Hemos celebrado en CCOO de Madrid unas Jornadas sobre “Deuda, financiación local y repercusión en el empleo”. Un debate esencial en tiempos de una crisis, larga, dura que se va a prolongar en el tiempo y que tiene efectos desastrosos sobre el empleo. Los datos de empleo en Madrid ponen de relieve la dramática situación de 543.000 personas paradas en la Región, de las cuales 240.000 carecen de todo tipo de prestación, subsidio, o ayuda. Una cifra que llegará a finales de este año a 300.000 personas paradas sin protección alguna.
Frente a quienes consideran que este país necesita reformas laborales, de la negociación colectiva, o de la protección social (pensiones, sanidad, educación, dependencia), CCOO hemos planteado que este país lo que necesita es revisar en profundidad un modelo económico de crecimiento endémico de la construcción, que ha funcionado como un cáncer con metástasis en todo el sistema productivo y de los servicios.
La irresponsabilidad inmobiliaria y financiera, han funcionado como una pandemia que ha recorrido el planeta derribando economías, destruyendo empleos y afectando más a países como España, Irlanda, Grecia o Portugal, que habían fiado su crecimiento a la financiación del sector inmobiliario, creando una burbuja especulativa de los precios de la vivienda.
Necesitamos reformar, reconstruir un nuevo modelo económico más sólido y productivo. Necesitamos inversión pública, a falta de la privada, para reactivar la economía y comenzar a crear empleo cuanto antes. Necesitamos proteger a las personas paradas. Necesitamos asegurar la protección social para evitar quiebras y fracturas sociales. Para afrontar estas líneas de trabajo y de futuro necesitamos asegurar los recursos. Para tener recursos crediticios necesitamos una reforma en profundidad del sistema financiero, asegurando la fluidez entre el ahorro y el crédito. Algo que no garantizan los bancos españoles en este momento. Para obtener recursos, necesitamos reformar nuestro sistema fiscal, opaco, oscuro, injusto y desequilibrado, que carga la recaudación sobre los trabajadores y sus nóminas y que es complaciente y permisivo con las rentas del capital y especialmente las más altas.
Pero, junto a estas reformas, no podemos olvidar otra esencial y determinante en estos momentos, como es el de la Reforma del Sistema de Financiación Municipal. Se habla mucho de los Ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos. Hay que recordar que un Ayuntamiento es tan Estado como el gobierno Central o como una Comunidad Autónoma.
Sin embargo los Ayuntamiento son grandes maltratados por la descentralización autonómica. Tras más de 30 años de democracia la participación del gasto municipal en el conjunto de gastos del Estado no va más allá del 13 por ciento del total, mientras que las Comunidades Autónomas han pasado a gestionar el 36 por ciento del gasto total, que incluiye la Seguridad Social.
La media de participación del gasto municipal en el total, en la zona euro es del 24,8 por ciento. Casi uno de cada cuatro euros del gasto del Estado es municipal. Hasta los países, tradicionalmente centralistas como el francés mantienen un gasto municipal que supone el 22 por ciento del total. Reitero, en una España autonómica y descentralizada, los Ayuntamientos no suponen más del 13 por ciento del gasto total.
Tampoco desde el punto de vista de la participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado la situación es mejor. Los Ayuntamientos se encuentran en el 7 por ciento, mientras el Estado se queda con el 56 por ciento y las Comunidades Autónomas se quedan con el 36 por ciento de los recursos recaudados.
Los Ayuntamientos, necesitan clarificar su sistema de financiación. Cada dos por tres asistimos a una reforma de la financiación autonómica. La última dotando con 11.000 millones de euros, más, ya en plena crisis, a las Administraciones autonómicas. Cada vez que esto ocurre se anuncia una reforma de la financiación municipal que nunca llega. Por esta vía, los Ayuntamientos sin competencias claras, ni financiación estable, caminan de cabeza hacia su ruina económica, golpeando al empleo.
España necesita una segunda descentralización, que establezca el mapa de competencias municipales y establezca la financiación local estable y segura de esas competencias. Mientras tanto el Gobierno de España debería tratar a los Ayuntamientos como a las Comunidades Autónomas, no imponiendo limitaciones extraordinarias a la refinanciación de la deuda municipal siempre que no aumente el endeudamiento.
En cuanto al Gobierno Regional de Esperanza Aguirre, no puede seguir mirando para otro lado, cuando cerca de 60 ayuntamientos madrileños se encuentran al borde de la suspensión de pagos, el Expediente de Regulación de Empleo y la pérdida de puestos de trabajos directos e indirectos.
No es entendible que se establezcan fondos de rescate europeos para los países miembros, fondos de ayuda pública para salvar a la banca y por el contrario la Comunidad de Madrid no cuente con un Fondo de Rescate para evitar el colapso financiero de los Ayuntamientos, que puede agudizarse a partir de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de Mayo.
Como Administración más cercana a los ciudadanos, los Ayuntamientos deben ver despejado su futuro de financiación y solucionados los problemas derivados de la crisis, para planificar inversiones, crear empleo y favorecer la máxima calidad de los servicios públicos que prestan.
Francisco Javier López Martín