Son muchos los tertulianos que, desde la más supina ignorancia, peroran desde sus púlpitos, animando la reforma de las pensiones y la del mercado de trabajo y la de la negociación colectiva, olvidando, sin embargo, otras reformas esenciales como la de la banca, la reforma fiscal o la reforma de la financiación municipal, en la que nos jugamos bastante más para el futuro económico del país.
Bien pudiéramos pensar que, para estos resabiados a sueldo, y para los políticos y poderes económicos que les animan, pagan y alimentan en su persistente y machacona actividad, los causantes de la crisis fueran los trabajadores y no los especuladores, los pensionistas y no los mercaderes, los sindicatos y no una clase empresarial adormecida, adocenada, entregada al fácil negocio de la gestión privada de los recursos públicos, mediante concesiones administrativas pactadas con el poder de tuno. Poco productivos, poco competitivos, pero tremendamente beneficiados por las dádivas de un poder político.
Bien pudieran hacernos pensar que recortando derechos laborales y sociales, eliminando a los sindicatos de las empresas, todo iría mejor.
Sin embargo la negociación colectiva, el convenio colectivo es esencial para asegurar el reparto de las rentas, la estabilidad económica de empresas y familias y un marco estable de desarrollo económico y social.
Es cierto, como en cualquier tema o materia, que hay que adaptar, revisar y producir cambios y reformas en la negociación colectiva, pero no para eliminarla de un plumazo, sino para fortalecerla.
Veamos el caso de Madrid. Contamos con casi 3,4 millones de personas trabajadoras, de las cuales tienen empleo algo menos de tres millones, mientras 476.000 persona se encuentran inscritas en las oficinas del INEM. Hablamos de datos totales del año 2009.
La gran mayoría de esos trabajadores y trabajadoras pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social. Más de 2,4 millones. Mientras que más de 360.000 se encuentran en el Régimen de Autónomos y casi 71.000 en el de Empleadas de Hogar. Mientras que el Régimen Agrario cuenta con poco más de 9.500 personas afiliadas. La gran mayoría de estos trabajadores y trabajadoras ven fijado su salario, sus jornadas, sus condiciones de trabajo, su salud laboral, su promoción profesional en el convenio colectivo o Acuerdo Sectorial o de empresa. Ese convenio lo negocian los empresarios del sector o de la empresa con la representación de los trabajadores. CCOO participamos en la negociación de más del 98 por ciento de los convenios.
La Negociación Colectiva se encuentra recogida en el artículo 37 de la Constitución Española y el convenio colectivo tiene fuerza vinculante. Dicho de otra manera, tiene valor legal y puede ser defendido ante los tribunales.
Los convenios colectivos son esenciales no sólo para negociar el reparto de los beneficios y los incrementos de productividad en las empresas. Son esenciales también para mejorar la productividad misma, la competitividad de la empresa y los propios incentivos para la innovación y mejora de los sistemas productivos.
Claro que hay cosas que mejorar en la negociación colectiva, pero no precisamente para anularla. Son precisamente los países con marcos de negociación y relaciones laborales más sólidos, los que mejor resisten los efectos de la crisis, porque una negociación colectiva bien articulada, con contenidos amplios, es la mejor receta para adaptar la empresa a las nuevas situaciones. La negociación colectiva no evita el conflicto entre el capital y el trabajo, pero establece cauces para su solución negociada por la vía del diálogo.
Conviene, por tanto, poner en valor y potenciar la autonomía de los negociadores empresariales y sindicales. Conviene mejorar la articulación de los convenios sectoriales estatales, con los ámbitos autonómicos, provinciales, o de empresa. Conviene así combatir la atomización de la negociación colectiva. Tan sólo en el año 2009 se negociaron 727 convenios colectivos que afectan a casi 500.000 empresas madrileñas y a 1.656.000 trabajadores y trabajadoras de la Región. 585 de ellos eran convenios de empresa y otros 142 de sector. 318 tenían ámbito autonómico y otros 409 eran de ámbito interautonómico. Simplificar y reducir estos ámbitos podría ser una tarea importante en el futuro de la negociación colectiva.
Asegurar la adecuada representación en el ámbito de la pequeña y mediana empresa y microempresa tendría también efectos positivos. Como lo tendría enriquecer los contenidos de la negociación colectiva para asegurar la regulación concreta de temas como la formación, el empleo y promoción profesional, la flexibilidad de la jornada, o la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, por poner algunos ejemplos.
Cambios necesarios, sin duda, pero que no tienen nada que ver con las pretensiones de algunos de debilitar la negociación colectiva para obligar a cada trabajador a aceptar las condiciones leoninas fijadas por su empresario, ni con la idea de obligar a partir de cero en cada negociación colectiva, sin respetar unos contenidos salariales, o de condiciones de trabajo, establecidos en convenios anteriores, lo cual convertiría cada convenio en un foco de innumerables conflictos, desestabilizando a las empresas.
El papel de algunas administraciones autonómicas como la madrileña o la murciana, paralizando la negociación colectiva, e imponiendo por ley recortes en las condiciones laborales y salariales de sus empleados públicos, más allá de las establecidas por el gobierno de la Nación, no son aceptables y trazan un horizonte de desregulación laboral al que desearían acogerse algunos sectores empresariales.
Reformar para fortalecer la Negociación colectiva es una cosa. Reformar para desregular y recortar, es otra muy distinta, cuyas consecuencias serían desastrosas para nuestra economía, para nuestro empleo y cohesión social.
Francisco Javier López Martín
