Asistimos a una campaña permanente, orquestada y perfectamente organizada al servicio de intereses privados que consiste en desacreditar los servicios públicos, y explicar por activa y por pasiva que son insostenibles, como demuestra la crisis.
Una campaña alimentada por mucho dinero privado, invertido en propaganda tertuliana, para cobrarse la presa de esos cuantiosos recursos públicos que incrementarían las cuentas de beneficios de muchas empresas.
La campaña es tan machacona que muchos podemos terminar pensando que acceder a un Servicio Público es un abuso, un privilegio y no un derecho universal en una sociedad democrática.
Esto ocurre, además, en un país que figura a la cola del gasto público europeo. En concreto el puesto 13 de la Europa de los 15. España gasta el 43,3% de su Productor Interior Bruto (PIB) frente al 49’9% de media que se produce en la Unión Europea. Nuestro vecino Portugal invierte un 48,6% y Francia, Dinamarca o Finlandia se sitúan a la cabeza, por encima del 55%.
Claro que nadie explica que, si hay países que gastan más en sostener sus servicios públicos, es porque ingresan más en sus impuestos. La media de ingresos fiscales de la Europa de los 15 supone, como media, un 46,1% de su PIB. En Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia o Suecia, los ingresos de la Hacienda Pública suponen más del 50% de su PIB. Sin embargo, en España, sólo ingresamos el 36,5% del PIB en la Hacienda Pública..
Y si ingresamos menos, es por el tremendo fraude fiscal y por los incontables regalos y deducciones fiscales, que cada gobierno autonómico, municipal, o central, han puesto en marcha para beneficiar a grandes empresas y grandes fortunas. Por la vía de los hechos y prácticas fiscales España se comporta como un auténtico paraíso fiscal para grandes empresas y fortunas. No es extraño el interés de defraudadores internacionales como Adelson, por encontrar su lugar en España.
Con estos mimbres, tenemos mucho más difícil sostener los servicios públicos que otros países de nuestro entorno. Pero cuando los servicios públicos desaparecen, lo que al principio es más barato, termina siendo más caro. La privatización siempre es menos transparente, más propensa a la corrupción, con menor calidad. La privatización es un despilfarro que un país moderno no puede permitirse.
Por eso CCOO ha puesto en marcha una campaña en defensa de lo público. Porque lo público es tuyo, y de toda la ciudadanía. La defensa de lo público es una lucha por el empleo público, que se ha destruido sistemáticamente y de forma programada. Pero, sobre todo, es una lucha por el sostenimiento de un modelo de economía y sociedad, concebido para asegurar la vida, la salud, la formación y la seguridad de la cuidadanía. Merece la pena luchar por lo público, por lo que tuyo, lo que es de todas y todos.
Francisco Javier López Martín