7 DE FEBRERO:LA CRISIS COMO ARGUMENTO DE NEGOCIO

La situación que vivimos en Madrid no es distinta de la que viven los trabajadores y trabajadoras del resto del Estado. Los compañeros de otras organizaciones confederadas en CCOO nos informan de procesos muy similares a los nuestros. Describir pormenorizadamente estos procesos consumiría muchas más páginas de las requeridas en este artículo. Tan sólo constatar dos especificidades madrileñas: Madrid es Región capital del Estado y lo que aquí ocurre se difunde inmediatamente por toda España de forma inmediata. Además, el Gobierno Regional madrileño, encabezado por Esperanza Aguirre, mantiene una tensión permanente para corregir al Gobierno de España y marcar el camino que debe emprender en cada momento.

Antes de que el Gobierno de España acuerde el aumento de jornada de los empleados públicos, Esperanza Aguirre introduce enmiendas en la Ley de Acompañamiento de sus Presupuestos Regionales para 2012, ampliando la jornada y eliminando las mejoras en prestaciones económicas por Incapacidad Temporal. 8.000 empleos públicos interinos y temporales son puestos en riesgo, como ya fueron cercenados 3000 empleos de interinos de la enseñanza secundaria madrileña al ampliar las horas de docencia, con consecuencias nefastas sobre la calidad de la educación en los centros públicos. Seis meses de movilización y diez jornadas de huelga, han obligado a reunir la Mesa Sectorial de Educación para abordar el problema, pero sin compromisos ciertos de solucionar el mismo.

Los ataques al empleo público y la calidad de los servicios, se ven acompañados por una campaña permanente de desprestigio de los trabajadores públicos, en la que participan tertulianos, responsables de la administración y el potente entramado de medios de comunicación e intereses empresariales que Esperanza Aguirre ha ido conformando en torno a ella y que se benefician de cada externalización, privatización y cuantiosos recursos manejados en publicidad institucional.

La congelación salarial de los empleados públicos, justificada propagandísticamente en la estabilidad de su empleo, ha supuesto la pérdida de un 12% del poder adquisitivo de los empleados públicos desde que se iniciaron los recortes salariales.

Madrid es la segunda Región industrial del Estado, muy por detrás de Cataluña y muy cerca de otras Comunidades como País Vasco, Andalucía o Valencia. Sin embargo, nuestro Gobierno Regional parece más centrado en configurar una Región de Servicios, al calor de la liberalización absoluta de los horarios de apertura de los comercios madrileños. Una nueva vuelta de tuerca se ha producido en este camino, provocando las protestas no sólo de los trabajadores, que hemos puesto de relieve que ni aumentan las ventas, ni se crea empleo, sino de las propias organizaciones de pequeños comerciantes, que han reclamado, cuando menos, una moratoria en la aplicación de la norma para evitar la destrucción del pequeño comercio.

Esperanza Aguirre actúa como punta de lanza en la conversión de lo público en espacio de negocio privado. Si los servicios sociales se implantaron con un modelo de concesiones al sector privado en materias como centros residenciales, centros de día, teleasistencia, o ayuda a domicilio, las transferencias de competencias sobre la educación pública, han ido derivando hacia un aumento de recursos para la enseñanza privada concertada, al tiempo que se reducen las partidas asignadas a la educación pública y a las universidades públicas madrileñas. Centros públicos han sido entregados a gestión privada y parcelas de suelo público concedidas para la construcción de colegios concertados.

Otro tanto ha ocurrido con las transferencias sanitarias. La sanidad madrileña se ha convertido en un inmenso campo de experimentación sobre modelos de gestión en el que conviven los hospitales públicos transferidos por el Gobierno Central, con Fundaciones, empresas públicas hospitalarias, empresas mixtas, publico-privadas, hospitales privados sobre suelo público con compromiso de ser concertados, aumento de los conciertos sanitarios con clínicas privadas y privatizaciones de servicios como laboratorio.

Ahora nos enfrentamos a la privatización de la gestión del agua del Canal de Isabel II, consensuando con la entrada de capital privado y nuevas amenazas que se ciernen sobre la privatización del Metro de Madrid, unido a la vieja idea acariciada y hoy ya decidida, por el nuevo Gobierno de España, de modificar la Ley de Terceros Canales, facilitando la privatización de Telemadrid. De este empeño de privatización programada y clientelar no se libran, los transportes públicos, con nuevas líneas de Metro privatizadas, autopistas radiales de peaje o autovía, como la M-45, en peaje en sombra, es decir que pagan los presupuestos y no el usuario de la misma. Todas ellas operaciones en las que se establecen las garantías suficientes de aportación de recursos públicos, en el caso de que no se produzcan los beneficios empresariales estimados.

La entrega de recursos públicos al sector privado se encuentra en el corazón de las políticas del Gobierno Regional Madrileño. La crisis que parece justificar ajustes y recortes presupuestarios del gasto público, es tan sólo un nuevo instrumento en sus manos. Los recortes no se justifican, cuando Madrid recibirá más recursos del Estado, en función del nuevo sistema de financiación autonómica, muy beneficioso para la Región. De hecho, el Gobierno Regional amplía su política desfiscalizadota de las rentas más altas, con nuevos regalos fiscales a los más ricos que privan a las arcas regionales de 3.000. millones de euros anuales. La ingeniería presupuestaria del Gobierno madrileño llega al punto de dotarse de un “Fondo de Contingencia”, una especie de ladrillo o reserva, bajo el que se esconden 2.300. millones de euros para su posterior libre adjudicación a lo largo de 2012.

Todo ello, mientras se desmonta toda la arquitectura institucional de participación, eliminando organismos y Consejos como el de la Mujer, la Juventud, la Promoción Económica y hasta el Servicio Regional de Empleo, que puedan actuar como testigos incómodos de la gestión económica y política del Gobierno.

CCOO tenemos por delante un duro escenario, al que vienen a sumarse las dificultades que atraviesan numerosos ayuntamientos de la Región que sufren una merma importante de sus ingresos y que plantean reducciones de gasto en su empleo directo o indirecto, a través de las contratas que gestionan servicios en los mismos. Las fórmulas son bien distintas, pero siempre con efectos negativos sobre el empleo.

Un escenario en el que deberemos reforzar nuestra capacidad de defender y representar a los trabajadores, especialmente a los más precarizados en sus condiciones laborales y salariales. En el que debemos seguir apostando por la negociación, el diálogo y la movilización para alcanzar acuerdos cuyo objetivo prioritario sea mantener el empleo.

Nuestras propuestas sobre modelo productivo, empleo, protección a las personas desempleadas, fortalecimiento del Estado Social, reforma fiscal, o reforma del sistema financiero, junto a la necesidad de regeneración democrática, son una buena base para abordar estos retos, a condición de que seamos capaces de reforzar nuestra capacidad de organización, información y comunicación en las empresas y con la sociedad.

Por último, CCOO aborda un periodo en que debemos reflexionar sobre la eficacia y la eficiencia en la utilización de nuestros recursos, para acometer en las mejores condiciones la defensa de los trabajadores y sus familias, en los difíciles momentos que se avecinan.

CCOO saldremos a la calle el 7 de Febrero para combatir los recortes injustos, para defender el empleo, para luchar por lo que es de todos y todas, los servicios públicos. Marcharemos junto a decenas de miles de personas por las calles de Madrid, porque estamos convencidos de que hay otras formas de afrontar y superar esta dura crisis.

Francisco Javier López Martín
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