Las reformas en el sistema de pensiones, como en cualquier sistema de protección pública, son siempre útiles para adaptar esos sistemas a las necesidades y a los cambios que se producen. De no hacerlo se producen ineficiencias, ineficacias, enquistamiento de los problemas y anquilosamiento de los propios sistemas.
Ahora bien, es preferible elegir el momento para introducir las reformas. En una crisis como la que vivimos, con un sistema de pensiones que no tiene problemas en el horizonte inmediato, sino dentro de 20 ó 30 años, no parece lo más adecuado abordar una Reforma, porque aparecerá mediatizada por los ajustes y recortes en otros ámbitos.
Sin embargo, no siempre podemos elegir el momento. El Pacto de Toledo lleva 15 años vigente, con modificaciones y reformas intermedias. Tocaba, por tanto, revisar el Pacto de Toledo y a ello se puso la Comisión Parlamentaria del mismo.
Además, el sistema de pensiones ha sido revisado en muchos países europeos, que ahora, encabezados por Alemania, piden a países como España que hagamos otro tanto.
Alemania, por ejemplo, aprobó pasar de 65 años a 67 en la edad legal de jubilación. Dinamarca ha hecho otro tanto, con retraso automático de la edad de jubilación, en función del aumento de la esperanza de vida de la población. Francia aprobó, pese al rechazo social y las sucesivas huelgas generales, el paso de 65 a 67 años en la edad de jubilación, pasando de 60 a 62 años la posibilidad de jubilarse con 41 años cotizados.
Gran Bretaña ha aprobado los 67 y los 68 entre 2024 y 2046. Hungría pasa de 65 a 67 y a 69 en 2050. Los Países Bajos fijan la jubilación en 67 y hacia los 68. Irlanda a los 67. Se generaliza, por tanto, una edad de jubilación en torno a 67 años, recordando que la Comisión Europea recomienda un retraso progresivo de la edad de jubilación a los 70 años en función del envejecimiento de la población y la sostenibilidad de las finanzas públicas, agravada por la crisis.
Hay que tomar en cuenta, además de la edad de jubilación, que 20 países europeos consideran toda la vida laboral a la hora de calcular la pensión y los pocos que no lo hacen como Checoslovaquia, Austria, Francia o Eslovenia, van hacia los 25 mínimos.
España gasta el 9 por ciento de su Producto Interior Bruto en pensiones. La media europea está en el 12 por ciento, con un máximo del 14,6 por ciento en Italia. Tenemos margen, pero el crecimiento de nuestro número de pensionistas será mayor que en Europa y nuestro gasto se situará bastante por encima de la media europea, con o sin reforma de las pensiones.
Dicho esto, cualquiera que lea el Acuerdo Social y Económico, en materia de pensiones, concluirá que quedamos bien parados en el marco europeo en el que nos desenvolvemos. Con 15 años cotizados obtenemos el 50 por ciento de la base reguladora de la pensión. Hay varias edades para jubilarse: 61, 63, 65, 66, 67 ó más. Abre y flexibiliza el abanico. Corrige injusticias para nuestros jóvenes o mujeres, o parados de larga duración.
Pero sobre todo el sistema público de pensiones se consolida de tal manera que ni se habla, ni se promocionan, los sistema privados. Lo cual es muy importante en una Europa que alienta los sistemas mixtos, con una base pública y mínima y otra con participación privada.
Hemos hecho cuanto teníamos que hacer en la negación y en la movilización y hemos aprobado este acuerdo porque consolida y fortalece el sistema público de pensiones, aún en plena crisis.
Además, el Acuerdo en Pensiones, sitúa el empleo en el centro del debate y la movilización sindical. El empleo como eje central de la lucha por otra economía más sólida, por la reforma fiscal, la reforma del sistema financiero, el combate contra la Reforma Laboral que precariza aún más el empleo.
La crisis va a ser larga, la lucha intensa. La movilización nos ha traído este acuerdo. La movilización nos abrirá las puertas para afrontar el reto del empleo. Con decisión, con firmeza, sin complejos, sin miedo.
Francisco Javier López Martín