Vivimos tiempos en los que, quien más, quien menos, nos sentimos abandonados por nuestros gobiernos. Esos gobiernos elegidos democráticamente se lavan las manos, como Pilatos, en respuesta a las condenas que grandes multinacionales como Coca-Cola, entidades financieras como el Banco Central Europeo, organismos supranacionales, gobernantes elegidos en otros países como Merkel, decretan contra la ciudadanía, en forma de cierres, traslados, deslocalizaciones, imperio de los mercaderes, recortes, ajustes, destrozos sociales, recortes de derechos laborales.
Más de la mitad de la población mundial ha sufrido recortes salariales, de jornada, de derechos laborales, o han perdido su empleo. Más de la mitad tienen un trabajo vulnerable, irregular, sin contrato, sin derechos. El 40 por ciento sobrevive en la desesperación de la economía informal.
La economía mundial es más inestable que nunca, el cambio climático y las amenazas sobre el medio ambiente perduran y agravan la situación del planeta, la democracia es cada día más débil frente a las imposiciones de los intereses empresariales más burdos. La ciudadanía ve amenazados sus empleos, sus salarios, sus derechos, su vida.
Los ajustes ultraliberales condenaron a la pobreza a numerosas regiones del planeta en las décadas de los 80 y 90. Las políticas de austeridad condenan a todo el planeta a vivir sometido a las grandes corporaciones, aceptando un horizonte de pobreza, desempleo, desigualdad y desprotección social. Un horizonte de dictadura de los poderes económicos sobre los países, los gobiernos y los pueblos.
El trabajo irregular, la economía sumergida, las desigualdades, la desprotección, comienzan a ser lo habitual. Las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los mayores se ven abocados cada día más a la desesperación de una vida sin futuro, en la exclusión permanente e irrevocable.
Los gobiernos no funcionan. Se pliegan a los intereses financieros, a los mercados y los mercaderes. No vieron venir, no quisieron prevenir la crisis que se avecinaba y, ante el destrozo, se han mostrado incapaces de controlar la ambición desmedida y la destrucción capitalista.
El resultado es que los países que se consideraban desarrollados, los pertenecientes a la OCDE, han visto crecer las diferencias entre las rentas de los más ricos y los más pobres, han visto aumentar sus índices de pobreza. Mientras tanto, el crecimiento rápido de algunos países como China, Costa Rica, Bostwana, o República Dominicana, por poner algunos ejemplos, pone de relieve que crecer deprisa no significa acabar con la pobreza, sino en la mayoría de los casos, un reparto cada vez más desigual de las rentas. No siempre es así, aunque sea bastante generalizado. En Ghana o Brasil, los beneficios del crecimiento se han distribuido de forma más equitativa, gracias a la existencia e intervención de gobiernos más progresistas.
Estas situaciones, conviven con los escándalos de la evasión de impuestos y paraísos fiscales por parte de los ricos y las grandes corporaciones empresariales. Y mientras tanto, cientos de millones de trabajadores carecen de un salario mínimo, el 75 por ciento de la ciudadanía carece de protección social, el número de personas cubierta por un convenio colectivo disminuye brutalmente.
Vivimos un estado de guerra declarado por los Gobiernos contra los pueblos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a instancias de las instituciones internacionales, con el único fin de situar los intereses de los bancos, las instituciones financieras, las grandes empresas, por encima de los de la ciudadanía.
La Confederación Sindical Internacional (CSI), reclama políticas de inversión, para recuperar empleo, impulsar el crecimiento, defender la justicia climática, invertir en la economía de atención a las personas, de igualdad entre mujeres y hombres, defender un futuro de empleo para nuestros jóvenes, que contribuya al afloramiento de la economía informal.
La CSI sabe que estas reclamaciones sólo son posibles con educación pública, sanidad pública, protección a las personas. A la infancia, a las personas ancianas y discapacitadas. Con trabajo decente, salario digno, protección social, pensiones.
La crisis que vivimos no es una crisis cualquiera. Es la demostración del fracaso del capitalismo para resolver los problemas del planeta y de los pueblos que lo habitan. No nos vale el aquí no ha pasado nada, porque sí ha pasado. Ha sido perpetrado un destrozo brutal en el medio ambiente, en los empleos, en la protección a las personas.
La CSI se apresta a defender a las personas en sus puestos de trabajo, a la ciudadanía en la sociedad. Esa es la lucha que se avecina en los próximos años en cada rincón de nuestro planeta. Ese es el debate que va a presidir el III Congreso Mundial de la CSI, que se desarrollará entre el 18 y el 23 de Mayo en Berlín.
Francisco Javier López Martín