Barcelona, un día cualquiera, barrio de Sants. Un hombre de 58 años espera a que suene el timbre de la puerta, probablemente ha visto ya que la comitiva judicial, con sus papeles en orden, ha aparcado y se apresta a subir y llamar a la puerta. No hay nadie concentrado ante el portar para impedir el desahucio.
Y cuando suena el timbre, el hombre solitario se incorpora, pero en lugar de acudir a abrir la puerta se dirige a la ventana y salta por ella. Los vecinos no sabían nada de que el hombre estuviera al límite y al borde del suicidio. Al parecer llevaba tiempo en paro, había dejado de pagar el alquiler y, tras una espera de meses, el dueño había interpuesto demanda. El juez, argumentando falta de información patrimonial y laboral, había terminado decretando el desahucio.
Ahí acaba todo para el hombre. Ahí comienza todo para los demás. El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por una líder anti-desahucios devenida en alcaldesa, acusa a los jueces de haber adoptado una decisión injustificable, de haber cometido un gravísimo error que debería de hacer reflexionar a la justicia sobre una aplicación garantista de la moratoria de desahucios.
Desde la justicia contestan que no basta un informe de vulnerabilidad elaborado por los servicios sociales, sino que el propio interesado debe aportar sus datos patrimoniales y laborales, que nadie ha aportado, como nadie aporta tampoco viviendas para dar cobertura a las personas desahuciadas, ni los servicios sociales pueden dar la cobertura suficiente porque no cuentan con recursos.
Los autodenominados sindicatos antidesahucio no estaban en la puerta, porque hay demasiados desahucios. Este era uno más, sin fondos buitres de por medio y nada hacía preveer tan trágico desenlace. Anuncian que convocarán concentraciones bajo el lema no son suicidios , son asesinatos.
Llegados a este punto es difícil determinar quién es el homicida en este asesinato disfrazado de suicidio. Porque no creo que nadie quiera terminar culpando al señor mayor que había comprado una casa, que había dejado un margen para el pago del alquiler, pero que, pasado un tiempo sin cobrar, había denunciado al inquilino por impago. No era un fondo buitre, era un mayor alquilando a otro mayor.
Imagino que hay soluciones para este tipo de casos. Si un informe social asegura que la persona que no paga un alquiler está en el paro y es vulnerable y no tiene con qué hacer frente al pago de su alquiler, las leyes deberían declarar que esa persona no se puede quedar sin vivienda y que es obligación de las administraciones que esa persona cuente con una vivienda social a su disposición, en tanto dure su situación de falta de empleo, rentas y recursos personales.
No es el juez, no son los servicios sociales, ni los policías, ni los trabajadores de los juzgados, ni los antidesahucios, los responsables de este suicidio inducido. Sí lo son quienes hacen las leyes, aquellos que deberían contar con viviendas suficientes para alojar a personas injustamente desahuciadas, o pagar a los pequeños propietarios de viviendas el alquiler impagado, aunque fuera a un precio tasado.
Son ellos, las autoridades municipales, autonómicas y estatales, los que se deberían preguntar cada día si están asumiendo realmente sus responsabilidades, o si tan sólo siguen dispersando las culpabilidades entre quienes padecen los problemas hasta que el eslabón más débil termina saltando por una ventana.
