El derecho a disfrutar de una vivienda digna se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución de 1978 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y, sin embargo, pese a tanto reconocimiento, nadie asegura su cumplimiento. El mercado manda, los poderes públicos dejan hacer, sin regular, ni asegurar el efectivo ejercicio del derecho.
No es la primera vez que un gobierno pretende solucionar el problema de la vivienda y no es la primera vez que terminan solucionándose unos cuantos asuntos menores, entre mucha publicidad, propaganda y alharacas, mientras los especuladores salvan su negocio.
En un país que ha basado una parte importante de su crecimiento en factores como el suelo y el ladrillo lo normal es que sea complicado hacer entrar en razón a esos sectores privilegiados, salvo que una crisis destroce el modelo, en cuyo caso ya se encargarán ellos de que les paguemos el desastre, como ya ha ocurrido con la crisis financiera y bancaria desencadenada con la quiebra de Lehman Brothers a partir de 2008.
Así las cosas, las personas trabajadoras y nuestros jóvenes tienen problemas permanentes de acceso a la vivienda, con alquileres desproporcionados y compras que suponen un endeudamiento para toda la vida. Cuando el empleo se deteriora y precariza, la amenaza de los impagos y el desahucio se convierte en una constante de nuestras vidas trabajadoras.
Para salvar a los fondos de inversión, que no a los pequeños propietarios, nadie mete mano a destrozos como la venta de vivienda pública a fondos buitre, tal como hizo Ana Botella en su etapa de alcaldesa. No en vano uno de los hijos de Aznar y Botella es el hombre fuerte de uno de esos fondos estadounidenses que ha ido adquiriendo decenas de miles de viviendas propiedad de los bancos, desde el Santander, al BBVA, pasando por el Sabadell, o Bankia.
Este joven seguro que sí puede emanciparse de sus padres, muy al contrario de lo que ocurre con los jóvenes que han vivido la larga crisis económica, marcada por la precarización de los empleos, especialmente los que son ocupados por los jóvenes.
Hay soluciones, los sindicatos han presentado varias iniciativas para mejorar el empleo y para garantizar el derecho a la vivienda. Se han elaborado propuestas como la fijación de precios máximos de alquiler, incentivar el uso de todo el parque de vivienda vacío, construir nuevas viviendas públicas y sociales en régimen de alquiler, o en propiedad, a precios asequibles.
Se han planteado también otras medidas, como incrementar las ayudas para rehabilitación y adaptación de viviendas para atender a una población con necesidades cada día mayores derivadas de la prolongación de la vida y el incremento de las situaciones de dependencia. Todo ello pasa por un mayor esfuerzo público, que tiene efectos inmediatos sobre el empleo, la calidad de vida, la actividad económica y frenar la especulación existente en estos momentos.
España, como siempre, a la cola de Europa, dedicando a políticas de vivienda un ridículo 0´1% de su riqueza nacional. Así podemos comprobar que, de los tres millones de personas que viven de alquiler casi la mitad tiene que dedicar más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda arrendada.
Mientras tanto nuestros jóvenes se encuentran a la cabeza de las tasas de pobreza y exclusión. La crisis global desencadenada por las hipotecas basura allá por 2008 ha tenido consecuencias desastrosas sobre el empleo, el desarrollo profesional, los ingresos y la posibilidad de emancipación de nuestros jóvenes.
Millones de vidas quedaron aplazadas, truncadas, suspendidas y ahora, tras la pandemia, se topan con una brutal precariedad de rentas, empleos y formas de vida que lejos de ser transitorias parece que han venido para quedarse. Si una de cada cuatro personas en España sufre riesgo de pobreza, son uno de cada tres jóvenes los que se encuentran en esa frontera.
En estas condiciones las posibilidades de independizarse, emanciparse, son cada vez menores. En lugar de entretenerse en debates estériles, la izquierda gobernante tiene la obligación urgente de aportar soluciones de alquiler y propiedad de una casa, un hogar. Soluciones que permitan que las personas puedan ejercer de forma efectiva y real su derecho humano y constitucional a disfrutar de una vivienda.
