto de contar con trabajadores y trabajadoras mejor cualificados.
Y para este reto, España se encuentra peor preparada que otros países europeos. Todo indica que la recuperación de nuestro empleo va a ser más lenta que en el resto de la Unión Europea y no son pocos los que apuntan que hasta 2026 no habrá plena recuperación de niveles de ocupación previos a la crisis.
Es cierto que se producirán abandonos o jubilaciones a lo largo de este período que obligarán a reponer, o sustituir a trabajadores, siempre que no continúen en marcha políticas de ajuste y recorte que obliguen a amortizar o limitar la tasa de reposición en muchos puestos de trabajo. Sin embargo la creación de empleos, teniendo en cuenta la debilidad de un tejido empresarial español de pequeñas empresas y microempresas, se va a producir de manera ralentizada.
Un fenómeno que acompañará a esta dinámica del empleo será el de una exigencia de un mayor nivel de cualificación, incluso para puestos que ahora exigen competencias muy básicas y poca complejidad. Internet, por ejemplo, está dejando fuera muchos trabajos de tipo administrativo, al facilitar que muchas operaciones se realicen en línea. Pero incluso puestos de trabajos más complejos están desapareciendo para dejar paso a operaciones realizadas por equipos tecnológicos.
Los puestos de trabajo disponibles serán aquellos que no puedan ser sustituidos por las nuevas tecnologías, o que exijan capacidad de comunicación, organización, innovación y toma de decisiones. Por pura lógica la mayoría de los empleos exigirán niveles de cualificación medios y ahí España tiene un problema de altas tasas de trabajadores con niveles bajos de cualificación, porque provenimos de un sistema productivo que no refuerza cualificaciones medias o altas, con carácter general.
El modelo económico español ha quedado tocado, cuestionado por la crisis económica y, por el momento, no tiene recambio. Lo cual contrasta con un futuro europeo en el que los empleos de alta o media cualificación supondrían cerca del 90%. Parece lógico que, con un mercado de trabajo fracturado y precarizado por las reformas laborales impuestas, las empresas exigirán mayores niveles de cualificación y escogerán trabajadores y trabajadoras más formados, e incluso sobrecualificados, para los mismos puestos de trabajo.
No parece que vaya a producirse un vuelco espectacular en el empleo generado por los sectores productivos, pero sí es previsible que sectores como la construcción tengan menos peso en la composición del empleo, mientras que otros, como transporte, distribución y servicios a las empresas, van a ganar peso en el total del empleo.
El problema en Europa y aún más en España, es el envejecimiento de la población activa. Un fenómeno que va a convivir con un mayor número de personas, especialmente jóvenes y cada vez más mujeres, que quieren trabajar y no lo consiguen. Sin embargo, su mayor nivel de formación va a hacer que el porcentaje de personas con cualificación alta o media, aumente entre la población activa. Y todo ello porque también mejorarán las desastrosas tasas de abandono educativo que nos sitúan a la cola de Europa.
Esta situación hace necesario que desde la política actuemos claramente para decidir un nuevo modelo productivo que exija, calidad e innovación en nuestros productos y servicios. Y eso sólo es posible cambiando la mentalidad y la lógica empresarial de buscar el mayor beneficio, en el más corto plazo de tiempo, con la mínima inversión y la máxima precariedad de los trabajadores y trabajadoras. Lo cual significa, por ende, con la mínima inversión en cualificación y formación.
Si queremos dar respuestas a los jóvenes y las mujeres que llaman a las puertas del empleo, habrá que abandonar contratos como el de formación, que no son ni contratos, ni incorporan formación real, por más que se disfracen bajo pomposos nombres como la “garantía juvenil”, para empezar a apostar por ofrecer empleos de calidad con formación continua y periodos de prácticas remuneradas en las empresas.
Habrá, por lo tanto, que regular bien esos periodos de aprendizaje y prácticas para evitar abusos y explotación. Y habrá que actuar bajo el paraguas de un modelo europeo, que aún no existe, que regule la formación de aprendices y la formación en las empresas.
Aquí todo el mundo se llena la boca con mantras como “la formación dual”, la “movilidad”, la “orientación profesional”, pero es bien poco lo que se hace para que medidas sencillas, como las que planteamos, sean algo más que una necesidad y un deseo, siempre insatisfechos y postergados por los políticos de turno y por una clase empresarial más preocupada por la caja de cada día que por el futuro de proyectos empresariales más sólidos, que sólo serán viables con trabajadores y trabajadoras comprometidos y bien cualificados.
No parece, tampoco, que las reformas de la formación que plantea en estos momentos el Gobierno, vayan por ese camino, tal vez porque no miran el horizonte de futuro, sino el regate en corto del reparto de unos fondos de formación para el empleo que proceden de las empresas y los trabajadores.
Francisco Javier López Martín