Hace dos años los titulares de los medios de comunicación anunciaban que el Gobierno español preparaba de forma inminente la llegada al Consejo de Ministros de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Tras su paso por el Consejo de Ministros la Ley pasaría al Congreso de los Diputados para su tramitación, debate y aprobación.
Nadie en su sano juicio puede negar que nuestro país vive una crisis habitacional marcada por los desajustes evidentes en el acceso a la vivienda. Demasiados años, siglos ya, en los que la construcción de vivienda, la manipulación de los desarrollos urbanísticos para favorecer los cambios de calificación de los suelos, han hecho que el ladrillazo especulativo sea un motor innegable de la economía española.
Esta dinámica de incesantes pelotazos urbanísticos, que forma parte intrínseca del modelo de negocio español, se ha visto agravada por el otro gran motor económico de España, el turismo que ha llevado a la presencia de cada vez más turistas gentificadores y gentrificadores. Así, al motor del pelotazo urbanístico ha venido a sumarse el del abuso definitivo del turismo urbanita que ha provocado el cambio de uso de numerosas viviendas transformadas, de un día para otro, en viviendas de uso turístico. Mucha gente, cambios de uso y subida de precios.
Y para remate, un tercer pelotazo, el de los inversores extranjeros agrupados en fondos buitre que se dedican a comprar viviendas masivamente y manejar impunemente la oferta, los precios y las condiciones de los alquileres. Un efecto inmediato es que los residentes habituales son expulsados de sus barrios tradicionales.
Para cerrar la trampa, el abandono de las políticas de vivienda al servicio de la ciudadanía ha conducido a que la vivienda social sea un residuo a extinguir, hasta el punto de que las administraciones que durante la famosa Transición hacia la democracia se dedicaron a promover vivienda social en propiedad o alquiler, han aparcado nuevas iniciativas.
Muy al contrario, esas administraciones se han dedicado a malvender el patrimonio de viviendas sociales a esos famosos fondos buitre, como hizo la efímera alcaldesa Ana Botella en Madrid. De nuevo subidas de precios y expulsión de inquilinos de sus viviendas.
Y, sin embargo, ese abandono de las políticas urbanísticas y de vivienda, sigue conviviendo con los peores efectos de la ley Boyer, que obligó a los dueños de viviendas de renta antigua a no actualizar de por vida las rentas y a pagar de sus bolsillos las políticas sociales que deberían de implementar esas mismas Administraciones locales, autonómicas y central. El derecho a la vivienda de una mujer pobre cargado sobre las espaldas de otra mujer pobre.
El resultado de tantos desmanes, que ningún gobierno, ha frenado es que el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada sigue siendo una mera declaración de intenciones sobre papel mojado. Las ciudades españolas se están convirtiendo en espacios salvajes que destrozan las vidas de su ciudadanía.
Sin duda, una ley de vivienda que asegurase el incremento de la inversión pública en vivienda social y la obligación de destinar un porcentaje razonable de los nuevos desarrollos urbanísticos a este tipo de vivienda. Una ley que desincentive mantener una vivienda cerrada, que estableciera topes razonables a los precios de los alquilerers en espacios urbanos tensionados por el turismo, o por la especulación, a cambio de obtener seguridad frente a las ocupaciones y el incumplimiento de contrato.
Que dé solución al problema de los alquileres de renta antigua con medidas como el establecimiento de precios máximos de alquiler de estas viviendas y la puesta en marcha de ayudas sociales para el alquiler destinadas a aquellas personas que no puedan pagar ni esta renta tasada y limitada.
Tras las fisuras producidas en la unidad del gobierno de coalición en temas como la ley del sólo sí es sí, los topes en las hipotecas, las subidas de los precios y temas similares. Tras la unidad efímera frente a la ridícula moción de censura que hemos vivido estos días, parece que los socios intentarán rematar la legislatura con alguna iniciativa de unidad como la definitiva tramitación de la siempre anunciada y nunca aprobada ley de vivienda.
Muchas personas, grupos aliados y medios de comunicación afines animan al gobierno a dar la cara y un paso adelante para afrontar uno de los problemas centrales de nuestra población, el del acceso a la vivienda. Esperemos que quienes nos gobiernan recuperen el sentido común de la izquierda y sean capaces de alcanzar un acuerdo que mire a los ojos de la gente y nos hagan sentir el orgullo necesario para salir a votar en las próximas convocatorias electorales.