El retraso de la aplicación de la ley de Dependencia en Madrid tiene arreglo, si se aplican los recursos necesarios con transparencia y con bastantes menos dosis de propaganda.
El Gobierno que salga de las urnas el 22 de Mayo, a sabiendas de que la Ley de Dependencia emana de un Acuerdo Social sobre Pensiones propiciado por empresarios y sindicatos, debería reunir el Consejo de Madrid, del que forman parte el Gobierno Regional, los sindicatos y los empresarios, para poner en marcha un Plan Director y aplicar la ley de Dependencia en Madrid. Un plan que debería incorporar un plan de choque para dotarnos de los centros de día, residencias, Ayuda a Domicilio, que nuestras personas dependientes necesitan. Los servicios y prestaciones públicas que contempla la ley.
Sería bueno, negociar una normativa reguladora de la aplicación de la ley. Una normativa que reduzca tiempos de espera, desde el respeto a los acuerdos del Consejo Territorial, del que forman parte las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central.
Sería positivo, crear un organismo público de control, seguimiento e inspección de los servicios y centros de atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, dotándolo de los recursos humanos y materiales necesarios.
Como en otras Comunidades Autónomas, deberíamos crear en Madrid el Comité Regional Consultivo de la Dependencia, promoviendo así la participación social.
Tenemos que dotarnos de un modelo de atención a la dependencia, de titularidad pública, gestión directa y suficiente, vinculándolo al sistema público de servicios sociales. Cuidando elementos como la calidad de los servicios públicos, los centros, las ratios de personas, la estabilidad y cualificación de los empleos. La participación del sector privado, no pude convertirse en el eje central, mercantilizando y convirtiendo en negocio, el derecho a la dependencia. La iniciativa privada debe ser siempre complementaria y subsidiaria de la gestión directa de los servicios públicos.
Las Administraciones Locales no pueden ser convidados de piedra en la aplicación de la Ley. Por eso hay que crear mecanismos de colaboración, cooperación y dinamización necesarios entre Comunidad de Madrid y Ayuntamientos.
Para evitar el caos en la aplicación de la Ley, habría que negociar una normativa que permita acreditar a las empresas y entidades que presten servicios de atención a la dependencia, garantizando la calidad del empleo en las mismas.
Son algunas ideas no pocas, pero no todas. En todo caso son ideas y propuestas que no pueden caer en saco roto, si queremos cumplir la ley y permitir el ejercicio real de un derecho subjetivo como el de vernos atendidos cuando caemos en una situación de dependencia.
Aguirre, no ha querido hacerlo hasta ahora, bloqueando, de hecho, la aplicación de la ley en Madrid. El Gobierno que salga de las urnas el 22 de Mayo puede seguir la misma línea, o abordar con rigor y seriedad el compromiso para cumplir la Ley, también en Madrid.
Francisco Javier López Martín