Mi apreciado Eduardo Mangada ha escrito un artículo titulado ¡Se vende agua!. Lo ha enviado a algunos medios de comunicación, que aún no lo han publicado. Por si lo hicieran, no voy a desvelar, sin su permiso, el contenido íntegro del mismo, pero sí algunas ideas que ese artículo me ha sugerido y otras que me ha ratificado sobre el proceso de privatización de un bien esencial como el agua, que vivimos en Madrid.
Por ejemplo, el hecho de que hay cosas que siempre hemos considerado nuestras y que sin embargo podemos perder. El Canal de Isabel II es una de ellas. No podemos olvidar que el Canal nació a mediados del siglo XIX, como fruto de la suscripción pública de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Desde entonces, el agua de Madrid figura como una de las de más calidad de España y servida en el grifo a un precio muy razonable.
El Canal se ha ido convirtiendo en una empresa capaz de gestionar el suministro de agua, su depuración y el tratamiento de los residuos de forma integral. El Canal de Isabel II es una empresa que da beneficios, aún en tiempos de crisis, y que cuenta con una capacidad de inversión que ha permitido una mejora constante de sus servicios. Ha conseguido, incluso, acometer inversiones como la construcción de los Teatros del Canal, además de contar con un patrimonio inmobiliario acumulado muy importante.
El Canal constituye un bocado muy apetitoso, un yacimiento de beneficios para esa corte de aves rapaces que han ocupado el espacio público para convertir las necesidades más básicas como la salud, la educación, el empleo, los transportes, o el agua, en fuente de negocio, utilizando los recursos públicos que los madrileños ponemos en manos de nuestro gobierno.
La Unión europea considera el agua como un bien tan esencial y básico que expulsa a los mercaderes de su templo. Los países europeos no pueden permitir negocio y beneficios a costa de este servicio público, de forma que para sostenerlo sólo se permite el cobro de tasas. Es decir, estrictamente, el resarcimiento del coste del servicio.
Si esto es así, si no hay beneficios, qué interés tienen los mercaderes en participar en un negocio que no produce rentabilidad. Sólo a través de la descapitalización del Canal se puede asegurar este beneficio empresarial, vendiendo bienes inmuebles, por ejemplo.
Una vez descapitalizado el Canal de Isabel II, incluido un personal altamente cualificado y con amplia experiencia, sustituido por empresas subcontratadas. Una vez eliminados los programas medioambientales y de sensibilización social sobre el uso del agua. En definitiva, cuando el Canal se haya convertido en una empresa ruinosa, encareciendo el precio del agua y empeorando el servicio, la gestión del agua será devuelta al espacio de lo público y, como ha ocurrido ya en París, con los recursos de todos tendremos que asumir los costes de recapitalizar el Canal.
Los trabajadores del Canal de Isabel II han protagonizado movilizaciones en la empresa y en las calles, para protestar contra unas decisiones privatizadoras que siembran la incertidumbre sobre el empleo y sobre la calidad de un servicio público esencial como el suministro del agua.
La respuesta del Gobierno Regional no ha sido la de aclarar sus intenciones y negociar las reivindicaciones de los trabajadores, sino sancionar a tres representantes sindicales, dos de ellos de CCOO.
Espero ver publicado el artículo de Eduardo Mangada, porque permite abrir muchos focos de reflexión, que animan a defender lo que es de todos y una necesidad básica y esencial como el agua.
Los trabajadores del Canal no van a ser acallados con sanciones. Junto a los trabajadores madrileños y la ciudadanía vamos a seguir defendiendo nuestro agua y una gestión pública de la misma. El agua no es un negocio. El agua no se vende.
Francisco Javier López Martín
