La atención a la dependencia no ha sido un regalo. Fue una reivindicación sindical la que terminó en negociación hasta que el 1 de enero de 2007 entra en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias. Se preveía una aplicación gradual cubriendo progresivamente a las personas con mayor grado de dependencia hasta alcanzar a las que tienen un grado de moderada dependencia.
La construcción del Estado Social y Democrático en España ha sido un largo y duro ejercicio de negociación y movilización social. La seguridad social, las pensiones, las prestaciones por desempleo, las pensiones no contributivas, la sanidad pública, la educación pública, las rentas mínimas autonómicas, los servicios sociales, han tenido como motor la lucha social y sindical y el incentivo de equipararnos cada vez más al resto de los países de la Unión Europea.
Faltaba en nuestro Estado Social poner en marcha un sistema para atender a las personas mayores, o aquellos que por una situación de incapacidad no pueden desarrollar sin ayuda las actividades cotidianas. Personas con dificultades de movilidad, que no pueden realizar las tareas del hogar, o asegurar su cuidado personal.
La Teleasistencia, la ayuda a domicilio, las residencias, los centros de día, son los instrumentos para atender a estas personas. En casos excepcionales pagar el sueldo a una persona “cuidadora familiar”, o una ayuda económica.
Uno de los problemas de la ley es la financiación a cargo del Estado, las Comunidades Autónomas y las propias personas usuarias. Otro de los problemas, el boicot al que sometieron a la Ley, desde sus inicios, algunas Comunidades Autónomas, como la madrileña, a lo cual hay que añadir la diferencia de criterios entre unas Comunidades y otras. En unas se opta por crear residencias, en otras por servicios más baratos como la teleasistencia, en otras por dar una prestación económica y lavarse las manos.
Con todo, el principal problema, el golpe mortal a una buena ley, ha sido la llegada de las crisis tan sólo un año después de su implantación. Unas crisis que han sido utilizadas como justificación para recortar los recursos comprometidos y paralizar el desarrollo de la Ley.
La financiación estatal se ha reducido y la “moratoria” en la aplicación progresiva de la Ley ha retrasado que 250.000 personas puedan beneficiarse de la Ley. Los servicios prestados por la Ley se han recortado en su intensidad entre un 20 y un 60% y las prestaciones económicas en un 15%. Al tiempo que se incrementa el copago (re-pago) de las prestaciones por parte de los beneficiarios.
Todo ello produce un efecto perverso añadido. No sólo, no se crean los puestos de trabajo anunciados en el sector, sino que la falta de recursos produce una discriminación de la cantidad y calidad del empleo de las trabajadoras y trabajadores del sector.
Ahora, el Gobierno, presenta una evaluación anual de los resultados de la aplicación de la Ley. Enfatiza los logros, justifica los recortes, y evita reflejar la disminución de la protección efectiva de las personas dependientes, ni la situación desastrosa a la que se conduce al Sistema de Atención a la dependencia.
Se escamotean los datos autonómicos y se evita abordar propuestas de mejora del sistema. De esta manera, con opacidad y falta de transparencia, mal se puede abordar el desarrollo futuro de la Ley. Muy al contrario, difícilmente se puede estar hablando de una Ley de Transparencia, cuando políticas públicas esenciales para la ciudadanía, como la Atención a la Dependencia, son cada vez más opacas, haciendo imposible conocer la realidad y solucionar los problemas.
Aunque bien pudiera ser que eso es lo que persigue el Gobierno. Ocultar el problema, escabullir el debate, recortar presupuestos, reducir protección y negar el pan y la sal, a quienes más lo necesitan.
Francisco Javier López Martín
Presidente de la Fundación sindical 1º de Mayo
Secretario de Formación Confederal de CCOO